MIGUEL BAYÓN. Madrid.

Amina Lawal, la nigeriana de treinta y cinco años condenada el pasado 25 de marzo a morir lapidada por adulterio en aplicación de la sharía (ley islámica), ha decidido, según organizaciones de Derechos Humanos del país, recurrir la sentencia para poder ser juzgada según la ley federal civil y conforme a la Constitución.

Lawal, divorciada de su marido, está amamantando a su hija, fruto de la relación con otro hombre. Al condenarla, el tribunal aplazó la ejecución ocho meses, para permitir la lactancia.

La sentencia contra Lawal se hizo pública el mismo día en que se puso en libertad a Safiya Hussaini, condenada a lapidación por el mismo supuesto delito de adulterio. El tribunal islámico del Estado de Sokoto, al norte del país, cedió a las presiones internacionales en favor de la acusada (sólo en España, Amnistía Internacional recogió seiscientas cincuenta mil firmas) y alegó múltiples defectos de forma en la instrucción del proceso.

Lawal ha sido condenada en otro Estado norteño, Katsina, donde el pasado enero se produjo la primera ejecución desde la instauración la sharía: un hombre fue ahorcado.

La prensa nigeriana, aunque no dejó de congratularse por el perdón a Hussaini, informó de puntillas sobre el caso Lawal. La explosiva situación social y política de Nigeria expande la prudencia entre la población, porque once Estados del norte, con predominio musulmán y lengua hausa, aplican la sharía, que permite castigos como la lapidación, la flagelación o la amputación.

La ley islámica fue impuesta desde 2000 en esos Estados en medio de sangrientos enfrentamientos entre musulmanes (un cuarenta y cinco por ciento de los ciento veinte millones de habitantes de Nigeria) y cristianos.

Violencia cotidiana

Sobre todo en el norte, la mayoría silenciosa contempla la dureza de la sharía como posible disuasión de la tremenda violencia cotidiana que vive el país, y que de enero a abril ha causado más de trescientas muertes por enfrentamiento político o por atraco, y unas diez mil víctimas mortales desde 1999, cuando el régimen democrático de Olusegun Obasanjo sustituyó a la dictadura de Sami Abacha.

En el sur, donde pesan más los cristianos y se habla inglés, la calle cae a menudo en poder de bandas violentas y a toda hora los delitos se suceden, especialmente en Lagos, que ronda los diez millones de habitantes. El pasado diciembre fue asesinado incluso Bola Ige, ministro de Justicia, amigo de Obasanjo y contrario a la condena de Hussaini. Imcluso han surgido milicias privadas que han llegado a crucificar a sospechosos en la calle.

De ahí que muchos nigerianos (aun apoyando la postura del Gobierno de declarar que la sharía no es constitucional) temen una guerra civil y la secesión del norte, donde el integrismo musulmán a lo saudí plantea cada vez más desafíos.

El País

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