JOSÉ YOLDI. Madrid.

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió ayer que la jurisdicción española no es competente por el momento para juzgar los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en Guatemala entre 1962 y 1996, porque la persecución de esos delitos corresponde prioritariamente a la justicia guatemalteca.

Sólo en el caso de que los jueces de aquel país rechazasen la apertura de procesos contra los presuntos autores de los delitos, y para evitar que quedasen impunes, podría la justicia española asumir el proceso. Mientras tanto, el tribunal ordenó al juez Guillermo Ruiz Polanco que archive el caso.

La decisión, no obstante, no es firme, ya que contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El 2 de diciembre de 1999, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú presentó una denuncia ante los juzgados de la Audiencia Nacional en el que describe las atrocidades cometidas por los escuadrones de la muerte y otras fuerzas parapoliciales y paramilitares bajo el auspicio de los gobiernos de turno y que encuadraban delitos de genocidio, terrorismo y torturas, delitos de persecución universal y que no prescriben.

A esta iniciativa se sumaron varias asociaciones de derechos humanos, profesionales y sindicales.

El caso correspondió por turno de reparto al juez central de instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco, quien abrió un proceso penal.

Al mismo fue aportado un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) que fue ratificado por uno de sus autores, Edgar Alfredo Balsells.

También fue llamado a declarar el ex embajador de España en Guatemala Máximo Cajal, quien en su comparecencia acusó al Gobierno guatemalteco de no haber querido evitar la masacre ocurrida el 31 de enero de 1980 en la que murieron treinta y siete personas como consecuencia del asalto de la Embajada por parte de la policía para desalojar a unos indígenas que la habían ocupado.

El fiscal, sin embargo, presentó recurso contra la apertura del proceso por entender que España no es competente para juzgar hechos ocurridos en otro país que no hayan sido cometidos por españoles.

Diferencias respecto de Chile

Ayer, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional señaló que España sí tiene jurisdicción para investigar y juzgar los casos de genocidios cometidos en otros países, pero sólo cuando se demuestre que la investigación se ha cercenado en aquellos países, bien porque se hayan dictado leyes de amnistía o de olvido, bien porque, existiendo la posibilidad de perseguir los delitos, los jueces estuvieran tan presionados por poderes fácticos o gubernamentales que de hecho impedirían un desarrollo normal de las investigaciones.

Y ahí radica la diferencia de la decisión respecto de los casos de genocidio en Chile y Argentina, que cuando se iniciaron los procesos por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, se habían dictado en esos países leyes de punto final, obediencia debida, que en la práctica suponían la impunidad de los autores.

El tribunal recuerda que en el caso de Guatemala únicamente se han firmado los Acuerdos de Paz, que no suponen ninguna amnistía. El último de estos acuerdos, denominado "de paz firme y duradera", fue firmado el 24 de diciembre de 1996 y puso en marcha la CEH con el apoyo de la Secretaría General de la ONU.

Este informe se dio a conocer públicamente el 25 de febrero de 1999 y en el mismo se dice que aunque no tiene efectos judiciales, "nada obsta a la institucionalidad del Estado, particularmente a las entidades del sistema de administración de justicia, puedan basarse en elementos contenidos en el informe de la CEH. Este mismo razonamiento es aplicable a los ciudadanos que mantienen pleno derecho a ejercer acciones que les puedan corresponder en su calidad de víctimas".

Así, la Ley de Reconciliación Nacional no extingue la responsabilidad penal y la Audiencia Nacional entiende que no hay impedimento para que la justicia guatemalteca persiga el delito de genocidio cometido en su territorio.

Además, respecto a la posible inactividad judicial, el tribunal español precisa que, si bien los jueces guatemaltecos pudieron estar atemorizados en su día, no se ha constatado que los jueces guatemaltecos de hoy se nieguen a actuar si la denuncia y querellas presentadas en España se formularan ante los órganos judiciales guatemaltecos, que son los competentes para la persecución de los delitos de genocidio y otros conexos.

Además, el informe de la CEH es de 1999 y, por tanto, no se puede presumir la inactividad judicial, como en el caso argentino y chileno, por el transcurso del tiempo.

RIGOBERTA MENCHÚ, premio Nobel de la Paz

"Si no hay justicia en España, la habrá en otro lado"

YOLANDA MONGE. Madrid.

Para Rigoberta Menchú, el genocidio en Guatemala es un hecho. Se cometió y los culpables deben pagar por ello. Por eso, ayer, en su ánimo no había el menor atisbo de frustración o desesperanza. Ni cansancio. Ni tan siquiera sorpresa. Tomó la decisión de la Audiencia Nacional de archivar el caso como un paso más del proceso que emprendió ahora hace ya más de un año.

