JORDI MONFERRER. KERMAN CALVO.

RESCATAR LA MEMORIA. Esta semana, los colectivos de "gays" y lesbianas han visto caer en el Congreso cinco proposiciones de ley para regular el matrimonio civil entre homosexuales.

Pero sus reivindicaciones también miran al pasado. Un informe elaborado por dos investigadores revela que unos mil homosexuales fueron encarcelados entre 1970 y 1979 por el régimen franquista, en aplicación de la Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social.

La normativa les consideraba propensos a realizar "hechos delictivos o antisociales" por su opción sexual. Tras el informe, dos iniciativas parlamentarias buscan reavivar la memoria, rehabilitar a los homosexuales perseguidos y compensar los daños.

MADRID.- En el afán por guiar el debate político sobre los derechos de lesbianas y gays, el movimiento homosexual español ha abierto una nueva frontera: la recuperación de la memoria histórica colectiva sobre la marginalización que sufrieron los homosexuales por parte del régimen franquista.

Los diferentes colectivos pretenden con ello remediar el olvido de la injusticia que aún se abate sobre aquéllos a quienes la moral y la Justicia franquista tildó de "peligrosos sociales".

Son hombres y mujeres homosexuales que sufrieron el impacto de las leyes de defensa social del franquismo. Más de mil homosexuales sufrieron los rigores de la cárcel entre 1970 y 1979 por efecto de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (LPRS), según datos extraídos de las Memorias de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Es difícil determinar cuántos más por el efecto combinado de la Ley de Vagos y Maleantes y por los tipos penales que eran usados para castigarles.

El primer franquismo no se preocupó demasiado por los homosexuales. El nuevo régimen parecía demasiado ocupado en amordazar la disidencia política y, en comparación, las desviaciones sociales eran una amenaza de segundo orden.

Aun así, desde púlpitos, escuelas y juzgados se fomentó la estigmatización del homosexual, que era tanto un "enfermo" como un "pecador". Pero el régimen no creía necesario todavía convertir al homosexual en una amenaza general para el orden y la moral social imperante.

Visibilidad 'gay'

El aumento del turismo y la migración a las grandes ciudades propiciaron la visibilidad del homosexual español, y se comienza a gestar un sentimiento de alarma entre las elites del régimen, especialmente en determinadas instancias judiciales. Así, los que antes eran "simplemente" desviados y/o pecadores serán además, desde ahora, "peligrosos sociales".

Por fin, la preocupación oficial franquista ante la homosexualidad encontró su reflejo legislativo. En primer lugar, en 1954 se endurece y amplia la republicana Ley de Vagos y Maleantes; en segundo término, se diseña en 1970 un sofisticado instrumento de control social: la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (LPRS); tercero, se corrompe la interpretación del artículo 431 del Código Penal (herencia del siglo XIX), para hacer del castigo del escándalo público (objeto de este tipo penal), de facto, un arma de represión de la homosexualidad.

De las tres iniciativas, fue mayor el impacto de la LPRS, norma que gestionó la represión de los homosexuales españoles entre 1970 y 1979.

En teoría, la LPRS aspiraba a rehabilitar al sujeto peligroso, definido como aquel "que se comporta de manera contraria a la que exige una ordenada convivencia, revelando esta conducta asocial una peligrosidad social por la fundada probabilidad de que en el futuro realicen hechos delictivos o antisociales" (José María Morenillas, a la sazón Magistrado Juez de Peligrosidad Social en Madrid).

En la práctica, sin embargo, tanto la Ley de Vagos y Maleantes, como en especial la LPRS, fueron instrumentos represores de primer orden.

Nunca se proveyeron las dotaciones presupuestarias necesarias para desarrollar la tarea rehabilitadora, que implicaba crear establecimientos especiales.

Según los datos disponibles de los juzgados de Peligrosidad de Madrid (años 1974 y 1975), alrededor del 6% de los expedientes incoados en estos tribunales lo eran por homosexualidad (en un 99% de los casos homosexualidad masculina), y la proporción de sentencias condenatorias alcanzó el 5% del total.

Las Memorias de la Fiscalía del Tribunal Supremo (1970-1979), revelan un total de más de 58.000 expedientes de peligrosidad incoados y más de 21.000 sentencias condenatorias. Si los datos de Madrid se extrapolan a la realidad del Estado español, estaríamos hablando de unos 3.600 expedientes por homosexualidad entre 1970 y 1979 y unos mil condenados en este periodo, prácticamente todos ellos varones.

Las condenas se cumplían mayoritariamente en prisión, y podían llegar a tener una duración de cinco años, dada la ausencia de establecimientos específicos para rehabilitar. (El régimen únicamente habilitó dos casas de ayuda, una en Huelva -para homosexuales activos-, y otra en Badajoz -para pasivos-).

