La realidad de los niños de la calle de Ceuta es la que viven también los menores marroquíes que llegan a Melilla. Allí el trabajo de asociaciones como Prodein ha logrado ofrecer un apoyo a estos sin techo, pero no ha podido disipar el mayor de sus temores: ser expulsados.

Desde julio la Delegación del Gobierno se ha volcado en la tarea y firmado nada menos que cuarenta y siete repatriaciones. Tantas como denuncias ha presentado ante la Fiscalía de Menores y los juzgados el presidente de Prodein, José Palazón.

"Las expulsiones son ilegales. El Gobierno español vulnera el artículo 62 de la Ley de Extranjería", asegura. En los casos en los que se alega la reagrupación familiar como aval de la expulsión, como en las cuarenta y siete realizadas, la legislación obliga a entregar a los menores a sus familias o a los servicios sociales del país.

Sin embargo, "se entregan a la policía marroquí, que lo único que hace es encerrarlos en los calabozos, pegarles y luego los deja en la calle otra vez. Todos los niños, menos dos, han vuelto a Melilla tras ser expulsados".

Palazón muestra vídeos que demuestran lo que cuenta, con testimonios de los menores que, entre otros malos tratos, relatan los abusos sexuales que han sufrido en tierras vecinas.

"No existe tal reagrupación familiar", sentencia Palazón. El Gobierno español incumple sus propias leyes. Lo único que quiere es quitárselos de encima sin importarle sus derechos. El veinticinco por ciento de ellos tenía incluso tarjeta de residencia".

Médicos Sin Fronteras pone en marcha un proyecto de atención sociosanitaria, similar a los que desarrolla en África, en la ciudad española. Ante la pasividad de la Administración, la ONG se propone mejorar las condiciones infrahumanas de los menores y velar por sus derechos. Sarna y tuberculosis, entre las enfermedades que sufren.

ISABEL LONGHI-BRACAGLIA

MADRID. Se cuelan por la entreabierta puerta de Europa y se encuentran de patitas en la calle, sin más protección que la que, en teoría, les brindan las leyes españolas. Sucede que en la práctica, los inmigrantes más jóvenes, los niños marroquíes que cruzan la frontera y llegan a Ceuta, pierden en esta aventura su inocencia, sus derechos y su salud.

Tal es su desamparo ante la pasividad de los gobiernos central y autonómico que, por primera vez, se convertirán en el objetivo de un proyecto sociosanitario de Médicos Sin Fronteras (MSF), similar al que esta organización pone en marcha en países del Tercer Mundo. La única diferencia estriba en que en este país del Primer Mundo llamado España el Gobierno sí tiene competencias y medios, que no utiliza, para evitar la dramática situación de estos menores.

Dispuestos a abrir esta vez la puerta de la esperanza y la dignidad para los ciento cincuenta niños de la calle, aunque sea a empujones, el próximo mes de enero cruzará El Estrecho un equipo de la ONG. Un médico, un abogado, educadores... un pequeño contingente de ayuda humanitaria dispuesto a permanecer en Ceuta durante al menos un año.

"El objetivo es provocar un cambio en las graves condiciones en las que se ven obligados a luchar por sobrevivir estos menores. Se trata de un proyecto de atención sociosanitaria basado en el acercamiento y diagnóstico social de su situación, estudio de sus aspiraciones y corrección de desigualdades", avanza Pablo Traspas, coordinador general del Proyecto Cuarto Mundo de MSF, en el que se enmarca la intervención ceutí.

La percepción de la realidad de los niños de la calle por parte de esta organización no es gratuita. Una misión les llevó a esta ciudad el pasado mes de junio y su diagnóstico fue demoledor y digno de hacer enrojecer de vergüenza a cada uno de los responsables políticos que se han sacudido su obligación de ejercer la tutela de los menores. No en vano, oficialmente se les identifica como "menores no acompañados". Y es cierto que están solos.

"La situación está desbordada. Los menores viven en condiciones infrahumanas, con falta de higiene e importantes carencias de alimentación que repercuten en su estado de salud", concluía el informe elaborado seis meses atrás. "A eso se suma que los niños están criminalizados en Ceuta y son víctimas de abusos e incluso agresiones físicas y sexuales", agrega Pablo Traspas.

Rechazo social

"Hasta el momento la ciudad de Ceuta no ha adecuado mecanismo sociales ni sanitarios para responder a este problema y eso se traduce", diagnostica Traspas, "en la ausencia de centros de acogida adaptados a estos chicos, falta de acceso de los menores a los servicios sanitarios y rechazo social por las autoridades y por una comunidad en estado de sitio, que les considera un colectivo molesto y agresivo y les estigmatiza".

Sólo en lo referente a su estado de salud, la lista de males detectados por MSF es casi interminable: "Su organismo está debilitado por la mala alimentación, el disolvente que inhalan les seca los bronquios y destruye el tejido nervioso cerebral, lo que afecta a su capacidad de comprensión y expresión. Tienen sarna, hongos, problemas pulmonares que facilitan la aparición de procesos de tuberculosis, la obstrucción de los bronquios y asma. Sufren también frecuentes procesos hepáticos y problemas de calcificación, de vista, de dentición y de oído".

La única cura posible pasa por recibir atención médica, como mínimo, en el centro de salud, pero también allí se les cierra la puerta. Cuelga un cartel que advierte: "Los menores para recibir atención sanitaria deben ir acompañados de tutor o representante legal". Y ellos son "menores no acompañados".

Por eso la primera fase del proyecto de MSF se subraya como "actuación de emergencia". Sobre el terreno, la ONG abrirá un centro que llaman casa, desde el que se coordinarán todas las actuaciones y que incluirá una zona de ocio y actividades lúdicas para los niños de la calle.

Al acercamiento a los chavales seguirá la intervención del médico, que después de un examen básico, acompañará a los chavales para que se les someta a una analítica, se les vacune y se les proporcionen los tratamientos necesarios.

Un servicio de nutrición vigilará la evolución de los menores y un abogado se encargará de velar por el cumplimiento de las leyes que les amparan: entre otras, la que establece que deben ser tutelados y documentados por España.

El equipo, que trabajará en coordinación con el establecido en la ciudad marroquí de Tánger "para comprender la realidad y las causas de la huida de los menores", se preocupará además de desarrollar acciones de sensibilización con la población ceutí "para que varíe su percepción de los menores", precisa Traspas.

"La situación es muy grave, a nivel de Derechos Humanos es intolerable. Menores e inmigrantes, desprotegidos y marginados. Los niños sufren la situación más vulnerable, más peligrosa, no pueden defenderse por sí mismos, no pueden trabajar legalmente para sobrevivir, ellos no pueden decidir ni elegir...".

El Mundo

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