TOMÁS BÁRBULO. Madrid.

'España es uno de los puntos clave de entrada de inmigrantes en la UE. Su número ha aumentado considerablemente en los últimos años. Al tiempo, se ha producido un incremento de denuncias de torturas y malos tratos de extranjeros o miembros de minorías étnicas a manos de agentes del orden'.

Así comienza una extensa denuncia presentada ayer por Amnistía Internacional ante medios de comunicación de quince países. El documento menciona trescientas veintiuna agresiones y desmiente explícitamente el informe presentado en enero por el Gobierno ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

El informe se titula: España: Crisis de indentidad. Tortura y malos tratos con motivos racistas a manos de agentes del Estado, y está basado en testimonios recogidos a lo largo de los últimos siete años. De los trescientos veintiún casos citados, treinta y dos son documentados detalladamente.

Entre ellos figuran seis muertes de extranjeros mientras se hallaban bajo custodia policial y cinco violaciones o asaltos sexuales por parte de agentes del orden.

Los damnificados proceden de diecisiete países de Europa, América y África, aunque la mayoría son marroquíes. De ahí que el acto de presentación del informe en España se celebrara en la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIME). Al mismo tiempo, el documento fue presentado en otros quince países.

Gillian Fleming, investigadora de AI para España, desmintió el informe que el Gobierno español presentó en enero ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. En el mismo, el Ejecutivo afirmó: '...es motivo de gran satisfacción el hecho de que en nuestro país no tienen lugar la tortura o los malos tratos, salvo casos muy aislados. La constatación de esta afirmación la proporciona el que las denuncias por tales prácticas han desaparecido o son realmente escasas, así como los informes de AI y el Defensor del Pueblo ante las Cortes Generales...'.

Fleming declaró que su organización está 'desconcertada' por esta declaración. 'No sabemos a qué informes de AI se refiere el Gobierno. En su último informe anual, por el contrario, AI se refiere a 'un aumento de las denuncias de malos tratos a inmigrantes u otras personas de origen étnico no europeo'. No es verdad que los casos de malos tratos sean aislados, sino frecuentes y extendidos en el territorio español'.

'Los casos que hemos documentado demuestran un esquema de violación, por parte de agentes del Estado, de los derechos de integrantes de minorías étnicas o personas extranjeras. La discriminación de estas personas, tolerada por las autoridades, las hace más vulnerables a ser sujetos de tortura o malos tratos', dijo la representante de AI.

Éstas son algunas de las denuncias que aparecen en el informe de la organización:

Muertes. 'Un número considerable de personas, varias de ellas extranjeras, han fallecido durante el período de custodia. Sus muertes no siempre han sido investigadas con las debidas minuciosidad, rapidez e imparcialidad'.

Violaciones. 'Las inmigrantes indocumentadas han sido particularmente blanco de tortura en forma de violación o asalto sexual durante los períodos de custodia'.

Expulsiones. 'Existen incidentes de maltrato y uso inapropiado de métodos de inmovilización durante procesos de expulsión. En muchas ocasiones, los inmigrantes expulsados no han sido tratados con dignidad o transparencia'.

Menores. 'Menores de edad no acompañados han sido expulsados del territorio español sin la debida protección legal o sin la necesaria vigilancia de su integridad. Muchos de ellos han sido maltratados durante el proceso de expulsión, ya fuera durante su detención o bien mientras se encontraban en tránsito, así como en la frontera con Marruecos a manos de la policía marroquí'.

Impunidad. 'Cuando las víctimas de malos tratos denuncian lo que les ha ocurrido, es frecuente que los acusados inmediatamente presenten contradenuncias acusándolas. Muchas de ellas no pueden ni siquiera considerar la presentación de una denuncia por miedo, falta de ayuda legal adecuada o apatía y parcialidad de las autoridades judiciales'.

Corporativismo. 'A policías que tienen antecedentes penales o contra los que existen procedimientos disciplinarios pendientes no sólo se les ha permitido continuar en su trabajo, sino que también han gozado del apoyo de las autoridades políticas'.

Represalias. 'Policías que han intentado tomar medidas para asegurar la protección de los derechos humanos han sido castigados. Por ejemplo, a tres sargentos que denunciaron irregularidades sobre la detención y expulsión de niños marroquíes de Ceuta les fueron impuestas medidas disciplinarias'.

El informe de AI concluye con 'un llamamiento a las autoridades españolas para que elaboren, adopten y pongan en práctica una estrategia nacional y un plan de acción para combatir todas las formas de racismo. Estas herramientas deben incluir medidas específicas para prevenir la tortura y los malos tratos, así como cualquier manifestación de racismo durante la administración de la justicia'.

'Las autoridades españolas deben decidir si la identidad del país en el siglo XXI va a estar basada en actitudes racistas o en la tolerancia de la diversidad y el respeto a los Derechos Humanos', declaró Fleming.

Seis muertes en custodia y cinco ataques sexuales en comisaría

El informe de Amnistía Internacional (AI) señala que al menos veintiocho personas murieron bajo custodia de la policía o de la Guardia Civil sólo entre enero de 1999 y octubre de 2000.

