Lo volvió a hacer ayer. También dijo que él podría decidir quién debe someterse a ellos. Fuerte oposición de organizaciones que militan por los derechos civiles. Dicen que así se limita el derecho constitucional a la defensa.

Washington. ANSA y Especial para Clarín.

El presidente de los EE.UU., George Bush, rechazó las críticas sobre la formación de cortes castrenses para juzgar a acusados de actos de terrorismo y afirmó que su país "no puede permitir que enemigos extranjeros utilicen el foro de la libertad para destruir a la libertad misma".

Agregó que él personalmente decidirá qué sospechosos irán a un juicio militar.

De esta manera, Bush rechazó las críticas de quienes sostienen que su propuesta sobre las cortes militares atenta contra los derechos de defensa de los acusados.

Bush fue claro al decir que "EE.UU. no puede permitir que enemigos extranjeros utilicen el foro de la libertad para destruir a la libertad misma". Y agregó: "Si yo determino que es del interés de la seguridad nacional de nuestra gran tierra juzgar por comité militar a aquellos que hacen la guerra con EE.UU., así lo haremos".

Mientras Bush realizaba esas declaraciones, la polémica se agudizaba y se abría un nuevo frente interno con la ofensiva de organizaciones de Derechos Humanos.

Estas organizaciones han planteado decenas de causas legales que desafiarán, en el plano de la constitucionalidad, las decisiones de la administración Bush en lo que se refiere a la lucha antiterrorista.

Grupos poderosos como el Center for Constitutional Rights (CCR), el Cato Institute o la American Civil Liberties Union (ACLU), pusieron ya a trabajar a sus mejores abogados para presionar en contra de las decisiones de Bush y de su secretario de Justicia, John Ashcroft.

"Mi trabajo, explicó uno de los protagonistas de la ofensiva, Bill Goodman, del CCR, es defender la Constitución de sus enemigos. Y en este momento, los principales enemigos son el secretario de Justicia y la Casa Blanca".

El respaldo fuerte que obtuvo Bush tras las decisiones tomadas en respuesta al ataque del 11 de septiembre, podría verse afectado en el Congreso y transformarse en una extenuante batalla legal para defender la validez de medidas como los tribunales militares especiales y las restricciones a la inmigración, por ejemplo, creen en esas organizaciones.

Las consecuencias podrían ser vastas e incluir un enfrentamiento interno sobre los derechos civiles y, en el plano internacional, debilitar el apoyo de los países musulmanes al ataque antiterrorista.

La última iniciativa de Ashcroft, ofrecer regularizar su situación a los inmigrantes clandestinos que colaboran en las investigaciones, generó reservas entre los árabes de EE.UU. "Es una forma de corrupción y una decisión desagradable", dijo Marwan Kreidie, de la Arab-American Community.

Pero Bush no quiere dar marcha atrás, especialmente en cuanto a los tribunales militares, y repitió: "Somos una sociedad abierta, pero estamos en guerra".

Amnesty International advirtió que ésa es una manera de "erosionar los principios fundamentales de los Derechos Humanos", según explicó Curt Goering, director de la organización. Agregó que "como consecuencia de eso, se puede dañar todo esfuerzo de Estados Unidos para ejercer un liderazgo en el exterior".

Las causas que las organizaciones por los derechos civiles están construyendo se basan en el presupuesto de que la Casa Blanca actuó en la práctica suspendiendo los derechos constitucionales de los ciudadanos, que pueden ser afectados sólo por una acción del Congreso.

Clarín

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