ENRIC PASTOR

MADRID. La violencia de puertas adentro ha aumentado en España en el último año. Durante el 2001, un total de setenta mujeres fueron asesinadas por sus parejas, maridos, novios... Seis más que en el año anterior, que contabilizó sesenta y cuatro víctimas mortales por malos tratos.

Además, los golpes también se cebaron en los menores: seis niños murieron en agresiones cometidas en el ámbito familiar en 2001.

Mirando las cifras del Gobierno, sin embargo, los números son distintos: según la estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, elaborada por el Ministerio del Interior, un total de treinta y ocho mujeres murieron a manos de sus cónyuges en los primeros once meses de 2001. En el año 2000 habían sido cuarenta y dos.

Esta disparidad de sumas ha vuelto a traer la polémica sobre la realidad social de esta lacra social. Habla Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas: "La estadística de Interior nos parece vergonzosa por varios motivos: en primer lugar, sólo contempla a víctimas que murieron a manos de sus cónyuges. Además, por razón de competencias, no incluye las víctimas del País Vasco y de Cataluña. Y, por último, Interior sólo contabiliza a las mujeres que mueren inmediatamente después de la agresión, no contempla las que fallecen días después a consecuencia de las lesiones".

Colectivos y asociaciones de mujeres contestaron ayer con un baño de realidad a la estadística oficial difundida por el departamento de Mariano Rajoy. "Nuestras cifras pueden ser inexactas, pero siempre a la baja", añadió Pérez del Campo. "Están tomadas de las noticias de los medios de comunicación y comprenden todos los crímenes a mujeres cometidos dentro del ámbito familiar".

El aumento de casi un once por ciento en número de víctimas en el 2001 sostiene también las críticas de las asociaciones que combaten la violencia doméstica contra la política del Gobierno, que tachan de "fracaso". No se ha puesto freno a la violencia doméstica, denunciaban ayer.

De nada han servido, en su opinión, los más de veintiún mil millones invertidos hasta ahora en el I y II Plan contra la Violencia Doméstica, vigentes entre 1998 y 2004.

"Hasta ahora no podemos hablar más que de fracaso. Un fracaso anunciado, como las muertes de estas mujeres, amenazadas repetidas veces por sus maridos antes de ser asesinadas", sostiene Pérez del Campo. "No se puede combatir un fenómeno social como el terrorismo de género de forma improvisada, a través de planes de choque. Estamos pidiendo que haya una ley integral".

Aumento de denuncias

No obstante, en lo que están todos de acuerdo, Gobierno y colectivos de mujeres, es en la efectividad de las campañas de sensibilización. El resultado se traduce una vez más a cifras: en los primeros once meses de 2001 se han registrado veintidós mil ciento cincuenta y seis denuncias (un ocho por ciento más que en el año anterior) y, según los analistas, el tiempo de aguante frente al maltrato se reduce. (El último informe oficial dice que las mujeres soportan una media de cinco años de abusos y agresiones).

En este año pasado, el mayor incremento se ha producido en las denuncias por faltas (dieciséis mil seiscientas setenta y cuatro), lo que significa que las mujeres denuncias más tempranamente a sus agresores.

Pero aún quedan muchos silencios femeninos que romper. "Que hayan muerto ya dos mujeres en lo que llevamos de 2002 nos hace augurar que las cifras seguirán aumentado en este año", explica Pérez del Campo. "Este fracaso de la lucha contra la violencia doméstica obedece a una falta de voluntad política del Gobierno, que sabe hacerlo bien cuando se trata de terrorismo político, pero no cuando es terrorismo de género. Y la vida de las mujeres vale lo mismo que la de cualquier otra persona".

Las asociaciones de mujeres claman por una ley integral contra la violencia de género que coordine el fuero civil y el penal, así como otros servicios asistenciales. "Queremos evitar disparates como que un juez penal dicte el alejamiento de la pareja y, en el mismo caso, un juez civil determine que el padre recoja a los niños en casa", sostiene Pérez del Campo.

El Mundo

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