MAITE RICO. Guatemala

Tres militares y un sacerdote fueron condenados ayer a duras penas de prisión por su participación en la muerte del obispo guatemalteco Juan Gerardi, conocido defensor de los Derechos Humanos, asesinado a golpes en su parroquia en abril de 1998.

El tribunal aceptó los argumentos de la fiscalía y calificó el crimen de 'ejecución extrajudicial'. El móvil: la venganza por la elaboración de un informe sobre las atrocidades cometidas durante los treinta y seis años de conflicto armado entre Ejército y guerrilla (1960-1996), que Gerardi presentó dos días antes de su muerte.

La cocinera del obispo, también acusada, fue absuelta. El caso, sin embargo, está lejos de haber sido aclarado: los autores intelectuales y materiales siguen siendo una incógnita. Según la sentencia, el capitán Byron Lima Oliva y el suboficial Obdulio Villanueva, miembros de la guardia del entonces presidente Álvaro Arzú, llegaron a la casa parroquial después del asesinato y alteraron la escena del crimen.

El coronel retirado Byron Lima Estrada, padre del primero, vigiló la operación en los alrededores. Y el sacerdote Mario Orantes, auxiliar de Gerardi durante siete años, prestó su apoyo y no dio aviso inmediato a las autoridades.

Los castrenses han sido condenados a treinta años de prisión como 'coautores' y el sacerdote a veinte como 'cómplice'. ¿Pero quién ideó y perpetró el asesinato? Sigue sin saberse. Por eso los jueces han ordenado la continuación de la investigación y la apertura de un proceso contra los entonces jefes del Estado Mayor Presidencial (EMP), la dependencia militar a la que pertenecían dos de los condenados.

El juicio, que comenzó en marzo, ha dejado muchas incógnitas en el aire. El eje del proceso ha sido un indigente que dormía junto a la parroquia, llamado Rubén Chanax, testigo protegido de la fiscalía y hoy en el exilio, que ha modificado su testimonio en, al menos, cuatro ocasiones. Ni sus contradicciones ni las diferencias con los relatos de otros testigos han hecho mella en los magistrados.

'Estamos ante una sentencia política. La prioridad de la fiscalía y de los jueces no ha sido buscar la verdad, sino complacer al Gobierno', decía ayer uno de los defensores, en referencia al presidente Alfonso Portillo, ahijado político del general golpista Efraín Ríos Montt, que hizo del caso Gerardi un caballo electoral y que condicionó su permanencia en el cargo al esclarecimiento del crimen.

Cinco días después de su toma de posesión, el 14 de enero de 2000, Chanax cambió su testimonio e implicó a los ahora condenados. 'Toda la acusación ha girado en torno a un falso testigo. Es una monstruosidad', señalaba el abogado de Orantes, al anunciar la apelación.

Culmina así la primera etapa de una investigación jalonada de irregularidades: descuido de la escena, pérdida de pruebas, amenazas, encubrimientos y pesquisas paralelas... En el camino han quedado tres jueces, dos fiscales y varios móviles: del robo se pasó al crimen pasional.

Después, se habló de la delincuencia organizada, y específicamente, de la peligrosa Banda del Valle del Sol, dedicada, entre otras actividades, al tráfico de imágenes religiosas.

La fiscalía se decantó finalmente por el móvil político, defendido desde el principio por la Iglesia. En contraste con los defensores, la alegría era patente entre los miembros de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y entre los activistas humanitarios, para quienes la sentencia 'rompe con el muro de la impunidad' que impera en Guatemala.

CESAR GONZALEZ-CALERO. Especial para EL MUNDO

CIUDAD DE MEXICO.- Guatemala cerró ayer uno de los capítulos más negros de su historia reciente. El coronel Byron Lima Estrada, su hijo Byron Lima Oliva y José Obdulio Villanueva, ambos guardias presidenciales, fueron condenados a treinta años de prisión por el asesinato del obispo auxiliar Juan Gerardi, perpetrado el 26 de abril de 1998.

El tribunal, que ha calificado el crimen como "político", consideró cómplice del asesinato al sacerdote Mario Orantes, y le ha impuesto una pena de veinte años, mientras que la cocinera Margarita López, acusada de encubrimiento, fue absuelta.

La sentencia cumple casi al completo las demandas del fiscal y, a expensas de ser ratificada por una instancia judicial superior, pone punto final a un caso que ha traumatizado a la sociedad guatemalteca.

Al obispo auxiliar de Guatemala nunca le perdonaron haber denunciado la represión militar que sacudió el país centroamericano durante treinta y seis años. Dos días después de presentar el informe Guatemala, Nunca más, Recuperación de la Memoria Histórica, un grupo de sicarios le fracturó a golpes la cabeza.

