Algunos niños son reducidos con camisas de fuerza y a otros se les desnuda por si esconden droga, según la Coordinadora de Barrios. Varios reglamentos llegan a castigar por "ducharse sin gel".

PEDRO SIMON

MADRID.- Al chaval lo encontraron no hace mucho en el centro de acogida de Mérida. Estaba allí, acurrucado en el rincón de una celda de aislamiento forrada de corcho, sin luz y con una sola mirilla por todo contacto con el exterior. Nueve años de vida y ya lo tenía claro: decía que era malo.

Educar con mano de hierro tiene estas cosas. Llegan de la calle. A unos los amarran con camisas de fuerza. A los más inquietos les atiborran con sedantes. Y así dejan de dar la lata... Bienvenidos a la antesala del futuro carcelario: los internos de los centros de menores en España, carne de cañón.

-Muchos chicos nos lo cuentan; a otros se les ve como zombies debido al exceso de pastillas -explica un educador anónimo.

-¿Algún caso reciente?

-Una madre fue a visitar a su hijo al centro de reforma madrileño de El Madroño. No le reconocía. Le habían saturado de tranquilizantes. Parecía un vegetal.

La escena del abuso de sedantes se está repitiendo en diferentes centros de menores de distintas comunidades autónomas. La voz de alarma la ha dado la Coordinadora de Barrios, que ha presentado ya diversas denuncias. Según ha podido saber este periódico, a algunos chavales internos se les está administrando Haloperidol o Nemactil, tranquilizantes que desinflan al chico y lo dejan manso como un cordero.

La expeditiva práctica de tirar de fármacos entre los niños más problemáticos ya ha sido puesta en conocimiento de los Gobiernos regionales implicados. La mayoría de las investigaciones abiertas por los fiscales de menores se han cerrado sin poder demostrar nada.

En la encrucijada de la nueva Ley del Menor y con la señal de alerta dada en Madrid por la Coordinadora (tres locales de Diagrama cerrados cautelarmente por atar a los críos con cinta de embalar), los centros de menores están ahora bajo sospecha.

Privatización

Las denuncias lanzadas hoy en día desde el tejado de las organizaciones sociales apuntan al trato que se les da a los chavales. Por ejemplo: poner camisas de fuerza a niños de trece años que no lo necesitan o desnudar integralmente a muchachos y obligarles a hacer flexiones para comprobar que no meten droga en los centros.

Calcando el modelo made in USA en la doma de sus menores problemáticos, España está comenzando a delegar en las instituciones privadas para controlar a sus chavales menos adaptados.

Hablamos con Luis San Juan, miembro de la Coordinadora de Barrios en la zona de Canillas, red social presente en medio país.

"Los centros de menores están funcionando como una empresa de servicios, como cuando se concierta una empresa de limpieza de basura. Si pasa algo, la comunidad autónoma queda eximida de responsabilidad; la subcontrata paga. Es una manera de quitarse la responsabilidad y de que otros hagan el trabajo sucio... Prima la rentabilidad. Todo esto supone un abaratamiento de costes, que haya trabajadores en precario y con un perfil muy concreto, tipos duros que den soluciones y contengan al menor", señala Sanjuan. "La filosofía es la siguiente: aquí hay un salvaje y hay que domarlo como a un caballo", subraya.

Un informe elaborado por el Defensor del Pueblo Andaluz sobre el tema (doscientos cuarenta y un centros analizados, dos mil trescientos ochenta menores acogidos) traza las líneas de lo que viene.

El ochenta y cinco por ciento de estos centros es ya privado concertado. "Un menor atendido en una entidad privada", concluye el estudio, "genera costes de personal diez veces menor que si residiera en un centro público".

EL MUNDO ha tenido acceso a varios reglamentos internos que se utilizan en diferentes centros de menores del Estado. A una disciplina de hierro se han de someter los chavales que pasan por Diagrama (diecinueve centros por toda España).

Según la biblia disciplinaria de la casa, se consideran "faltas leves" el hecho de "llamar a los compañeros por el mote", "ducharse sin gel", "no lavarse las manos antes de las comidas", "contar batallitas", maltratar, asustar o espantar a los animales, "llamar al educador sin motivo justificado una vez acostados", "hablar con los que están en aislamiento", "negarse a hacer actividades programadas", "hablar gritando"...

En el centro Altamira, en Madrid, del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, los menores son obligados a desnudarse, ponerse en cuclillas y someterse a una exploración visual tras cada visita, por si les meten droga.

Los críos pueden estar hasta tres días recluidos en una celda de aislamiento. Un menor fue encerrado veinticuatro horas por darle un beso de despedida a una compañera que dejaba el reformatorio.

La fundación O'Belén es la encargada del proyecto Casa Joven de Azuqueca de Henares (Guadalajara). Si un menor eructa mientras come o suelta un taco, es apartado del resto. Las puertas están cerradas con llave. Si dos chavales se enzarzan en una pelea, son recluidos un día, incomunicados. Si un menor besa o abraza a otro excesivamente, deberá ser advertido. Si continúa, será encerrado en el cuarto de baño.

La Ley del Menor se queda coja por falta de medios

Abogados y fiscales critican la carestía de políticas que prevengan comportamientos delictivos y violentos entre los adolescentes.

BELEN REYES GUITIAN

MADRID.- En los poco más de dos meses que lleva en vigor la Ley del Menor, jueces, fiscales, abogados y psicólogos han tenido tiempo de entrar en contacto con sus nuevos métodos y evaluar su puesta en marcha.

El veredicto no es unánime, pero todos se quejan de la falta de medios: para el trabajo judicial, para los psicólogos, para la reeducación y, sobre todo, para la prevención.