'Ciertamente, el hecho de que extranjeros e integrantes de minorías étnicas se encuentren en esta lista no indica a priori la existencia de motivación racial, pero la revelación de que varias de estas personas habían sido detenidas por la policía para revisarles sus documentos de identidad sugiere que su muerte podría haber estado basada en la tipificación racial. Algunas de estas muertes estuvieron acompañadas de acusaciones de maltrato o uso excesivo de la fuerza'.

Entre los seis casos que detalla el informe figura el de Julienne Danielle, nigeriana de veinticuatro años que la noche del 2 de diciembre de 1998 fue hallada ahorcada en una celda de la Guardia Civil en Ceuta. Estaba embarazada de siete meses.

También en una celda de la Guardia Civil de Ceuta fue hallado colgado el 22 de noviembre de 2000 el cadáver de Mustafa Hajjaj, residente francés de origen marroquí.

La relación incluye a Antonio Fonseca, de Guinea-Bissau, que falleció esposado en la comisaría de Arrecife (Lanzarote) el 20 de mayo de 2000 tras una detención accidentada.

También figura Ignacio Jiménez Hernández, gitano de veintiocho años, que murió el 31 de julio de 1999 en un hospital de Vitoria por coma asmático tras ser detenido por la policía municipal.

La lista sigue con Yusef R., marroquí de veinte años que falleció el 8 de agosto de 2001 en el hospital de Ceuta, hora y media después de ser detenido en la frontera del Tarajal por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Por último, relata el caso de Essa Marong: nacida en Gambia, de cuarenta años, murió en Lleida estando bajo custodia de los Mossos d'Esquadra veinticuatro horas después de su detención.

Asaltadas

El informe de AI documenta seis casos de extranjeras supuestamente violadas o asaltadas sexualmente en comisarías.

Elisabeth C., colombiana de diecisiete años, denunció en febrero de 1995 haber sido sometida a abusos sexuales cuando estaba detenida en la comisaría del aeropuerto de Barajas.

Malika Badra, marroquí, denunció en diciembre de 1996 haber sido violada por un policía en Melilla tras ser detenida.

Una mujer colombiana cuya identidad no ha trascendido denunció a un policía de Valladolid por obligarla a hacerle una felación.

Rita Margarete Rogerio, brasileña, fue detenida el 29 de agosto de 1995 por la policía en Bilbao; denunció haber sido violada por un agente uniformado.

Teresa Simónica Matos Bagra, colombiana, denunció haber sido atacada sexualmente el 24 de septiembre de 1994.

Miriam Verástegui, peruana, denunció intento de violación tras ser detenida en Madrid por carecer de documentación en regla.

ANA DEL BARRIO

MADRID. Miriam Verástegui, peruana de treinta y dos años, fue agredida sexualmente mientras permanecía detenida; Benaissa Belaouni, marroquí con residencia legal en España, fue golpeado por seis agentes con porras de goma, patadas y puñetazos cuando era arrestado; Antonio Augusto Fonseca, natural de Guinea-Bissau, falleció bajo custodia policial en Lanzarote; Karim Bouitali, de nueve años, fue abandonado junto con ocho niños marroquíes en la frontera con Marruecos y Melilla.

Estos sucesos y muchos más fueron denunciados por Amnistía Internacional (AI) en el informe España. Crisis de identidad: tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado, presentado ayer mundialmente. Esta organización denuncia más de trescientos veinte casos de agresiones con componente racista, desde 1995 hasta 2002, a personas de diecisiete países por parte de las Fuerzas de Seguridad españolas.

"Los casos documentados demuestran un esquema de violación, por parte de agentes del Estado, de los derechos de los inmigrantes. La discriminación de estas personas, tolerada por las autoridades, las hace ser más vulnerable", manifestó Gilliam Fleming, investigadora de AI. En su opinión, el documento no quiere decir que el problema en España sea más grande que en otros países de Europa. "Sin embargo, España, que ostenta la Presidencia europea, tiene un papel importante a la hora de asegurar la conformidad con las normas europeas sobre la discriminación racial", matizó.

Así, Fleming manifestó su sorpresa por que el Gobierno español haya enviado a la ONU y al Comité Internacional contra la Tortura dos informes en los que afirma que los casos de racismo en nuestro país son aislados y que han desaparecido las denuncias por esta causa.

Para Amnistía Internacional, está en juego la identidad de España en el siglo XXI y pregunta "si va a estar basada en actitudes racistas, o en la tolerancia a la diversidad y respeto a los Derechos Humanos".

En su duro diagnóstico, esta organización muestra su preocupación por la muerte de seis inmigrantes y por la agresión sexual a ocho mujeres extranjeras durante el periodo de custodia policial.

Muchos de estos casos han quedado sin resolver, ya que las investigaciones no se han realizado con la suficiente minuciosidad e imparcialidad exigida por la ley, según censura Amnistía Internacional.

Por último, el informe critica las deportaciones de marroquíes, muchas veces "en condiciones inhumanas" y la de los niños magrebíes en Ceuta y Melilla, repatriados y, en ocasiones "maltratados", sin compañía de padres ni tutores.

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