J. M. M. F. Barcelona.

La concesión de conciertos educativos a centros que practican la segregación de sexos -sólo chicos o sólo chicas- ha sido objeto de polémica desde hace tiempo. Los sucesivos Gobiernos socialistas evitaron otorgar estas subvenciones, pero la llegada del PP al poder abrió la puerta a estos centros, relacionados en gran medida -cuando no propiedad directa- con el Opus Dei a pedir el concierto educativo a la Administración correspondiente.

El Ministerio de Educación, dirigido por Esperanza Aguirre, que todavía ostentaba competencias educativas en buena parte de España, no tardó en aplicar este nuevo criterio.

En 1997 otorgó el concierto educativo a tres colegios privados asturianos: Valmayor (femenino), Peñaubiña (femenino) y Los Robles (masculino), regentados por Fomento de Centros de Enseñanza que también logró concertar otros dos centros segregados en la Comunidad Valenciana, junto a otros dos del Opus Dei.

El sindicato UGT recurrió por la vía contencioso-administrativa alegando que la Constitución y la legislación en materia de Educación prohibían este tipo de discriminación, pero la Audiencia Nacional dictó una sentencia el 20 de diciembre de 1999 en la que consolidó la posibilidad de segregar los alumnos y recibir fondos públicos al mismo tiempo.

Libre elección

La citada sentencia establecía, por un lado, el principio de que 'no se produce discriminación' al separar los sexos, en tanto que los padres de los alumnos disponen en la misma zona de numerosa oferta alternativa a este modelo segregado.

Pero además, apoyándose en un real decreto de 1997 que regula la elección de centro educativo, que a su vez, reproduce el artículo 20.2 de la Ley Orgánica del derecho a la Educación (LODE), que la separación de sexos no constituye segregación. El citado artículo 20.2 dice exactamente: 'En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento'. En su pura literalidad, no menciona el sexo.

Sin embargo, el apéndice 5 sobre admisión de alumnos matiza que 'en los centros sostenidos con fondos públicos' serán admitidos 'todos los alumnos, sin más limitaciones que las derivadas de los requisitos de edad y, en su caso, de las condiciones académicas exigidas para iniciar el nivel o curso al que se pretenda acceder'.

UGT ha recurrido la sentencia ante el Constitucional, pero, mientras tanto, varias decenas, tal vez medio centenar de centros del Opus Dei o de grupos próximos, han conseguido acceder a la financiación pública. Una condición de la que es muy difícil ser excluido una vez se está dentro.

La Ley de Calidad avala la posibilidad de que haya escuelas exclusivas para cada sexo

Educación frustra un intento de acabar con la segregación de género en la admisión de alumnos

CARMEN MORÁN. Madrid.

Las leyes educativas (LODE, LOGSE) recogen que las razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento no podrán ser motivos de discriminación para admitir a los alumnos en los centros escolares. No se habla de sexo, de tal forma que puede haber colegios de niños y de niñas. El Consejo Escolar del Estado aprobó ayer una enmienda de los representantes del Ministerio de Educación presentada ex profeso para que esa situación siga idéntica. Con ello revocaban un informe aprobado previamente en el que se proponía que el sexo no fuera motivo de discriminación en ningún caso.

La semana pasada la Comisión de Dictámenes y Estudios del Consejo Escolar del Estado aprobó un informe en el que se hacían distintas sugerencias para modificar el texto de la nueva Ley de Calidad de la Educación. Entre ellas se proponía al Ministerio de Educación que retocara el artículo 68.6 para que el sexo de los alumnos no pudiera ser motivo de discriminación para matricularse en los centros escolares. Esa salvedad suponía la prohibición de los centros exclusivos para niños o niñas.

El siguiente paso fue la reunión, el martes, de la Comisión Permanente del Consejo Escolar, un nuevo foro en el que la mayoría de sus miembros se inclinó por apoyar las enmiendas introducidas por los representantes del Gobierno, de tal forma que echaron abajo buena parte de lo aprobado la semana anterior. La cuestión del sexo fue una de ellas.

Los representantes del ministerio, Juan Ángel España, director general de Cooperación Territorial y Alta Inspección, y José Luis Mira, director general de Formación Profesional, presentaron la enmienda, que se aprobó con diez votos contra siete, por la que el sexo de los escolares ya no se incluye entre las razones que impiden discriminar al alumnado al matricularse en los centros.

En la actualidad hay colegios privados de niños y de niñas y las organizaciones de izquierda con representación en el Consejo Escolar no quieren que esta segregación se produzca en los centros sostenidos con fondos públicos.

'Y eso puede ocurrir si se conciertan esos centros privados. La idea de los niños con los niños, las niñas con las niñas, profundizará la desigualdad de género', explicó ayer la presidenta de la confederación laica de padres de alumnos (CEAPA), Eulalia Vaquero, miembro del Consejo Escolar.

Los representantes de UGT, CC.OO., la Confederación laica de padres (CEAPA) y la de alumnos CANAE, se opusieron a esta enmienda del Gobierno, pero los votos de estas organizaciones no pudieron contra los del Gobierno, la Confederación católica de padres (CONCAPA), la patronal privada de centros CECE, la confederación de alumnos CES, los empresarios de la CEOE, el vicepresidente el Consejo, Ramón Pérez Juste, sindicatos de línea conservadora y dos profesionales de reconocido prestigio, María Rosa de la Cierva y de Hoces y María Dolores de Prada Vicente.

Así sucedió con casi la totalidad de las sugerencias que recogía el primer informe del Consejo Escolar del Estado. Una enmienda tras otra fueron modificándolo, o dejándolo como estaba redactado en la Ley.

Las organizaciones de izquierda se quejaron de que no se había recogido ninguna enmienda 'importante' de las que presentaron el martes.

Es el caso de los itinerarios, sobre los que se levantaron algunas dudas sobre su constitucionalidad y se propusieron sugerencias en el primer informe del Consejo Escolar. En ese informe se pedía que se aclarara en la Ley qué asignaturas tendría cada itinerario, cara a la obtención del título, y si la variedad de vías educativas no impediría respetar el derecho a una educación igual para todos en la etapa obligatoria. Los representantes del Gobierno ganaron una enmienda en la que se rechazaba hacer más concreciones a la Ley.

La Confederación católica de padres introdujo una enmienda para que los padres tengan la posibilidad de 'asociarse para colaborar en la mejora de la educación de sus hijos'. Y otra en la que se pide que se cree en el Ministerio un centro de recursos educativos para la familia.

La sesión del martes empezó a las diez de la mañana y acabó a media noche. Se discutieron 'a toda prisa' más de seiscientas treinta enmiendas, según explicó Eulalia Vaquero, de CEAPA.

El País

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