El País - Miércoles, 19 de septiembre de 2001

Un juez argentino ordena
la detención de 18 militares y civiles
pedida por Garzón

F. RELEA. Buenos Aires.

El juez argentino Gabriel Cavallo, titular del Juzgado Federal número 4, aceptó ayer la petición de su homólogo español Baltasar Garzón, efectuada el pasado 20 de agosto, y dictó una orden de detención con fines de extradición contra 14 militares y cuatro civiles, por los delitos genéricos de genocidio y terrorismo durante la última dictadura de 1976-1983.

Es la primera vez que un representante de la Justicia argentina actúa en abierta sintonía con un juez extranjero en un caso de violación de Derechos Humanos.

Cavallo precisó que la orden dictada contra los 18 acusados es con fines exclusivos de extradición a España, lo que significa que de momento no pueden salir de territorio argentino y que, de hacerlo, se colocarían en el punto de mira de la Interpol.

A partir de la detención, añadió el juez, Garzón dispondrá de 40 días para enviar a Buenos Aires las pruebas en las que justifica la solicitud de extradición. Con esta documentación, el juez Cavallo decidirá si da luz verde a la entrega de los acusados a la Justicia española.

Formalmente, el paso dado por el magistrado argentino significa que considera procedente la petición de Garzón a la luz del tratado de extradición entre Argentina y España.

Si el juez ordenara extraditar a los 18 militares y civiles, el Gobierno argentino podría intervenir en contra, con lo que los acusados tendrían que ser juzgados en Argentina.

El Mundo - Miércoles, 19 de septiembre de 2001

Un juez argentino ordena
la detención de 17 militares y un juez
solicitada por Garzón

El magistrado español les acusa de delitos de genocidio, torturas y terrorismo

JUAN IGNACIO IRIGARAY

BUENOS AIRES.- El juez federal Gabriel Cavallo dio curso ayer a un auto de detención librado por el magistrado español y ordenó la detención preventiva de 18 represores de la guerra sucia.

Efectivos de la Policía Federal buscaban ayer por la tarde (noche en España) a los acusados que, si son detenidos, irían presos a la base militar de Campo de Mayo y el Departamento Central de la fuerza de seguridad.

La orden de Cavallo obedeció a una solicitud de detención preventiva que cursó en agosto pasado Garzón, quien quiere juzgar en Madrid a los imputados por supuestos delitos de genocidio, terrorismo y torturas en el llamado "Juicio de Madrid".

La lista de represores con petición de busca y captura la encabeza el ex juez federal Victor Hermes Brusa, acusado de haber participado en las sesiones de torturas a presos políticos e interrogar a las víctimas.

También figura una mujer: María Eva Aevis, quien en la dictadura se habría desempeñado como carcelera en un campo clandestino de prisioneros.

La lista de acusados se completa con los ex marinos José Antonio Suppicich, Salvio Olegario Menéndez, Raúl Scheller, Miguel Benazzi Berisso, Hugo Enrique Damario, Fernando Peyón, Francisco Rioja, Jorge Rádice, Jorge Luis Magnacco, Roberto Oscar González, Roberto Carnot, Gonzalo Sánchez, el ex juez Víctor Hermes Brusa, Héctor Romeo Colombini, Mario José Fasino, Eduardo Alberto Ramos, Juan Calixto Perizzotti.

Suppicich fue contraalmirante y director de la tenebrosa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde 4.500 prisioneros fueron torturados y luego embarcados en los "vuelos de la muerte".

Menéndez fue capitán de corbeta y subdirector de la ESMA.

El ex teniente de navío Scheller cumplió tareas de Inteligencia y se le atribuyen unos 250 secuestros de los que dieron testimonio más de una docena de ex prisioneros.

Benazi Berisso, en tanto, fue teniente de Navío y jefe de Inteligencia de la ESMA, donde Damario comandó el área de Operaciones.

Rioja fue sindicado en la presentación al juez como jefe del grupo de torturadores del Servicio de Inteligencia Naval.

Rádice fue teniente de navío y está preso por despojo de bienes a desaparecidos.

Magnacco, en tanto, es el médico que está procesado y detenido por haber asistido los partos de varias prisioneras secuestradas en la ESMA y en el Hospital Naval. Alcanzó el rango de capitán de fragata.

La investigación avanzó gracias a que los fiscales Gerardo Di Masi y Jorge Dahl Rocha analizaron la documentación remitida desde Madrid por Garzón y dictaminaron los arrestos.

El asunto deberá ser resuelto por el juez federal porteño Gabriel Cavallo, que se encuentra de viaje justamente en España y mantuvo reuniones con su colega Garzón, quien el año pasado manifestó su malestar al Gobierno de Fernando de la Rúa por la falta de colaboración a la instrucción que él sustancia en Madrid.

El Gobierno de De la Rúa, en consonancia con la postura que mantuvo la Administración del ex presidente Carlos Menem, no reconoce jurisdicción a España para investigar los crímenes cometidos aquí en la dictadura del período 1976-83.

En base a un principio de territorialidad venía rechazando cada una de las peticiones de arresto con fines de extradición, cursadas desde tribunales extranjeros contra ex represores.

En caso de ser detenidos, Garzón deberá cumplimentar la solicitud formal de extradición y luego el Gobierno argentino tendrá que resolver si accede o no a esa solicitud.

Meses atrás, las autoridades denegaron una petición similar de Italia contra el ex represor Alfredo Astiz.

La Jornada - MIÉRCOLES 19 SEPTIEMBRE 2001

Resuelve un tribunal federal a favor de la solicitud del juez Baltasar Garzón

Orden de arresto a 18 ex represores en Argentina

AFP

Buenos Aires, 18 de septiembre. A pedido de España, el juez federal argentino Gabriel Cavallo ordenó hoy el arresto de 18 personas que actuaron en la represión de la última dictadura (1976-83), entre ellos un ex juez y ex militares.

La resolución del magistrado obedece a una solicitud de detención preventiva que cursó en agosto pasado el juez Baltasar Garzón, quien instruye en Madrid un juicio por genocidio, terrorismo y torturas perpetrados en Argentina.

La víspera, Garzón dictó una orden internacional de búsqueda y captura para la detención de los sospechosos en "cualquier parte del mundo".

Entre los acusados, cuya captura se solicitó a la Policía Federal, se encuentran el destituido juez federal de Santa Fe Víctor Brusa y los ex oficiales de la marina de guerra Fernando Enrique Peyon, Raúl Enrique Scheller y José Antonio Suppicich.

Hasta ahora, las autoridades argentinas se han negado a dar curso a los pedidos de extradición de ex represores, invocando el principio de "territorialidad" de la Justicia.

El último caso fue el del ex marino Alfredo Astiz, detenido en Buenos Aires el 1o. de julio, a pedido de la justicia italiana por la desaparición de tres ítalo-argentinos, pero recuperó su libertad el 14 de agosto luego de que la cancillería negara su extradición.

En diciembre de 1999, Garzón dictó una orden internacional de detención contra 48 de los 98 militares argentinos procesados en Madrid, entre ellos los ex generales Jorge Videla y Leopoldo Galtieri.