BONIFACIO DE LA CUADRA. Madrid.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer mostrar su "preocupación" al Gobierno porque la reforma que pretende hacer de la Ley de Extranjería privará a los extranjeros en situación irregular de Derechos Humanos fundamentales de los que gozan según esa ley.

De los veinte consejeros presentes, catorce votaron a favor de esa crítica, que considera un retroceso el anteproyecto, mientras que seis, propuestos por el PP, votaron en contra. Uno de ellos, el portavoz del CGPJ, Benigno Varela, dijo que el Consejo no debe pronunciarse sobre si es o no constitucional el texto sometido a informe.

Varela reconoció que el pleno del Poder Judicial dio su aprobación aproximadamente al noventa y cinco por ciento del proyecto de informe elaborado por la Comisión de Estudios e Informes, de contenido crítico con el anteproyecto de ley, pero aseguró, sin embargo, que el texto final, del que resaltó su carácter "técnico, ni elogioso ni crítico", envuelve más "consideraciones positivas que negativas".

Criterio diferente mantiene uno de los ponentes del informe, Ramón Sáez Valcárcel, quien aseguró ayer que "el informe aprobado por el pleno es más crítico con el anteproyecto que el elaborado por la comisión".

Sáez basa su afirmación en la introducción del texto que expresa la preocupación del Consejo por la privación a los extranjeros en situación irregular de la titularidad de una serie de derechos fundamentales, aunque para su ejercicio sean admisibles modulaciones.

"Preocupación"

El texto añadido al informe fue redactado por el presidente del CGPJ, Javier Delgado, y en él se manifiesta que al Consejo le produce "preocupación el regreso al sistema de la ley de 1985, privando a los extranjeros en situación irregular de los derechos de asociación, reunión y manifestación, libertad sindical y huelga, independientemente de que su regulación legal pueda incluir las restricciones que se consideren adecuadas a su ejercicio".

Algunos de los vocales opuestos a ese texto mostraron su inquietud porque con él se ofreciera "un titular" a los periódicos.

De los veinte consejeros presentes en el momento de la votación -por ausencia de Esther Giménez Salinas-, catorce votaron a favor y lo hicieron en contra los seis siguientes, propuestos en su día por el PP: Enrique Arnaldo, Margarita Retuerto, Manuel Damián Álvarez, Rubén Antonio Jiménez, Francisco Monterde y Benigno Varela.

La mayoría del CGPJ consideró que los extranjeros en situación irregular no pueden quedar excluidos de la titularidad de esos derechos fundamentales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional apoya este criterio. El máximo intérprete de la Constitución anuló en 1987 varios preceptos de la Ley de Extranjería de 1985.

Así, la necesidad de que los extranjeros tuvieran que solicitar autorización del órgano competente para ejercer el derecho de reunión fue declarada inconstitucional, y por el mismo motivo fue anulada la facultad que la ley de 1985 daba al Consejo de Ministros de suspender las actividades de las asociaciones promovidas o integradas mayoritariamente por extranjeros.

El Constitucional exigió resolución judicial motivada para disolver o suspender una asociación y, en general, restringir derechos fundamentales.

Control judicial

De acuerdo con esos criterios, el informe aprobado ayer por el CGPJ exige el control judicial de toda decisión administrativa limitadora de derechos fundamentales de los extranjeros.

De ahí que critique que la reforma de la Ley de Extranjería pretenda hacer desaparecer ese control en cuanto al carácter ejecutivo de sanciones, como la de expulsión, o mediante la no motivación de algunas de las modalidades de denegación del visado, o a través de la no consideración de privación de libertad de acuerdos administrativos sobre extranjeros.

El portavoz Varela señaló que, en cuanto a la oportunidad de la reforma, a menos de seis meses de la ley a modificar, el Poder Judicial no se pronuncia, si bien constata que "desde la seguridad jurídica, conviene que las normas no se reformen constantemente".

También aseguró que al CGPJ "no le corresponde hablar de la constitucionalidad del anteproyecto", aunque el informe se apoya en la doctrina constitucional.

El Gobierno ha eludido solicitar el informe del CES sobre la ley

C. P. Madrid.

En el proceso de reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno ha eludido también solicitar el informe preceptivo del Consejo Económico y Social (CES), del mismo modo que no demandó al Poder Judical y al Consejo de Estado el correspondiente estudio.

