William Blum
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El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, creado, financiado y controlado por EE.UU. y la OTAN, se niega a considerar los crímenes de guerra cometidos por estos en la región.

Unas dos semanas después de que comenzó el bombardeo de la OTAN contra Yugoslavia en marzo de 1999, especialistas en Derecho Internacional de Canadá, el Reino Unido, Grecia y de la Asociación Estadounidense de Juristas comenzaron a presentar querellas ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en La Haya, Holanda, acusando a dirigentes de los países de la OTAN y a funcionarios de la propia OTAN por crímenes similares a aquellos por los que el Tribunal había formulado cargos poco antes contra los dirigentes serbios.

Entre los cargos formulados se encontraban: "graves violaciones de la ley humanitaria internacional", incluyendo "asesinato intencional doloso, causando intencionalmente gran sufrimiento y lesiones serias en el cuerpo y la salud, empleo de armas tóxicas y de otras armas para causar sufrimiento innecesario, destrucción sin motivos de ciudades, pueblos, y aldeas, ataques ilegales contra objetivos civiles, devastación innecesaria para lograr objetivos militares, ataques contra edificios y viviendas indefensos, destrucción y ataque premeditado causado a instituciones dedicadas a la religión, la caridad y la educación, las artes y las ciencias."

El juicio canadiense nombra 68 dirigentes, incluyendo a William Clinton, Madeleine Albright, William Cohen, Tony Blair, el primer ministro canadiense Jean Chretien, Wesley Clark, y Jamie Shea y funcionarios de la OTAN como Javier Solana.

La querella también comprende una "abierta violación" de la Carta de las Naciones Unidas, del propio tratado de la OTAN, de las Convenciones de Ginebra, y de los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg.

La querella fue acompañada por una considerable cantidad de evidencia en apoyo de las acusaciones. La evidencia prueba el punto principal: que fue la campaña de bombardeo de la OTAN la que causó la mayor parte de las muertes en Yugoslavia, provocó la mayor parte de las atrocidades serbias, creó un desastre ecológico, y dejó una herencia peligrosa de uranio empobrecido y de bombas de fragmentación sin detonar.

En junio, algunos de los demandantes se reunieron en La Haya con la fiscal principal de la corte, Louise Arbour, de Canadá. Aunque ella recibió personalmente en forma cordial el escrito, junto con los tres gruesos volúmenes de evidencia documentando los crímenes de guerra mencionados, no hubo resultados concretos de la reunión, a pesar de repetidos alegatos y cartas de los demandantes.

En noviembre, su sucesora, Carla del Ponte, de Suiza, también se reunió con algunos de los demandantes y recibió evidencia ampliada. El expediente de los demandantes de noviembre señalaba que el proceso contra quienes ellos acusaban era "no sólo un requerimiento de que se cumpla la ley sino un requerimiento de justicia hacia las víctimas, y una disuasión para países poderosos, como los que están en la OTAN, que, por su poder militar y su control sobre los medios, no se enfrentan a ningún otro tipo de restricción natural como la que pudiera disuadir a países menos poderosos."

En una de las presentaciones ante Arbour, Michael Mandel, profesor de Derecho en Toronto e iniciador del proceso en Canadá, agregó:

"Desgraciadamente, como usted sabe, ya se han despertado muchas dudas sobre la imparcialidad de su Tribunal. Al comienzo del conflicto, después de que fuera presentada ante el tribunal una querella formal y, a nuestro juicio, justificada, contra los dirigentes de la OTAN por miembros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrado, usted apareció en una conferencia de prensa con uno de los acusados, el Ministro de Relaciones Exteriores británico, Robin Cook, quien hizo grandes aspavientos al entregarle un documento sobre crímenes de guerra serbios. A principios de mayo, usted apareció en otra conferencia de prensa con la Secretario de Estado de EE.UU., Madeleine Albright, en circunstancias de que en esos momentos ella misma era objeto de dos acusaciones formales de crímenes de guerra por la selección de objetivos civiles en Yugoslavia. Albright anunció públicamente en esa ocasión, que EE.UU. era el mayor proveedor de fondos para el Tribunal, y que le había prometido aún más dinero." (1)

La misma Arbour hizo pocos intentos de esconder la predisposición a favor de la OTAN que portaba bajo su toga. Confiaba en que la OTAN fuera su propia policía, juez, jurado, y carcelero.

