VICTOR BALLINAS

Contrariamente a lo que se ha dicho oficialmente sobre los desaparecidos en Guerrero, sí se cuenta con informes pormenorizados de ellos.

Todavía el pasado mes de junio el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, aseguró públicamente que en ese tema se tuvo que comenzar de cero. Sin embargo, entre 1990 y 1992 la CNDH elaboró una minuciosa investigación.

Cuando ésta concluyó, extrañamente el entonces ombudsman Jorge Carpizo "decidió ocultarla", refieren algunos de quienes participaron en la elaboración de ese trabajo.

La búsqueda de los desaparecidos por parte de sus familiares ha sido larga. En los últimos meses se han polarizado las posiciones en torno a si el esclarecimiento de los hechos de los años 70 en aquella entidad -como en muchas otras- debe o no quedar a cargo de una comisión de la verdad creada ex profeso.

Se ha dicho que pocos elementos nuevos se podrán encontrar, pero el documento de 198 cuartillas denominado Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, evidencia que quienes participaron en su elaboración integraron antes detallados expedientes sobre cada uno de los 206 casos a que el documento alude.

Sobre los mismos, el informe de los años 90 de la recién creada CNDH concluye que entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad ocurrieron varios enfrentamientos y, como resultado de ello, reconoce 99 muertos en acciones armadas; de éstos, 16 fueron ejecutados por sus propios compañeros de guerrilla; hubo 29 detenidos por los cuerpos policiacos y militares, y acepta que de éstos nunca más se ha sabido; refiere que 14 de ellos tienen una alta posibilidad de estar vivos; en 19 casos la información con que se contó fue insuficiente; en dos más aparecieron muertos después de ser detenidos, y en otros 30 se obtuvieron informes de su paradero actual o de su muerte.

También se habla del informe de 1992. En ese documento -del que La Jornada tiene una copia proporcionada por la Fundación 23 de Septiembre- la CNDH da cuenta de los 206 casos de personas reclamadas por sus familiares como desaparecidos (hasta ese momento), y apunta: 99 de ellos murieron en acciones armadas ocurridas entre 1971 y 1974, de los cuales, precisa, 21 perecieron entre 1971 y antes del 8 de septiembre de 1974, fecha en que se rescató al senador Rubén Figueroa de manos de la guerrilla; 38 murieron el 8 de septiembre de 1974, y 40 más el 2 de diciembre de 1974, en el enfrentamiento en que también pereció Lucio Cabañas Barrientos.

Al detallar cómo o en qué momento ocurrieron las muertes, precisa que se tuvo testimonios e informes de "ex guerrileros", quienes aseguraron que 16 personas fueron ejecutadas por sus propios compañeros "por haberlos identificado como traidores al movimiento", sin embargo, reconoce que el Partido de los Pobres sólo aceptó en desplegado público haber cometido siete ajusticiamientos.

Señala asimismo haber constatado que 29 personas fueron detenidas por cuerpos policiacos y militares y no se ha vuelto a saber de ellas. Esto es, "al entrevistar a los familiares, ellos dieron testimonios de quiénes se llevaron a los ahora desaparecidos, y dijeron que después de eso no volvieron a verlos".

Indica que "hay 14 casos de personas que tienen una alta posibilidad de que se encuentren vivos", pues de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, de los enfrentamientos, de las investigaciones en cárceles, agencias del Ministerio Público, hospitales, y presidencias municipales, no se encontró evidencia de que estén muertos.

Para ese organismo, hasta 1992 estos últimos seguían viviendo "en el clandestinaje". Al mismo tiempo dice que en 19 casos "se obtuvieron declaraciones o menciones contradictorias por parte de los familiares, amigos o conocidos, y por tanto la CNDH no encontró elementos suficientes para pronunciarse". Para el organismo, hasta 1992 podían seguir viviendo "en el clandestinaje".

Cita además dos casos de personas que fueron reportadas como desaparecidas o detenidas, y cuyos cadáveres se localizaron posteriormente: Reynaldo e Isaías Urióstegui Terán, de acuerdo con los reportes en poder de la CNDH fueron detenidos por policías en 1974 y sus cuerpos aparecieron tres años después; también se habla de las 30 personas donde se logró obtener evidencias diversas sobre su probable paradero actual o que murieron después del 2 de diciembre de 1974, día en que fue muerto Lucio Cabañas.

Entre las hipótesis a que llegó el equipo de trabajo que elaboró este estudio, se apunta que "cabe la posibilidad de que algunos presuntos desaparecidos estén vivos y que o desertaron de la organización antes de los enfrentamientos, o sobrevivieron a ellos y decidieron cambiar su residencia, identidad o seguir en la clandestinidad".

En el caso de los muertos hay varias hipótesis, por ejemplo: "Las agencias del Ministerio Público en la zona de conflicto -donde ocurrieron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el Partido de los Pobres- bien fueron deficientes o alguien sustrajo los registros deliberadamente; quizá no era necesario registrarlos cuando algún vecino o autoridad local los encontraba; o tal vez los muertos en enfrentamientos armados fueron enterrados clandestinamente o trasladados a lugares lejanos al que ocurrió el deceso".

En ese informe la CNDH asienta:

"Ocurrieron varios enfrentamientos armados en los que hubo bajas en ambos lados, y esto nos debe llevar a una conclusión muy objetiva que debiera ser aceptada por la sociedad en general y por los actores de esos sucesos, consistente en reconocer que nuestro país vivió un lamentable episodio armado, como ya se dijo, entre dos grupos de mexicanos: las fuerzas públicas y el Partido de los Pobres, cuya estrategia político-ideológica la sustentó en las armas, con el fin de cambiar las condiciones políticas, económicas y sociales del país."

Las familias de los presuntos desaparecidos, pide ese organismo, "deben aceptar que éstos participaron en ese movimiento guerrillero, y que pudieron haber ocurrido algunas de las hipótesis que se citan en el informe".

La comisión destaca que el reconocimiento de la existencia de la guerrilla en México es importante para entender el contexto en que sucedieron los hechos, mismos que "no fueron privativos de una región del país, sino de varias, e incluso de otras naciones".

El análisis agrega que "es muy probable que ya no sea posible conocer muchos más casos respecto de los enfrentamientos acontecidos en el estado de Guerrero durante el periodo 1972-1974, debido a los muchos años transcurridos, a la falta de pruebas y evidencias, y a que existen versiones contradictorias incluso dentro de un mismo sector".

Esta experiencia dolorosa (se apunta en dicho informe de 1990-1992) deberá ser asimilada para evitar que en el país se repitan los acontecimientos descritos, y que esas luchas y esos hombres caídos (guerrilleros, policías, soldados) nos hagan reflexionar en el hecho de que en México todos los sectores debemos pugnar por reforzar los mecanismos jurídicos que permitan la adecuada y libre expresión política de los mexicanos buscando el consenso y no el disenso.

