CARLOS E. CUÉ / TOMÁS BÁRBULO. Madrid.

La ONU está 'profundamente alarmada' por la situación de los menores inmigrantes en España. En un informe fechado ayer, su Comité para los Derechos del Niño exige al Gobierno 'medidas urgentes' para erradicar los 'malos tratos' por parte de funcionarios de la Administración, la 'saturación y las malas condiciones' de los centros de acogida, los 'fallos en la concesión de la residencia temporal', la 'denegación del acceso a la salud y a la educación' y las 'expulsiones sumarias'.

La ONU coincide con los recientes informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Defensor del Pueblo.

En un texto de once folios, titulado Observaciones finales del Comité de los Derechos del niño en España, la ONU utiliza un lenguaje inusualmente duro para exigir al Gobierno que solucione la situación de los menores inmigrantes desamparados, especialmente de los marroquíes que han entrado ilegalmente en Ceuta y Melilla.

'El Comité lamenta que algunas de sus recomendaciones anteriores no hayan sido escuchadas', y cita especialmente las referentes a los menores transfronterizos. En este sentido, formula cinco acusaciones que coinciden, punto por punto, con las expresadas en los últimos dos meses por Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) y el Defensor del Pueblo. Los informes de estas organizaciones humanitarias fueron rechazados en su momento tanto por el Gobierno central como por los de Ceuta y Melilla.

En esta ocasión, el Ministerio del Interior no ha respondido a las llamadas de EL PAÍS para que valorase el informe de Naciones Unidas. Fuentes de la Misión de España ante la ONU señalaron que la situación de los menores en las ciudades autónomas es 'un problema muy serio y complejo' y que se está trabajando para lograr una solución. Sobre otros puntos, se mostraron en desacuerdo con el texto y afirmaron que los expertos que lo redactaron no han estudiado suficientemente ni la legislación ni el sistema autonómico español.

Las cinco críticas sobre las que Naciones Unidas 'expresa su alarma' son las siguientes:

-Malos tratos de niños a manos de la policía durante las expulsiones forzadas a su país de origen. 'En algunos casos', añade, 'fueron deportados sin acceso a asistencia legal ni traductor'.

-Fallos a la hora de proporcionar a estos menores la residencia temporal a la que tienen derecho legal, y despreocupación de los departamentos de Asuntos Sociales, pese a que son sus tutores legales.

-Saturación y malas condiciones de los centros de acogida y casos de malos tratos por parte de los cuidadores y de otros niños.

-Denegación del acceso a la atención sanitaria y a la educación, a pesar de que la ley garantiza ambas.

-Expulsiones sumarias sin comprobar que efectivamente los niños retornan con sus familias o se hacen cargo de ellos organismos de acogida en sus países de origen.

Garantizar la educación

La ONU recomienda al Gobierno que adopte medidas urgentes para garantizar el acceso a la educación, la sanidad y la documentación. Le pide que dote a Ceuta y Melilla de los recursos financieros y humanos necesarios para hacerse cargo de los menores. Además, exige que las autoridades españolas se coordinen con las marroquíes para garantizar que los niños devueltos son acogidos por sus padres o por organizaciones sociales, y que impidan las expulsiones irregulares.

La ONU solicita una investigación eficaz sobre las noticias de malos tratos. También, que las autoridades ofrezcan a los niños información sobre sus derechos, incluida la posibilidad de pedir asilo; tomen todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida y de seguridad en los centros de acogida y entrenen adecuadamente a sus cuidadores; establezcan mecanismos para dar curso a las quejas de los niños sobre la forma en que son atendidos; ordenen revisiones regulares sobre el estado de los centros de acogida.

Por último, recomienda al Gobierno que considere la posibilidad de firmar y ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Inmigrantes y los Miembros de sus Familias. El Comité de Derechos del Niño recuerda que ya había hecho esta recomendación en análisis anteriores.

El informe aborda también la situación de menores inmigrantes en otros lugares de España: 'Hemos notado, con preocupación, su alto grado de absentismo escolar y fuertes dificultades de integración. Algunos niños, y especialmente las niñas, no completan su educación obligatoria o tienen graves dificultades para seguir las clases'.

La ONU expresa su preocupación por los informes sobre mutilaciones genitales a mujeres de origen subsahariano y pide al Ejecutivo que elabore un estudio en este sentido.

Asimismo se refiere a los retrasos en la reunificación familiar de los refugiados legalmente reconocidos y en especial en la entrega de visados por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.

'Los niños proceden de familias rotas y con una situación económica precaria'

MANUEL ALTOZANO. Madrid.

