CRISTOBAL GARCIA Y RODOLFO VILLALBA. CORRESPONSALES.

Las autoridades de Estados Unidos consideran a la frontera entre Sonora y Arizona como la "más sangrienta", porque en ella se produce el mayor número de muertes de indocumentados, dio a conocer el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), del vecino país.

Un estudio realizado por la dependencia, al que tuvo acceso La Jornada, reveló que durante los tres años recientes han perecido mil doscientos aspirantes a indocumentados en la zona mencionada, de los cuales la mayoría eran mexicanos.

El documento indicó que al término del año fiscal estadunidense correspondiente a 2001, que concluyó en septiembre pasado, el SIN reportó un total de trescientas veintidós muertes entre migrantes, cien de ellas sobre los límites entre Arizona y Sonora, región que constituye la "frontera más sangrienta", debido a que incluye una zona desértica que frecuentemente utilizan polleros para cruzar personas.

El SIN añadió que a partir de los atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre pasado en territorio estadunidense, la Patrulla Fronteriza incrementó su personal en más de mil doscientos agentes, de los cuales cuatrocientos cincuenta custodian el área de Arizona.

La dependencia abundó que esta intensa vigilancia ha obligado a polleros y migrantes a tomar rutas cada vez más peligrosas, y el desierto es la opción más utilizada por los traficantes de personas, de ahí que muchos aspirantes a indocumentados, al rezagarse del grupo son abandonados, y perecen debido a que carecen de agua y alimentos.

Rob Daniels, portavoz de la Patrulla Fronteriza en el Sector Tucson, Arizona, sostuvo por otra parte que se ha incrementado el número de migrantes que intentan cruzar la frontera con documentos falsos. Añadió que desde que se estableció en Arizona la llamada Operación Guardián, el número de agentes fronterizos se ha duplicado, así como también las muertes de migrantes.

ALBERTO NAJAR y ARTURO CANO

Esta mañana algo cambiará en la barda que separa a México de Estados Unidos. Los catorce mexicanos muertos en el desierto de Yuma -y los otros trescientos treinta que han perecido desde entonces- serán recordados por grupos de defensa de los migrantes en Tijuana.

Una cinta amarilla con la leyenda "Crime scene", como la usada por la policía en el vecino país para delimitar la escena de un crimen, será colgada en los dientes de la barda metálica, justo sobre las cruces que recuerdan a los centenares de migrantes muertos desde que arrancaron la Operación Guardián y sus similares.

"El que un pollero abandone a migrantes es criminal, pero también lo es que la Patrulla Fronteriza los canalice hacia el desierto", dice Claudia Smith, directora del proyecto fronterizo de la Fundación de Asistencia Rural Legal de California.

La cinta amarilla recordará a los catorce veracruzanos muertos en el desierto, cuyos cadáveres fueron hallados justo el 22 de mayo de hace un año.

La conmemoración servirá para recordar que un mes después de la tragedia de Yuma los Gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron que tomarían medidas para salvar las vidas de los indocumentados.

Sin embargo, sostienen grupos de Derechos Humanos, las muertes registradas en un año, pese a que se ha reducido el flujo migratorio, indican que el esfuerzo de ambos Gobiernos "ha sido una campaña preventiva sin mayor éxito".

Según cifras de Claudia Smith, que cita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo que va del año han muerto setenta migrantes y el inicio de la temporada de calor hace temer que la situación empeorará.

El año pasado, dice el reporte de la fundación, "las autoridades mexicanas registraron un total de trescientas ochenta y cuatro muertes ocurridas durante el cruce en la frontera norte, de las cuales doscientas sesenta ocurrieron después del 22 de mayo, fecha en que falleció el grupo de catorce".

Y no hay nada que permita "vislumbrar un mejor escenario", dado el empantanamiento de la negociación bilateral migratoria.

En las muertes de mexicanos en la frontera no hay ningún misterio. Desde organizaciones defensoras de migrantes hasta la Contraloría del Congreso estadunidense han demostrado con datos concretos que los decesos se deben a las políticas migratorias de Estados Unidos, que orillan a los indocumentados a cruzar por zonas cada vez más riesgosas. El mismo presidente Vicente Fox así lo admitió, en junio pasado, al hablar ante el Consejo Nacional de La Raza. Pero el tema ha estado ausente de otros pronunciamientos del Gobierno mexicano, en los recientes meses empeñado como está en levantar la bandera de la universalidad de los Derechos Humanos.

Mientras, la cifra de muertos crece. Y algunos sostienen que puede ser mayor debido a que las mismas autoridades estadunidenses reconocen que muchos de los cadáveres son hallados mucho tiempo después.

Peor aún, tampoco se tienen cifras de los muertos del lado mexicano, que según Smith cada vez "son más y más".

Un Gobierno "intolerante"

Héctor Román Castillo, vecino de Mexicali, cruzó el canal a nado y dispuso su andar hacia Las Palmas, en Caléxico, donde muchas otras veces había conseguido trabajo. Pero quiso su mala fortuna que él y otros indocumentados se toparan con un agente de la Patrulla Fronteriza. Pistola en mano, el agente les marcó el alto. Héctor se dio la vuelta y quiso volver sobre sus pasos al lado mexicano. No pudo. Una bala le dio en los glúteos y le causó severos daños internos. Testigos presenciales dijeron que los agentes estadunidenses cubrieron a Román Castillo con una sábana y tardaron media hora en subirlo al vehículo que lo llevaría al hospital. (En otra versión, Héctor Román fue baleado porque amenazó al agente con piedras y un puñado de tierra).

El Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) se apresuró a proteger a su agente y las autoridades mexicanas hicieron las preocupadas declaraciones de rigor. Una actitud que se ha vuelto norma, pese a que cada día muere al menos un mexicano del lado estadunidense (de los que fallecen de este lado no hay cuenta oficial).

La respuesta del gobierno mexicano ante las agresiones a connacionales está lejos del duro tono que Vicente Fox, como candidato, y luego como Presidente, ha utilizado al abordar el tema: "(Mi Gobierno) será intolerante y exigente para que se respeten los Derechos Humanos de los migrantes. No importa que sean legales o ilegales, estaremos de su lado", dijo, por ejemplo, un mes antes de resultar triunfador en los comicios de 2000.

¿Dónde está el Gobierno "intolerante"?

"A los riesgos de morir congelado, insolado o ahogado, en el intento de cruzar la frontera, vuelve a sumarse el de ser ultimado por la Patrulla Fronteriza en un intercambio de 'balas por piedras'", sostiene el Proyecto Fronterizo de la Fundación de Asistencia Rural Legal de California, al referirse al caso de Román Castillo y otros similares. Los ejemplos abundan.

El 21 de agosto pasado, por ejemplo, fue baleado un indocumentado mexicano por agentes de la Patrulla Fronteriza en Sells, Arizona, dentro del territorio de la nación indígena de Tohono O'odham.

El 28 de enero de este año otro elemento de la Patrulla Fronteriza disparó sobre la espalda de Arturo Rosas Carmona, cuando intentaba regresar a territorio mexicano en la frontera Douglas-Agua Prieta.

Las agresiones de agentes de la Patrulla Fronteriza contra migrantes, sostienen organizaciones defensoras, constituyen ya "una tendencia alarmante", pese a que los Gobiernos de Estados Unidos y México publicitaron ampliamente un acuerdo "para minimizar las fatalidades".

El anuncio, hecho dos semanas después de la tragedia de Yuma, incluía la sustitución de las armas de fuego por equipo "no letal y disuasivo". En realidad, se trataba de un plan piloto que involucraba sólo a un puñado de agentes de la Patrulla Fronteriza. Los ocho mil quinientos restantes seguirían usando las armas de siempre.

Expertos han sugerido que el Gobierno de Fox debe llevar las agresiones a mexicanos a tribunales internacionales, para demandar la extradición de los responsables.

El "sexenio del migrante"

Las cifras del Gobierno federal indican que la corrupción y el maltrato a los "paisanos" en el territorio nacional han disminuido. A pesar de ello, al presidente Vicente Fox le llovieron reclamos cuando visitó Nuevo Laredo, Tamaulipas, en diciembre pasado, para supervisar el Programa Paisano. El presidente capoteó el temporal: "Las denuncias son muy importantes para que podamos hacer bien nuestra tarea; es muy difícil que estemos en la jugada en todas las ocasiones y en todos los lugares", dijo. De paso, declaró que el suyo es "el sexenio del migrante".

El optimismo oficial se mantiene. El 4 de febrero el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Felipe Preciado Coronado, informó que han sido despedidos ochocientos trabajadores de la dependencia por estar involucrados con bandas de polleros.

La labor de "limpieza" ha alcanzado al Grupo Beta, dedicado a la protección de los migrantes: decenas de sus agentes han sido despedidos, algunos por estar involucrados con bandas de traficantes de indocumentados. Las bandas que, se recordará, fueron señaladas como las únicas responsables de la muerte de los mexicanos en el desierto. Las bandas a las que se declaró la guerra hace un año.

Uno de los polleros que llevaron a los veracruzanos a la muerte, Jesús López, fue sentenciado a dieciséis años de prisión en Estados Unidos. Otros dos están presos en México. Pero los jefes de la banda, que siguen en Veracruz, no han sido tocados.

Un guiso muy lento

Hace unos días, de nuevo en Estados Unidos, el presidente Fox volvió a reclamar la legalización de los mexicanos indocumentados. "Es la única solución verdadera al problema", dijo (La Jornada, 10 de mayo).

¿Y mientras llega tal solución?

El 11 de septiembre del año pasado, el presidente del Colegio de la Frontera Norte, Jorge Santibáñez, trazaba en Tijuana su perspectiva después de los ataques terroristas y consideraba que, en la estrategia del Gobierno foxista, un acuerdo de seguridad fronteriza tardaría en "cocinarse" entre cuatro y seis años. Y preguntaba:

"¿Qué significa ese plazo? Probablemente unos dos mil muertos más en la frontera, cuando tendríamos que hacer algo antes del próximo invierno."

En un mapa, el poblado más cercano al lugar donde fueron hallados los catorce cadáveres el año pasado se llama Why (¿Por qué?): "Esa es la interrogante en lo referente a cada una de las ya casi dos mil muertes producidas en la frontera norte desde 1995, cuando se pusieron en marcha los nuevos operativos", dice Oscar Escalada, de la coalición bajacaliforniana de albergues para migrantes.

Hoy, las campanas de la Catedral de Tijuana repicarán catorce veces, una por cada migrante muerto en Yuma. Serán las campanadas del "sexenio del migrante".

La Jornada

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