Y convoca a la consolidación democrática y participación activa de todos los sectores para lograr una mejor distribución de la riqueza y para mejorar las condiciones de vida.

Ese documento se concreta al análisis e investigación de los 206 casos de reclamados como desaparecidos por sus familiares o por alguna otra organización defensora de Derechos Humanos en el periodo investigado, y precisa que 134 de esos nombres están tomados del informe público emitido en 1979 por el procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez. Esto es, 65 por ciento de los nombres identificados proceden de ese informe.

La CNDH tenía registradas, hasta 1992, 193 personas desaparecidas en Guerrero, y representan 59.7 por ciento del total de nombres identificados en esta investigación, a los que se sumaron los que se tomaron del informe de las PGR de 1979; algunos de ellos ya aparecían en el documento del procurador Flores Sánchez y otros no, por eso suman sólo 206.

Jaime Laguna, de la Fundación 23 de Septiembre, uno de los actores de la guerrilla y participante en la investigación y elaboración de este informe, cuestiona: "Ya hay un informe sobre los desaparecidos de Guerrero, se hizo entre 1990 y 1992, y la CNDH lo guardó. ¿A qué fueron nuevamente a Guerrero si, como el mismo ombudsman José Luis Soberanes dijo en junio pasado, ya no van a encontrar nada nuevo?".

Y finalmente se preguntó:

"¿Dónde están los expedientes que en aquella época se elaboraron y en los que se encontraban los nombres de los que ejecutaron las desapariciones. ¿Dónde están? Los expedientes tenían declaraciones ministeriales y se guardaron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ¿Dónde están?".

"DESCONOZCO EL DOCUMENTO"

Sobre la existencia del Informe sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 1990 y 1992, el presidente de este órgano, José Luis Soberanes, aseguró: "No lo conozco, no lo he visto, no sé de su existencia".

-¿Cuando usted llegó a la CNDH, no estaba ese documento en los archivos?

-No. No estaba. No se me informó de su existencia.

-¿El segundo visitador, Raúl Plascencia, o el director del Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos (Presedes), Alfonso Quiroz, no le han informado si esa investigación de la CNDH está en los archivos? ¿Si la han consultado o si la conocen?

-No me han informado nada de eso, lo que sé es que esa investigación no está aquí. En cuanto me informaron -para la entrevista- que había una investigación, y que existían copias, pedí que revisaran el archivo y no la encontraron.

-El director del Presedes, Quiroz, ha estado en contacto con algunas de las personas que participaron en la investigación de 1990-1992. Tengo entendido que les debe algunos documentos a esas personas. ¿No le ha comentado sobre este informe?

-No, no se me ha dicho nada. Incluso pedí que se buscara el informe y no se encontró. Voy a revisar el informe de los consejos consultivos, quizá ahí esté ese documento.

-¿Investigará dónde o por qué no está en la CNDH?

-Sí, se va a hacer una investigación.

Madrazo Cuéllar lo confirma

Por su parte, Jorge Madrazo Cuéllar, cónsul en Seattle, ex presidente de la CNDH y ex procurador general de la República, confirmó que "sí existe un informe, se hizo en 1992 cuando era presidente de ese organismo el doctor Jorge Carpizo McGregor".

-Usted era primer visitador en esa época. ¿Por qué no se dio a conocer el informe?

-Desconozco las causas. No era de mi competencia, pero sí sé que se hizo y sé que existe el documento que me refiere. Debe estar en los archivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Participaron judiciales y ex guerrilleros

-En su gestión al frente de la CNDH, ¿por qué no le dio seguimiento a la investigación?

-Sí se investigó, nada más que ya no se hizo la indagación en bloque, sino por casos individuales. Ahí están los avances que hubo. Están en mis informes.

-¿Pero ya había una investigación, por qué no siguió?

-No era lo más adecuado darle seguimiento en bloque, sino caso por caso.

-¿Participaron agentes de la Policía Judicial y ex integrantes de la guerrilla en la investigación?

-Si, así fue -concluyó el ex titular de la CNDH.

VIDEO INEDITO

Diálogo tomado de un video inédito, grabado el 2 de diciembre de 1974 por Telesistema Mexicano, y proporcionado por la Fundación 23 de Septiembre.

En la imagen se ven las montañas guerrerenses y se escucha el ruido del motor de un helicóptero... de pronto, una voz en off dice:

-Este es Atoyac de Alvarez, donde está depositado el cuerpo de Lucio Cabañas, quien fue muerto por elementos del Ejército Mexicano -el 2 de diciembre de 1974- en un encuentro que tuvo cerca de esta población.

En el video se muestra una panorámica de las instalaciones militares de la 27 Zona Militar, ubicada en Acapulco. Se continúa escuchando la voz en off y el helicóptero baja -se supone- con el cadáver del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.

Ya en el anfiteatro militar, ubicado en esa instalaciones, un reportero de Telesistema Mexicano narra: "Estamos con el doctor Rodolfo Guillén del Valle, mayor del Ejército Mexicano, y quien estuvo presente en la autopsia al cuerpo de Lucio Cabañas".

-Doctor -pregunta el reportero en el video-, ¿nos podría explicar cuál fue la herida que causó la muerte a Cabañas?

-Fue una herida localizada exactamente en la rama ascendente derecha del maxiliar inferior, la cual tiene una trayectoria horizontal hacia arriba ligeramente y hacia atrás.

El médico mueve el cuerpo de Lucio Cabañas. Se aprecia que aún no estaba rígido, pues al cargarlo se va de lado la cabeza y se podían mover los brazos sin problema.

Esto indica -señalaron los integrantes de la Fundación 23 de Septiembre- que el video fue grabado el mismo día en que Lucio Cabañas fue muerto, y la intención era transmitirlo por televisión un día después, por eso se dice en la entrevista grabada que es de fecha 3 de diciembre.

El reportero de Telesistema Mexicano, inquiere.

-¿Lucio Cabañas murió en el lugar de los hechos?

-Indiscutiblemente fue en el lugar de los hechos.

Esa entrevista fue grabada varias veces para asegurarse que no se perdería.

ORIGEN DEL INFORME

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), por instrucción del presidente Carlos Salinas de Gortari, acordaron en 1990 la creación de un grupo interinstitucional de trabajo para investigar los casos de desaparecidos políticos en Guerrero.

En dicho grupo participaron dos agentes del Ministerio Público Federal, 12 de la Policía Judicial Federal y ex guerrilleros. Los primeros tomaron las declaraciones ministeriales a los familiares de desaparecidos en la sierra de Guerrero. Los segundos sirvieron de enlace con las familias de las víctimas y aportaron los elementos con que contaban para ayudar en la investigación.

Dicho grupo trabajó alrededor de 24 meses y estuvo listo para sus conclusiones casi a finales de 1992. La síntesis del resultado de sus pesquisas está contenida en el documento Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero.

