LAURA PUERTAS. Lima.

Por unanimidad, el pleno del Congreso peruano aprobó el lunes una acusación constitucional contra el ex presidente Alberto Fujimori por los delitos de asesinato, desapariciones forzadas y lesiones graves, a raíz de la muerte de 25 personas entre 1991 y 1992 a manos de un escuadrón de la muerte formado por militares y conocido como Grupo Colina.

La acusación, sustentada por Daniel Estrada, presidente de la subcomisión que investigó los casos de las matanzas de Barrios Altos y de la Universidad La Cantuta, constituye el primer paso para solicitar la extradición de Fujimori.

Estrada precisó que Fujimori es "coautor" de las matanzas ocurridas en el distrito de Barrios Altos, donde murieron quince personas (entre ellas un niño de siete años) en noviembre de 1991, y de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, el 18 de julio de 1992.

Estos hechos constituyen "crímenes de lesa humanidad, y como delitos internacionales son perseguibles universalmente", dijo Estrada.

El informe presentado ante el Congreso señala que Fujimori estableció "una política encubierta de implantación de un programa de violación sistemática de Derechos Humanos, como parte de la estrategia contra la subversión".

Y agrega que en ese contexto nació un comando de aniquilamiento clandestino que estuvo integrado por 35 militares, a los que se dotó de material logístico y recursos para realizar sus actividades bajo mando directo de Vladimiro Montesinos, el más cercano asesor y socio durante los diez años que Fujimori permaneció en el poder.

Estrada señaló que no puede haber pruebas documentales de que el ex presidente ordenara ejecutar las matanzas de los 25 civiles, porque estos hechos formaban parte de operaciones secretas de inteligencia.

Sin embargo, presentó otras pruebas documentales, como un memorando en el que Fujimori recomienda en 1991 el ascenso de los miembros del Grupo Colina.

Fujimori incluso felicitó al mayor Santiago Martín Rivas, ex jefe operativo del Grupo Colina, y a su lugarteniente, Carlos Pichilingue, por prestar "eficiente servicio de defensa a los altos valores de la democracia y de la seguridad nacional".

"Aquí está la prueba de que el ex presidente Alberto Fujimori sabía que Martín Rivas y demás participaban de este grupo supuestamente clandestino", mantuvo el presidente de la subcomisión.

Estrada también recordó que Fujimori aprobó una ley de amnistía a favor de Rivas y el resto de su grupo de aniquilamiento en 1995.

Ésta es la segunda acusación constitucional contra el ex mandatario. En febrero pasado fue acusado por el Congreso de "abandono del cargo e incumplimiento de deberes de función", tras su fuga del país con destino a Japón a raíz del descubrimiento de cuentas millonarias y sobornos filmados a sus colaboradores y opositores que tenían como principal protagonista a Montesinos.

Si Fujimori se negara a comparecer ante las autoridades, se formalizaría una orden de captura en su contra. Si la justicia lo encuentran culpable, iniciará los trámites para su extradición.

El Gobierno japonés informó de que no extraditará a Fujimori, que es ciudadano nipón.

Al respecto, el presidente peruano, Alejandro Toledo, dijo ayer que su país pretende tener buenas relaciones con la nación asiática, pero considera que el procesamiento de Fujimori y una eventual petición de extradición no son negociables.

"No hay canje" al respecto, dijo, e insistió en que Fujimori debe regresar por sí mismo para afrontar las acusaciones en su contra.

Fujimori, acusado

El Parlamento peruano ha acusado políticamente a Alberto Fujimori de coautor de dos masacres en las que murieron 15 personas en Lima en 1991 y nueve estudiantes y un profesor en 1992, a manos de un escuadrón de la muerte, el Grupo Colina, montado por las autoridades de entonces para realizar acciones de guerra sucia contra el terrorismo, esencialmente de Sendero Luminoso.

Numerosas causas e investigaciones abiertas contra Fujimori no han fructificado en los tribunales por falta de pruebas. La única acusación judicial contra él es la de abandono del cargo e incumplimiento de sus deberes.

La que ha aprobado el Parlamento es la más grave acusación hasta la fecha contra quien, siendo aún presidente, huyó en noviembre pasado para buscar refugio en Tokio.

