Memorias del horror, a veinticinco años de la asonada castrense en Argentina. En 1976 la embajada estadunidense en Buenos Aires informó sobre la Operación Cóndor.

STELLA CALLONI - CORRESPONSAL

Buenos Aires, 22 de marzo. En marzo de 1998, cuando se conmemoraban los veintidós años de la dictadura, un grupo de periodistas de Clarín tuvo acceso a unos ciento veinticinco informes, que eran documentos secretos de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, donde se demostraba que en Washington no sólo se conocían los preparativos, la fecha del golpe, sino también lo que sobrevendría en cuanto a violaciones de los Derechos Humanos.

De la misma embajada salió en 1976 el informe sobre lo que era la Operación Cóndor, que con el golpe militar en Argentina tomó características "institucionales" como una coordinación para matar.

Bajo el título de Anatomía de un golpe, los periodistas Alberto Amato, María Seoane y Vicente Muleiro recrearon algunos de aquellos documentos. De acuerdo con esto, en Estados Unidos se había conocido la fecha del golpe, y se mencionaba ya al general Jorge Rafael Videla como futuro presidente, aun cuando otros informes hablaban de Roberto Viola.

Se hablaba también de que el gabinete sería militar, a excepción del Ministerio de Economía. Pero lo esencial que sabía Washington era que "la gestión militar no afectaría, sino por el contrario iba a ser propicia a los intereses estadunidenses en el país" (suplemento Zona, Clarín, 22 de marzo de 1998. Páginas 3 y 4).

Los informes desclasificados habían sido enviados entre 1975 y mayo de 1976.

El 13 de febrero de 1976 el secretario de Estado para Asuntos Interamericanos, William Rogers, envió a Henry Kissinger (secretario de Estado del presidente Gerald Ford) un documento clasificado como "secreto" titulado "Posible golpe en Argentina", en el que aseguraba: "Hemos tenido numerosos informes sobre los planes castrenses -y de sus conspiradores civiles-- con respecto a la forma de gobierno que se instituiría tras el golpe. Se suspendería el Congreso y habría un presidente militar o bien un presidente civil como figura decorativa, mientras los militares mantendrían el poder real... Sin embargo, cuando se intensifique su lucha contra la guerrilla es casi seguro que el Gobierno militar de Argentina cometerá violaciones a los Derechos Humanos que generarán críticas internacionales. En Estados Unidos ello podría generar presiones públicas y del Congreso que complicarían nuestras relaciones con el nuevo régimen".

Vaticinios y realidades

El 28 de febrero de 1976, el embajador Robert Hill (amigo de José López Rega) escribía el documento codificado 1373 diciendo que seguramente iba a ser el general Videla y no (Roberto) Viola el presidente.

Hill vaticinaba que los partidos políticos seguirían funcionando y que posiblemente iba a existir una línea moderada quizás para tranquilizar a algún sector del establishment, mientras él ocultaba la verdad.

Otro dato que surgió fue sobre el papel de la Iglesia católica en su alta jerarquía, ya que el nuncio papal Pío Laghi pasaba información muy precisa a Hill.

Fue él quien le dijo al diplomático, el 27 de febrero de 1976, que el almirante Antonio Montes podría ser el ministro de Relaciones Exteriores y que Isabel Martínez de Perón iba a quedar detenida en un lugar de descanso de los militares, como sucedió.

Efectivamente Montes fue canciller de la dictadura, pero en mayo de 1977, aunque le antecedieron Jorge Vañek y el almirante César Guzzetti, para quien sus enemigos políticos eran "microbios a aplastar".

Cita Clarín un documento de Kissinger del 25 de marzo de 1976: "Los Derechos Humanos es un área en la cual las acciones del nuevo Gobierno pueden presentar problemas desde la perspectiva de Estados Unidos. Varios miles de supuestos subversivos ya están bajo un estado de sitio declarado en noviembre de 1974 y esta cifra ascenderá a medida que las fuerzas de seguridad intensifiquen sus esfuerzos antiterroristas. El tratamiento de los militares hacia estos individuos ha sido menos que correcto en el pasado y probablemente incurran en el futuro en serias violaciones a los Derechos Humanos".

El cinismo resulta ilimitado, en el término de "menos que correcto" para los crímenes, las torturas y la represión vividos en distintas circunstancias bajo "manu militari" por los argentinos.

Los documentos revelaron un conocimiento profundo de toda la situación sindical y política. Una red de informantes y confidentes les proveía de copiosa información y tenían ya agentes propios como los generales Viola, Guillermo Suárez Mason, o Domingo Antonio Bussi, entre otros.

Los documentos estadunidenses revelan también los conciliábulos y complicidad de una parte de la clase política argentina en los prolegómenos del golpe de 1976.

"Es evidente que la embajada de Estados Unidos adoptó una posición de total discreción, porque no quería quedar ligada al golpe militar como lo estuvo en Chile en 1973. De hecho, Hill se tomó unas oportunas vacaciones una semana antes del 24 de marzo de 1976. Regresó el 26. Discreción no implica prescindencia. ¿Realmente la embajada de Estados Unidos miró para otro lado mientras se planeaba el más sangriento golpe que vivió Argentina?", se preguntan los autores de Anatomía de un golpe.

Los militares implantaron el terrorismo de Estado, dividieron el país en áreas, crearon más de trescientos centros clandestinos de detención. Grupos de tareas plagiaban a las víctimas, en algunos casos familias enteras.

Aunque las guerrillas casi no tenían ya cuadros combatientes, los militares difundían supuestos enfrentamientos. En realidad cobardemente buscaban a sus víctimas, las sometían en aquellos centros a inenarrables torturas y luego las desaparecían.

Miles de ellos fueron arrojados al mar y aunque oficialmente se reconocen unos diez mil desaparecidos, los familiares tienen una cifra de treinta mil en todo el país. Cientos de extranjeros fueron desaparecidos en Argentina o entregados en el marco de la Operación Cóndor a otras dictaduras, en el siniestro intercambio que caracterizó a este plan.

Pero entre los actos más perversos figura el robo de niños nacidos en cautiverio, que fueron entregados mayoritariamente a militares o policías que los adoptaban en un siniestro experimento similar a los que realizaban los nazis, para "educarlos en los principios occidentales y cristianos".

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo esperan la desclasificación de todos los documentos en Estados Unidos sobre la dictadura y sobre la Operación Cóndor.

Hasta ahora sólo "el coraje, el amor, la persistencia de los que no olvidan han horadado la piedra de la impunidad", dicen las madres por los juicios abiertos en el mundo, veinticinco años después, cuando aún buscan en la noche y la niebla de las desapariciones la verdad y la justicia que les ha sido negada.

La Jornada

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