MONTSE MARTINEZ

BARCELONA.- Se valieron de la noche para esconder la vergüenza. Pasaban escasos minutos de las cinco de la madrugada del lunes cuando agentes de la Guardia Urbana desalojaron a más de un centenar de inmigrantes sin documentación, en su mayoría subsaharianos, que desde hace varios meses malviven acampados en en la plaza de Cataluña de Barcelona.

Muchos de ellos dormían. Vestidos. No tardaron nada en recoger sus escasas pertenencias, que no pasan de unas mantas, desgastadas bolsas y alguna hamaca, lo más parecido a una cama que han visto hace tiempo.

Cinco educadores sociales les explicaron que la normativa no permite acampar en los espacios públicos de las ciudades. Agentes de la Guardia Urbana supervisaron, con posterioridad, el cumplimiento de la orden que se llevó a cabo sin ningún tipo de incidente. "Aquí no", se limitaban a decir los agentes, incapaces de articular cualquier mínimo discurso en inglés.

El Ayuntamiento de Barcelona creyó rematar la operación limpiando la plaza. Pero la acampada ilegal, simplemente, cambió de ubicación. Al cierre de esta edición, los inmigrantes permanecían apostados en la puerta de un servicio municipal de atención al inmigrante en la avenida del Paralelo.

Alimentación e higiene

El Ayuntamiento de Barcelona remitía ayer a la Delegación del Gobierno. Y viceversa. La pregunta que hacía enviar balones fuera era dónde se iban a ubicar, a partir de ahora, los inmigrantes desalojados y cómo van a satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, higiene y descanso.

El gerente del área de Servicios Personales del Ayuntamiento de Barcelona, Eduard Spagnolo, argumentó ayer que "no tiene sentido ofrecer alojamiento en una situación que, desde el punto de vista de la administración pública, no va asociada a la posibilidad de trabajar".

"El Ayuntamiento de Barcelona, lógicamente, da cobijo a personas sin techo cuando hay una dinámica de trabajo para garantizar la inserción socio-laboral", dijo Spagnolo, para añadir: "En estos casos, es el propio Gobierno el que establece que no pueden trabajar".

El máximo responsable de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona explicó que se ha esperado a la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería, el pasado 1 de agosto, para llevar a cabo la operación.

"Antes de la vigencia de la ley, se vivía un proceso de regularización extraordinaria", explicó Eduard Spagnolo para argumentar por qué se pospuso durante un tiempo el desalojo. "Hemos recuperado una situación de cierta claridad, al margen de si es positiva o negativa", añadió.

Spagnolo hizo una radiografía muy precisa de cómo los inmigrantes que no se han podido beneficiar de la regularización extraordinaria, entre los que se encuentra el grupo de la plaza de Cataluña, están abocados a la economía sumergida y, con toda probabilidad, a la explotación.

Mientras el responsable político argumentaba sus decisiones, más de un centenar de personas permanecían, a pleno sol, en la puerta del Servicio de Atención a Inmigrantes Extranjeros; un servicio municipal ubicado en el número 202 de la avenida del Paralelo.

Otra vez en la calle. De la plaza de Cataluña a la avenida del Paral.lel. Ninguna diferencia para ellos. Una diferencia sustancial para la administración: apartarlos de los ojos de miles de turistas que visitan Barcelona.

Los momentos de tensión se repitieron cada vez que los inmigrantes pretendían entrar en el interior del local donde se ubica el centro de atención a los extranjeros, custodiado todo el día por agentes de la Guardia Urbana.

"¿Tienen cita?", repetía una agente de la policía local cada vez que uno de ellos pretendía entrar. Agentes antidisturbios se personaron en el lugar cuando los inmigrantes empezaron a hacinarse en la puerta. Bajo un sol de justicia, sin comer y sin respuestas, algunos de los inmigrantes desalojados del centro gritaban a los agentes "mátame ya".

"Necesitamos un sitio para dormir y algo de comer", pedía Salaiona Costa, un joven de 25 años nacido en Sierra Leona. "La vida es muy difícil para nosotros porque no podemos trabajar aquí", se lamentaba. Su rostro era el reflejo del agotamiento. Sus ojos, de la tristeza.

