La Jornada - DOMINGO 23 SEPTIEMBRE 2001

Laboran de sol a sol, pero los enganchadores reciben 40% de sus salarios

Más de 5 mil indígenas,
víctimas de explotación en ranchos de Chihuahua

"Miles de jornaleros, originarios de Hidalgo, Guerrero y Oaxaca, llegan a la región cada año. Hacinados en barracas, sin servicios de salud, mal alimentados, semicautivos y con duras jornadas de trabajo. Hay toda una estructura de enganchadores y contratistas que lucran con su miseria", denunció Fernando Delgado Luján, presidente de la CMDH de Jiménez.

MIROSLAVA BREACH. CORRESPONSAL.

Chihuahua, Chih., 22 de septiembre. Ignorados por las autoridades laborales, más de cinco mil jornaleros originarios de las zonas indígenas de la Huasteca hidalguense y Mixteca de Oaxaca y Guerrero viven acasillados en los prósperos ranchos del sur de Chihuahua, donde hombres, mujeres y niños trabajan de sol a sol por un salario de 60 pesos y una comida al día.

"Enganchados" por contratistas que se apropian de 40 por ciento de sus jornales, los migrantes llegan a los municipios de Jiménez, Camargo, Meoqui, Janos, Nuevo Casas Grandes y Ascensión para sembrar y recolectar legumbres en los ricos campos agrícolas de Chihuahua a lo largo de cinco meses, sin que se les permita salir de los ranchos.

Lejos de sus comunidades, decenas de indígenas se han visto obligados a huir de los abusos y malos tratos de los capataces que los manejan y les retienen sus salarios para impedirles buscar mejores condiciones de trabajo.

Golpes y amenazas

La Comisión de Derechos Humanos del municipio de Jiménez, población ubicada a 220 kilómetros de la capital del Estado, documentó el caso del rancho Los Compadres, de donde huyeron 68 trabajadores, luego de que el capataz Luis García los golpeó y amenazó.

En su mayor parte originarios de Huejutla, Hidalgo, los trabajadores migrantes del rancho Los Compadres son forzados a cumplir un supuesto contrato de 60 días, donde se establece el salario de 60 pesos por jornada laboral y el pago de 10 pesos la hora extra, además del compromiso del contratista de proporcionarles hospedaje y alimentación.

Pero ahí la realidad es muy distinta. En las instalaciones de ese rancho, propiedad del coahuilense Juan Manuel Armendáriz García, se encuentran hacinados en galeras 700 indígenas, incluidos mujeres y niños.

La mayoría de ellos no habla español y no se les permite viajar los domingos los 20 kilómetros que los separan de ciudad Jiménez, la población más cercana.

Totalmente aislados, los trabajadores son clientes cautivos de una especie de tienda propiedad de un hermano del contratista, donde gastan el pago de sus horas extras (dinero que sí se les entrega diario) en la compra de agua, refrescos, cigarros, galletas, papas industrializadas y alcohol, con lo que complementan la magra comida que se les sirve en "el comedor".

En mayo pasado, luego de una denuncia interpuesta por un grupo de jornaleros que logró fugarse de Los Compadres, la Comisión Municipal de Derechos Humanos (CMDH) de Jiménez rescató varias decenas de indígenas que solicitaron ayuda para regresar a sus pueblos. De entonces a la fecha son cada vez más frecuentes los casos que se presentan.

Fernando Delgado Luján, presidente de la CMDH, aseguró que desde entonces el problema se agudizó, tras la aplicación de medidas de seguridad más severas por parte de los contratistas para evitar nuevas denuncias sobre las condiciones de explotación y miseria en las que mantienen a los indígenas.

"Son miles los jornaleros que llegan cada año a la región y viven en condiciones infrahumanas. Hacinados en barracas, sin servicios de salud, mal alimentados, semicautivos en los ranchos y con largas jornadas de trabajo. Hay toda una estructura de contratistas y enganchadores que lucran con su miseria", denunció el ombudsman.

Los contratistas

Raymundo Hernández y Alejandro Monterrubio llevan cinco años enganchando trabajadores en su natal Huejutla, Hidalgo, para traerlos a los ranchos de Jiménez. Este año tienen a su cargo el manejo de 400 jornaleros que lograron colocar en el rancho La Concha, para la cosecha del chile jalapeño. Luis García, capataz de Los Compadres, es el responsable de otros 700 indígenas, también traídos de la Huasteca hidalguense.

