TEREIXA CONSTENLA. Lorca.

Unos veinte mil inmigrantes residentes en Murcia, casi un tercio de los sesenta y cuatro mil que salieron a la luz en los procesos de regularización puestos en marcha por el Gobierno entre 2000 y 2001, continúan 'sin papeles'.

Los pequeños agricultores admiten que, un año después del trágico accidente de Lorca -que puso de manifiesto la explotación de los trabajadores indocumentados- siguen empleando a irregulares y culpan de esa situación al Gobierno por su lentitud en la tramitación de las solicitudes de regularización presentadas.

Unos treinta y cinco mil inmigrantes han logrado ya obtener su documentación.

El mercadeo de mano obra en plazas y explanadas se mantiene casi intacto en Lorca (Murcia) un año después del accidente en el que murieron doce ecuatorianos, al ser atropellada por un tren en un paso a nivel la furgoneta en la que viajaban, y que destapó la explotación laboral que sufrían los inmigrantes 'sin papeles'.

Hoy, los empresarios se muestran más cautos a la hora de emplear a trabajadores irregulares, pero las contrataciones ilegales no se han erradicado en absoluto debido, entre otros motivos, a la demora del Gobierno en resolver la tramitación de tarjetas de residencia y a la llegada constante de nuevos inmigrantes clandestinos que superan el trámite en el aeropuerto de Barajas (Madrid) con un visado de turista y dólares para justificar su estancia.

Entre marzo de 2000 y julio de 2001, cuando concluyó el plazo para regularizar estancias atendiendo a las condiciones de arraigo, han salido a la luz sesenta y cuatro mil inmigrantes que residían clandestinamente en la región murciana.

El delegado del Gobierno en esa comunidad autónoma, José Joaquín Peñarrubia, asegura que la Administración central ha hecho un 'esfuerzo enorme' en el último año para comenzar a ordenar el fenómeno inmigratorio en Murcia.

Solicitudes pendientes

El Gobierno reconoce que siguen pendientes de resolver quince mil solicitudes presentadas por arraigo, más otro millar que no cumple todos los trámites exigidos a los ecuatorianos acogidos al retorno voluntario.

Otras ocho mil solicitudes de retorno voluntario presentadas en Murcia han sido aceptadas, pero no todas han recibido ya la tarjeta de residencia que certifica su condición legal.

La responsable de Mujer y Política Social de Comisiones Obreras en Murcia, Juana Costa, calcula que alrededor de cuatro mil de los que solicitaron el retorno están pendientes de recibir la tarjeta de residencia, que sumados a los quince mil que aún no tienen respuesta a su expediente de regularización por arraigo y el millar que no cumple los requisitos alcanzan los veinte mil extranjeros sin papeles en Murcia.

Según CC.OO. casi todas las diez mil solicitudes presentadas por el régimen general han sido concedidas.

La lentitud para resolver las regularizaciones ha desatado las críticas de algunos empresarios agrícolas, que no tienen inconveniente en reconocer que siguen echando mano de trabajadores irregulares para sacar adelante su faena.

Lorca es un botón de muestra. El presidente de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) en esa localidad, Víctor Pérez Muela, considera que la situación incluso 'ha empeorado' respecto a enero de 2001.

La COAG calcula que en los meses de campaña intensos, que comprenden de septiembre a abril, son necesarios alrededor de diez mil trabajadores para sacar adelante la actividad agrícola que se realiza en unas cuarenta mil hectáreas.

En Lorca están empadronados unos ocho mil trabajadores inmigrantes, pero no todos tienen la documentación en regla. 'Se coge a gente 'sin papeles'. Decir lo contrario sería mentir', reconoce el presidente de la COAG.

Si bien el temor a las inspecciones frenó casi en seco la utilización de mano de obra clandestina tras el accidente de hace un año, la contratación de inmigrantes 'sin papeles' vuelve a ser una práctica habitual, sobre todo entre los pequeños propietarios.

