STELLA CALLONI. CORRESPONSAL.

Buenos Aires, 27 de septiembre. El juez Rodolfo Canicoba Corral, quien lleva adelante el juicio contra los responsables regionales de la llamada Operación Cóndor, amplió hoy el procesamiento al ex dictador Jorge Rafael Videla, imputándole 72 "casos puntuales" de desapariciones en el contexto de ese siniestro plan de coordinación criminal de las dictaduras del Cono Sur en los años 70-80.

La resolución se tomó luego que Videla fuera sometido a una ampliación indagatoria el 17 de agosto pasado, durante la cual se negó a declarar.

El magistrado lo encontró responsable de la "autoría mediata" de delitos de lesa Humanidad y amplió de uno a dos millones de pesos (igual en dólares) el embargo a los bienes del ex dictador, quien cumple prisión domiciliaria.

El pasado 10 de julio Canicoba Corral procesó a Videla como autor de una asociación ilícita agravada, con otros dictadores del Cono Sur, para espiar, detener, perseguir, matar o secuestrar a disidentes políticos sin límites fronterizos.

En la provincia de Santa Fe, en tanto, el ex policía Eduardo Curro Ramos se entregó este jueves a la justicia local en la sede del arzobispado, pues era buscado por el pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón, en una causa por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar (1976-83).

Otros cuatro policías se entregaron el martes pasado, en el contexto de esa causa, que en Argentina lleva adelante el juez Gabriel Cavallo. Pero es poco probable que puedan ser extraditados a España, pues las más altas autoridades han apelado en casos similares a la territorialidad de la justicia.

Rebeliones provinciales

Pero mientras las acciones judiciales que reviven las heridas de la dictadura continúan, la atención está puesta en la grave crisis que atraviesa el país. Mientras en la norteña Jujuy unas cinco personas resultaron heridas y decenas lesionadas por enfrentarse a la policía cuando manifestantes reclamaban el pago de salarios atrasados, miles de trabajadores estatales protagonizan una verdadera rebelión en la provincia de Entre Ríos.

Su capital, Paraná, está literalmente tomada en el segundo día de protestas, luego que el gobierno local decretó tres días de asueto por la falta de fondos para manejar esa administración.

Así, la crisis social ha desplazado aquí las preocupaciones por los anuncios del comienzo de la "tercera guerra mundial", con que diversos medios mantienen en vilo a una parte de la opinión pública.

Los aeropuertos internacional y metropolitano estuvieron paralizados durante horas este día, pero no por medidas antiterroristas, sino por la detención esta madrugada de los dirigentes Ariel Basteiro y Eduardo Llanos, titular y secretario adjunto de la Asociación del Personal Aeronáutico, cuyos empleados enfrentan despidos y atrasos en el pago de salarios.

Las protestas se entrecruzan, y esta tarde se realizó una marcha ante la embajada de Estados Unidos exigiendo paz y acusando a ese país de mútiples acciones "terroristas" en su historia.

Lejos de estos acontecimientos, el presidente Fernando de la Rúa anunció que coordinará personalmente la lucha contra el terrorismo que, subrayó, es "un ataque exterior", razón por la cual el gobierno pide que las fuerzas armadas actúen en tareas de prevención.

Pero existe una fuerte resistencia entre los legisladores sobre este tema, cuando aún se continúa buscando justicia para los crímenes del terrorismo de Estado impuesto durante el régimen castrense, que dejó treinta mil desaparecidos.

Varios analistas locales denuncian que bajo "la excusa de la lucha antiterrorista", los militares volverán a realizar tareas de inteligencia interior.

Por lo pronto, en la zona de la Triple Frontera (de Argentina, Paraguay y Brasil), y sin la autorización de las autoridades paraguayas, la policía argentina espía para la FBI estadunidense los correos electrónicos que salen o llegan a Ciudad del Este, denunció hoy Página 12.

En esa zona existe una antigua comunidad árabe con fuertes lazos familiares en toda la región, a la que hace mucho tiempo se ha puesto bajo sospecha. Ahora se busca detectar palabras claves en los mensajes en árabe o en inglés.

Así, Argentina está haciendo no sólo "inteligencia interior", sino también exterior, y para un país extranjero.

El gobierno de De la Rúa enfrenta otro problema, después que esta tarde allegados a Carlos Menem presentaron una querella contra el ministro del Interior, Ramón Mestre, quien sugirió que los atentados terroristas contra la embajada de Israel (1992) y la mutual judía AMIA (1994) podían haber resultado del "incumplimiento de compromisos" del ex presidente de origen sirio con sectores y países islámicos.

Ya hay una pista que está siendo investigada por periodistas, ya que Menem donó terrenos ubicados en una de las zonas más caras de esta capital a grupos de Arabia Saudita, para la construcción de una impresionante mezquita.

da Reuters, em Buenos Aires

A situação judicial do ex-ditador argentino Jorge Videla agravou-se hoje, após um juiz ter ampliado seu processo na ação que investiga a existência de um plano conjunto entre os regimes militares do Cone Sul, na década de 1970, para eliminar seus opositores.

"O processo contra Videla foi ampliado por 72 casos de desaparecimento forçado de pessoas durante o Plano Condor", disse hoje Oscar Aguirre, secretário do tribunal do juiz Rodolfo Canicoba Corral, encarregado da ação. "Também fica ampliado o embargo de US$ 1 milhão", afirmou.

Videla está sendo processado e cumpre prisão domiciliar pela ação sobre o Plano Condor e por outra de roubo de bebês durante a ditadura militar que governou a Argentina entre 1976 e 1983 e deixou entre 15 mil e 30 mil desaparecidos.

O ex-ditador foi condenado no dia 10 de julho e recebeu pena de prisão domiciliar por ser considerado autor do crime de associação ilícita qualificada durante o Plano Condor.

Agora passaria a ser "processado como autor do delito de associação ilícita qualificada e como autor de 72 desaparecimentos" na Argentina, explicou Aguirre.

O Plano Condor _uma suposta conspiração dos regimes da Argentina, Chile, Uruguai, Brasil e Paraguai_ teria coordenado a ação de forças militares, policiais e de inteligência de um país em outro território para sequestrar e eventualmente fazer desaparecer os opositores.

Corral afirmou que foi possível confirmar a responsabilidade de Videla com a ajuda de testemunhas que estiveram detidas em campos clandestinos na Argentina durante o governo militar, além de documentação do governo dos Estados Unidos, entre outras fontes.

O ex-militar foi julgado e condenado à prisão perpétua em 1985 com outros comandantes da última ditadura argentina, mas ficou em liberdade graças a um indulto de 1990, concedido pelo então presidente Carlos Menem, atualmente detido por um processo que investiga tráfico de armas.

La Jornada

Folha de São Paulo

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