A cada uno de los trabajadores les pagan 60 pesos, los alojan en grandes galeras donde les dan un kilogramo de tortillas por cabeza, un plato de frijoles y huevo, para que se alimenten a lo largo del día. El salario y "la prestación" laboral es por igual a hombres, mujeres y niños que duermen en camastros. Al final del contrato de dos meses, les entregan 3 mil 600 pesos y los regresan a sus pueblos en camiones.

Por cada indígena, sin importar la edad, los contratistas cobran 100 pesos a los patrones de los ranchos, el mismo jornal que se paga a los trabajadores agrícolas de la región.

"Hay toda una estructura de explotación donde se obtienen ganancias millonarias con el trabajo de los jornaleros indígenas", aseguró el presidente de la CMDH de Jiménez, Fernando Delgado Luján.

Y proporciona cifras sobre el caso Los Compadres, donde el contratista Luis García y la empresa que representa cobran 70 mil pesos diarios a los propietarios por 700 trabajadores. Cuatro millones 200 mil por el total del contrato de 60 días.

De esa cantidad, los contratistas pagan dos millones 520 mil pesos por el jornal acordado. Con la diferencia de un millón 680 mil pesos cubre el gasto diario de alimentación, que ellos estiman en 28 pesos por persona que, de ser cierto, les redituaría una utilidad de 504 mil pesos por cada contrato.

"Pero no es así, los enganchadores no gastan 300 mil pesos en alimentos; les dan tortillas, frijoles y huevo. ¿Quién se queda con las ganancias?, ¿Por qué las autoridades laborales ignoran esta situación cada vez que acudimos a denunciar?", se pregunta Delgado Luján.

A raíz de la denuncia de los activistas de Jiménez y la intervención del Frente Zapatista de Liberación Nacional, que interpusieron una denuncia laboral en mayo pasado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, las autoridades realizaron una inspección a Los Compadres y señalaron violaciones a la Ley Federal del Trabajo que, de no ser corregidas, harán acreedores a los propietarios a una multa por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

En el municipio de Delicias, la Secretaría de Desarrollo Social levantó un censo donde tienen ubicadas por lo menos 500 familias mixtecas y zapotecas que llegan a laborar en la pizca de la cebolla, el tomate y el chile jalapeño; con ellos se inició recientemente un proyecto de promoción social con el que se pretende proporcionarles servicios básicos de salud, orientación y educación.

Humberto Guevara, responsable del proyecto, admite que la cobertura del mismo apenas será para el 10 por ciento de la población de trabajadores migrantes que arriban a la región año con año.

El programa, aplicado por primera vez en Chihuahua, se desarrolla en los municipios de Delicias, Camargo y Meoqui.

Apenas alcanzó este año a realizar el diagnóstico de la situación, limitándose a proporcionar suero oral a los niños y a realizar jornadas de limpieza en los improvisados campamentos de las familias indígenas dentro de los campos agrícolas.

Vicente Modesto, indígena de la Mixteca guerrerense, está al frente de un grupo de familias que fueron reubicadas por los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social cuando las detectaron viviendo en el campamento del campo agrícola donde se les contrató. La intervención de los promotores obligó al patrón a prestarles un almacén de maquinaria donde levantaron un improvisado refugio.

En Delicias, uno de los principales empleadores de jornaleros migrantes es el alcalde Manuel Soltero, propietario de grandes ranchos donde cultiva tomate y chile jalapeño de exportación y es uno de los agricultores más fuertes de la zona. Pero su prosperidad no roza a sus trabajadores.

Raúl Juárez es uno de ellos y denuncia el mal trato que recibe en uno de los ranchos de los Soltero, "acá el patrón trabaja diferente. Le gusta pizcar desde las cinco de la mañana hasta muy tarde. La gente está en la labor muchas horas y no hay instalaciones buenas como en Sinaloa. Allá es mejor, nos dan agua purificada y tienen escuelas para los niños. Aquí tomamos agua de los canales de riego y los niños chiquitos no hacen nada, mejor los llevamos a los campos", dice desesperado porque su hija Sandra, de ocho años, no pudo iniciar el primer año de primaria en el presente ciclo escolar como él le prometió.