S. G.-D. Nueva York.

La clase política norteamericana, como su propia sociedad, reacciona como una roca cuando siente que su país es agredido o cuando se apela a su patriotismo, pero eso no quiere decir que mantenga posturas unánimes o que no existan análisis diversos sobre cómo hacer frente a la crisis. Esa pluralidad es válida tanto para las opciones externas como para las internas.

Infinidad de grupos, considerados indistintamente de izquierda o de derecha, se han pronunciado estos días contra las medidas antiterroristas que propone el departameto de Justicia, encabezado por otro gran gran conservador, John Ashcroft.

Los defensores de los derechos civiles e individuales consideran que, incluso en situaciones tan serias como la actual, el Gobierno no puede restringir las libertades ciudadanas sin atacar la raíz misma de Estados Unidos.

El propio presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, se ha hecho eco del documento firmado por más de 150 asociaciones nacionales: 'No queremos que los terroristas tengan éxito y eliminen nuestras libertades', aseguró.

Algunos senadores republicanos han expresado su temor de que el Gobierno de Washington aproveche las circunstancias para avanzar en sus planes de control de la población.

Las dos propuestas que ponen más nerviosos a los grupos pro derechos civiles son el control de comunicaciones e Internet sin estricto control judicial (Ashcroft propone que un juez pueda firmar un mandato de hasta un año) y, sobre todo, el derecho a detener y a expulsar del país, sin que medie un juez, a cualquier extranjero residente legal.

Esta última propuesta ha despertado un verdadero vendaval de críticas y la creación de un grupo o liga de abogados dispuestos a recurrir a altas instancias judiciales si sigue adelante.

'Comprendo que se pueda prolongar la detención de un extranjero de 24 a 48 horas sin formular ningún cargo, pero me parece inconcebible que se pretenda no fijar ningún límite', se extrañó un representante de la poderosa Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA).

'No queremos que el Congreso tome decisiones precipitadas ni que caiga en la tentación de aprobar controles de los ciudadanos en la creencia equivocada de que son necesarios para luchar contra el terrorismo', aseguró un portavoz de la asociación.

JIM CASON Y DAVID BROOKS. CORRESPONSALES.

Washington y Nueva York, 22 de septiembre. Mientras el mundo espera las primeras batallas de la "nueva guerra" contra el terrorismo internacional, el flanco interno de ese conflicto ya empezó a lo largo de Estados Unidos: el gobierno se ampara en la defensa de la seguridad, pero esto ha provocado la preocupación de los defensores de derechos civiles de la población.

Esta semana el gobierno del presidente George W. Bush amplió en forma importante sus operaciones de vigilancia doméstica y procedió a detener o limitar el movimiento de individuos considerados amenazas potenciales para el país.

Las medidas incluyeron colocar a varios prisioneros políticos en aislamiento penal y el empleo de leyes poco usadas que permiten la detención de largo plazo de "testigos materiales" en las investigaciones de terrorismo sin tener que presentar cargos formales.

El procurador general, John Ashcroft, solicitó esta semana al Congreso aprobar una legislación de "emergencia" que ampliaría, en forma drástica, el poder del gobierno federal para fortalecer la seguridad interna del país.

"Es más fácil investigar a alguien involucrado en juegos de dineros ilegales que a alguien involucrado con el terrorismo", afirmó ante el Congreso al argumentar a favor de leyes para enfrentar el nuevo enemigo interno.

La legislación de emergencia propuesta por Ashcroft permitiría ampliar el uso de intervenciones telefónicas e intercepciones de comunicaciones por Internet, otorgar poderes extensos para la detención y deportación de inmigrantes y facilitar el uso de cateos y arrestos secretos por parte de las autoridades.

Mayor coordinación de agencias

El Ejecutivo argumenta el hecho de que dos de los hombres que participaron en los secuestros de los aviones el 11 de septiembre estaban en "listas de alerta" del gobierno pero lograron ingresar al país bajo sus propios nombres, vivir durante casi un año y después abordar un avión comercial -de nuevo con sus nombres reales- para secuestrarlo, sin ser detectados en ningún momento.

Lo anterior, afirma, es prueba de la necesidad de ampliar los poderes de las autoridades de seguridad pública y permitir una mayor coordinación entre las agencias de espionaje interno, que hasta ahora ha sido prohibido por ley.

El Congreso rehusó aprobar la legislación solicitada por Ashcroft al concluir la semana, pero se espera que reiniciará la consideración de estas medidas -que también incluyen suspender las restricciones a la CIA en sus relaciones con contactos en el exterior que han violado Derechos Humanos- la próxima semana.

No todos están de acuerdo en que estos nuevos poderes son necesarios o que tengan mérito. El profesor de leyes David Cole, de la Universidad de Georgetown, experto en libertades civiles, advirtió esta semana que los fracasos de la inteligencia estadunidense en detectar a los secuestradores no fueron la razón de las restricciones a las operaciones de investigación impuestas por la ley.