Sin indultos o amnistías

Ningún precepto de la ley contemplaba la aplicación del Derecho de Gracia, con lo que los afectados por la ley no pudieron beneficiarse de indultos o amnistías.

La libertad condicional y la redención de penas por el trabajo o por la buena conducta tampoco estaban al alcance de los "peligrosos sociales". El destierro era otra de las medidas que podían ser aplicadas.

Los homosexuales dejaron de ser peligrosos oficiales en España gracias a la coalición de intereses que se formó en contra de la ley durante la Transición.

La acción de los primeros frentes de liberación homosexual, de grupos de marginados y otros movimientos sociales capturaron la atención de varios partidos de izquierda, colectivos de profesionales y de intelectuales.

Cuando el tema entró en la agenda de partidos como el PSOE o el PCE, la UCD retiró su apoyo a la LPRS y aceptó su derogación, que llegó enero de 1979.

Pero las rémoras de la definición de la homosexualidad como estado de peligrosidad no han dejado de sentirse. Mas allá del número de presos, esta legislación represiva obtuvo un éxito formidable en el terreno simbólico, inculcando ciertas valoraciones en la población que actúan como barreras preventivas frente a las consideradas "tendencias desviadas", reforzando la estigmatización del colectivo, ayudando a crear una minoría vulnerable a la extorsión y al chantaje.

Todo esto acabó generando entre los propios afectados un sentimiento de vergüenza, culpa y inferioridad moral. Estas leyes, cuyo objeto consistió en disciplinar y homogeneizar a la población, son una muestra de cómo la dictadura de Franco, al confundir el orden público con la represión de toda disidencia, acabó por asimilar lo uno con lo otro.

Jordi Monferrer y Kerman Calvo preparan sendas tesis doctorales sobre el movimiento español de lesbianas y gays desde la UNED y la Universidad de Essex (Reino Unido), respectivamente.

Pie de foto titulada

PAPELES DEL RENCOR. Eran treinta páginas amarillentas, pero romperlas fue una liberación. Antonio Ruiz logró en 2000, tras cinco años de juicio, destruir con sus manos el expediente de "peligrosidad social" abierto contra él en 1976, cuando la policía quiso identificarle por no llevar DNI, y alguien exclamó: "¡Cuidado con éste, que es maricón!".

"Aprender de la Historia" y rehabilitar a homosexuales

ENRIC PASTOR

MADRID.- "En este país, hace veintitrés años, se ingresaba a los homosexuales en prisión para reeducarles. Queremos que las nuevas generaciones de homosexuales sepan que sufrieron persecución moral y legal por su opción sexual, y que nadie lo pueda negar hoy".

La Federación Estatal de Lesbianas y Gays por boca de su presidente, Pedro Zerolo está dispuesta a "aprender de la Historia reciente", aunque la herida aún duela.

"Estas leyes, dentro de un Estado confesional, han hecho que muchos homosexuales de esa época se hayan quedado completamente traumatizados, con la dignidad y la autoestima lesionadas", sostiene Zerolo.

Para ello, la FELG, con apoyo de la Coordinadora Gay-Lesbiana de Catalunya, del histórico líder del movimiento Jordi Petit y de Antonio Ruiz, homosexual preso por el franquismo, ha preparado un texto que ha sido trasladado al Congreso por los partidos Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya-Verds.

Devolver la dignidad moral de todos los homosexuales y, en especial, de aquéllos que fueron encarcelados por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social es el objetivo de las dos proposiciones no de ley presentadas por los diputados Joan Saura, IC-V, y Marisa Castro, de IU.

Patrimonio Histórico

Las medidas rehabilitadores suponen arrancar del poder judicial todos los expedientes tramitados que existan contra homosexuales por aplicación de dicha ley y dejarlos al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico, que asegura la intimidad de las personas afectadas y no permite consultar los datos hasta veinticinco años después de su muerte.

De hecho, IC-V recuerda: "Las personas homosexuales encarceladas no fueron beneficiarias ni del indulto de 25 de noviembre de 1975 ni de la amnistía de 31 de julio de 1976, ni de ninguna indemnización".

Por esta razón, el Ministerio del Interior deberá destruir todas las fichas policiales abiertas al amparo de aquella ley, para que desaparezca todo antecedente penal y policial de estas personas.

Por último, solicita articular las medidas necesarias para dar compensación moral y económica a las personas afectadas por la ley que, según Marisa Castro, de IU, podría alcanzar a cincuenta mil personas.

¿Cuánto dinero supone esta humillación? "Es algo razonable y asumible desde el punto de vista económico", sostiene Castro. "Este colectivo sufrió mucho daño y nadie quiere hablar de ello".

El Mundo

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