El informe documentaba más de cincuenta y cinco mil casos de violaciones de los Derechos Humanos durante la guerra civil (1960-96), que dejó un saldo de más de doscientos mil muertos.

El ochenta por ciento de las denuncias apuntaban directamente al Ejército.

El hecho de que el tribunal entendiera como "político" el asesinato de Gerardi ha sido aplaudido por las organizaciones de Derechos Humanos, que subrayaron la labor del prelado en la defensa de los pueblos indígenas (sesenta por ciento de la población). Para la activista Helen Mack, "la resolución ha botado [tirado] el muro de la impunidad en Guatemala".

Tres militares fueron sentenciados a treinta años de prisión y un sacerdote a veinte. La Justicia dijo que el asesinato del obispo fue "político", por denunciar violaciones a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Armadas.

Guatemala. AFP.

En un fallo histórico, la Justicia de Guatemala condenó ayer a treinta años de prisión a tres militares y a veinte a un sacerdote por el asesinato del obispo Juan Gerardi, el 26 de abril de 1998, y absolvió del delito de encubrimiento a su empleada.

El tribunal tercero de sentencia de la capital guatemalteca encontró a los militares y el sacerdote responsables del delito de "ejecución extrajudicial". La Justicia determinó que el móvil del asesinato fue político y que los militares decidieron asesinarlo, porque dos días antes había dado a conocer un informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado de treinta y seis años que concluyó en diciembre de 1996.

Los condenados son el sacerdote Mario Orantes, al que se le redujo la pena de prisión a veinte años, el coronel (r) Disrael Lima Estrada; su hijo, el capitán Byron Lima Oliva; el ex sargento militar Obdulio Villanueva. En el caso de Orantes, la calificación de "cómplice" y no de "coautor" valió para la rebaja de un tercio en su condena.

El tribunal decidió absolver a la empleada doméstica del religioso, Margarita López, acusada por la fiscalía de encubrimiento.

Gerardi, un defensor de los Derechos Humanos, fue brutalmente asesinado la noche del 26 de abril de 1998 en la casa cural de su parroquia, al ser golpeado con objetos contundentes que le destrozaron la cabeza.

Según la Justicia, Gerardi, de setenta y cinco años de edad y 1,75 metro de estatura, fue asesinado a golpes entre las veintidós y las veinticuatro, hora local. De acuerdo con dos forenses del FBI de Estados Unidos, que colaboraron en la investigación, el obispo fue atacado en la cochera de la casa cural de la iglesia San Sebastián, cuando salía de su automóvil, y golpeado con un objeto cilíndrico, posiblemente un tubo de hierro.

El crimen de Gerardi generó un clamor internacional para establecer la verdad, incluido el Papa Juan Pablo II, quien hace tres semanas se pronunció sobre el tema y exaltó la labor social que realizó el obispo guatemalteco.

El tribunal consideró "que el delito de ejecución extrajudicial se sustenta en el móvil político del crimen porque los procesados conocían y rechazaban el informe Recuperación de la Memoria Histórica', elaborado por Gerardi, donde se narran y denuncian las peores violaciones a los Derechos Humanos" cometidas durante la guerra entre ejército y la guerrilla.

Además, el tribunal indicó que monseñor Gerardi "era sujeto de vigilancia y seguimiento por parte de inteligencia militar, como lo narraron varios testigos" y como lo reconoció el indigente Rubén Chamax, quien declaró haber sido contratado por Lima Estrada para controlar la salida e ingresos de monseñor Gerardi a la casa de la iglesia San Sebastián.

El tribunal guatemalteco ordenó a la fiscalía continuar las investigaciones para encontrar al autor material del hecho y ordenó abrir un proceso penal contra varios militares que podrían estar implicados como cómplices o facilitadores del crimen del obispo.

Nacido el 27 de diciembre de 1922, Gerardi fue ordenado sacerdote en 1946, cuando empezó a vincularse a poblaciones indígenas, las más pobres y discriminadas del país, pese a representar el sesenta por ciento de los once millones de guatemaltecos.

Hasta 1980 realizó un trabajo pastoral junto a indígenas, analfabetos y enfermos, labor que le costó la vida a tres sacerdotes de la región del Quiché. Para esa fecha, Gerardi también presidía la Conferencia Episcopal de Guatemala, y en noviembre de 1980 viajó a Roma para entrevistarse con el Papa Juan Pablo II, quien le pidió que continuara en su puesto.

En 1988 creó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) para atender a las víctimas de la violencia e iniciar una investigación sobre violaciones de los Derechos Humanos.

Beneplácito del presidente Alfonso Portillo, Estados Unidos y organismos humanitarios. Por vez primera miembros del ejército han sido sentenciados por móviles políticos.