La pesquisa -se señala en dicho informe- fue dirigida por personal de la CNDH, "lo que implicó que las investigaciones que se hicieron no fueran de tipo policiaco".

En el documento se precisa que "la CNDH no recibió expedientes completos e integrados, sino diferentes formatos de agrupaciones de personas diversas y denuncias en lo particular, que las más de las veces contenían datos generales e incompletos del presunto desaparecido y sobre cómo ocurrió esa desaparición".

Se recurrió también a información del gobierno del estado de Guerrero, de instituciones públicas y privadas, de registros civiles, escuelas, universidades, hospitales, municipios, servicios forenses, corporaciones policiacas y militares, cementerios, agencias funerarias, bibliotecas y hemerotecas.

El desaparecido Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados (CIHMA) pidió a algunos de sus investigadores colaboraran con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para facilitar el contacto con familiares de desaparecidos, lo que permitió localizarlos y entrevistar también a testigos y ubicar a ex militantes del Partido de los Pobres.

Asimismo, entregaron documentos para el informe Luis Suárez y Carlos Montemayor.

En una carta dirigida a este diario, el ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Jorge Carpizo niega que haya ocultado "el borrador" del Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, de 1971 a 1974.

Señala que incluso dicho documento fue "filtrado" hace ocho años a una revista de circulación nacional y argumenta que cuando dejó el cargo, el 3 de enero de 93, "absolutamente toda la documentación permaneció en esa comisión; por ningún motivo se sustrajo documento alguno".

A continuación, el texto íntegro y textual de la carta:

Estimada Carmen: He leído el reportaje del día de hoy en La Jornada que se intitula: "Oculta la CNDH desde 1992 informe sobre guerra sucia. La orden de Carpizo". Además, el prestigiado periódico que diriges dedica la Rayuela, el editorial y una caricatura a dicho tema.

En el editorial se señala que Carpizo está moralmente obligado a explicar las razones por las cuales se decidió ocultar a la sociedad la investigación mencionada. Con gusto realizo las aclaraciones del caso y te solicito atentamente que por razones morales y profesionales, más allá de las normas jurídicas contenidas en la Ley de Imprenta, La Jornada, periódico que estimo por razones varias, le conceda a esta aclaración el mismo espacio que le otorgó a las difamaciones hacia mi persona, es decir, no quedaré satisfecho si se publica en la sección de cartas del lector, sino en primera plana y con los mismos espacios otorgados a la nota de referencia.

En 1992, la CNDH NO ocultó ningún informe sobre los desaparecidos. Ciertamente en octubre de ese año se había concluido un borrador denominado "Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el Estado de Guerrero durante 1971 a 1974", y un extenso resumen se publicó en la revista Proceso del día 2 de noviembre de 1992, cuya portada le dio preeminencia a dos reportajes y uno de ellos fue precisamente el que intituló "Reporte de la Comisión de Derechos Humanos. Las Matanzas de Guerrero en los 70" y le dedicó cinco páginas completas. NO puede calificarse de OCULTO un documento que se publica en esa forma en una de las revistas de mayor circulación nacional.

A mayor abundamiento, para el contenido del borrador intervinieron y apoyaron diversos miembros del Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados (ex guerrilleros integrados desde entonces plenamente a la vida civil), así como conocidos personajes que aportaron documentos. En el borrador se agradece a Luis Suárez y Carlos Montemayor por ese motivo. ¿Puede considerarse que la CNDH ocultó, deseaba ocultar o podía ocultar un documento en el cual habían intervenido tantas y diversas personas?

En virtud de lo delicado del tema, ese borrador, antes de ponerse a la consideración, discusión y posible aprobación por parte del Consejo de la CNDH, se entregó a diversas personalidades para recibir sus observaciones y volver a ponderarlo, y redactar el proyecto que se pondría a consideración del órgano colegiado de la CNDH.

Fue precisamente en ese lapso de tiempo que alguien, probablemente uno de los consultados, "filtró" el borrador a la revista Proceso.

Comenzamos a recibir las observaciones solicitadas y se estaba a la espera de la totalidad o de la mayoría de ellas, para comenzar la redacción del mencionado proyecto. El 3 de enero de 1993 salí de la CNDH.

Debo aclarar que los informes especiales de la CNDH durante los dos y medio años que tuve el honor de presidirla, NUNCA se dieron a conocer a la opinión pública hasta que se hubieran discutido y, en su caso, aprobado por el Consejo de la CNDH, el que estaba integrado por diez personalidades; Consejo que fue muy importante durante esos dos y medio años. Por cierto que una de esas personalidades fue Carlos Payán, entonces Director General de La Jornada.

Al salir de la CNDH el 3 de enero de 1993, absolutamente toda la documentación permaneció en esa Comisión Nacional; por ningún motivo se sustrajo documento alguno. Te preciso que en mi archivo personal tengo una copia del mencionado borrador, mismo que consta de 144 páginas.

En los informes semestrales que rendí públicamente del desempeño de la CNDH en esos años, aparecen los resultados obtenidos en el programa de presuntos desaparecidos: en poco más de dos años se resolvieron 62 casos, se encontraron con vida a varios, de otros existió certeza de su muerte y en los que se podía presumir la existencia de delitos, se expidieron Recomendaciones públicas. De cada caso, además de los informes semestrales, se expidió un boletín de prensa, por lo que fácil resulta verificar mis afirmaciones. En esos años, el periódico que mejor difundió esos boletines fue La Jornada, por lo que sólo es necesario revisar su hemeroteca.

Te envío mis mejores saludos.

Denuncia de ex integrante de la Liga 23 de Septiembre

La CNDH habría ocultado información
desde julio de 91

Nada se sabe de la declaración del jefe del Grupo Jaguar,
quien participó en secuestros y desapariciones

JESUS ARANDA

El ocultamiento de información por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la llamada guerra sucia data de julio de 1991, cuando el mayor del Ejército Sergio Villanueva, comandante del Grupo Jaguar -que participó en el secuestro y desaparición de al menos 15 personas-, rindió su declaración ante la CNDH, que encabezaba Jorge Carpizo. Ahí, el militar reconoció haber participado en los hechos.

Lo anterior forma parte de la denuncia penal interpuesta el pasado 24 de junio por Víctor David Cilia Olmos en contra de Carpizo McGregor -además de otros personajes e instituciones-, en la que se le acusa de ser responsable de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, tipificados como desaparición forzada de personas.

Asimismo se señala que, siendo presidente de la CNDH en 1991, Jorge Carpizo contrató a Carlos Fabián Reyes Domínguez, el Comandante Pato de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), para que participara en las indagatorias que hizo la comisión sobre desapariciones forzadas.