El pasado mes de marzo, el Defensor del Pueblo dio un fuerte tirón de orejas al Gobierno por el procedimiento seguido para la repatriación de menores marroquíes indocumentados en Ceuta y Melilla.

En sus investigaciones, la institución comprobó cómo en los expedientes de reagrupación de los menores no constaba documento alguno que certificase las gestiones realizadas para localizar a sus familias o los contactos con los servicios de protección de menores de Marruecos, como prescribe la normativa sobre extranjería.

Según el Defensor del Pueblo, la única justificación de las devoluciones de los menores se contenía en un 'párrafo modelo' con que contaban todas las resoluciones de reagrupación familiar, en el que se decía que ésta era procedente 'al ser el entorno familiar el mejor para el desarrollo de los menores'. Sin embargo, la institución consideraba 'obvio' que en la mayoría de los casos 'los menores proceden de familias rotas y con una situación económica precaria'.

El Defensor criticaba que, de forma sistemática, los menores fueran entregados en la frontera marroquí. 'La policía de fronteras a la cual se entrega el menor no se ocupa de él ni efectúa contacto alguno con su familia', argumentaba el informe, que recordaba que 'con notoria frecuencia' los menores regresaban a España poco tiempo después de haber sido repatriados.

A pesar del fracaso de la medida de reagrupación que supone la vuelta del menor, las autoridades no realizaban un nuevo estudio del caso, sino que volvían a ordenar la entrega de los menores a la policía marroquí días después. Según el Defensor, ese 'automatismo en las repatriaciones' vuelve a dejar al menor en situación de desamparo, que es lo que la ley trata de evitar al ordenar la acogida.

La institución señalaba también la escasa relevancia que se daba en las repatriaciones 'a la misión del Ministerio Fiscal'. Según sus argumentaciones, las comunicaciones con esa institución 'se consideraban como un trámite meramente formal' y sólo se le daba cuenta del procedimiento el mismo día en que se acordaba la reagrupación familiar y la entrega en la frontera, haciendo imposible la revisión de las actuaciones y el recurso. El informe recogía también una queja de la fiscalía de Málaga -de la que depende Melilla- que denuncia 'la tardía comunicación de las repatriaciones', la falta de audiencia a los menores, la inexistencia de resoluciones recurribles y la entrega de los niños 'a instancias distintas de su familia o los servicios sociales' de Marruecos.

El informe pide que se reduzca la pena a jóvenes terroristas

T. B. / C. E. C. Madrid.

La ONU muestra en su informe sobre la situación de los menores en España su preocupación por que la reforma del Código Penal en materia de Terrorismo que el Gobierno aprobó en 2000 eleva hasta 10 años las penas previstas para los adolescentes acusados de delitos de terrorismo, además de aumentar el periodo que la policía puede tenerlos incomunicados.

El texto añade que al Comité para los Derechos del Niño le preocupa también el hecho de que la privación de libertad no se usa en estos casos como último recurso, y añade que muchos centros de detención están saturados.

El Comité para los Derechos del Niño recomienda que en estos dos puntos se modifique la Ley, para reducir tanto la pena máxima como el tiempo de incomunicación de los menores en las comisarías. Pide además que se busquen para éstos medidas alternativas a la entrada en prisión.

El informe se alegra de la aprobación de la Ley del Menor, que considera positiva, pero se queja de que los medios que el Ejecutivo ha puesto para desarrollarla son muy insuficientes. Por eso pide al Ejecutivo que disponga los recursos necesarios para que esta ley sea realmente efectiva.

También se refiere a la explotación sexual de los menores en otro apartado del texto, para concluir que en los suburbios de algunas ciudades y en las zonas de veraneo se puede comprobar que existe prostitución infantil y que ésta afecta sobre todo a los niños que están en la marginación. Por eso recuerda al Gobierno la necesidad de proteger a esos menores e impedir que se prostituyan, 'aunque lo hagan de forma voluntaria', y anima a desarrollar campañas de concienciación.

Discriminación de gitanos

El informe se detiene especialmente en la discriminación que, en opinión de la ONU, sufren los menores de raza gitana. Y relata las dificultades que tienen para acceder a la educación básica e incluso a los servicios sanitarios como los demás niños. Por eso el Comité 'urge con fuerza' a mejorar y desarrollar la legislación y las políticas necesarias para evitar que se discrimine a los menores pertenecientes a minorías étnicas, y especialmente a los gitanos.

La ONU alerta además sobre la existencia de trabajo infantil en España, y considera probado que es frecuente especialmente en los negocios familiares y en el campo. Se queja además de la falta de información que el Gobierno ofrece sobre este aspecto y le pide que estudie a fondo el problema.

