El jefe desplazado estuvo a cargo de las cárceles bonaerenses durante más de siete años. Hace una semana Amnistía Internacional denunció ante el Gobierno presuntos actos de tortura.

Fabian Debesa. CORRESPONSAL EN LA PLATA.

El gobierno provincial desplazó a la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense que tuvo a cargo el mayor sistema carcelario del país durante más de siete años. La remoción del responsable de la fuerza, inspector general Esteban Carlos Masante, y del segundo jefe, Lorenzo Núñez, se conoció una semana después que el gobernador Felipe Solá recibiera un reclamo de Amnistía Internacional por supuestos episodios de torturas y muertes en las cárceles de la provincia.

Los relevos en la jerarquía penitenciaria son las primeras medidas dispuestas por las nuevas autoridades políticas que asumieron en la secretaría de Justicia hace una semana. "Solá pidió un cambio en el Servicio Penitenciario y quiere terminar con el enfrentamiento entre esa institución y el Poder Judicial", fue el argumento que dieron en La Plata para explicar el desplazamiento de Masante y Núñez.

En la provincia hay veintitrés mil personas detenidas por causas penales, de las cuales diecisiete mil están alojadas en celdas del SPB. La fuerza tiene diez mil guardiacárceles y un presupuesto anual cercano a los cien millones de pesos.

El subsecretario de Políticas Penitenciarias, Marcelo Lapargo -quien fue doce años funcionario judicial en San Martín y ocupó cargos en el Ministerio de Seguridad en la gestión de Carlos Arslanián y luego con Carlos Soria-, dijo a Clarín que el inspector general Néstor Manso (52) será el nuevo responsable de los treinta y cinco penales que funcionan en la provincia.

Manso ingresó a la fuerza en 1970, fue director de varias unidades y hasta ayer integraba un consejo de asesores de la jefatura. En ese organismo también trabajaba Juan Carlos Tapia, quien hoy asumirá como subjefe del SPB.

Los cortocircuitos entre penitenciarios y funcionarios judiciales tuvieron un pico en marzo de 2000, luego del episodio conocido como "la masacre de La Paternal". Fue un intento de asalto con toma de rehenes en el barrio porteño de La Paternal, que terminó con dos delincuentes muertos. Uno de ellos, Salvador Raineri estaba condenado pero en libertad, beneficiado con el régimen de salidas transitorias.

Entonces, el presidente del Tribunal de Casación Penal, Federico Domínguez, denunció que el SPB "vendía" los informes favorables para que los presos consiguieran la libertad temporaria. El entonces gobernador Carlos Ruckauf y su ministro de Justicia Jorge Casanovas defendieron la actuación de los penitenciarios.

En diciembre de 2001, Ruckauf recibió un informe de la Defensoría de Casación Penal que demostraba la existencia de ochocientos tres casos de torturas y maltratos a detenidos en la provincia. El responsable del organismo, Mario Coriolano, aseguró que ciento setenta y seis de las denuncias ocurrieron en las cárceles y que las autoridades del área "no hicieron nada para investigarlos".

Clarín

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