Ayer el pleno del organismo consultivo del Ejecutivo le instaba a subsanar ese olvido y aprobaba solicitar al Gabinete la remisión del texto del anteproyecto de ley, por entender que "entra dentro de las materias incluidas en la ley de creación del CES susceptibles de dictamen preceptivo", tal y como hizo hace un semana el Poder Judicial.

El Consejo, en el que están representados los empresarios, los sindicatos, las organizaciones de consumidores, diversas asociaciones ciudadanas y expertos nombrados por el Gobierno, acordaba una resolución mediante la que recordaba al Ejecutivo su obligación de remitirle este tipo de iniciativas para elaboración de un dictamen, aunque éste no sea vinculante.

La ley que dio nacimiento a la constitución del CES determina que éste tiene la facultad de elaborar, a solicitud del Gobierno o de sus miembros o por propia iniciativa, estudios o informes que, en el marco de los intereses económicos y sociales, son propios de los interlocutores sociales.

Competencias del Consejo

En concreto, debe elaborar informes con las normas que se relacionen con las siguientes materias: Economía y Fiscalidad; Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social; Asuntos Sociales; Agricultura y Pesca; Educación y Cultura; Salud y Consumo; Medio Ambiente; Transporte y Comunicaciones; Industria y Energía; Vivienda; Desarrollo Regional; Mercado Único Europeo y Cooperación para el Desarrollo.

La resolución del CES se aprobó a inicitiva de los consejeros de Comisiones Obreras, quienes entienden que "la conducta del Gobierno supone un desconocimiento de las competencias atribuidas a los agentes económicos y sociales a través de los instrumentos de participación institucional legalmente establecidos". Este sindicato cree que el incumplimiento de ese trámite pone de manifiesto "la escasa voluntad del Gobierno para abrir un debate sobre esta ley con todos los sectores afectados".

Los acuerdos de Tampere y la tutela judicial efectiva

B. DE LA C. Madrid

Los motivos de reforma de la Ley de Extranjería 4/2000 presentados en el anteproyecto de ley elaborado por el actual Gobierno aluden a "los compromisos asumidos por España" en el seno de la UE en los acuerdos de Tampere (Finlandia), en octubre de 1999. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Benigno Varela, también los invocó ayer al dar cuenta del informe sobre el anteproyecto, pero cuando se le preguntó si prevalecen sobre la tutela judicial efectiva, señaló que "el acuerdo de Tampere debe respetar" ese derecho fundamental.

El informe definitivo del CGPJ (que se ha quedado en cuarenta y nueve folios, tres menos que en la versión aprobada por la comisión) recoge que las conclusiones de Tampere plantean el desarrollo de "políticas comunes en materia de asilo e inmigración, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de llevar un control coherente de las fronteras exteriores para acabar con la inmigración ilegal y luchar contra los que la organizan y cometen delitos internacionales conexos".

El informe del CGPJ señala que, "no obstante, cabe constatar, en aras al principio de seguridad jurídica", que debió esperarse a "comprobar los efectos del cambio normativo introducido por la ley 4/2000" respecto a la ley de 1985, y a que concluyera, "al menos, el proceso de regularización de extranjeros", desarrollado en virtud de la misma norma.

Un juez del Opus Dei no logró presidir una sala

EL PAÍS. Madrid.

El magistrado José Luis Requero, perteneciente al Opus Dei, no logró ayer los votos necesarios para ser elegido presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en la que ejerce. Requero, que es también portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, era hasta ayer el candidato con más posibilidades, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la elección, realizada ayer por el pleno del CGPJ, Requero sólo obtuvo siete votos. Resultó elegido el magistrado Eduardo Calvo Rojas, con once votos. Otro candidato, José Luis Gil, obtuvo un voto.

Fuentes próximas a los promotores de una enmienda aprobada el martes último para proponer la prohibición de que los jueces y fiscales pertenezcan a organizaciones secretas o que generen vínculos de disciplina u obediencia ajenos al orden constitucional, relacionaban el resultado de la votación con el impacto causado por esa iniciativa.

Según las fuentes citadas, para la independencia judicial es más preocupante que la pertenencia a partidos políticos o sindicatos, prohibida por la Constitución, la afiliación a sectas u organizaciones secretas, disciplinadas y obedientes, entre las que incluyen el Opus Dei, al que pertenecen numerosos magistrados y especialmente fiscales, que en estos momentos ocupan los puestos claves del Ministerio Fiscal.

El País

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