Por último, el Comité se muestra preocupado por el alto nivel de consumo de alcohol, tabaco y drogas entre los menores y asegura que en España ni el alcohol ni el tabaco se perciben como un riesgo. Revela además que se ha observado un incremento de los embarazos no deseados.

El informe señala su inquietud por el aumento de las drogas y los embarazos no deseados. "No sabemos en qué se basa Naciones Unidas", responde el Gobierno.

M. T. BENITEZ DE LUGO. Especial para EL MUNDO.

GINEBRA. Pese a los esfuerzos realizados en los últimos años para respetar a los menores, España tiene que realizar aún muchos progresos para que no se violen los derechos de la infancia, según un informe presentado ayer ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU, reunido en Ginebra.

El informe, realizado entre 1994 y 1999 y actualizado para esta reunión, afirma que el acceso de los niños a los servicios públicos es desigual en algunas comunidades autónomas donde los menores que provienen de los grupos más marginales familias humildes, monoparentales, gitanos o hijos de emigrantes no tienen los mismos derechos.

La no discriminación, estipulada en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño, no es aplicada a los hijos de emigrantes (particularmente los sin papeles), los de origen gitano y los que carecen de compañía, sobre todo en Ceuta y Melilla. Estos no tienen el mismo acceso a los servicios de salud y de educación.

A pesar de las sugerencias previas, el informe indica que el artículo 154 del Código Civil, respecto al poder de los padres de "administrar castigos a sus hijos de manera razonable y con moderación", no ha sido revisado y pide que se prohíban expresamente los malos tratos corporales.

El Comité se preocupa por la temprana edad con la que se puede contraer matrimonio (14 años si hay consentimiento del juez) y por la diferencia entre el mínimo de edad en materia de derecho civil en las diferentes regiones.

España tiene un gran número de niños y adolescentes adictos a las drogas, particularmente las sintéticas, el alcohol y el tabaco.El tabaco y del alcohol están aceptados socialmente y no se consideran como un riesgo, precisa el informe, que se inquieta por el alto número de adolescentes que se quedan embarazadas.

Asimismo, se preocupa por los casos de mutilación genital practicados en España, sobre todo en niñas subsaharianas, y pide un estudio sobre la frecuencia de estas prácticas y una prohibición.

El aumento de la delincuencia y el fracaso escolar entre los niños gitanos, emigrantes y los marginados es subrayado por el informe, igual que los problemas de los hijos de los emigrantes para finalizar sus estudios y el impacto negativo del terrorismo en el desarrollo del niño.

En el caso de los niños sin compañía, principalmente marroquíes en Ceuta y Melilla, el informe destaca los malos tratos policiales y la deportación forzosa a su país de origen, la imposibilidad de darles residencia legal y la falta de espacio en centros de acogida y hospitales infantiles.

La falta de información sobre los casos de trabajo infantil en las explotaciones agrícolas y en los negocios familiares inquieta a la ONU, que pide al Ministerio de Asuntos Sociales y a UNICEF España un "diagnóstico sobre las formas de explotación juvenil".

Iñigo Palacio, representante de la misión española ante la ONU en Ginebra, declaró que hace unas semanas se presentó un informe actualizado, de cuarenta y siete páginas, que cubría el periodo 1999-2002 y que completaba el inicial, de doscientas cincuenta. "El informe ha sido mal entendido, la defensa ha sido positiva y el noventa por ciento de las recomendaciones han sido cumplidas", dijo.

También ayer, Teresa Mojín, directora general de Acción Social del Menor y de la Familia, dependiente de Asuntos Sociales, defendió el informe español, que fue examinado el pasado 4 de junio por los expertos de la ONU. "Naciones Unidas piensa que la descentralización implica desigualdad de derechos en función de cada comunidad autónoma, pero eso no es así y ya se lo dijimos. Los técnicos nos preguntaron si los niños gitanos estaban escolarizados y que si los padres participaban en su seguimiento. Les contestamos que financiamos programas y apoyamos a colectivos gitanos que luchan contra el absentismo escolar".

Mojín reconoció "un debate" sobre los niños en Melilla. "Les explicamos que la ley dice que si el menor no es reclamado por su familia o por el estado marroquí, lo tenemos que acoger. El problema es que Melilla ya no da abasto. La llegada de niños crece un setenta por ciento cada año. Sin colaboración entre ambos países la solución es muy difícil. Pero todo esto me extraña mucho, quedaron satisfechos de la reunión. No sé en qué se basa Naciones Unidas".

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