ROSA TOWSEND. Miami.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ayer inconstitucional la aplicación de la pena de muerte a los discapacitados mentales, reconociendo en su fallo que los tiempos han cambiado y la sociedad estadounidense está mayoritariamente en contra.

Fue un voto histórico pero no unánime. Los tres miembros más conservadores de los nueve magistrados de la máxima corte del país expresaron su desacuerdo con este fallo en términos poco usuales, criticando a sus colegas por haberse dejado influir 'por la opinión pública y la comunidad internacional'.

El presidente del Supremo, William Rehnquist, incluso se negó a utilizar el formulismo habitual en los fallos judiciales, que acaban con un 'respetuosamente', y concluyó su disensión diciendo: 'Con el convencimiento de que esta es una decisión seriamente equivocada, disiento'. Los otros dos magistrados que se opusieron fueron Antonin Scalia y Clarence Thomas, que habitualmente forman el núcleo ultraconservador del alto tribunal de Estados Unidos.

En nombre de la mayoría, el magistrado Paul Stevens sostuvo que 'es justo decir que se ha desarrollado un consenso nacional en contra, que refleja incuestionablemene la opinión de la mayoría sobre la relativa culpabilidad de los delincuentes discapacitados mentales'. En otro párrafo del dictamen escribía:

'Muchos condenados discapacitados distinguen entre obrar bien y mal, pero son más proclives a actuar por impulsos o ser convencidos por otros. Sus deficiencias no merecen una exención de castigo, pero disminuyen su culpabilidad'.

El fallo de ayer anuló otro del propio Tribunal Supremo de 1989, que consideraba que la pena capital no era un castigo 'cruel e inusual' para los discapacitados mentales, y que ha estado vigente hasta ahora en los treinta y ocho Estados en los que la pena de muerte es legal.

En 1989, sólo el Gobierno federal y dos de los cincuenta Estados prohibieron las ejecuciones de discapacitados mentales, mientras que en la actualidad son veinte. De los treinta y ocho Estados con pena capital, dieciocho la permitían hasta ayer.

Desde que la pena de muerte se restableció en Estados Unidos en 1976 al menos treinta y cinco personas con distintos grados de discapacidad mental han sido ejecutadas.

Se desconoce el número exacto de los discapacitados que están actualmente condenados, pero las organizaciones de derechos civiles sitúan la cifra entre doscientos y trescientos, entre el total de tres mil setecientos reos que aguardan en el corredor de la muerte en todo el país.

El fallo no liberará a los convictos de cumplir cadena perpetua, pero previsiblemente facilitará el que muchos condenados a muerte apelen sus casos aduciendo retraso mental.

Legalmente, en Estados Unidos se considera discapacitado a quien tiene un coeficiente mental inferior a 70 (el promedio normal es de 100). Daryl Renard Atkins, el condenado cuyo caso propició el dictamen de ayer, tiene un coeficiente de 59.

Atkins fue condenado por la muerte de un oficial de aviación al que secuestró con la ayuda de un cómplice para robarle en 1996. Después relató a la policía cómo le usurparon el dinero, le dispararon ocho veces y tiraron su cuerpo en un bosque, demostrando con ello, según la organización de derechos humanos Human Righs Watch, su incapacidad para entender la seriedad de los hechos y sopesar las ramificaciones de su confesión.

Celebración del fallo

Distintos sectores de la sociedad estadounidense celebraron ayer el fallo. Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, dijo que 'al menos hemos detenido una práctica que el resto del mundo considera abominable'. Y el congresista demócrata Russ Feingold la calificó como 'un giro extraordinario en el curso de la historia de nuestra nación'.

El fallo del Tribunal Supremo se produce en momentos en que el Congreso estadounidense estudia una reforma de la ley para impedir que se ejecute a personas cuya inocencia fue revelada cuando ya era demasiado tarde, como ha ocurrido en varias ocasiones. La propuesta asegura que los acusados tienen derecho a pedir pruebas de ADN y a una defensa legal apropiada para evitar atrocidades como la del abogado que se durmió durante un juicio en Tejas, en el que condenaron a muerte a su cliente.

JULIO A. PARRADO. Corresponsal.