AFP, DPA, AP y Reuters

Guatemala, 8 de junio. Un tribunal guatemalteco condenó hoy a treinta años de prisión a tres militares por el asesinato en 1998 del obispo Juan Gerardi, con lo que se sentó un precedente histórico ya que por primera vez miembros del ejército han sido sentenciados por móviles políticos en Guatemala.

El presidente Alfonso Portillo calificó de "histórica" la sentencia judicial dictada contra los tres militares, así como una condena de veinte años contra un sacerdote implicado, al apuntar que "por primera vez en la Historia de Guatemala hay una condena por un crimen político" y que esto es una muestra del avance en materia de justicia y de que el crimen de Gerardi no se iba a quedar en la impunidad.

En términos similares se manifestaron organismos de Derechos Humanos de Guatemala sobre el hecho de que por primera vez se fundamenta una sentencia en el móvil político y se señala al Estado Mayor Presidencial (EMP) como implicado, en tanto que organismos internacionales destacaron que comienza a romperse la impunidad que siempre había prevalecido.

"El veredicto de culpabilidad es un formidable indicio de que al final la justicia prevalecerá en casos como ese de Derechos Humanos en Guatemala", expresó a su vez el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher.

El tribunal tercero, integrado por tres jueces, aplicó por unanimidad la condena de treinta años de cárcel por ejecución extrajudicial en grado de coautores al ex coronel Disrael Lima Estrada, de sesenta años de edad, su hijo, capitán Byron Lima Oliva, de treinta y un años, y al ex sargento Obdulio Villanueva, de treinta y seis.

Asimismo, fue condenado a veinte años de prisión el sacerdote Mario Orantes, de treinta y ocho años, quien fuera cercano colaborador de Gerardi y al que se le imputó el delito de ejecución extrajudicial como cómplice.

En cambio, el tribunal absolvió a la trabajadora doméstica del asesinado obispo, Margarita López, de sesenta y un años, para quien se había pedido tres años de cárcel.

El veredicto asienta que el tribunal halló que "el delito de ejecución extrajudicial se sustenta en el móvil político del crimen porque los procesados conocían y adversaban el informe Recuperación de la memoria histórica trabajado con Gerardi, donde se narran y denuncian las peores violaciones a los Derechos Humanos" cometidas durante la prolongada guerra interna entre el ejército y las guerrillas de izquierda.

Agrega que "aunque no se determinó la participación directa de los cuatro acusados en el crimen, encuadra como coautoría de los tres militares porque planificaron y contribuyeron a la ejecución con recursos del Estado y la aquiecencia de otras personas que pudieron ser los autores intelectuales".

Por tanto, el tribunal ordenó abrir otro proceso judicial contra otras trece personas, entre las que se cuentan tres altos mandos del otrora temible EMP, donde laboraban Lima Oliva y Villanueva, al considerar que éstos "podrían haber participado como colaboradores, en la planificación o como autores intelectuales del crimen".

El nuevo proceso debe abrirse contra el ex jefe del EMP, coronel Rudy Pozuelos, y los mayores Andrés Villagrán y Juan Escobar. Asimismo, contra el fotógrafo de la misma institución Darío Morales, el ex jefe de personal y capitán de navío Manuel Fernández, y de otros ocho sujetos entre los que se incluye a otro hijo de Lima Estrada, Luis Lima Oliva, por falso testimonio.

Durante el juicio, iniciado el 23 de marzo, se comprobó que Gerardi era objeto de vigilancia y seguimiento por parte de la inteligencia militar desde 1992 y la intervención de sus teléfonos, según dos testigos que eran especialistas militares, Oscar Chex y Jorge Aguilar, actualmente exiliados.

Del mismo modo se encuentra en el exilio el indigente Rubén Chanax, testigo presencial del asesinato.

En tanto se informaba que los magistrados del caso descartaban salir al exilio tras emitir la condena, la defensa de los tres militares y el sacerdote anunció que apelará el fallo, mientras que los sentenciados lamentaron el fallo, y entre ellos Disrael Lima Estrada dijo que "la lucha" no ha terminado y que como "buen soldado voy a continuar en la batalla".

La embajada estadunidense negó que su Gobierno haya presionado ya que sólo asistieron como observadores al proceso judicial, como el resto del cuerpo diplomático.

La Iglesia católica guatemalteca fue cauta al rehusarse a hacer comentarios sobre el veredicto, mientras que los organismos de Derechos Humanos del país reaccionaron con satisfacción, así como Amnistía Internacional y otros entes humanitarios de Costa Rica, El Salvador y Venezuela, al considerar que se ha dado un "paso gigantesco" en la lucha por poner fin a la impunidad y de cara a otros procesos.

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