"En Guatemala se ha cometido genocidio, se ha torturado, se ha asesinado y se ha hecho desaparecer a gente. Eso no lo puede negar nadie. Nadie puede negar la memoria de doscientos mil muertos", aseguró a EL PAÍS Menchú en conversación telefónica desde México, donde a última hora de anoche estudiaba el fallo emitido en la mañana de ayer por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que declaraba que la jurisdicción española no es competente para juzgar los delitos que la Nobel denuncia.

Y así, con el "ánimo más alto que nunca", con un entusiasmo contagioso, la activista indígena guatemalteca aseguraba: "Si no hay justicia en España, la habrá en otro lado".

De esa manera, tranquila, Menchú llega incluso a considerar que la Audiencia no quiera aceptar el caso. Pero de ninguna manera piensa renunciar y traicionar la memoria de sus muertos, de los miles de muertos y desaparecidos en más de treinta años de represión y terrorismo de Estado en Guatemala.

"Buscaremos en otro sitio, en otro país, iremos al tribunal idóneo, no sabemos a cuál, pero en algún lugar del mundo tiene que haber un tribunal que condene el genocidio", reflexionaba.

No duda ante la pregunta de si puede encontrar esa justicia que busca en Guatemala, como dice la Audiencia en su auto. Incluso entonces se muestra aún más serena, aunque se le escape una pequeña carcajada cargada de significado.

"Hoy por hoy no va a haber justicia en Guatemala, no puede haberla, se vive en un Estado de terror, donde incluso los jueces están amenazados", relata Menchú.

"Si hubiera justicia en Guatemala no hubiéramos acudido a España". Entonces deja de hablar por un momento, y cuando prosigue manifiesta algo que para ella es tan cierto que asegura no entender por qué no lo perciben los jueces en España.

"Los genocidas están cobijados por la inmunidad en mi país", dice retomando la conversación. Y puntualiza: "Ahí está Ríos Montt [jefe de Gobierno por golpe de Estado entre marzo de 1982 y agosto de 1983], él es el presidente del Congreso".

Quien asegura que mientras le quede vida seguirá buscando justicia, tan sólo le preocupaba ayer una cosa. "Esta decisión hace crecer la prepotencia de algunos personajes", decía en clara referencia a quien hoy acaudilla el partido que en 1999 ganó las elecciones, el General Efraín Rios Montt.

"Que se envalentonen los generales es un riesgo cierto", aseguraba preocupada la premio Nobel. "Los genocidas pueden sentir que han ganado fuerzas, que tienen nuevas energías y pueden tomar represalias contra las víctimas y contra los querellantes". "Si sienten como un espaldarazo la decisión de la Audiencia, todos estaremos todavía más amenazados".

Los denunciados por Menchú

EL PAÍS. Madrid.

Rigoberta Menchú denunció por genocidio, terrorismo de Estado y torturas cometidas en Guatemala entre 1962 y 1996 a ocho altos cargos.

- General Efraín Ríos Montt. Jefe de Gobierno por golpe de Estado, del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. Goza de inmunidad como presidente del Congreso de Guatemala. Acaudilla el partido que en 1999 ganó las elecciones.

- General Óscar Humberto Mejía Víctores. Jefe de Gobierno golpista de agosto de 1983 a enero de 1986. Reside en Guatemala, es general retirado y se dedica a sus negocios.

- General Fernando Romeo Lucas García. Presidente de Guatemala de 1978 a marzo de 1982. Hoy reside en Guatemala, donde tiene negocios.

- General Ángel Aníbal Guevara Rodríguez. Ministro de Defensa durante el Gobierno de Lucas García. Vive en Guatemala también como general en retiro. Era el hombre llamado a sustituir a Romeo Lucas antes del golpe de Ríos Montt. Tiene inversiones en la costa sur de Guatemala.

- General Benedicto Lucas García. Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el Gobierno de su hermano Romeo Lucas. Hoy reside en Guatemala y es general en retiro. Se dedica a sus negocios.

- Donaldo Álvarez Ruiz. Ministro de Gobernación durante el Gobierno de Lucas García. Reside en Miami. Nunca regresó a Guatemala tras el golpe de Ríos Montt ya que en su casa se encontraron indicios de que allí habían permanecido algunos secuestrados.

- Coronel Germán Chupina Barahona. Director general de la Policía Nacional durante el Gobierno de Lucas García.

- Pedro García Arredondo. Jefe del Comando Seis de la Policía. Fue involucrado por Naciones Unidas como el jefe de una banda de secuestradores.

Enlaces de interés:

Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico

Secretaría de la Paz del Gobierno guatemalteco

Centro de estudios de Guatemala

Amnistía Internacional

El País

Enlaces sobre Direitos Humanos