87 inmigrantes detenidos en la "Operación Feriante"

CEUTA.- Unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional detuvieron ayer a 87 indocumentados de origen marroquí que estaban escondidos en el interior de las atracciones feriales que comienzan a abandonar Ceuta. Son los datos, facilitados por la Delegación del Gobierno a Europa Press, de la primera fase de la denominada Operación Feriante.

Los indocumentados fueron encontrados ocultos en las atracciones que los feriantes transportan con sus vehículos hacia la Península, una vez terminadas las fiestas patronales de la Ciudad Autónoma.

Entre amasijos de hierros y escondidos dentro de los aparatos se esconden para intentar embarcarse en los catamaranes que unen a la ciudad norteafricana con Algeciras, con objeto de intentar alcanzar de forma clandestina el Estrecho.

El pasado año fueron detenidos 333 indocumentados, de los cuales 60 fueron localizados en el puerto. Este año, no obstante, la policía presume que la cifra será inferior ya que se han establecido controles "férreos" en la frontera del Tarajal para evitar la entrada de inmigrantes.

Asimismo, se realizaron tres batidas en las escolleras del puerto, deteniéndose a 136 inmigrantes durante el desarrollo de las fiestas. Estos controles previos garantizan, según las fuerzas de seguridad, que el número de ilegales encontrados en los camiones feriales haya descendido.

Según explicaron a Efe fuentes de la Autoridad Portuaria, en las seis primeras horas los registros se desarrollaron "con absoluta normalidad".

Interceptada una patera

Una patera con 13 inmigrantes, doce varones y una mujer, todos mayores de edad, fue interceptada la noche del domingo en aguas de Motril (Granada). Los 13 marroquíes se encontraban en buen estado, recibieron agua y comida.

M. NOGUER / M. COSTA-PAU. Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona desalojó ayer de madrugada a los 120 inmigrantes subsaharianos que desde el pasado mayo dormían al raso en la plaza de Cataluña. Los indocumentados han quedado abandonados a su suerte, pues todas las administraciones catalanas se han desentendido de ellos, y el Ayuntamiento afirmó ayer que no puede alojar a "personas que no tienen perspectivas de reinserción laboral por carecer de permiso de trabajo".

El Consistorio añadió que los inmigrantes ocupaban un espacio público y que su presencia intimidaba a los vecinos y turistas.

El desalojo se efectuó a las seis de la madrugada, cuando los inmigrantes todavía dormían, en cumplimiento de una orden de la alcaldía, siendo la alcaldesa accidental Imma Mayol (Iniciativa per Catalunya-Verds).

Según el gerente del área de Bienestar Social del ayuntamiento, Eduard Espagnolo, 50 personas entre agentes de la guardia urbana y educadores sociales 'despertaron por grupos a los inmigrantes' y les comunicaron que debían abandonar la plaza por tratarse de un 'espacio público'.

La operación se desarrolló 'sin incidentes', según el ayuntamiento, aunque varios inmigrantes aseguraron que se produjo algún forcejeo.

'Los educadores sociales les comunicaron que en nuestro país no está permitido acampar en un espacio público', dijo Espagnolo. Según el gerente del área de Bienestar Social, el ayuntamiento pretende recuperar una plaza que 'se había degradado progresivamente'. 'El grado de incivismo [de los subsaharianos] iba en aumento y la gente eludía pasar por allí', agregó.

Tras ser desalojados, los sin papeles recogieron sus escasas pertenencias y la mayoría de ellos, siguiendo las indicaciones de la guardia urbana, se dirigieron hacia la oficina municipal del Servicio de Atención al Inmigrante y el Refugiado (SAIER), situado en la Avenida del Paralelo.

'No podemos atender la reivindicación del colectivo, que es la de obtener papeles, ya que esto no está en nuestras manos, pero sí ofreceremos alojamiento a los que se hallen en situación de extrema necesidad', dijo Espagnolo. Ni la Generalitat ni la Delegación del Gobierno ofrecieron ninguna solución al conflicto.

En la oficina municipal de atención a los inmigrantes se vivieron momentos de tensión, puesto que la llegada de los desalojados colapsó el servicio. Sus responsables cerraron las puertas dejando en la calle a los subsaharianos. Aunque a las doce abrieron de nuevo, a las dos de la tarde -hora oficial de cierre- todavía no habían atendido a ninguno de los desalojados.