Cilia Olmos, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, refiere en su acusación -documento en poder de La Jornada- que entre septiembre de 1990 y el 28 de enero de 1991, entregó información a la CNDH sobre la desaparición de 15 ciudadanos mexicanos secuestrados y desaparecidos a principios de los años 80, en la que constaban nombres, apellidos y cargos de funcionarios gubernamentales involucrados en los hechos.

En la denuncia, que ya fue remitida al procurador general de la República, y que señala además de Carpizo a Carlos Fabián Reyes Domínguez o Fabián Carlos Reyes Domínguez, mayor Sergio Villanueva, comandante Dámaso Tostado, Miguel Nazar Haro, integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, Grupo Jaguar, Ejército y Fuerza Aérea, se indica que con motivo de la querella fue visitado en prisión por Ignacio Cabrera, entonces coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, así como por Francisco Sainz Hernández, Carlos de la Concha, Leonard Tamés y Carlos Reyes Domínguez, "como miembros de esa comisión gubernamental."

Entre el 20 de febrero y marzo de 1991, estas personas visitaron a Cilia en el Reclusorio Preventivo Norte, donde les entregó "datos relevantes para identificar a los participantes en el secuestro y desaparición de Jesús Manuel Arana Murillo, Miguel Angel Barraza García, Mauricio Miranda Gastélum, Rafael Ochoa Quintana, Román Barrón Gurrola, Eduardo Echeverría Valdés, Gonzalo Esquer Corral, Juan Mendivil, Armida Miranda y Teresa Gutiérrez Hernández, la mayoría de ellos ex integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Sin embargo, refiere Cilia, el Programa de Presuntos Desaparecidos "no sólo no contestó a mi escrito y denuncia, sino que ha mantenido oculta la declaración del mayor Sergio Villanueva, quien sí reconoció haber participado en el secuestro-detención que derivó en la desaparición de Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdés.

Acusa también que la CNDH "ha mantenido oculta" la indagación que se hizo sobre el comandante Dámaso Tostado y todos los demás datos relevantes que le entregó "de buena fe para indagar el paradero de mis compañeros desaparecidos, sin darme en absoluto ninguna respuesta ni informar a los familiares, quienes lejos de recibir apoyo de la CNDH fueron interrogados de manera policiaca, tratando de hacerlos testigos o responsables de los datos que yo les había proporcionado."

Refiere que posteriormente se enteró que quien dijo llamarse Fabián Reyes Domínguez, que destacaba por "dirigir" las entrevistas que se le hacían, "era un comandante de la DFS, apodado Comandante Pato", quien había participado en numerosos actos de secuestro, tortura y desaparición de personas.

Incluso, Reyes Domínguez fue identificado posteriormente como uno de los participantes en el secuestro de tres familiares de Teresa Gutiérrez Hernández (su padre y sus hermanas), en 1981, y en el secuestro y desaparición de la misma Teresa.

Así las cosas, Cilia pretende fincar responsabilidad penal no sólo a los responsables de las desapariciones, sino también a quienes se encargaron de hacer las indagatorias. Concretamente, en el caso de Jorge Carpizo demanda que sea citado a declarar para que explique las razones por las que contrató "como derechohumanista a un cruel y despiadado represor."

Señala la denuncia que la guerra sucia que desató el gobierno mexicano se destaca por la "desaparición forzada de personas, crimen artero que no admite prescripción, ni la amnistía ni el perdón para sus autores materiales e intelectuales", porque con la aplicación de la "Doctrina de Seguridad Nacional" se crearon aparatos clandestinos de espionaje, se instalaron cárceles clandestinas, se armaron cuerpos irregulares con permiso para hacer "lo que su bestialidad les aconsejara", ejecutaron extrajudicialmente a seres humanos y mantienen a algunos de ellos en detención-desaparición".

Son criminales de lesa humanidad y así deben ser tratados, concluye la denuncia.

"Omitió difundir datos sobre el paradero de estudiantes"

Carpizo, responsable de encubrir
crímenes de lesa humanidad: Cilia

El ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Jorge Carpizo "es responsable de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad", denuncia David Cilia Olmos en una demanda interpuesta ante la Procuraduría General de la República, el pasado 24 de julio. Sostiene en la misma que el ex procurador y ex secretario de Gobernación "mantuvo oculta" desde julio de 1991 "la declaración del mayor Sergio Villanueva, comandante del Grupo Jaguar, quien el 9 de noviembre de 1980 dirigió al menos la detención y secuestro de dos jóvenes" relacionados con la Liga Comunista 23 de Septiembre. Supuestamente, el mayor Villanueva aceptó los hechos en la declaración rendida ante la CNDH.

A continuación, el texto íntegro de la carta de Cilia Olmos:

Mucho agradeceré publique la siguiente precisión:

No desde 1992, sino desde julio de 1991, la CNDH oculta información relevante para la identificación del paradero de desaparecidos políticos durante la llamada guerra sucia, como hago constar en la denuncia penal contra Jorge Carpizo McGregor y otros (que le anexo), presentada por un servidor ante la PGR el pasado 24 de junio.

En esta denuncia se precisa que la CNDH tenía información relevante para establecer el paradero de los jóvenes estudiantes Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdés; la CNDH mantiene oculta desde junio-julio de 1991 la declaración del mayor Sergio Villanueva, comandante del Grupo Jaguar, quien el 9 de noviembre dirigió el operativo de detención de los dos jóvenes, realizado en el número 232 de la calle Marina Nacional, en el fraccionamiento Villa de las Flores, estado de México. En esta declaración, el mayor Sergio Villanueva reconoce haber participado en dicho evento.

La declaración del mayor Sergio Villanueva es relevante para esclarecer el paradero de 15 desaparecidos en ese periodo.

Al ordenar ocultar esta información, Jorge Carpizo es responsable de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, tipificados en nuestro país como delito de desaparición forzada de personas.

Atentamente

David Cilia Olmos

Fue rendido en 1979 por el procurador Flores Sánchez

En 1992, la CNDH rechazó
informe de la PGR sobre la guerra sucia

Contiene mentiras; habla de muertos sin dar pruebas, dijo

VICTOR BALLINAS

En 1979, el entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, rindió el único informe que el gobierno ha dado sobre los años de la guerra sucia. Sobre ese informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó en 1992 que contiene "mentiras e imprecisiones, además de que asegura que hubo muertos entre soldados y guerrilleros, sin dar pruebas de dónde fueron enterrados sus cuerpos".

Incluso, en el Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, del que La Jornada tiene una copia, hay por lo menos nueve casos de "desapariciones forzadas", a quienes Flores Sánchez dio por muertos, y resulta que estaban vivos en esos años.