En un año en el que la detención del General Pinochet estaba dando un impulso inspirador a la causa del Derecho Internacional y de la justicia internacional, el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, bajo la dirección de Arbour, decidió que para las Grandes Potencias las cosas siguieran como siempre, especialmente para la Gran Potencia que era más vulnerable a ser enjuiciada y que, por coincidencia, pagaba la mayor parte de su salario. Lo que sigue son sus propias palabras:

"Obviamente, no hago comentarios sobre ninguna de las afirmaciones acerca de violaciones a la ley humanitaria internacional, supuestamente cometidas por ciudadanos de los países de la OTAN. Acepto las garantías que me han dado los dirigentes de la OTAN acerca de que tienen la intención de realizar sus operaciones en la República Federal de Yugoslavia cumpliendo plenamente con la ley humanitaria internacional. He recordado a muchos de ellos, cuando se presentaba la ocasión, sobre su obligación de realizar investigaciones justas y sin prejuicios acerca de cualquier posible desviación de esa política, y de su obligación como comandantes de impedirla y castigarla, si fuera necesario." (2)

Rueda de Prensa de la OTAN del 16 de mayo de 1999. Pregunta: "¿Reconoce la OTAN la jurisdicción de la juez Arbour sobre sus actividades?"

Jamie Shea: "Pienso que tenemos que distinguir entre lo teórico y lo práctico. Creo que cuando la juez Arbour comience su investigación [de los serbios], lo hará porque se lo permitimos... Los países de la OTAN somos los que hemos suministrado las finanzas necesarias para establecer el Tribunal, estamos entre los que financian la mayor parte."

El Tribunal –creado en 1993, con EE.UU. como padre, el Consejo de Seguridad como madre, y Madeleine Albright como partera— también se basa en los recursos militares de la OTAN para localizar y arrestar a los sospechosos que procesa por crímenes de guerra.

Pareciera que sucede tan poco con la querella bajo Del Ponte como bajo Arbour; pero a fines de diciembre, en una entrevista de The Observer de Londres, se le preguntó a Del Ponte si no está dispuesta a presentar acusaciones contra personal de la OTAN.

Respondió: "No estoy dispuesta a hacerlo. No estoy en el lugar adecuado. Tengo que renunciar a mi misión."

El Tribunal anunció luego que había completado un estudio de posibles crímenes de la OTAN, que Del Ponte estaba examinando, y que el estudio era una respuesta adecuada a las preocupaciones públicas sobre las tácticas de la OTAN. "Es muy importante que este Tribunal imponga su autoridad sobre todas las autoridades del conflicto armado dentro de la ex Yugoslavia."

¿Fue un signo divino de que el nuevo milenio iba a traer justicia para todos? ¿Podía ser cierto? No, no podía. Desde círculos oficiales, militares y civiles, de EE.UU. y Canadá, vino incredulidad, choque, enojo, desmentidos... "atroz"... "injustificado". Del Ponte entendió. Cuatro días después de la entrevista con The Observer, su oficina publicó una declaración: "La OTAN no está siendo investigada por la Oficina del Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. No hay una investigación formal sobre las acciones de la OTAN durante el conflicto en Kosovo." (3)

Y no la habrá, no es necesario decirlo. Pero la querella contra la OTAN –hasta entonces ampliamente ignorada por los medios estadounidenses— había salido a la luz. Repentinamente estaba recibiendo bastante publicidad, y los partidarios de los bombardeos fueron puestos a la defensiva.

El argumento más común usado por la OTAN en su defensa, y contra las acusaciones de crímenes de guerra, ha sido que la muerte y la devastación infligidos al sector civil fueron "accidentales". Este argumento, sin embargo, debe ser puesto en duda a la luz de ciertos informes.

