FELIPE CUNA. Especial para EL MUNDO.

NUEVA YORK. El Congreso y las agrupaciones en defensa de las libertades constitucionales de los estadounidenses han reaccionado con cautela y temor al anuncio de que el FBI podrá espiar a los estadounidenses, inmiscuirse en sus reuniones en la iglesia y su mezquita, asistir a sus mítines políticos y husmear sus correos electrónicos y chats en busca de terroristas.

El nuevo FBI que combatirá a partir de ahora al terrorismo se ha convertido en una CIA para andar por casa: una agencia interna de seguridad y espionaje con poderes ilimitados para llamar a la puerta de cualquier persona que levante sospechas aunque no haya nadie ni nada que la relacione con una trama terrorista.

"Los estadounidenses no se han olvidado de los abusos de las libertades civiles cometidas en los años sesenta y setenta bajo el argumento de luchar contra el crimen. Ahora debemos asegurarnos de que las libertades civiles no son puestas en peligro", ha comentado Dennis Kucinich, un congresista demócrata de Ohio.

La Unión Norteamericana para las Libertades Civiles dice que el FBI ya tiene suficientes poderes para abrir casos contra supuestos terroristas y que simplemente está utilizando el miedo existente desde el 11 de Septiembre para actuar más ampliamente y sin control.

Larga historia

El FBI tiene una larga y tormentosa historia de espiar y perseguir a grupos políticos que se salen del rígido corsé que imponen los partidos demócrata y republicano.

En los años cincuenta atormentó a las personas que algún día habían hablado bien del comunismo; en los sesenta espiaron a los opositores a la Guerra de Vietnam, vigilaron estrechamente al presidente Kennedy y a las mujeres que lo rodeaban y a los líderes religiosos de raza negra; y en los setenta vigilaron a periodistas y funcionarios que guardaban secretos de Estado.

El temor a que J. Edgar Hoover, el mítico director del FBI, se convirtiera en un presidente en la sombra por sus ilimitados poderes obligó a la agencia federal a autoimponerse una serie de normas para dejar en paz a los ciudadanos.

"Lo único que quieren hacer ahora es retirar todos los límites que existían desde los setenta y que fueron puestos en práctica para acabar con los abusos", mantiene Kate Martin, la directora del Centro para los Estudios sobre la Seguridad Nacional.

Unos poderes que ahora John Ashcroft, el fiscal general, ha desempolvado y que preocupan especialmente a los estadounidenses de origen árabe.

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Madrid, 31 de mayo. Organizaciones de defensa de los consumidores europeos, partidos políticos minoritarios -como los Verdes e Izquierda Unida-, asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y grupos industriales recibieron con severas críticas la iniciativa aprobada en la víspera en el Parlamento Europeo, que permite a los Estados de la Unión Europea (UE) obligar a las empresas de telecomunicaciones a retener y rastrear información de sus clientes por "motivos de seguridad nacional".

Los atentados del pasado 11 de septiembre en Nueva York y Washington desataron un endurecimiento mundial de las medidas de vigilancia en prácticamente todos los sectores sociales, transformación liderada por el Gobierno de George W. Bush y a la que se sumó la UE.

Entre las medidas aprobadas, de cara a estrechar la vigilancia ante futuros "ataques terroristas", la Comisión de Libertades de la Eurocámara aprobó una iniciativa que otorga plenos poderes a los diversos Gobiernos para acceder a la información que requiera de los clientes de empresas de telefonía, celular y fija, y de Internet.

Los diputados europeos que apoyaron la medida -únicamente los derechistas Partido Popular (PP) y Socialista Obrero Español (PSOE), los dos principales bloques de la Cámara- defendieron esta iniciativa, ante la "amenaza de la seguridad nacional" puesta de manifiesto tras las acciones terroristas y actos similares en territorio europeo.

Sin embargo, el documento tiene poco que ver con el texto inicial redactado por el europarlamentario del partido radical italiano Marco Cappato, quien ante las modificaciones aprobadas decidió retirar su nombre del documento, al considerar que esta medida significará una "restricción de las libertades individuales más elementales".

Esta iniciativa fue objeto de estudio de las autoridades comunitarias desde 1999, cuando el auge de Internet y de las telecomunicaciones obligaron a los legisladores a establecer medidas de regulación y vigilancia, pero entonces la principal preocupación era el envío no deseado de publicidad o la confidencialidad de algunos datos.

Sin embargo, la medida dio un viraje tras las enmiendas defendidas por la eurodiputada del PP español Ana Palacio, quien destacó la pertinencia de que los Estados controlen la información que circula en la red y en la telefonía celular.

Ante el cambio radical del texto original, más de cincuenta organizaciones y miles de ciudadanos potencialmente afectados censuraron la medida y enviaron una carta de protesta que fue firmada por más de veinte mil personas.

El propio Cappato mandó una misiva a los europarlamentarios para que votaran "en conciencia" y no apoyaran la iniciativa, ya que en su opinión implica un grave riesgo para la integridad de uno de los valores esenciales de la democracia: la libertad de información.

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