LOLA GALÁN. Roma.

El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, celebró ayer en Roma el nacimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), convencido de que su entrada en vigor será 'la mejor defensa contra la impunidad', ya que este nuevo instrumento jurídico representa 'el eslabón que faltaba en el sistema judicial internacional'. Annan viajó a Roma para rendir tributo a la capital donde hace cuatro años se sentaron las bases de la CPI, cuya creación fue aprobada por 120 naciones. El tribunal se hizo realidad ayer, cuando diez países elevaron a sesenta y seis la cifra de los que han ratificado el Estatuto de Roma.

A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que juzga disputas entre Estados, la CPI juzgará a individuos acusados de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de guerra y de agresión. La ratificación permitirá a la CPI entrar en vigor el 1 de julio, mucho antes de lo esperado. La Corte nace, sin embargo, lastrada por la falta de apoyo de EE UU, Rusia y China.

Annan, que siguió la ceremonia junto al presidente italiano, Carlo Azeglio Ciampi, en el palacio del Quirinal de Roma, declaró su satisfacción por el nacimiento del tribunal. 'Un viejo sueño de la humanidad se realiza', dijo. La satisfacción del secretario general de Naciones Unidas, secundada por numerosos líderes europeos que desde el primer día han sido ardientes defensores de la CPI, se ha visto empañada por la hostilidad manifestaba por la Administración de EE UU hacia la nueva Corte. Otros dos países de peso internacional, como Rusia y China, han negado su apoyo hasta el momento a la CPI.

Washington, firmemente contrario a una institución que podría sentar en el banquillo de los acusados a un ciudadano estadounidense, llegó a firmar el tratado en los últimos días de la Administración de Bill Clinton. Pero su sucesor, George W. Bush, ha dejado claro que no está dispuesto a ratificarlo. La Casa Blanca ha sopesado incluso la posibilidad de dar marcha atrás y retirar su firma del acuerdo, lo que sentaría un grave precedente internacional.

Ayer fue, no obstante, día de ceremonias y de discursos para la historia. Aunque hubieran bastado cuatro países para alcanzar el tope mínimo de sesenta, fueron diez las naciones que lo ratificaron, conjuntamente, compartiendo así el honor de dar vida definitiva a esta instancia judicial que comenzará a funcionar el año próximo en La Haya. Bosnia, Bulgaria, Camboya, Congo, Irlanda, Jordania, Nigeria, Rumania y Eslovaquia fueron los diez países que se adhirieron. 'El número necesario de sesenta ratificaciones para la entrada en vigor del Estatuto de Roma ha sido alcanzado', declaró en Nueva York el consejero legal de Naciones Unidas, Hans Corell. 'Acabamos de darle la vuelta a una página de la historia de la humanidad'. España se encuentra entre los primeros países en ratificar la creación de la nueva Corte.

En Roma, Annan subrayó la importancia de la ocasión con un breve discurso en el que manifestó su convicción de que la CPI 'asestará un duro golpe a la impunidad'. 'La mejor defensa contra el mal será el tribunal en el que cada país tendrá un papel que cumplir. La humanidad no volverá a ser testigo impotente de atrocidades porque los que se sientan tentados de cometer tales crímenes sabrán que les espera la justicia', dijo.

Piedra angular

Los líderes europeos saludaron el nacimiento de la CPI como una piedra angular para la defensa de los derechos humanos en el siglo XXI. El presidente francés, Jacques Chirac, envió una carta de felicitación a Annan, calificando el nacimiento del tribunal de 'punto de inflexión en la historia universal'. Javier Solana, responsable de la política exterior de la UE, se declaró también enormemente satisfecho. 'La ratificación por 60 países en cuatro años es una prueba de la determinación general para establecer un tribunal penal independiente', declaró Solana por escrito, 'que permita llevar ante la justicia -cuando los Estados fracasen en hacerlo- a aquellos que cometen los peores crímenes'.

Alemania, uno de los países más favorables a la creación de la Corte, urgió ayer a Rusia, Estados Unidos y China a ratificar el estatuto y expresó su convicción de que al final se obtendrá un apoyo global internacional.

Está previsto que la CPI comience a funcionar la próxima primavera en La Haya, cumpliendo así, con un retraso de cincuenta y seis años, la promesa del Tribunal de Núremberg, que juzgó a los líderes nazis por crímenes de guerra y contra la humanidad.

El nuevo tribunal tendrá jurisdicción sólo cuando un país rechace la posibilidad de procesar a individuos por los delitos más graves contra la colectividad. Los casos podrán ser planteados únicamente por los países que han ratificado la Corte, por el Consejo de Seguridad de la ONU o por el fiscal de la CPI, siempre que cuente con el consentimiento de tres de los dieciocho jueces que lo integrarán. No será posible juzgar crímenes cometidos con anterioridad al 1 de julio, fecha de la entrada en vigor de la CPI.

La experiencia trágica de la guerra de Bosnia (1992-1995) y el genocidio de Ruanda (1994) impulsaron a la ONU a establecer este tribunal permanente. Entretanto, Naciones Unidas ha creado diversos tribunales penales ad hoc para ocuparse de las atrocidades cometidas en cada caso. Todos ellos desaparecerán una vez que la CPI comience a funcionar.

En Nueva York también se celebró la ratificación de la Corte. El evento, que tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas, fue corto pero muy aplaudido, sobre todo por las ONG que han participado en el proceso desde que se aprobó el Estatuto de Roma, informa Isabel Piquer. En nombre de la Unión Europea habló el embajador español, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo. 'El que este acontecimiento se haya producido en menos de cuatro años demuestra que el estatuto responde a una necesidad ampliamente sentida por la comunidad internacional', dijo.