NUEVA YORK. Uno de los aspectos más crueles de la pena de muerte en Estados Unidos ha sido finalmente prohibido. El Tribunal Supremo echó ayer marcha atrás, anuló una sentencia propia anterior y declaró inconstitucional la pena de muerte para discapacitados psíquicos.

El fallo afecta de forma inmediata a veinte Estados donde están permitidas estas ejecuciones, que habían sido declaradas legales en 1989.

Sin embargo, el Supremo dejó claro que no cuestiona la constitucionalidad de la pena de muerte, vigente en la mayor parte de los cincuenta Estados de la unión.

De acuerdo con estimaciones no oficiales, un diez por ciento de los tres mil setecientos presos que se encuentran en el pasillo de la muerte sufren algún tipo de tara mental.

"Han reconocido que la ejecución de los retrasados mentales viola los estándares de decencia que marcan el progreso de una sociedad madura", manifestó Steven Hawkins, de la Coalición Contra la Pena de Muerte.

Situación de los menores

Este grupo espera que ahora se estudie la situación de los menores de edad que fueron sentenciados a la pena capital. Actualmente, ochenta y tres adultos que cometieron el crimen cuando tenían menos de dieciocho años, aguardan su ejecución. Dos de ellos ya tienen la fecha fijada.

Desde 1976, son cuarenta y cuatro las personas con taras psíquicas que han sido ajusticiadas, principalmente en Texas, Virginia y Alabama. Este número podría ser superior, según la Coalición, ya que varios estados se niegan a realizar un examen previo de inteligencia a los condenados a muerte.

La última de las ejecuciones tuvo lugar en Oklahoma, en marzo del año pasado. Se trataba de Robert Clayton. Su sentencia se cumplió frente a los llamamientos, especialmente los de la Iglesia católica, que cayeron en los oídos sordos del gobernador local, el también católico Frank Keating.

La lucha para la eliminación de estas sentencias ha logrado que en dieciocho Estados donde se aplica la pena de muerte se haya prohibido la ejecución de personas con alguna discapacidad psíquica.

La decisión adoptada por el Tribunal Supremo no fue unánime. El triunvirato conservador, que está liderado por el juez Antonin Scalia, disintió de sus otros seis colegas.

Scalia es el más ferviente devoto católico dentro del Supremo y es miembro del Opus Dei, pero mantiene un enfrentamiento con las jerarquías católicas debido a la defensa que hace de la pena capital.

AFP

Washington, 20 de junio. La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió hoy, por seis votos contra tres, que ejecutar a enfermos mentales viola la Constitución del país.

El máximo tribunal decidió analizar la constitucionalidad de la aplicación de la pena de muerte a los retardados mentales, el 20 de febrero último, en relación con el caso de Daryl Atkins, de veinticuatro años, cuyo cociente intelectual fue evaluado en 59.

Atkins fue condenado a la pena capital por un tribunal de Virginia por haber secuestrado y matado a un militar estadunidense, Eric Nesbit, en 1996, cuando retiraba dinero de un cajero automático.

Al igual que los abogados de Atkins, la corte invocó la octava enmienda, que estipula que "no se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas elevadas ni se infligirán castigos crueles e inusitados".

La decisión revoca una resolución de 1989 que afirmaba que ejecutar a los retardados mentales no violaba la Constitución porque no existía un "consenso nacional" contra el procedimiento. En dieciocho de treinta y ocho Estados donde se aplica la pena de muerte se prohíbe la ejecución de deficientes mentales.

El conservador juez Antonin Scalia, al argumentar por sí mismo y por Clarence Thomas, dijo que "los síntomas de esta condición pueden ser fácilmente fingidos".

El presidente de la Suprema Corte, William Rehnquist, argumentó en una posición disidente separada, criticando a la mayoría por seguir a la opinión pública más que a la jurisprudencia.

Wayne Smith, director del Justice Project, que presiona en el Congreso por la abolición de la pena de muerte, dijo que la decisión es importante pero no suficiente. "Debemos seguir avanzando; la Suprema Corte y el Congreso deben reconocer que el sistema de la pena de muerte en Estados Unidos está dañado y debe ser reparado", dijo.

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