En el informe de la CNDH de 1992, sobre la guerra sucia en Guerrero, se señala que entre los diversos obstáculos que encontraron los investigadores de la CNDH y la PGR para verificar los datos, testimonios y conocer lo que realmente ocurrió en los enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad, fue precisamente la actitud del Ejército y de los diferentes cuerpos policiacos participantes en los hechos, pues "no hubo declaraciones oficiales que permitieran verificar lo sucedido, menos aún las bajas reales de la fuerza pública y sus nombres, mucho menos la identificación de los muertos del otro bando".

Incluso, en los resultados de esa investigación se subraya que "varias dependencias públicas no aceptaron dar explicaciones y proporcionaron sólo informes incompletos, contradictorios o datos generales que de poco han servido para la identificación de los desaparecidos".

Otra circunstancia que imposibilitó poder identificar a los muertos, indica el informe, es que "podemos afirmar que hubo excesos por parte de cuerpos pertenecientes a diversas corporaciones policiacas, como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, y los cadáveres eran desaparecidos a través de la incineración, arrojándolos de aviones o helicópteros al mar".

Una muestra de las mentiras del informe oficial son las siguientes:

"El 25 de junio de 1972, un grupo de diez elementos, encabezados por Lucio Cabañas y Enrique atacaron a una partida militar en el paraje denominado Arroyo de las Piñas, en las cercanías de San Andrés, resultando diez muertos y dos heridos (información contenida en casetes que Luis Suárez entregó a la CNDH, y que reconoce que el ex presidente Luis Echeverría Alvarez se la proporcionó para elaborar el libro que tituló Lucio Cabañas, el guerrillero sin esperanza).

La Secretaría de la Defensa informó: "Un grupo de maleantes en la región de la Costa Grande disparó contra el chofer de un vehículo militar que transportaba medicina y víveres a San Vicente de Benítez, lo que ocasionó que el transporte se precipitara a la barranca, falleciendo un oficial y dos soldados. Asimismo hubo dos soldados graves", se asienta en el informe elaborado por la CNDH desde 1992.

El informe de la PGR de 1979 señala que "se identificó a Isaías Castro Vázquez como muerto en un enfrentamiento efectuado el 27 de agosto de 1972. Cabe señalar -precisa el documento- que ninguna otra fuente menciona ese enfrentamiento. "Rosa Castro Velázquez ha declarado que su hermano Isaías Castro Velázquez fue detenido el 27 de agosto de 1972 en San Vicente de Benítez; al ir a visitar a un familiar lo aprehendieron elementos del Ejército. Testimonio de Rosa Castro ante la CNDH y el Ministerio Público Federal en San Vicente de Beníez, Atoyac, Gro".

El entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, en el único informe oficial sobre los desaparecidos de la guerra sucia en Guerrero señala que "Abundio y Santiago Onofre murieron el primero de septiembre de 1972 al atacar a las fuerzas públicas cerca de Atoyac de Alvarez".

Los investigadores de la CNDH localizaron a María Campos Iturio Viuda de Onofre, madre de Juan Santiago y Abundio, quienes fueron detenidos por la fuerza pública en 1974, y que estuvieron desaparecidos hasta 1976. Abundio regresó por sus propio medios a su domicilio en Atoyac, dijo a su madre que durante el tiempo que estuvo desaparecido recibió un tiro en el rostro, que fue atendido por las fuerzas públicas, y una vez que sanó su herida fue puesto en libertad, desde entonces vive en Atoyac, y lleva una vida normal.

Algo parecido le sucedió a Santiago Onofre Campos u Ocampo, quien fue detenido por la fuerza pública dos años y medio y después fue puesto en libertad en 1977. Desde entonces lleva una vida normal. Sobre Juan Onofre Campos u Ocampo, su madre dijo que lo volvió a ver a los tres meses después de su desaparición detenido en una escuela del poblado San Juan de las Flores, desde esa vez no ha tenido noticias de su paradero", se apunta en los resultados de la investigación de la CNDH.

Otros testimonios rendidos ante el Ministerio Público Federal y los investigadores de la CNDH: Maximiliano Nava Martínez ha declarado: "Por el mes de agosto de 1974, vinieron los soldados acá al Porvenir, y me aprehendieron a mí y nos llevaron al cuartel de San Vicente, donde estuvimos una noche y un día, y luego de ahí nos trasladaron al cuartel de Atoyac, en donde estuvimos hasta septiembre detenidos. Ahí estaban también presos Austrebertro García Pintor, alias Miguel, y Pablo Loza Patiño, quienes permanecieron detenidos día y medio con nosotros. En la noche los sacaron, y los soldados comentaron que los tiburones se iban a dar un buen banquete con ellos. Después nada se supo de ellos".

En el informe de la CNDH de 1992 se destaca que "investigadores de ese organismo se entrevistaron con el director del Centro Regional de Readaptación Social quien emitió una constancia escrita a los investigadores de la CNDH, que señala que en los archivos de dicho centro sólo se encontró un oficio firmado por el agente del Ministerio Público Federal de fecha 5 de septiembre de 1972, mediante el cual se solicitaba al director municipal de cárceles que dejara internado en ese reclusorio a Pablo Loza Patiño. No se pudo tener evidencia de cuánto tiempo estuvo detenido Pablo Loza Patiño, ni de cuál fue el proceso penal por el que fue acusado. Tampoco se supo cuándo salió del penal".

La investigación de dicho órgano, que se elaboró entre 1990-1992, y de la que La Jornada tiene copia -proporcionada por la Fundación 23 de Septiembre-, y que consta de 198 páginas, resalta que como ejemplos representativos de la diversidad de opiniones y la insuficiencia de información, se tuvo problemas para el esclarecimiento de los hechos en los enfrentamientos armados más significativos:

"El del 24 o 25 de junio de 1972, en San Andrés de la Cruz, en Atoyac de Alvarez; el del 23 de agosto de 1972 en los Llanos de Santiago, cerca del poblado Los Tirincheros, a los márgenes del arroyo de Ixtla; el del 23 de agosto de 1973 en Zacoalpan, municipio de Atoyac de Alvarez, y el del 20 de noviembre de 1973, del cual no se logró saber el lugar donde ocurrió."

Arturo Gallegos, ex militante de las FAR y uno de los participantes en la investigación de la CNDH de 1992, y quien rindió ante el Ministerio Público denuncia por la desaparición de tres de sus familiares para la investigación, cuestiona:

"Participamos de buena fe en la investigación, nos interesa como en ese entonces nos interesaba saber la verdad, qué pasó con nuestros familiares desaparecidos, para eso se investigó. Sólo quiero preguntarle a la CNDH si va a llegar al fondo, o se va a perder nuevamente el documento. Ahí está una investigación, que nos digan si van a ir al fondo o no. Que nos digan si le van a entrar a las responsabilidades de los que decidieron las muertes. No queremos indemnización. ¡Queremos la verdad!".

MUCHOS CONOCIERON EL INFORME

El informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 1990 y 1992, lo conocieron, además del doctor Jorge Carpizo McGregor, los ombudsman Jorge Madrazo Cuéllar y Mireille Roccatti.

