CESAR GONZALEZ-CALERO. Especial para EL MUNDO

CIUDAD DE MEXICO.- Atenazada durante 36 años por asonadas militares y atentados contra la población civil, Guatemala despierta poco a poco de su letargo. Hace una semana, un tribunal condenaba a 30 años de prisión a tres militares por el asesinato del obispo Juan Gerardi, y el miércoles, un juez admitía a trámite una querella interpuesta contra el ex dictador Efraín Ríos Montt (actual presidente del Congreso) por su responsabilidad en las masacres perpetradas por el Ejército entre 1982 y 1983.

Tras la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla y el Gobierno, en 1996, organizaciones de Derechos Humanos y la Iglesia documentaron más de 200.000 muertos, en su mayoría indígenas.

A Ríos Montt, que llegó al poder destituyendo a otro dictador, Romeo Lucas García, le corresponde el dudoso honor de haber patentado la expresión «tierra arrasada», que en la práctica supuso el exterminio de unos 15.000 indígenas mayas durante su bienio negro.

Ahora, un juez de Guatemala ha ordenado abrir una investigación por genocidio contra el general retirado y otros cuatro ex militares, tras la querella de la asociación Justicia y Reconciliación en representación de 11 comunidades indígenas.

Según los denunciantes, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, las incursiones del Ejército en esos poblados habrían dejado un saldo de 1.400 campesinos muertos.

Nada más conocer la decisión del juez, Ríos Montt, que goza de inmunidad parlamentaria, señaló lacónicamente: «No tengo nada que ocultar».

El Mundo

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