F. R. Buenos Aires.

El nombramiento de Alberto Zuppi al frente del área de Justicia y Asuntos Legislativos, ahora reconvertida en secretaría, fue una de las mayores sorpresas del nuevo Gabinete.

Zuppi, penalista de prestigio, hizo honor a su reputación de firme defensor de la justicia internacional al derogar el lunes el decreto sobre Cooperación Internacional en Materia Penal, firmado por el ex presidente De la Rúa el pasado 17 de diciembre, que establecía el rechazo de todas las peticiones de extradición por delitos cometidos durante la última dictadura.

Víctor Abramovic, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), calificó de 'sumamente positivo' el paso dado por el nuevo secretario de Justicia.

El nuevo Gobierno anuncia el fin de la doctrina que imperó en la etapa de Carlos Menem y Fernando de la Rúa y que rechazaba de antemano todas las peticiones de extradición de represores presentadas por tribunales extranjeros.

El decreto que acaba de ser derogado fue aprobado por el anterior Gobierno para evitar las detenciones preventivas y sistematizar la práctica habitual del Ejecutivo de De la Rúa desde su llegada al poder: negar toda colaboración a las reclamaciones de extradición internacionales y, en algunos casos, remitir el expediente a la justicia argentina para que fuera investigado.

Peticiones extranjeras

Las últimas peticiones extranjeras chocaron con el mismo obstáculo. Italia reclamó la extradición del capitán de navío Alfredo Astiz por la desaparición en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) del matrimonio de origen italiano Giovanni Pegoraro y Angela Aietta.

La juez María Servini de Cubría ordenó la detención del antiguo oficial a la espera de la llegada de la documentación sobre extradición, que fue rechazada por el Gobierno. Astiz fue puesto en libertad.

El ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena firmó el 16 de noviembre otra petición de extradición presentada por el juez Baltasar Garzón contra dieciocho militares y civiles acusados de graves violaciones de Derechos Humanos. A cambio remitió los casos al procurador general que los ha puesto en manos del fiscal para su investigación.

Idénticas consecuencias tuvo la petición de extradición presentada por el Gobierno alemán contra el general Guillermo Suárez Mason para juzgarlo por el homicidio de Elisabeth Kasemann durante la dictadura.

El abogado del Gobierno alemán se presentó ante la justicia argentina para pedir la inconstitucionalidad de los indultos a militares, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y del decreto de Cooperación Internacional en Materia Penal. Aquel abogado era Alberto Zuppi.

El Gobierno argentino, que preside interinamente Adolfo Rodríguez Saá, dejará sin efecto el decreto firmado por el ex presidente Fernando De la Rúa, que virtualmente impedía todos las peticiones internacionales de extradición de presuntos ex represores de la última Dictadura (1976-1983), y adoptará como criterio "entregar o juzgar" a quienes sean reclamados, según informa Europa Press.

STELLA CALLONI. CORRESPONSAL.

Buenos Aires, 25 de diciembre. El presidente argentino designado, Adolfo Rodríguez Saá, dio un paso de fuerte simbolismo al recibir a dirigentes de la organización Madres de Plaza de Mayo, que desde hace dieciocho años no entraban a la Casa Rosada (sede de gobierno), y además propuso anular el decreto del renunciado Fernando de la Rúa que rechazaba la extradición de los responsables de delitos de lesa Humanidad.

Además, en otra medida que intenta dar nueva imagen a una desacreditada clase política, Rodríguez Saá recibió a representantes de los desocupados y nuevos despedidos, quienes así entraron por primera vez en la Casa Rosada.

Entre tanto, mientras el feriado cambiario y bancario decretado el viernes pasado se extendió hasta el jueves, los argentinos aguardan las nuevas medidas económicas y esperan que puedan lograr algo en medio de una verdadera agonía social y económica.

El gobernante peronista, quien deberá llamar a elecciones en sesenta días, mantuvo hoy reuniones de gabinete y anunció que a partir de ahora los funcionarios no podrán usar automóviles del Estado, en el marco de un programa de austeridad anunciado el domingo pasado.

Pero lo que todos aguardan es el plan económico que elabora apresuradamente el gobierno para salir lo más rápidamente posible de la emergencia económica y social.

El domingo, al asumir, Rodríguez Saá anunció la moratoria de la deuda externa, la creación de una nueva moneda, el "argentino", así como las mencionadas medidas de austeridad y planes de empleo y alimentarios.

El punto central del debate es cómo salir de la convertibilidad (que establece que cada peso debe tener un dólar en la reserva como respaldo) sin que esto signifique un costo social y político de envergadura. Posiblemente esa tarea corresponda al gobierno que sería elegido el próximo 3 de marzo.

Barajan alternativas

Los economistas hablan de varias alternativas, como la devaluación con un porcentaje fijo o la flotación del tipo de cambio. Existe la idea de que en ese caso todos los activos en dólares serían pasados a pesos y un dólar podría valer entre 1.3 o 1.2 pesos.

Sin embargo, los salarios nominales no se afectarían y, por ejemplo, quien debe 30 mil dólares por una hipoteca los pagaría en 30 mil pesos, aunque se menciona un tipo de cambio múltiple, con alternativas que significarían tranquilidad para los endeudados en dólares.

De todos modos, debido a que tanto los depósitos como las deudas en dólares se mantienen en esa moneda, habría grandes problemas para los endeudados.

En cuanto a la dolarización, nadie la quiere, excepto el ex presidente Carlos Menem (peronista), que sigue en su ruta hacia la candidatura presidencial de 2003, y que ya se manifestó en Chile contra la creación de una nueva moneda o contra la devaluación.

