La Defensoría del Pueblo porteña dio a conocer parte de los archivos secretos hallados en un ex banco oficial. Son órdenes y métodos para calificar y prohibir libros y otras obras o actividades culturales y artísticas.

PATRICIA KOLESNICOV

"Inspirado en la SIDE, se están realizando reuniones de trabajo para la calificación de personas que actúan en los medios artísticos y periodísticos", informaba, en octubre de 1977, la Jefatura III, Operaciones, del Estado Mayor General del Ejército.

Lo decía en un documento que se llama escuetamente Informe especial Nro. 10, cuyo asunto era "la subversión en los medios culturales". Esta es una punta de la investigación sobre represión y cultura que presentó ayer la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ante invitados especiales y periodistas.

Este documento, como la mayoría de los seiscientos que forman la investigación, estaba en el "Archivo BANADE": manuscritos, documentos oficiales y fotocopias que fueron encontrados en abril del año pasado en el edificio del ex Banco Nacional de Desarrollo. La mayoría estaban sellados como "secreto" o "destruir después de leer".

Pero no fueron callados, no fueron destruidos. Esperaron casi veinticinco años en su escondite y ahora un grupo de investigación de la Adjuntía de Derechos Humanos de la Defensoría los está sistematizando.

"Nos interesa -dijo Alicia Oliveira, la Defensora del Pueblo- identificar una cadena de mandos militar y burocrática que creó las condiciones para que la censura no fuera sólo una orden escrita que prohibiera un producto cultural sino una advertencia previa y precisa sobre aquello que no podía decirse ni representarse".

"La dictadura -dijo Diana Maffia, Defensora Adjunta- consideraba a la cultura como un enemigo más difícil que la subversión. En la investigación encontramos que había un plan de represión cultural. Fue un plan orquestado, con eje en el Ministerio del Interior".

Algo de ese plan de control se ve en el Informe Especial Nro. 10. Allí cuentan, por ejemplo, que "La Cámara Argentina de Productores de Discos acepta todas las sugerencias que se le formulan y ha propuesto la firma de un convenio con el Ministerio del Interior". Allí se establecerían pautas y "la consulta voluntaria en caso de dudas a una comisión y la revisión del material producido".

El mismo informe revela que la División de Publicaciones del Ministerio del Interior puede "detectar y sancionar publicaciones, espectáculos o grabaciones que violen normas de distinto tipo".

Claro que ¿cómo controlar todo? El Informe soluciona el problema: "Su fuente de obtención de información es la Policía Federal, habiéndose solicitado la colaboración de la SIDE y Fuerzas Armadas".

El Proceso decía que quería "defender la cultura nacional". Y en el informe se advierte: "El sexo, la violencia, la drogadicción, el afán desmedido de lucro o poder, el progresismo incoherente, servirán entre otros males para provocar el desinterés por la cultura y su decaimiento".

Nada quedaba librado al azar: "Con respecto a Teatros y espectáculos públicos en general -decían- el control es selectivo y esporádico para evitar la superposición de funciones con los Gobiernos provinciales".

En la ciudad de Buenos Aires, informaban, había una "Comisión de Control" sobre las publicaciones. Su óptica, decían, "está dirigida a aspectos referidos a la moralidad y buenas costumbres".

Pero "en aquellos casos en que se detectan connotaciones subversivas" proceden "a informar al Ministerio del Interior". Pero aclaran: "Esto último es, a veces, difícil de concretar, debido a la forma indirecta, a los subterfugios y encubrimientos que utilizan con habilidad".

Maffía contó que encontraron una lista de editoriales "marxistas o con el cincuenta por ciento de la obra marxista". Entre ellas figuraban: Aguilar, Alianza, Corregidor, el Centro Editor de América Latina, De La Flor, El Ateneo, el Fondo de Cultura Económica, Paidós, Planeta, Plus Ultra y Seix Barral.

La censura ejercía un gran control sobre la formación de los chicos. En el folleto Subversión en el ámbito educativo, de 1978, el Ministerio de Educación advertía que "la subversión" usaba reclamos como "que todos puedan estudiar", "aumento del presupuesto universitario", o "falta de cursos nocturnos para los que trabajan".

La Secretaría de Información Pública -según los documentos presentados por la Defensoría- se ocupó de los cuentos infantiles. No pasó la prueba el libro Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann.

El informe de la SIP dice los textos del libro "reivindican la rebelión y la resistencia; la lucha contra el statu quo; la venganza hacia los opresores; el desprecio hacia la sociedad (...) Demuestra una antinomia entre ricos y pobres: los ricos serían los villanos, desalmados, grotescos. Los pobres cuentan, en cambio, con la fuerza de la cooperación".

El culpable era el elefante Víctor, que quería volver al África y organizaba una huelga general del circo. Hacía, según la SIP, "el adoctrinamiento preparatorio a la tarea de captación ideológica del accionar subversivo".

Clarín

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