Y actualmente, refieren Jaime Laguna, Arturo Gallegos y otros ex militantes de organizaciones guerrilleras del pasado, Alfonso Quiroz, del Programa de Presuntos Desaparecidos, tiene una copia en sus oficinas, en las instalaciones de la misma CNDH. "Ahí la hemos platicado y revisado".

Son muchas las personas que sabían de la existencia de esa investigación, aseveran los ex guerrileros; incluso, lo conversamos con la propia Mireille Roccatti, quien realizó varios foros sobre los movimientos armados, y "nos dijo respecto a la investigación, déjenme hacerle algunas correcciones y la hacemos pública".

-¿Y qué ocurrió?

-Se acabó su ejercicio.

-¿Con el ombudsman Jorge Madrazo trataron el tema?

-Claro, nos reuníamos con él en la salita de su oficina. Ahí nos recibía y conversábamos de los resultados de ese informe.

-Actualmente, ¿con quién lo ven?

-Con Quiroz y con Espeitia.

CIFRAS SOBRE DESAPARICIONES

El segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseguró en conferencia de prensa, a finales de junio de este año, que de los 586 casos de presuntos desaparecidos que este organismo ha esclarecido, 273 fueron localizados con vida y "sin ninguna evidencia de que alguna autoridad hubiera participado en su desaparición". Otros 114 se encontraron sin vida, también sin huellas de que alguna autoridad hubiera participado en su deceso, y no corresponden al periodo de la guerrilla.

Plascencia Villanueva es el visitador que tiene a su cargo la dirección del Programa de Presuntos Desaparecidos. Los funcionarios de esa área dependen de él. En la conferencia de prensa resaltó que se han esclarecido 586 casos, pero "no son de las décadas de los 70 y 80. Son, más bien, de otros casos. Los hay desde desaparecidos por cuestiones de narcotráfico, con detenciones arbitrarias; incluso, entre los casos resueltos, se encuentran desistimientos. Es decir, los familiares del desaparecido ya no quieren que se siga el proceso".

En total, precisó Plascencia Villanueva, hay 642 casos de personas desaparecidas, 482 corresponden a los casos de la década de los 70 y 80 en el país. Hay otros 160 casos que corresponden a los 90 y otros 56 casos de personas no localizables.

Medina Mora

En el CISEN existen
80 millones de fichas sobre guerrilleros

Eduardo Medina Mora, director del Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN), participó como invitado en el programa Zona Abierta, conducido por Héctor Aguilar Camín y trasmitido por Televisa. El funcionario trató ahí el tema de la guerra sucia en México. A continuación, se transcribe un estracto de esa opinión:

"Entre los archivos que custodia el CISEN, sobre todo los de la Dirección Federal de Seguridad, desde luego hay información útil y valiosa que se relaciona con el movimiento que reprimió a la guerrilla urbana en los años 70, con los movimientos que reprimieron también a guerrillas rurales o semiurbanas en esas mismas épocas.

"Esta era una tarea encomendada a la Dirección Federal de Seguridad junto con otras instancias públicas y, desde luego, los reportes que hacían los agentes de la DFS están ahí, los archivos están íntegros. Tenemos alrededor de 80 millones de fichas; son tarjetitas de tres por cinco pulgadas escritas a maquina mecánica, a veces con tinta roja, a veces con negra; se acuerdan que las máquinas tenían esta... Lo que hace muy difícil su digitalización y su procesamiento; hemos iniciado este trabajo pero vamos, desde luego, alrededor de 3 o 4 o 5 por ciento de esta digitalización que resulta muy compleja. Y esto refiere a una serie de expedientes que tienen información puntual".

VICTOR BALLINAS

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, insistió ayer en que "el informe de la investigación de los desaparecidos de Guerrero, que realizó el ombudsman Jorge Carpizo, no estaba en los archivos de ese organismo. Lo buscamos pero no se encontró y yo lo conocí la mañana del lunes, cuando el doctor Carpizo me envió una copia".

En entrevista con La Jornada, y a unos días de haber negado la existencia de dicha investigación, Soberanes adelantó que se iniciará una indagación al respecto, porque "es grave y delicado que el documento no estuviera en el acervo del organismo".

Refirió que se fincarán las responsabilidades administrativas o en su caso penales que procedan. Dejó en claro que cuando asumió su cargo en la CNDH nunca se le dijo que dicho informe existiera, y aunque no citó nombres hay que recordar que fue a Mireille Roccatti a quien relevó en noviembre de 1999.

Se rendirán cuentas

Soberanes externó su disposición a rendir cuentas sobre este polémico incidente, tanto al Congreso como a la opinión pública.

La Jornada dio cuenta en su edición del pasado lunes del Informe de la investigación sobre desaparecidos en el estado de Guerrero de 1971 a 1974, y del hecho de que oficialmente la CNDH no informó del texto y sus conclusiones.

-¿Qué opina de lo que señala Jorge Carpizo sobre que aquí (en la CNDH) estaba ese informe?

-Yo creo que es muy importante destacar un punto y es esto: que no se trataba en cierto sentido de un informe, sino era un documento de trabajo que se iba a convertir en un informe; pero digamos oficialmente no fue un informe, sino simple y sencillamente un documento de trabajo que después se suspendió, parece ser, porque ya el doctor Carpizo se fue de la PGR, pero creo que eso es importante. Si hubiera sido un informe se hubiera publicado, se hubiera impreso y nada más estaba en una orden... ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué no la encontrábamos?

Ya con los dos documentos en la mesa, se le inquiere:

-¿Este es el documento de los ex guerrilleros que participaron en el informe?

-Sí.

-¿Y este es el que le entregó el doctor Jorge Carpizo?

-Sí.

-¿Es una investigación y contiene resultados de violaciones de Derechos Humanos? ¿Debería estar aquí para investigarse?

-Cuando yo asumo la presidencia y designo al director del Predes, éste recibe una oficina y entre los documentos que recibe, en el acta administrativa de entrega-recepción -usted la puede analizar y por eso se la entrego- en ningún momento se hace referencia a ese documento, o sea que a nosotros no nos lo entregaron. Nosotros nos enteramos de ese documento por La Jornada, o por usted. Entonces, claro, en ese momento, usted recuerda el dato, cuando nos vimos el viernes lo estábamos buscando, ¿no? Claro, hemos seguido buscando una copia, ya ahora tenemos esas dos versiones. Pero aquí está el acta administrativa. Aquí en la recepción, foliadas y firmadas, y ya verá que en ningún momento nos entregaron ese documento. Por lo tanto, esta administración no conocía esto porque formalmente no nos lo entregaron, ni formal ni informalmente.

-¿Es grave que los ombudsman anteriores a usted, todos, conocieron el documento y no le dieron seguimiento?