Por ejemplo, el comandante de las operaciones aéreas de la OTAN, teniente general Michael Short, declaró en una ocasión: "Si usted se despierta por la mañana y no tiene electricidad en su casa y no tiene gas para su cocina y el puente que toma para ir a trabajar está destruido y estará tirado en el Danubio los próximos 20 años, creo que usted comenzará a preguntar: "¡Eh, Slobo! ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuánto más de lo mismo tendremos que resistir?" (4)

El general Short, indicó The New York Times, "espera que la angustia del público yugoslavo debilitará el apoyo a las autoridades en Belgrado." (5)

En un momento, el portavoz de la OTAN, Jamie Shea, agregó: "Si el presidente Milosevic quiere de verdad que toda su población tenga agua y electricidad, todo lo que tiene que hacer es aceptar las cinco condiciones de la OTAN y detendremos esta campaña" (6)

Después del bombardeo por la OTAN de un edificio de oficinas en Belgrado en abril –que albergaba partidos políticos, estaciones de TV y radio, 100 compañías privadas, etc.– The Washington Post informaba:

"Durante los últimos días, funcionarios estadounidenses han hecho declaraciones expresando su esperanza de que miembros de la elite económica de Serbia comenzarán a oponerse a Milosevic una vez que comprendan cuánto pueden perder si continúan resistiendo las exigencias de la OTAN." (7)

Antes de que se dispararan misiles contra ese edificio, los planificadores de la OTAN describieron los riesgos: "Cálculo de víctimas: 50 a 100 empleados del gobierno y del partido; víctimas no intencionales entre civiles: 250, en los apartamentos del radio de explosión previsto." (8)

Los planificadores estaban diciendo que unos 250 civiles, que vivían en edificios de apartamentos cercanos, podrían ser muertos en el bombardeo. ¿Qué es esto? Tenemos hombres maduros diciéndose: "Hacemos A, y pensamos que el resultado puede ser B. Pero aunque resulte que ocurra realmente B, estamos diciendo de antemano –como insistiremos más tarde— que no fue intencional".

A posteriori de la II Guerra Mundial, surgió la necesidad urgente de un tribunal penal internacional permanente para procesar a acusados de crímenes de guerra, de crímenes contra la Humanidad, y genocidio, pero se interpuso la Guerra Fría.

Finalmente, en 1998 en Roma, las naciones del mundo elaboraron la Carta de la Corte Penal Internacional (CPI). Los negociadores estadounidenses, sin embargo, insistieron en que hubiera provisiones en la Carta que darían a EE.UU., en esencia, un poder de veto sobre todo proceso, a través de su asiento en el Consejo de Seguridad.

La solicitud estadounidense fue rechazada, y principalmente por este motivo, EE.UU. se negó a unirse a las otras 120 naciones que apoyaron la Carta.

La CPI es un instrumento que Washington no puede controlar suficientemente para impedirle que procese a militares y funcionarios del gobierno estadounidense. Importantes funcionarios de EE.UU. han admitido explícitamente que este peligro es la causa de su aversión a la propuesta de la nueva corte. (9)

Pero, evidentemente, no es el caso del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Es el tipo de corte internacional que le gusta a Washington, un tribunal para el Nuevo Orden Mundial.

Notas

(1) Éste, y la mayor parte del resto del material sobre la querella mencionada al Tribunal, fue transmitido al autor por Mandel y los otros demandantes.

(2) Comunicado de Prensa de la Fiscal Principal Louise Arbour, La Haya, 13 de mayo de 1999.

(3) The Observer, Londres, 26 de diciembre de 1999; Washington Times, 30 y 31 de diciembre de 1999; New York Times, 30 de diciembre de 1999.

(4) Washington Post, 24 de mayo de 1999, p. 1.

(5) The New York Times, 13 de mayo de 1999, p. 1.

(6) Conferencia de prensa de la OTAN, Bruselas, 25 de mayo de 1999.

(7) Washington Post, 22 de abril de 1999, p. 18.

(8) Ibíd., 20 de septiembre de 1999, p. 1.

(9) The New York Times, 2 de diciembre de 1998, p.1; 3 de enero de 2000.

El texto anterior ha sido extraído de "El Estado bribón: Una guía sobre la única superpotencia del mundo" por William Blum, bblum6@aol.com, http://members.aol.com/superogue/homepage.htm

Título original: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Some things you should now about it.

Autor: William Blum. Link: http://www.zmag.org/tribunal.htm

Traductor: Germán Leyens. Revisado por: Cristina Feijóo y Lucio Salas Oroño.

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