El País - Jueves, 28 de marzo de 2002
Detenidos seis empresarios en Alicante
por explotar a 'irregulares'
La policía revisó 150 vehículos y arrestó a 65 inmigrantes irregulares
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REBECA LLORENTE. Alicante. La Guardia Civil ha detenido en el municipio de Orihuela (Alicante) a seis empresarios agrícolas acusados de explotación laboral de inmigrantes indocumentados. Durante la operación, que empezó el martes, se inspeccionaron un total de ciento cincuenta vehículos y fueron identificados trescientos trabajadores temporeros. De ellos, sesenta y cinco fueron arrestados por carecer de la documentación necesaria para trabajar en España. El dispositivo se activó al filo de las seis y media de la mañana del martes en una pedanía de Orihuela, en pleno corazón de la comarca alicantina de La Vega Baja. Los agentes interceptaron un total de ciento cincuenta vehículos, la mayoría furgonetas, e identificaron a trescientos braceros procedentes del norte de Murcia, que eran trasladados para trabajar en explotaciones agrícolas del sur de la provincia de Alicante. Los trescientos extranjeros identificados proceden en su mayoría del Magreb, Latinoamérica y del este de Europa. Tras una primera inspección, los agentes trasladaron a las dependencias de la Guardia Civil a un centenar de inmigrantes para comprobar su situación de legalidad en el país. Finalmente fueron arrestados sesenta y cinco por carecer de papeles, según informó la Comandancia de Alicante. Éstos trabajaban en condición irregular para seis empresarios agrícolas, naturales de Murcia, Alicante y Valencia, que ya han sido detenidos acusados de un delito de explotación laboral de indocumentados. Los acusados pasan hoy a disposición del Juzgado número 1 de Instrucción de Orihuela. Los extranjeros fueron, por su parte, trasladados a la comisaría de Elche para incoarles el expediente de expulsión, en virtud de la nueva Ley de Extranjería. La intervención del martes se enmarca en un dispositivo que la Guardia Civil activa sistemáticamente en la comarca de La Vega Baja, zona que acapara una de las bolsas de empleo sumergido más importante de la Comunidad Valenciana. Un total de treinta y seis efectivos, de distintas unidades territoriales de la provincia de Alicante, participaron en esta actuación contra la explotación de extranjeros. La Inspección de Trabajo sancionó el pasado año con 4,74 millones de euros a empresas valencianas por emplear a inmigrantes sin papeles. El importe total de las sanciones casi se triplicó, con un incremento de un 265,5% con respecto a las impuestas en el 2000. El endurecimiento de las multas previstas en la nueva legislación no ha servido, en el caso de la Comunidad Valenciana, para disuadir a los empresarios de contratar a inmigrantes sin documentación. A tenor de la actuación de la Inspección, Trabajo no sólo casi triplicó en 2001 el importe total de las sanciones en comparación con 2000, sino que el número de sin papeles descubiertos se duplicó, con novecientos siete inmigrantes detectados. La actuación de la Inspección constata además que la economía sumergida continúa creciendo en la Comunidad Valenciana, en perjuicio de los trabajadores y del sistema de la Seguridad Social. La Delegación del Gobierno en Valencia informó de que el ochenta por ciento de los expedientes de regularización de inmigrantes ha sido resuelto. De éstos, el diez por ciento de las solicitudes fue denegado, informa Jaime Prats. Más de cincuenta y seis mil peticiones se presentaron a la regularización de extranjeros por arraigo. |
El Mundo - Jueves, 28 de marzo de 2002
Seis empresarios ante el juez
por contratos ilegales a inmigrantes
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ALICANTE / VALENCIA. Seis empresarios han sido detenidos por su supuesta implicación en la contratación ilegal de trabajadores inmigrantes en situación irregular para actividades agrícolas en Alicante, según informó ayer la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carmen Mas. Estas detenciones se enmarcan en la operación iniciada el martes por la Guardia Civil en la partida de La Murada de Orihuela (Alicante) para erradicar la contratación de mano de obra ilegal, en la que fueron identificadas trescientas personas, de las que sesenta y cinco fueron retenidas por encontrarse, al parecer, en situación ilegal, según fuentes próximas a la investigación. La delegada del Gobierno señaló en conferencia de prensa en Valencia que los seis empresarios supuestamente implicados en este caso son de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia. Por su parte, fuentes de la Guardia Civil indicaron a Efe que los empresarios detenidos fueron puestos a disposición judicial acusados de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Estas mismas fuentes explicaron que los sesenta y cinco trabajadores inmigrantes retenidos, que proceden de distintos países, han sido trasladados a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Orihuela para determinar su situación en España. Carmen Mas explicó que estos inmigrantes han pasado a la Comisaría de la Policía Nacional para que se incoe el expediente administrativo correspondiente de acuerdo con la Ley de Extranjería, que podría derivar en una orden de expulsión o en cualquier otra medida. Tras indicar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se esfuerzan en que se cumpla la legalidad, Mas precisó que se comprobará si los 65 trabajadores inmigrantes retenidos pueden acreditar algún tipo de documentación y explicó que si se determina que están en situación ilegal se abrirá un proceso de expulsión que deberá ser valorado por la Delegación o Subdelegación del Gobierno. Fuentes próximas a la investigación confirmaron que de los 65 trabajadores inmigrantes retenidos, cincuenta y cuatro son hombres y diez mujeres. Por nacionalidades, catorce son ecuatorianos, doce marroquíes, doce lituanos, once búlgaros, siete colombianos, cinco rumanos, cuatro ucranianos, un letón y un ruso. |