-Yo creo que lo que sucedió fue algo delicado, porque no nos llegó a nosotros ese documento. Yo pienso que tenemos que investigar, tenemos que ver qué fue lo que pasó y poder darle una respuesta a la sociedad.

-El informe existe. ¿Se investigará qué ocurrió, quién lo ocultó o qué pasó?

-Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a investigar y darle una respuesta a la sociedad.

-Situaciones como ésta, donde se investiga y se pierden los informes, ¿generan desconfianza en la sociedad?

-Yo creo que aquí hay una cosa muy importante: nosotros vamos a la investigación a fondo y en serio. La estamos haciendo de un año para acá, más o menos, quizá lleva un poco más y creo que esto es muy importante. Creo que estamos respondiendo al compromiso constitucional de ser organismo autónomo, porque desde el mismo año 2000 estamos investigando a fondo este asunto. Tan es así que hemos ofrecido para el próximo informe que estamos trabajando de manera exhaustiva y aquí hay un compromiso muy serio. No nos vamos a echar para atrás ni vamos a salir con ninguna excusa. Vamos a salir y vamos a cumplir porque tenemos información que no nos revela cosas nuevas de lo que hemos venido trabajando...

-Ya hay una investigación concluida de Guerrero. ¿Qué falta?

-Los datos que tenemos aquí nos dicen que hemos ido mucho más allá, o sea, tenemos más datos y no nada más de los casos que aquí se reflejan, porque me decían que tenemos 482 casos y aquí se habla de 206.

-El informe de la CNDH de 1992 dice que hay violaciones a Derechos Humanos, desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales. ¿Cree que faltó tiempo o hubo obstáculos?

-Son tan graves los momentos que estamos viviendo actualmente, que yo no me adelantaría a hacer un juicio de valor de esa naturaleza. Es muy grave. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en los juicios de valor y en este momento no me adelanto a hacerlo.

-El doctor Carpizo le envió una copia. ¿No le explicó qué pasó con el informe y por qué él sí tenía una copia?

-Era una copia que él guardó en su archivo personal, no es que ese informe lo tuviera él y nada más. Aquí también ya lo hemos removido y visto, o sea, no era un documento único. Tan no lo era que usted tenía otra copia y otras que hemos recibido aparte.

-¿Qué hará con este informe?

-Pues integrarlo a las investigaciones que estamos realizando; apenas se hizo una lectura, dijéramos rápida, y hemos visto que todo lo que aquí dice no nos está dando nuevos datos, sino son todos los que ya tenemos en nuestros expedientes; de todas maneras la visitaduría va a hacer un análisis exhaustivo para ver qué es lo que dicen los expedientes, que todo lo que dice aquí obre en los expedientes para que no haya ninguna fuga de información.

-¿Se había extraviado el informe?

-Insisto, no es el informe de la CNDH, es el documento de trabajo del doctor Carpizo.

-¿Cuenta con declaraciones ante el Ministerio Público que deberían estar en los expedientes?

-Sí, ahí están.

-¿Quién va a hacer la investigación?

-La contraloría interna, seguramente el Congreso nos va a pedir cuentas al respecto y entonces le tendré yo que informar.

-¿Se recurrirá nuevamente a las personas que colaboraron en ese informe?

-Hay una cosa que es importante también destacar: la CNDH tiene ley a partir del año 92, por lo tanto, sus visitadores tienen fe pública; antes éste era un organismo desconcentrado de Gobernación. Esto es importante destacarlo porque no tenían fe pública, no eran funcionarios fedatarios, entonces para hacer las investigaciones, para hacer todas las indagatorias se tenía que acudir a los agentes del Ministerio Público para que dieran fe de esos hechos. Ahora ya no.

-¿Quiénes trabajaron en la elaboración del documento? Dicen que Alfonso Quiroz, del Predes, tiene una copia.

-Yo hablé con él y me dijo que por eso me entregó aquí el acta de entrega-recepción. Me dice que él no conocía este informe. Pero ya será la investigación de la contraloría interna la que determine eso.

-Entiendo que también José Luis Espeitia, del Predes, lo conoció.

-El me dijo que la última vez que había visto este documento fue hace tres años.

-¿Se procederá si la contraloría interna señala responsabilidades?

-Si se desprenden responsabilidades se harán efectivas, sean penales o administrativas.

Se presume que en acciones armadas "hubo muertos, pero no hay cadáveres"

El informe de la CNDH sobre desaparecidos
sólo buscó situar los hechos cronológicamente

Existen varias versiones que contienen
notables contradicciones en fechas y lugares

VICTOR BALLINAS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) precisó en el Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, elaborado entre 1990 y 1992 por ese órgano, que dicha investigación no tenía la finalidad de hacer una nueva interpretación del Partido de los Pobres, sino situar los hechos de manera cronológica, sólo desde el punto de vista de acciones o enfrentamientos armados en donde se presume murieron, desaparecieron o fueron heridas diferentes personas entre soldados, policías y guerrilleros, en virtud de que "no se tiene la certeza de quiénes murieron, ya que no hubo cadáveres, además de las contradicciones en las fechas y lugares".

Como ejemplo de ello, el informe cita la diversidad de opiniones y la insuficiencia de información que fueron una limitante para el esclarecimiento de los hechos. Así, dicho documento incluye la acción armada del 25 de junio de 1974, que es el enfrentamiento entre militares y guerrilleros para liberar al senador Rubén Figueroa Figueroa, a quien mantenían secuestrado.

Por un lado, Luis Suárez señaló en su informe que "la acción armada ocurrió el 25 de junio de 1974; que por parte del Partido de los Pobres participaron diez elementos; que ocurrió en el paraje denominado Arroyo de las Piñas, en las cercanías de San Andrés por la carretera Atoyac-San Vicente, y que resultaron diez soldados muertos y dos heridos.

Luis Fierro Loza, ex integrante del Partido de los Pobres, describió en detalle dicho enfrentamiento, pero dijo que ocurrió el 24 de junio de 1974, y reveló que hubo diez soldados muertos y dos heridos. "Otra fuente de los guerrilleros, el comandante Eleazar Campos Gómez, expresó el dato de diez soldados muertos... En tanto que Juan Miguel de la Mora, basado en informaciones periodísticas, destacó en su texto que el ataque armado efectivamente ocurrió, pero da la fecha del 25 de junio de 1974; agrega que fallecieron diez soldados y dos resultaron heridos, y que el ataque ocurrió dos kilómetros al norte de San Andrés, en el camino de Atoyac de Alvarez a San Vicente de Benítez.

El informe elaborado en 1992 sostiene a su vez que el procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, describió que "el ataque al Ejército ocurrió el 25 de junio de 1974, donde fallecieron diez soldados y dos resultaron heridos, y que el enfrentamiento ocurrió dos kilómetros al norte de San Andrés de la Cruz, en el camino a Atoyac de Alvarez".

