JOSÉ YOLDI. Madrid.

El abogado Joan Garcés, en nombre de Laura González-Vera, la viuda del español Carmelo Soria, torturado y asesinado el 14 de julio de 1976, en plena dictadura militar chilena, solicitó ayer la nulidad del auto de la Audiencia Nacional que, basándose en el auto del Supremo sobre el caso Otegi, revocó la apertura de un procedimiento penal contra Herman Julio Brady Roche, que fue ministro de Defensa en Chile en 1976 y estaba al mando de las tropas que supuestamente torturaron y asesinaron a Soria. Aprovechando el auto, el argentino Adolfo Scilingo reclamó ayer su libertad.

El auto de la Audiencia, resolviendo un recurso de queja del fiscal, declaraba en esencia que los tribunales españoles no tienen competencia para juzgar hechos ocurridos en Chile en 1976, porque deberían ser juzgados en Chile.

Y llegaba a esa conclusión tras interpretar el auto del Tribunal Supremo que rechazaba perseguir al dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi, que gritó Viva ETA en un mitin en Francia. El Supremo rechazaba la persecución de Otegi en España por entender que la apología del terrorismo no es terrorismo, es decir, que no hay que confundir el aplaudir un delito con el delito en sí, mientras que la Audiencia Nacional considera que lo único que hizo el Supremo fue aplicar restrictivamente el criterio de la territorialidad de las leyes penales.

Las consecuencias de la resolución pueden ser importantes y afectar al caso que el juez Baltasar Garzón tramita por delitos de genocidio, terrorismo y torturas contra los militares de las dictaduras argentina y chilena. Y de hecho, el único preso por el procedimiento que se sigue por el genocidio argentino, Adolfo Scilingo, solicitó ayer su puesta en libertad basándose en que la justicia española no tiene jurisdicción para juzgarle y, por tanto, tampoco para tenerle preso.

La viuda de Carmelo Soria, Laura González-Vera, mientras tanto, solicitó la anulación del auto de la Audiencia por entender que 'se ha prescindido de las normas esenciales de procedimiento con indefensión y se aprecian defectos de forma que implican ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin'. Al mismo tiempo anuncia la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El escrito solicitando la anulación del auto destaca que en Chile no se ha abierto ningún proceso contra el ex ministro y general Herman Brady por el asesinato de Soria, y que la Audiencia actuaba de acuerdo con el principio de subsidiariedad, es decir, que se actúa en España porque no se hizo en Chile. Así, recuerda que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA condenó en 1999 a Chile por denegación de justicia a Carmelo Soria.

Entre las irregularidades que han provocado indefensión, el escrito señala que la acusación no pudo pronunciarse sobre algunos aspectos porque no les fueron notificadas las resoluciones correspondientes. Además, el recurso de Garcés incide en que el auto recurrido carece de motivación y que la Audiencia no puede utilizar el auto de Otegi como base de su argumentación, puesto que no se trata de una resolución firme, no es una doctrina reiterada, no se refiere a hechos delictivos iguales o semejantes a los que se depuran en este caso y, en ningún caso, el auto del Supremo plantea la inaplicabilidad o derogación del artículo 23.4 de la ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge la aplicación de la jurisdicción universal a los delitos de terrorismo.

Garcés argumenta que los hechos imputados a Brady nada tienen que ver con un delito de opinión (apología del terrorismo) sino que constituyen delitos de 'genocidio, terrorismo y torturas masivas y sistemáticas'.

Por su parte, el juez Garzón afirmó ayer en México que la resolución del Supremo sobre Otegi no tiene por qué influir en otros procesos, informa Efe. 'Tengo que ser bastante parco en el tema porque mi juzgado es el que instruye estas causas', dijo.

'No puedo decir mucho más, pero creo que leyendo la resolución del Tribunal Supremo sobran comentarios. Es bastante clara y se refiere a apología del terrorismo'. La decisión de la Audiencia, 'no puede, desde mi punto de vista, invalidar la resolución del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre jurisdicción, por tanto los asuntos seguirán', concluyó Garzón.

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Madrid, 3 de junio. Familiares de ciudadanos españoles víctimas de la dictadura chilena presentaron hoy recursos de casación y nulidad contra la decisión de la Audiencia Nacional española de revocar la orden de prisión y detención contra el ex ministro de Defensa chileno Hernán Julio Brady, acusado de genocidio, terrorismo y torturas por el golpe de Estado y posterior dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile.

La viuda del diplomático español Carmelo Soria, por cuyo asesinato se encausó en España a Brady, interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la decisión de la Audiencia, informó el abogado de la acusación popular Joan Garcés.

La familia del asesinado sacerdote español Joan Alsina presentó un recurso de nulidad contra la misma decisión.

La sección tercera de la Audiencia Nacional decidió el viernes pasado archivar la querella contra Brady, presuntamente implicado en el asesinato del diplomático español de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en 1976, basándose en la "doctrina" aplicada por el Tribunal Supremo al archivar una querella contra el vocero y líder de la coalición vasca Arnaldo Otegi.

El pasado 30 de marzo, el dirigente abertzale (nacionalista), en un mitin político en Bayona, Francia, gritó como remate de su discurso: Gora Euskadi Eta Askatasuna (que en euskera significa "Viva el País Vasco en libertad" y que además coincide con las siglas de ETA).

Cabe destacar que el auto del tribunal sobre Otegi todavía no es firme, por tanto no puede sentar "doctrina" en la judicatura española, ya que está actualmente recurrido por el fiscal del Estado.

"La cuestión (en alusión a la orden contra Brady) no tendría mayor trascedencia de no ser por los novedosos criterios que parten de la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo y que se contienen en el auto de 23 de mayo de 2002, dictado en el conocido caso Otegi", sostienen los magistrados de la Audiencia Nacional, que además consideran que con base en esto "no puede hacerse aplicación extensiva del principio de extraterritorialidad de la ley penal española para perseguir hechos acaecidos en Chile hace más de veinticinco años, cuando el propio Tribunal Supremo nos da una pauta contraria, a la hora de enjuiciar hechos sucedidos en Francia el 30 de marzo de este año, consistentes en una de las conductas que más daño están haciendo a la sociedad española".

El documento en cuestión decidió archivar una querella criminal presentada por el Fiscal contra Otegi.

El equipo de la acusación particular y popular del caso Pinochet, en el que se encuentran Joan Garcés, Carlos Slepoy y Manuel Ollé, entre otros, manifestó su "sorpresa" ante una sentencia que tiene su origen, según analistas españoles, en "un ajuste de cuentas" dentro de la propia judicatura española, que tiene como protagonistas al juez de la sección tercera, Luis Martínez Salinas, beligerante con el caso Guatemala, quien manifestó su malestar por la sentencia del Supremo sobre Otegi.

Mientras se aclara la situación jurídica de los procesos de jurisdicción universal, la defensa del ex capitán de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), Adolfo Scilingo, detenido en España por su implicación en el genocido, las torturas y los asesinatos perpetrados por las Juntas Militares argentinas (1976-1983); anunció que solicitará la libertad de Scilingo basándose en el criterio adoptado por la Sección Tercera.

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