Desde el 13 de enero hasta la semana pasada, habían entrado en centros de reforma para menores cincuenta y dos presos preventivos y penados que estaban en la cárcel y más de trescientos cincuenta habían salido a la calle.

De los cuatrocientos nueve afectados, había tres de dieciséis años y treinta y uno de diecisiete, según Instituciones Penitenciarias, que se ha gastado en los traslados un millón de pesetas.

Los fiscales de menores se han quejado a la Fiscalía General del Estado de que el sistema informático es mejorable y de que faltan medios materiales, pero están satisfechos del aumento de plantilla. De valorar la ley, nada.

Quienes no tienen pelos en la lengua a la hora de opinar son los abogados. Fernando Oliete, que trabaja en el seguimiento a menores y es miembro de la Asociación Libre de Abogados, critica que se hable de reeducación.

"Es una ley penal, y represión y educación conjugan mal. Pese a todo, es un avance respecto a lo que había, por lo que hemos pasado de infinitamente mal a francamente mal. ¿Resocializar a los jóvenes? El re sobra cuando nunca han estado socializados".

Tampoco hay loas a la nueva norma desde el campo de la psicología. "Cuando elaboramos la ley discutimos sobre si debíamos hacer una ley menos ambiciosa con los medios de los que se disponía, o una más ambiciosa, aun cuando generase problemas materiales a las comunidades autónomas. Optamos por la segunda opción y las Comunidades Autónomas están teniendo problemas", explica Vicente Garrido, psicólogo y profesor titular de la Universidad de Valencia.

"Hay carencias en los medios de la Justicia, en número y especialización. Los jueces y fiscales de menores no lo son de carrera. Todavía no hay un número suficiente y aún pasarán cuatro o cinco años hasta que los haya".

Sin especialización

"Faltan programas especializados. De las catorce medidas que establece la ley sólo una contempla el internamiento en centros cerrados", dice Garrido. "El resto son de reparación del daño, trabajos para la comunidad... Necesitamos medidas comunitarias, la mayoría de los jóvenes no son psicópatas, tienen problemas de socialización".

Por no hablar de las víctimas, que según Oliete son usadas como kleenex: "Los usamos para que haya un procedimento y luego los dejamos de lado en el proceso".

Tanto psicólogos como abogados están de acuerdo en que no se incide en lo fundamental: la prevención. "Para la prevención y la política social no hay medios, y se acaba creando un cuello de botella en los tribunales de menores. Es una trampa", dice Oliete.

José Buendía, profesor de la Universidad de Murcia y director del Instituto Superior de Estudios y Tratamiento Psicológico, cree que, en la sociedad actual, la situación de los adolescentes es especialmente crítica.

"Ahora hay más chicos violentos que hace cinco años, la frecuencia de suicidios ha aumentado y la ideación suicida se ha convertido casi en una epidemia, se ha producido un aumento en el número de adolescentes que han tenido que ver con las drogas, además el consumo de sustancias está incrementando la aparición de personalidades de tipo agresivo. Sería demasiado fácil culpar a los adolescentes que tienen un comportamiento anormal o patológico, cuando ellos son las víctimas posiblemente de un malestar social y de un malestar familiar que existe".

"El comportamiento de esos adolescentes que están en boca de todos como protagonistas de una violencia feroz sólo puede explicarse a través de una patología social. La adolescencia se ha convertido en un tema de urgencia, y los problemas que plantea no reciben la atención que merecen", cree Buendía.

Garrido apunta a otro problema que viene: "La generación de hijos de inmigrantes no va a estar en las mismas condiciones de competir en nuestra sociedad y cultura, llevan varios cuerpos de desventaja en la carrera por el triunfo en la sociedad occidental y esto favorece la delincuencia".

Pero siempre queda alguien a quien culpar cuando un chaval delinque: los padres. Y la ley les coloca como responsables civiles de lo que hacen sus hijos. "Lo que la ley hace es una atribución económica y de reparación, que puede que desde el punto de vista civil tenga sentido, pero desde el psicológico es injusto", opina Garrido. "Los estudios psicológicos actuales muestran que, en la adolescencia, los iguales tienen más influencia que los padres".

Caso de las chicas de San Fernando: "El primer test ha sido un fracaso"

MADRID.- El psicólogo criminalista Vicente Garrido ha actuado como perito en el caso de las adolescentes de San Fernando condenadas a ocho años de internamiento en un centro para menores por la muerte de Clara García Casado. Además, deberán pasar cinco años bajo libertad vigilada.

"El juez del caso [Manuel Ríos] no está especializado en menores y comete un error, ya que para valorar la psicología de las chicas usa un criterio de adultos", indica.

"Ambas tienen informes que dicen que padecen patologías de personalidad graves, pero él sólo hace caso a los de la Fiscalía, que dicen que sus patologías no influyen en su conocimiento del hecho y su voluntad", explica.

El aconsejó a los abogados que lo más adecuado sería internarlas en un centro especializado. "Estas chicas deberían someterse a internamiento terapéutico, con un tratamiento específico. Esto no quiere decir que vayan a ir a la calle. Ahora se les dará un tratamiento igual que a los otros chicos", predice.

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes, señaló tras conocerse la sentencia que ésta demuestra que la Ley del Menor que se comenzó a aplicar el pasado mes de enero no genera impunidad.

Pero la sentencia merece, a juicio de Garrido, un suspenso con mayúsculas. "El primer gran test de la ley ha fracasado porque el juez ha usado un criterio para adultos. Si esas chicas no están perturbadas, que vengan Concepción Arenal, Makarenko y el padre Flanagan y lo vean".

El Mundo

Enlaces sobre Direitos Humanos