Agrega que "tres integrantes del grupo de Lucio Cabañas murieron en la acción, identificados por sus nombres, y uno más, ubicado también por su nombre, murió en fecha posterior, pero que en el choque del día 25 no fue identificado. No se tiene evidencia de que el Ejército hubiera emitido información oficial alguna sobre dicho enfrentamiento".

La CNDH concluye en el informe, elaborado entre 1990 y 1992, que "si bien se comprobaron por varias fuentes algunos datos, como el hecho de que el enfrentamiento ocurrió el 25 de junio, no se pudo verificar los nombres reales de los participantes, salvo el de un teniente muerto. Tampoco se pudo saber el destino de los cadáveres de los soldados, y al no aceptar el grupo de Lucio Cabañas que tuvo bajas, existe una contradicción con la afirmación de Flores Sánchez sobre tres cuerpos plenamente identificados por su nombre en el grupo guerrillero".

Otro caso de imprecisiones es la investigación de la CNDH sobre los desaparecidos del estado de Guerrero y el rescate de Rubén Figueroa, el 8 de septiembre de 1974. "El propio senador Figueroa Figueroa relató a Luis Suárez detalles del enfrentamiento del que fue rescatado: al parecer, un grupo en el que iba el legislador cayó en una emboscada donde fue superado tanto por el número de los atacantes como por la sorpresa; en medio del intercambio de disparos Figueroa y sus acompañantes pudieron escapar y entrar en contacto con el Ejército".

Sobre este hecho, el Informe sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero destaca que el secretario de la Defensa Nacional, general Hermenegildo Cuenca Díaz, informó: "Fueron rescatados el senador Rubén Figueroa, su sobrino Febronio Díaz Figueroa, su secretaria Gloria Brito de Díaz, Luis y Pascual Cabañas, por la columna de la XXVII Zona Militar y Fuerza Aérea. El enfrentamiento se llevó a cabo ayer a las 9:30 horas, resultando un soldado herido; el grupo de Cabañas tuvo muertos y heridos no cuantificados, cuatro prisioneros y decomisación de armas".

Carlos Bonilla, que tuvo un papel importante en las negociaciones entre la familia Figueroa y el grupo de Lucio Cabañas, y autor del libro Ejercicio de guerrillero, relató que Pascual Cabañas, presente en el enfrentamiento, le platicó los sucesos del 8 de septiembre:

-Oye Pascual ¿cómo estuvo eso del rescate? He podido enterarme de algunas cosas por un guerrillero que logró escapar ese día con la mano herida...

-Pues verás -respondió con reticencia Pascual Cabañas-, el 8 de septiembre cerca de los 10 de la mañana, el grupo que nos custodiaba celebraba su acostumbrada reunión, cuando de pronto oímos un bazucazo y después fuego de ametralladoras.

Pascual Cabañas había permanecido junto con su hermano Luis, el senador Figueroa y su secretaria, por ello no había nadie más autorizado que él para saber lo que realmente había ocurrido...

-Vicente me dijo que te vio correr con el senador y que nadie pensó en tirarles, sino más bien en cubrirlos, porque habían recibido instrucciones de Lucio de ofrecer máxima protección al senador.

-Lo querían asesinar para echarnos la culpa, por eso Lucio ordenó darle máxima protección... Creo que fue así, de lo contrario nos matan fácilmente.

-¿Y las bajas de los guachos (soldados)?

-Ellos hirieron a Febronio y a Luis de gravedad, yo los vi. En El Quemado murieron como 20, pero también soldados.

Precisa la CNDH, en su documento de 1992, que era necesario hacer esas reconstrucciones porque en el informe del ex procurador Oscar Flores Sánchez se asienta que en el enfrentamiento para liberar a Rubén Figueroa Figueroa murieron 44 guerrilleros... lo que había que comprobar, porque "no hubo cadáveres".

Ex guerrilleros colaboradores

Con la aparición del EZLN, en enero de 1994, el gobierno federal extremó su vigilancia sobre ex militantes de organizaciones armadas e incluso giró órdenes de aprehensión contra ellos. Fue el caso de los cuatro ex militantes de la Liga 23 de Septiembre y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Demetrio Ernesto Hernández Rojas, Félix Fernández, Arturo Gallegos Nájera y Jaime Laguna.

Los cuatro participaron en el equipo de trabajo de la CNDH que en 1990 y 1992 realizó el Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero. Ellos colaboraron con documentos de la guerrilla, hablando con los familiares de las víctimas para que aceptaran que el Ministerio Público Federal tomara sus declaraciones y algunos de ellos, incluso, estuvieron en el análisis de la información recopilada.

Jaime Laguna y Arturo Gallegos dicen: "Nos acusaban del bombazo en Plaza Universidad". Laguna estuvo prófugo por meses, hasta que el caso fue aclarado. Los otros tres (Hernández, Fernández y Gallegos) fueron detenidos.

Demetrio Hernández Rojas pasó ocho años en la cárcel. "Le dieron toques, le pusieron la cabeza como corona de espinas, incluso de eso hay una recomendación de Amnistía Internacional, porque le aplicaron toques en los dientes, muelas, en las encías, le dejaron marcado un cinturón en el pecho... era de los toques que recibía".

Todos los hijos de Gallegos están fuera del país para evitar represalias contra ellos.

Fue Jorge Madrazo, estando al frente de la CNDH, quien intercedió con el presidente Ernesto Zedillo para que se cancelaran las órdenes de aprehensión. "Por ello fue que salieron libres y yo pude reintegrarme a la vida pública", señala Laguna.

"En los interrogatorios (1994) nos pedían los archivos, querían las copias del Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, querían los videos que teníamos... no se los dimos".

Laguna dice:

"Los archivos de los grupos guerrilleros, una parte importante, está hoy en poder de la derecha. La organización Vértebra acogió al hoy fallecido ex guerrillero Jorge Poo; él se llevó los archivos del CIHMA. Se los robó y ahora están allá.

"Nos preguntamos si valió la pena intentar encontrar la verdad. ¿Vale la pena las madrizas para que digan que no hay informe?".

DOS COPIAS

El Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, elaborado por la CNDH en 1992, y cuya copia fue proporcionada a este diario por la Fundación 23 de Septiembre, es casi idéntico a la copia que el ex ombudsman Jorge Carpizo hizo llegar ayer a La Jornada.

La diferencia está en que mientras el documento de la fundación es "una copia del original que se entregó a la CNDH para su corrección y darle formato de libro", el que remitió Carpizo McGregor tiene formato de libro, con pies de página y capítulos.

Además, los últimos cinco párrafos del informe, en la edición que envió el ex ombudsman, tienen cambios de redacción y fechas con respecto al proporcionado a este diario por la Fundación 23 de Septiembre.

Hoy, los dos documentos están en la CNDH que preside José Luis Soberanes.

La Jornada

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