CARLOS FRESNEDA. Corresponsal.

NUEVA YORK. La Corte Penal Internacional (CPI) es ya una realidad y empezará a funcionar a partir del 1 de julio, pese a la oposición de EEUU.

El acto protocolario, con la firma de los 10 últimos países de los 66 que han ratificado su puesta en marcha, tuvo lugar ayer en la sede de la ONU en Nueva York.

«Estamos ante un hecho histórico que nos agradecerán las generaciones venideras», dijo ayer el subsecretario general de la ONU, Hans Corell.

El impulso final de la UE ha sido decisivo para sacar adelante la iniciativa, combatida en su propio terreno por Washington, temeroso de que sus ciudadanos puedan ser objeto de «acusaciones frívolas o motivadas por la política» en otras partes del mundo.

EEUU ha dejado claro que no se sentirá vinculado por la CPI y ha amenazado incluso con no acatar las órdenes del nuevo organismo. Para el resto del mundo, la creación de la CPI es un gran paso adelante hacia la utopía de la justicia mundial.

AFP, Reuters y DPA

Naciones Unidas, 11 de abril. "Se acaba de dar un golpe a la impunidad", dijo hoy el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, al presidir una ceremonia que marcó el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), instancia competente para juzgar a los responsables de genocidio o crímenes de guerra.

El Gobierno estadunidense, por su parte, reiteró que no tiene intenciones de ratificar el tratado que la institucionaliza. No obstante, el portavoz el Departamento de Estado, Philip Reeker, indicó que Washington "examina actualmente su política para saber cómo tratar con esa institución".

Según fuentes diplomáticas en Nueva York, Estados Unidos estudiaría la posibilidad de retirar su firma de ese tratado, signado por el ex presidente Bill Clinton -aunque no lo presentó al Congreso-, pues la actual administración conservadora teme que los soldados estadunidenses involucrados en conflictos en el extranjero puedan ser juzgados.

En este sentido, un grupo de legisladores republicanos y demócratas reclamó al presidente George W. Bush que presione al Consejo de Seguridad de la ONU, ya que consideran la creación de la corte una "lamentable derrota para la promoción de la paz y la seguridad internacionales". Por ello, piden que este consejo otorgue inmunidad al personal estadunidense involucrado en misiones en el extranjero.

Otros países que se niegan a ratificar el documento son Israel, Rusia, Japón, China y varias naciones árabes.

En Belgrado, en cambio, el Parlamento bicameral adoptó la ley sobre cooperación con la CPI, que autoriza a que se transfieran criminales de guerra de la ex Yugoslavia a esa jurisdicción de la ONU.

El proyecto de ley se incluyó de urgencia en la agenda del Parlamento de las repúblicas de Serbia y Montenegro a causa de las presiones de Washington, que pide a Belgrado gestos que demuestren su voluntad de cooperar con la CPI antes de otorgarle ayuda financiera.

Con esto, los colaboradores más cercanos del ex presidente Slobodan Milosevic también podrían verse obligados a responder ante la corte en La Haya. Uno de ellos, Vlajko Stokiljkovic, ex ministro del Interior, protagonizó esta noche un intento de suicidio al dispararse un balazo en la cabeza frente a la entrada del Parlamento, en señal de protesta, y se encuentra hospitalizado en estado crítico.

Durante la ceremonia en Naciones Unidas, diez votos elevaron a sesenta y seis el número de países que ratificaron el tratado de Roma de 1998 para establecer la CPI, seis más de los necesarios para que el tratado entre en vigencia el primero de julio. Bosnia, Bulgaria, Camboya, Congo, Irlanda, Jordania, Mongolia, Níger, Rumania y Eslovaquia depositaron su firma al mismo tiempo para que el honor de ser el Estado número sesenta no recayera en un solo país.

"El sueño de una Corte Penal Internacional se ha hecho realidad", dijo Annan en videoconferencia desde Roma, e instó al resto de los países a enviar sus ratificaciones. De los quince que conforman la Unión Europea, sólo Grecia no ha certificado el tratado de Roma.

Se espera que el tribunal inicie sus tareas el año próximo en La Haya, Holanda, en un esfuerzo por cumplir una promesa hecha a mediados del siglo pasado durante los juicios de Nuremberg contra líderes nazis, y de Tokio, contra japoneses responsabilizados por el conflicto en la región del Pacífico.

Otras cortes internacionales son la de La Haya, que actualmente juzga a Milosevic, mientras que el tribunal internacional para Ruanda fallará sobre los casos de genocidio cometidos en ese país en 1994.

La nueva corte puede enjuiciar a individuos por genocidio, crímenes contra la Humanidad y de guerra, así como por graves violaciones de los Derechos Humanos.

El tribunal sólo tiene jurisdicción cuando los países de donde son originarios los criminales no pueden o no quieren juzgar a esos individuos.

Los casos pueden ser presentados por cualquier nación que haya ratificado el tratado, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por los fiscales del tribunal, tras la aprobación de tres jueces de la corte.

El mandato del nuevo órgano no es retroactivo, así que no puede ventilar crímenes cometidos antes del primero de julio.

Organismos humanitarios y de Derechos Humanos saludaron la creación de la corte, al igual que varios países.

Chile lamentó no haber podido ser parte del grupo de los sesenta fundadores, luego que la oposición derechista frenara el proceso de adhesión. A su vez, el presidente de Perú, Alejandro Toledo, afirmó este jueves en Costa Rica que la cancillería de su país estudia la posibilidad de que el destituido presidente Alberto Fujimori, refugiado en Japón desde noviembre de 2000, sea juzgado por la CPI por "violaciones a Derechos Humanos" y otros delitos.

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