NELSON PADILLA. BOGOTÁ.

No menos de 100.000 minas antipersonales que afectan cada año un promedio de 150 personas permanecen sembradas en el territorio colombiano luego de cuatro décadas de guerra irregular.

Por esta razón el nuevo director de la oficina de UNICEF para Colombia, el peruano Manuel Manrique, hizo un llamado a los actores del conflicto y al gobierno nacional para que cumplan con las normas internacionales que obligan a desenterrar estos artefactos a fin de proteger a la población civil.

En lo que va de este año, 137 civiles colombianos han pisado minas, el 99 por ciento de ellas sembradas en zonas rurales.

Aquí, en el lenguaje de la guerra, son llamadas "quiebrapatas" o "cazabobos". Y las víctimas siempre son campesinos que en la mayoría de los casos pierden la vida, sus brazos o sus piernas.

El 31% de los afectados son niños y esto ha llevado a UNICEF a liderar una campaña contra esta práctica condenada por el Derecho Internacional Humanitario.

Uno de los casos típicos fue el que le ocurrió a Eduardo, un niño campesino de 13 años, que la última semana de marzo caminaba con su madre por una carretera en Miraflores del municipio de Sogamoso y encontró una de estas trampas dejada por la guerrilla.

"Ví algo blanco con dos cables y me agaché a ver qué era. Lo jalé y no me acuerdo de nada más", dijo. A causa de la explosión perdió la mano izquierda, dos dedos de la mano derecha y sufrió heridas en el tórax y en la cara.

Manuel Manrique dijo durante una rueda de prensa en la sede de la ONU en esta capital que una de las prioridades de su gestión en el país será lograr que las minas antipersonales no sigan siendo usadas como armas de guerra por guerrilleros izquierdistas, paramilitares de la ultraderecha clandestina y por las fuerzas armadas oficiales.

Según UNICEF, Colombia es en América el país que más problemas ofrece hacia el futuro, pues en Centroamérica, luego de los procesos de paz, todas las entidades están unidas en la búsqueda y destrucción de este tipo de bombas.

Hospitales como el Militar de Bogotá cuentan ahora con pabellones especializados en traumas causados por minas antipersonales, ya que decenas de soldados también son parte de la lista de víctimas.

El ejército de Colombia tuvo que crear desde hace diez años un grupo especializado en la desactivación de minas. Estos expertos siempre van a la vanguardia de los batallones de combate pues la guerrilla acostumbra sembrar los caminos y sus zonas de influencia con este tipo de arma para evitar el avance militar.

Del millón 141 mil kilómetros cuadrados del país se calcula que cerca de 200 mil pueden estar afectados por el fenómeno, un 17,5 por ciento del territorio.

En 175 de los 1.090 municipios del país y 25 de las 32 provincias se han reportado casos de minas antipersonales.

El índice de víctimas no es mayor porque las zonas más afectadas son selvas y páramos casi inaccesibles donde la guerrilla tiene sus campamentos centrales. Por ejemplo en las serranías de Perijá y San Lucas, en el noreste del país, cerca a la frontera con Venezuela, se calcula que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, mantiene sembradas 15 mil minas para protegerse del avance del ejército y de los paramilitares.

La preocupación de la comunidad internacional, en especial de UNICEF, radica en que los actores armados y el gobierno cumplan con la norma que obliga a suspender el uso de estos artefactos en el conflicto interno. Los resultados hasta ahora han sido mínimos.

Colombia aprobó el 14 de enero del año pasado una ley mediante la cual adhirió al Tratado Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonales. Sólo entró en vigencia hace 5 meses y debe incluir un programa gubernamental para prevenir más accidentes y para el tratamiento integral de las víctimas.

El director de UNICEF en el país recordó que el 1° de marzo de 2004 vence el plazo que tienen las fuerzas armadas gubernamentales para eliminar las 20 mil minas con que cuenta como dotación oficial.

Se calcula que los grupos armados ilegales cuentan con 30 mil minas, unas adquiridas en el mercado negro y otras fabricadas aquí con técnicas artesanales, pero tan letales como las primeras. La misma fecha del 2011 es el límite máximo que tiene Colombia para erradicar todas las minas de su territorio.

Clarín

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