Un ejemplo de esa situación es Luis Guerra, de treinta y siete años, que llegó a Lorca hace pocos meses. El pasado sábado, Guerra comentaba a las siete de la madrugada, mientras esperaba en la plaza del Óvalo -uno de los habituales puntos de mercadeo laboral- la llegada de la furgoneta que le trasladaría a un campo para recoger limones, que los sábados aumenta la contratación de irregulares para cubrir las plazas de muchos peones con papeles que trabajan de lunes a viernes.

Su intermediario habitual le cobra ochocientas pesetas diarias por el transporte hasta la finca, donde le pagan setecientas cincuenta pesetas por hora.

Inmigrantes de cuarenta países

El ex representante de Rumiñahui en Lorca, Ángel Mera, calcula que en los últimos meses se han instalado en la localidad otros seiscientos ecuatorianos recién llegados a España, que se convierten en la mano de obra más vulnerable para la explotación.

La llegada de nuevos inmigrantes a Lorca, donde coexisten emigrantes procedentes de cuarenta países, constituye una de las principales quejas del alcalde, Miguel Navarro (PSOE), que acusa al Gobierno de incumplir la Ley de Extranjería. 'No estoy de acuerdo con ella, pero si nos hemos dotado de una ley, tiene que aplicarse', argumenta.

Navarro considera que la localidad dispone de un exceso de mano de obra, que genera problemas de subsistencia para muchos inmigrantes que sólo trabajan un par de días a la semana.

El negocio de los 'furgoneteros' y el trabajo de los menores de edad

El accidente ocurrido en Lorca hace un año fue el más dramático, pero no el único que afectó a inmigrantes sin papeles y menores de edad que trabajaban en el campo de la región durante 2001.

Comisiones Obreras denunció ante la Inspección de Trabajo en el mes de julio otro suceso en el que resultaron heridos ocho ecuatorianos que viajaban en una furgoneta.

Al igual que en el caso de Lorca, ninguno de los trabajadores disponía de papeles y, lo que es más grave, uno de ellos, José Sebastián CH. M., era un menor de catorce años.

Otra semejanza con el siniestro de Lorca, donde uno de los supervivientes fue una adolescente de trece años.

Los trabajadores regresaban a casa después de su faena en una finca de Yecla (Murcia). El conductor era un ecuatoriano que, sin embargo, no figuraba como propietario de la furgoneta ni como tomador del seguro.

Para CC.OO. constituyó 'el típico y grave caso del furgonetero que transporta trabajadores inmigrantes irregulares a una finca que lo ha solicitado'.

Tras reunir todos los datos, el sindicato logró construir una documentada denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Además, CC.OO. dispone de información, aunque incompleta, sobre otros dos accidentes de características similares. En esos casos también viajaban inmigrantes irregulares y, en uno de ellos, figuraba además un menor de edad entre los ocupantes.

Inversiones en transporte

Lejos de desaparecer la figura del intermediario laboral entre el empresario agrícola y los inmigrantes, Lola Jara, representante del citado sindicato, cree que en el último año se ha perfeccionado a través de la expansión a gran escala de furgoneteros: 'Gente que ha hecho verdaderas inversiones en la compra de numerosas furgonetas para hacer un gran negocio con el transporte de inmigrantes'.

La actividad de los intermediarios laborales en el campo murciano salió a la luz de la forma más cruda tras el accidente de Lorca en enero de 2001.

Después de una denuncia presentada por los sindicatos UGT y CC.OO., la Inspección de Trabajo abrió un expediente sancionador contra la empresa Greensol y su administrador único, Víctor Lirón, por contratar a cuarenta y siete trabajadores irregulares, entre ellos los doce ecuatorianos fallecidos en el paso a nivel de Lorca.

De este modo, la Inspección reconocía la relación laboral entre la empresa y las víctimas, a pesar de que carecían de permiso de trabajo, y abría la puerta a la consideración del accidente de tráfico como un siniestro laboral ocurrido in itinere.

Las familias de las víctimas, no obstante, optaron por un acuerdo extrajudicial con la compañía aseguradora de la furgoneta siniestrada, que les indemnizó con doscientos sesenta millones de pesetas.

El País

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