Otras medidas quedarán a cargo del futuro gobierno, aunque según voceros de la administración transitoria actual se irá preparando el camino "ordenadamente".

Desde que asumió su cargo el 23 de diciembre por designación de una Asamblea Legislativa, que actuó ante la emergencia de la renuncia de Fernando de la Rúa el pasado 20 de diciembre, Rodríguez Saá ya envió ayuda alimentaria a las provincias más afectadas, como Santa Fe, en un intento por descomprimir la grave situación.

Los asaltos de desesperadas familias empezaron en el interior del país el 12 de diciembre, lo que fue creciendo hasta llegar al estallido social del 19 y 20 de diciembre.

En este último día la clase media se lanzó en forma pacífica a las calles, lo que produjo el llamado argentinazo que obligó a la renuncia del gobierno de la Alianza (Unión Cívica Radical de De la Rúa y restos del Frente País Solidario).

La víspera, en un hecho que sorprendió a todos, Hebe de Bonafini y otras dirigentes de Madres de Plaza de Mayo, algunas de las cuales resultaron heridas durante la represión del pasado 20 de diciembre, entraron a la Casa Rosada para reunirse con el presidente.

"Es la primera vez que entramos desde 1984", dijo Bonafini, quien solicitó al mandatario la libertad de los detenidos por causas sociales y políticas, tomando en el aire la frase de condena de Rodríguez Saá contra los hechos recientes.

En la carta entregada por Bonafini se le pide la inmediata libertad de los presos políticos "y el desprocesamiento de todos los detenidos por sacar alimentos de los supermercados", incluyendo a los dirigentes sociales condenados por hechos similares en todo el país.

Asimismo, se solicita la inmediata expulsión de los integrantes de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la represión, así como la inmediata reducción de las dietas de los diputados y senadores y los sueldos de los jueces.

"El pueblo ha ofrendado su vida en las calles para exigirle a la dirigencia política corrupta un profundo cambio y la construcción de un país más justo y solidario", dice la carta de las madres de desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

Gestos del nuevo Ejecutivo

El gobierno ya prometió liberar a los procesados por saqueos y dar indemnización a los afectados por los asaltos; además, el secretario de Justicia, Alberto Zuppi, anunció que se anulará el decreto firmado el 17 de diciembre por De la Rúa, que trababa los pedidos de extradición del extranjero para quienes cometieron delitos de lesa Humanidad durante la dictadura; el criterio será ahora "entregar o juzgar" a los que sean reclamados.

También ante el líder de los piqueteros (desocupados y despedidos), Juan Carlos Alderete, Rodríguez Saá se comprometió a analizar la petición de libertad para los detenidos durante los estallidos.

Estos gestos, sumados a las primeras medidas como la moratoria, buscan conquistar a un pueblo que pasa uno de los momentos más amargos, y al cual le esperan medidas económicas que no serán fáciles, en un país que arrastra un índice récord de desempleo y cuatro años sin crecimiento, con un Estado completamente vaciado ante una asfixiante deuda externa que obligaba a pagar casi veinte mil millones de dólares anuales en amortizaciones y servicios.

Por otro lado, frente al increíble despliegue de energía del que hace gala Rodríguez Saá como presidente interino que a muchos hace pensar en una campaña presidencial para el 3 de marzo próximo, cuando se elegirá a quien deberá completar el mandato de cuatro años que De la Rúa dejó a la mitad, varios voceros han dicho que el otrora gobernador de San Luis no piensa postularse.

Frente a esas elecciones el Partido Justicialista (peronista, al que pertenece Rodríguez Saá) logró que se votara el domingo, pese al rechazo ciudadano, la "ley de lemas", que permite a cada partido o lema presentar varios candidatos.

Aquel que reciba más votos dentro del lema acumula en su favor los sufragios de los demás, con la paradoja que el candidato más votado en general no necesariamente resulta ganador.

Nadie duda que esta ley, votada en medio de una crisis que ha llevado a llamar a este país Titanic, está hecha como un guante en favor del atomizado justicialismo.

De su lado, el ex ministro Domingo Cavallo, quien fuera también ministro de Menem y uno de los funcionarios más impopulares por sus drásticas medidas de ajuste, se lanzó la víspera contra De la Rúa al acusarlo de haberlo "entregado", y afirmó: "No renuncié, me renunciaron y sin avisarme".

Visto bueno de Washington

Desde el exterior llegan noticias de que la crisis argentina "no contagiará" a otras economías y sotto voce se dice que Estados Unidos habría dado el visto bueno para la decisión argentina de suspender el pago de la deuda, a fin de negociar una restructuración posterior, ya que se sabía que no había ninguna posibilidad de cumplimiento.

Una confirmación de que este default (cese de pagos), que significa declarar la bancarrota de un país, no llegó de sorpresa, fue que durante el lunes la sesión de la bolsa de valores de Nueva York no sufrió mayores efectos sobre la marcha de los bonos de la deuda de otras economías emergentes, según analistas de Wall Street citados por la agencia DPA.

Sin embargo, el mismo lunes los bonos argentinos cayeron en picada hasta registrar uno de sus precios más bajos (dieciocho dólares), mientras que el riesgo país se disparaba 226 puntos hasta colocarse en 4 mil 979, según el índice de mercados emergentes de J. P. Morgan.

La falta de sorpresa ante esta especie de "muerte anunciada" de Argentina fue destacada tanto por la prensa de Estados Unidos como por la de América Latina.

Esta última señaló la responsabilidad de los organismos financieros internacionales en la crisis de Argentina, que fuera "alumno modelo" del Fondo Monetario Internacional y aliado estrecho de Washington en la década pasada.

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