Ahí está el escollo principal. Pues Fujimori, presidente de Perú de 1990 a 2000, tiene también la nacionalidad japonesa.

Japón no acepta la extradición de sus ciudadanos y con Perú no tiene convenio bilateral que le obligue a tal medida.

Pero si, como se espera, la fiscalía peruana traduce judicialmente la acusación política y lanza una orden de búsqueda y captura internacional contra Fujimori, Tokio se enfrentaría a la primera demanda de extradición por un crimen de lesa humanidad, con la presión internacional que conlleva.

En todo caso, el ex presidente peruano podría ser detenido casi en cualquier país, por lo que tendría que permanecer en su jaula de oro del país de sus antepasados.

La acusación parlamentaria fue aprobada por unanimidad (una diputada fujimorista prefirió ausentarse en la votación) tras un informe elaborado en subcomisión.

A distancia, Fujimori se ha defendido de las acusaciones de homicidio, lesiones graves y desapariciones forzosas, declarando que se sentía con la conciencia tranquila, que había acabado con aquel terrorismo y logrado la pacificación, y destacando el hecho de que los principales líderes de Sendero Luminoso están condenados en la cárcel.

Pero en aquellas matanzas de 1991 y 1992 murieron inocentes, y los autores de estos y otros crímenes fueron felicitados en su día por Fujimori, y se vieron amparados por la Ley de Aministía de 1995.

En cuanto a las pruebas, quien más información debe tener es el que fuera jefe de los servicios secretos y brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, encarcelado en Lima y pendiente de un juicio en el que pueden destaparse, además de datos sobre crímenes de Estado, numerosos casos de corrupción del régimen que contribuyó a sostener.

SERGIO L. AGURTO / Especial para EL MUNDO

LIMA.- El Congreso peruano dio el lunes por la noche el primer paso para lograr la anhelada extradición del ex presidente Alberto Fujimori.

El pleno parlamentario decidió acusar constitucionalmente al ex jefe de Estado por crímenes de lesa humanidad tras una votación, calificada de "histórica", en la que 75 diputados votaron a favor de incriminar a Fujimori y ninguno se pronunció en contra.

Una subcomisión parlamentaria encabezada por el legislador Daniel Estrada, de la Unión Parlamentaria Democrática, consideró que se han encontrado las evidencias necesarias para acusar al ex presidente de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada de personas, considerados de lesa humanidad, a raíz de la muerte de 25 personas a manos del Grupo Colina, escuadrón paramilitar integrado por oficiales y subalternos del Ejército que, entre los años 1991 y 1992, desarrollaron una serie de acciones clandestinas destinadas a contrarrestar el avance de grupos terroristas.

Al sustentar la acusación ante el pleno del Congreso, Estrada aseveró que Fujimori es "coautor" de dos casos emblemáticos de la violación de los Derechos Humanos en el país.

El primer hecho se conoce como el caso Barrios Altos, nombre del distrito donde unas quince personas -entre ellas un niño- murieron acribilladas mientras participaban en una fiesta vecinal el 3 de noviembre de 1991.

El otro caso está relacionado con el secuestro y ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, el 18 de julio de 1992, ubicada al este de Lima.

Estrada mostró parte de los vladivideos (filmaciones realizadas por el ex jefe de Seguridad de Fujimori, Vladimiro Montesinos) en los que éste revela a unos oficiales que, tanto en los casos mencionados como en otros, el Servicio de Inteligencia no tuvo nada que ver porque las "órdenes salen de acá" (el vídeo muestra a Montesinos señalando el sillón de la cabecera donde minutos después se sentó Fujimori).

Agregó que el ex gobernante avaló los operativos sistemáticos del Grupo Colina y que cuidó, además, de que estos queden impunes. Por esa razón, añadió Estrada, logró amnistiar en 1995 a los militares involucrados en las matanzas, valiéndose de sus influencias.

No contento con ello, según la acusación de la legisladora Mercedes Cabanillas (Partido Aprista), Fujimori estimuló mediante ascensos e incentivos económicos a los integrantes del grupo paramilitar.

Casi todos los parlamentarios que intervinieron en el debate coincidieron en que los delitos sobre los cuales trataban son considerados un atentado contra la Humanidad y una expresión de la irracionalidad, alentando así que se produzca una mayor crítica internacional contra la protección que las autoridades japonesas dan a Fujimori, actualmente en ese país.