'Es hora de cerrar, tendrán que esperar hasta mañana', les comunicó una responsable. La mayoría de los subsaharianos, que decidieron pasar la noche ante la oficina del SAIER, han solicitado su regularización por motivos de arraigo, acogiéndose al proceso que acabó el 31 de julio, pero aún no han recibido respuesta.

'Id a Barcelona'

Conocida como black corner (rincón negro), la esquina noroeste de la plaza de Cataluña es un dormitorio para inmigrantes desde hace un año y medio. La mayor parte de ellos entraron irregularmente en España y pasaron varios meses en los centros de internamiento de Ceuta y Las Palmas.

Los desalojaron de allí porque estos centros estaban colapsados, pero no les dieron papeles. Muchos de ellos aseguran que los trabajadores que los atendían les dieron una consigna: 'Id a Barcelona. Allí hay trabajo y conseguiréis papeles'.

Engañados, estos inmigrantes llegan como pueden a la capital catalana, donde acaban viviendo en la calle. UGT denunció ayer esta situación.

Emmanuel Anombisim, un sierraleonés de 28 años, que asegura haber llegado a Barcelona por recomendación de 'un funcionario del centro de Las Palmas', no entiende qué interés puede tener el Gobierno en concentrar a los subsaharianos indocumentados en Barcelona. 'Aquí no hay trabajo, sólo luchamos por sobrevivir'.

SUSANA HIDALGO. Madrid.

Alrededor de un centenar de mujeres inmigrantes que ejercían la prostitución en Madrid están acogidas a la Ley de Protección de Testigos y a la Ley de Extranjería tras haber denunciado durante el último año y medio a las mafias que las trajeron para explotarlas, según fuentes policiales.

Estas mujeres, que entraron irregularmente en España procedentes de Europa del Este, África y Latinoamérica, tienen garantizado el anonimato y un permiso de residencia.

La policía y la Guardia Civil están muy satisfechas con los resultados de este plan, pero los organismos que acogen en pisos a estas mujeres están desbordados porque no pueden satisfacer la demanda.

Del centenar de mujeres, 47 proceden de países de Europa del Este, según fuentes de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, que es una unidad pionera en esta modalidad de lucha contra las redes de explotación.

El resto de las inmigrantes están colaborando con investigaciones que realiza la Brigada Central de Extranjería, cuyo ámbito de actuación es todo el territorio nacional, y la Guardia Civil.

Todas las mujeres se han acogido al artículo 59 de la Ley de Extranjería: 'El extranjero sin documentación o documentación irregular y víctima de explotación en la prostitución podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a las autoridades competentes a los autores o cooperadores de dicho tráfico'.

Además, las mujeres están acogidas a la Ley Orgánica 19/1994 de Protección de Peritos y Testigos. Fuentes policiales señalan que la mayoría de estas mujeres 'están muy machacadas' tras haber sido víctimas, en ocasiones, de malos tratos y violaciones múltiples.

Las mujeres que han denunciado a las redes escaparon previamente de las mafias que las explotaban. El primer lugar al que acuden es a alguna ONG, que en muchos casos ya se han puesto en contacto con ellas, por ejemplo, en la Casa de Campo.

En el piso que la Asociación Para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituta (APRAMP) tiene en Madrid, residen cuatro mujeres que fueron víctimas de las redes: dos son rusas y dos rumanas.

'Tenemos muchas más demanda de chicas que quieren entrar que sitio. No podemos acoger a todas. La financiación corre de nuestra cuenta', explican en APRAMP. Esta asociación ha tramitado en los últimos siete meses 23 expedientes y 48 durante el año 2000.

APRAMP no es el único organismo que está teniendo problemas para colocar a las mujeres en esa situación. La congregación de monjas oblatas, que tiene un piso de acogida en el barrio madrileño de Carabanchel también tiene similares problemas. 'Nos han llamado incluso unas colombianas desde Italia porque querían venirse con nosotras', explican fuentes de la congregacíón.

Como los pisos de acogida están desbordados, muchas de estas mujeres inmigrantes se están quedando en pisos particulares.

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