El Gobierno argentino ordena que se niegue todo tipo de colaboración a los tribunales extranjeros que investigan los crímenes del terrorismo de Estado.

JUAN IGNACIO IRIGARAY. Corresponsal.

BUENOS AIRES.- El Gobierno del presidente Fernando de la Rúa ha decidido blanquear su protección a los ex represores de la dictadura militar (1976/83). Por decreto, rechazó cualquier exhorto contra los ex torturadores que libre Baltasar Garzón y cualquier otro juez extranjero.

Dos años después de haber asegurado, en entrevista con EL MUNDO, que dejaría actuar libremente a la Justicia, De la Rúa hizo todo lo contrario. Así, firmó el decreto 1581/2001 ordenando negar todo tipo de colaboración con los tribunales que investigan los crímenes del terrorismo de Estado.

El decreto no ha cogido por sorpresa a los organismos humanitarios en Buenos Aires. Ya existía uno similar, el 111/1998, dictado por el presidente anterior, Carlos Menem, y que De la Rúa no había llegado a derogar nunca.

Y todos recuerdan que, en 1987, De la Rúa presentó en el Senado y defendió el proyecto de ley de Obediencia Debida. Por esa norma finalmente aprobada, que se copió de la Alemania posnazi, quedaron impunes más de mil criminales de uniforme.

Jurisdicción nacional

Sin embargo, para De la Rúa, "a partir de la recuperación de la democracia en 1983, en el marco de la constitución nacional y las instituciones republicanas, en ejercicio de su propia soberanía, la República Argentina actuó conforme a Derecho, respecto de esos delitos".

De forma taxativa, el decreto establece que "el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto rechazará los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional".

Para intentar disimular su negativa a que se haga Justicia con los crímenes de la guerra sucia, el texto dispuso que si Garzón u otro juez enviara "antecedentes, documentación o pruebas, los mismos se remitirán al juez de la causa o en su defecto, al juez o al ministerio Público Fiscal en carácter de denuncia".

Para los organismos humanitarios no deja de ser curiosa esta situación. Todos los antecedentes de los militares y policías represores están archivados en los tribunales argentinos, pero éstos tienen las manos atadas por las leyes de amnistía.

Sólo un tribunal y dos jueces de la Cámara Federal, Gabriel Cavallo y Claudio Bonadio, se atrevieron a romper el corsé de la impunidad.

Así, dictaron la inconstitucionalidad de las leyes Punto Final y Obediencia Debida, en fallos con validez en dos causas judiciales.

Para el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y representante de los familiares de desaparecidos alemanes, Rodolfo Yanzón, el decreto "implica una invasión a las funciones de los jueces porque indica que deben rechazar los pedidos de detención provisoria contra los militares en procesos de extradición".

"Los gobernantes menosprecian el valor de la Justicia al insistir en sostener las leyes de impunidad diciendo que la Justicia debe compatibilizarse con la necesidad de estabilidad institucional y mienten cuando aseveran que los militares requeridos fueron juzgados en Argentina, cuando fueron ellos quienes les otorgaron impunidad", agregó.

En cambio, la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, señaló que "el principio de territorialidad es uno de los pilares de resguardo de la soberanía nacional".

Conti se mostró confiada en que se abran los juicios a militares cuando sostuvo ayer que "cuando los pedidos de extradición se acompañen de pruebas, se le dará intervención al juez".

El Mundo

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