La única voz discrepante en el transcurso del debate parlamentario fue la de Martha Chávez, leal defensora de Fujimori, quien tras acusar al Congreso de fomentar una opera bufa se retiró del hemiciclo.

Esta es la segunda acusación constitucional contra Fujimori, después de que, el pasado mes de febrero, se aprobara una primera por "abandono del cargo e incumplimiento de sus deberes".

La decisión del lunes será comunicada a la Fiscalía, que presentará denuncia penal contra el ex presidente ante la Corte Suprema de Justicia de Perú. Esta institución será la encargada de designar a un vocal supremo que abrirá instrucción inmediata.

De prosperar la denuncia, la Justicia peruana podría formular una orden de captura contra Alberto Fujimori, si es que éste se niega a comparecer ante los tribunales peruanos, como ha sucedido en el caso de las comisiones que lo investigaron en el Parlamento.

Fujimori, quien gobernó Perú entre los años 1990 y 2000, declaró desde su página web que es víctima de una persecución política y que sus enemigos intentan condenarle a cadena perpetua implicándole sin pruebas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

La noticia tuvo una rápida respuesta en Japón. Tokio afirmó ayer que Alberto Fujimori es un ciudadano japonés y no proyecta en lo inmediato extraditarlo porque la acusación "es un asunto interno de Perú". "El Gobierno japonés no ha cambiado su posición", expresó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

ANGEL PAEZ. Lima. Especial para Clarín.

El Congreso peruano aprobó unánimemente acusar constitucionalmente por delitos de lesa humanidad al destituido presidente peruano Alberto Fujimori, abriendo el camino para tramitar su extradición de Japón.

Según una resolución del Congreso, publicada ayer en el periódico oficial El Peruano, Fujimori será encausado como presunto responsable de los delitos de asesinato, lesiones graves y desaparición forzada de personas.

A favor de la acusación hubo 75 votos, ninguno en blanco y ninguna abstención.

Daniel Estrada, legislador de la alianza Unión por el Perú-Social Democracia, presidente de una subcomisión que investigó dichos casos y planteó la acusación durante una sesión del Congreso el lunes en la noche, dijo que "esos delitos de lesa humanidad son perseguibles y sancionables en cualquier país del mundo".

Fujimori será acusado ante el Poder Judicial, el cual pedirá a la Cancillería que tramite su extradición ante el gobierno de Japón, para su juzgamiento por su presunta vinculación con un escuadrón de la muerte denominado "Grupo Colina", encabezado por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que en la década de 1990 cometió varios asesinatos.

Entre esos asesinatos perpetrados durante el mandato de Fujimori, según sostuvo Estrada, figuran la matanza a tiros de quince trabajadores, incluso un niño, en una zona céntrica de Lima conocida como Barrios Altos, y de un profesor y nueve estudiantes de la universidad La Cantuta.

El primer caso ocurrió el 3 de noviembre de 1991 y el segundo el 18 de julio de 1992.

Fujimori está refugiado en Japón desde noviembre del 2000 cuando su gobierno de diez años y 105 días se derrumbó en medio de un escándalo de corrupción.

Él nació en Perú y tiene nacionalidad japonesa por ser descendiente de japoneses. El gobierno japonés ha dicho que no entrega a sus nacionales para ser juzgados por otro país.

Ayer, el gobierno de Tokio reiteró que considera a Fujimori japonés y que no piensa en extraditarlo a Perú.

Estrada dijo que las matanzas fueron parte de "un operativo sistemático" que correspondió "a un plan preconcebido supuestamente para combatir el terrorismo".

Y agregó que existen testimonios de militares y de integrantes del "Grupo Colina" que prueban que Fujimori, en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas, tenía conocimiento de los crímenes del grupo.

Fujimori sostuvo desde Japón que existe una "persecución política" en su contra. El ex presidente señaló que esos cargos carecen de pruebas y advirtió a sus denunciantes que cuanto más lo acusen sin ellas, más lo favorecen a él, porque de esa manera "prueban" que hay "persecución política".

"Cada día que pasa yo sólo observo estas pruebas, que reafirman que mi decisión de no regresar al Perú fue la más acertada", señaló Fujimori.

El País

El Mundo

Clarín

Enlaces sobre Direitos Humanos