De hecho, el periódico conservador Washington Times informó hoy que un día antes del ataque terrorista las agencias de inteligencia estadunidenses habían interceptado comunicaciones entre simpatizantes de Osama Bin Laden en Estados Unidos y líderes de su organización Al Qaeda, sobre un "gran ataque" que estaban planeando.

Pero este material, interceptado por la Agencia de Seguridad Nacional, no fue analizado hasta después de la destrucción de las Torres Gemelas y el Pentágono.

El gobierno ya ha detenido, conforme a las leyes existentes, a más de 75 personas en Nueva York, Florida, Texas, Detroit y Chicago sospechosas de tener alguna relación con ese ataque, bajo acusaciones de violaciones de las leyes migratorias que permiten su detención sin cargos legales formales.

Además, ahora suman seis los arrestados como "testigos materiales" de un crimen, categoría que también permite mantenerlos en detención a veces hasta meses sin cargos legales.

En el caso de los no ciudadanos, el gobierno también tiene el derecho de detener o deportarlos con base en "pruebas secretas" que ni siquiera tienen que ser compartidas con los abogados defensores o la persona acusada.

Más allá de estos esfuerzos, el gobierno también ha impuesto nuevas restricciones a las actividades de varios presos políticos nacionalmente conocidos, entre ellos el sacerdote católico y activista pacifista Phillip Berrigan y el dirigente indígena Leonard Peltier, quienes han sido puestos en aislamiento solitario en sus prisiones y cuya comunicación con el exterior ha sido casi completamente suspendida desde los ataques del 11 de septiembre.

Estas medidas, argumentaron algunos abogados, demuestran que el gobierno goza de amplios recursos legales en torno a asuntos de seguridad interna.

"La historia real es qué tan (fácil) es detectar a esta gente", comentó Richard Smith, jefe de asuntos de privacidad de la Privacy Foundation, en entrevista con el periódico The Washington Post.

Con sus poderes actuales, las autoridades estadunidenses ya han utilizado grabaciones de cámaras de video de vigilancia, recibos de tarjetas de crédito e información obtenida de los que manejan servicios de Internet, para elaborar un mapa detallado de las actividades de los aeropiratas antes de abordar sus aviones para la misión suicida.

Pero Ashcroft insiste en que el gobierno necesita mayores poderes para actuar dentro del país contra el terrorismo.

El gobierno ya goza del derecho de detener y deportar a individuos con vínculos directos con grupos terroristas, pero la nueva legislación que el gobierno de Bush quiere permitiría la detención de extranjeros por razones de "seguridad nacional", aun si ese individuo ingresó al país hace mucho tiempo o se encuentra por asilo político.

Una agrupación de 125 organizaciones, desde el liberal Gremio Nacional de Abogados a las asociaciones conservadoras de dueños de armas, formó una coalición esta semana para oponerse a la legislación propuesta, y consideró que transgrede "las libertades que están en el centro de la forma de vida estadunidense".

La Unión Americana de Libertades Civiles, organización nacional de defensa de derechos civiles que se sumó a esta nueva coalición, señaló: "Bajo esta ley (propuesta), un extranjero con residencia permanente podría ser deportado hoy por haber hecho una contribución al Congreso Nacional Africano (de Nelson Mandela), porque ese grupo participó tanto como oposición armada como no violenta para oponerse al apartheid".

Añadió que "un residente permanente podría ser deportado por haber otorgado tal asistencia en los años 80, cuando miles de estadunidenses estaban haciendo lo mismo y era legal hacerlo".

Temor al espionaje interno

Organizaciones conservadoras, como Dueños de Armas de América y Fundación Eagle, también se unieron a la coalición por temor de que el gobierno podría retirarles el derecho de tener armas y comunicarse libremente.

En el Congreso, varios de los legisladores más conservadores han encabezado la lucha contra las nuevas propuestas del también conservador procurador Ashcroft.

"Sería muy fácil olvidarse de las libertades personales y preocuparse sólo de la seguridad nacional, pero yo no quiero hacer eso", afirmó el representante por Georgia Bob Barr a un medio local.

También hay un temor creciente de que el gobierno podría volver a sus viejas tácticas ilegales de espionaje interno y detención.

La FBI, en particular, tiene una historia -parte de la cual está documentada en casos ante tribunales judiciales- de emplear intervenciones telefónicas ilegales, espionaje contra legisladores y diversos grupos políticos, todo sin autorización apropiada, así como también del pago de agentes provocadores en movimientos domésticos antigubernamentales con el propósito de justificar la represión oficial en Estados Unidos.

En el clima actual, comentaron varios abogados, no es improbable una reactivación de esas tácticas.

La guerra interna, al parecer, ya estalló y el propio gobierno ha advertido que no todo seguirá como antes de los ataques del 11 de septiembre, incluso en el rubro de las libertades individuales.

Para algunos críticos, la receta para lograr la seguridad interna podría ser peor que la enfermedad.

El País

La Jornada

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