FERRAN SALES. Jerusalén.

Una veintena de familiares de terroristas suicidas, vecinos de Cisjordania, podrían ser deportados en las próximas horas a la franja de Gaza como medida de represalia y en un intento de disuadir a las organizaciones radicales palestinas.

La medida está siendo estudiada por los servicios jurídicos del Gobierno y del Ejército de Israel, que, impotente, trata de atajar los ataques contra la población civil.

Los planes de deportación han provocado la indignación de los grupos fundamentalistas, que amenazan con desencadenar nuevos ataques en los próximos días.

Fuerzas especiales del Ejército han llevado a cabo en las últimas horas una oleada de detenciones selectivas en las áreas de Nablús y Yenín, en el norte de Cisjordania, en el entorno familiar de los responsables de los dos ataques suicidas perpetrados esta semana en las cercanías del asentamiento de Emanuel y en la ciudad de Tel Aviv, que se han saldado con un total de doce muertos y más de medio centenar de heridos. Los detenidos se encuentran concentrados en un campo de detención cercano a Ramala.

El número de detenidos oscila entre veinte y veinticuatro, según diferentes fuentes. En su totalidad son varones, con edades comprendidas entre los diecinueve y los cuarenta y cinco años, parientes directos de un activista de Hamás, Nasser A Dine, el supuesto responsable del ataque contra el autobús de colonos en Emanuel, y de otro militante de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, Ali Ahmed al Ayuri, relacionado con el ataque suicida en Tel Aviv.

Al mismo tiempo que el Ejército detenía a estos palestinos, las tropas dinamitaban las casas de algunos de ellos en la aldea de Tel y en el campo de refugiados de Askar, cerca de Nablús.

El Ejército y el Gobierno tratan con estas medidas de disuadir a otros posibles activistas y debilitar al mismo tiempo el apoyo social que los protege y los empuja a llevar a término sus acciones.

La solución cuenta con el apoyo incondicional de los sectores ultras del Ejecutivo, mientras que el ala moderada, encabezada por el ministro de Exteriores, Simón Peres, reclama un 'fundamento legal' para llevar a cabo estas deportaciones sin que ello suponga correr el peligro de verse acusado ante un tribunal internacional de justicia.

Las objeciones de los sectores moderados del Gobierno se encuentran respaldadas por el propio fiscal general del Estado, quien afirmó que las deportaciones necesitan un 'respaldo legal' y deben ir dirigidas contra los familiares que 'hayan tenido conocimiento o hayan prestado su apoyo' a las acciones de los activistas.

El ministro de Medio Ambiente, el ultrarradical Tsaji Hanegbi, respondía de manera tajante a estos reparos al afirmar que 'en menos de veinticuatro horas el Parlamento de Jerusalén podía aprobar una ley' que legalizara las deportaciones.

El fantasma de las deportaciones ha provocado la reacción airada de las organizaciones de defensa de Derechos Humanos, tanto las palestinas como las israelíes, que han anunciado que de llevarse a término supondrían una infracción de la IV Convención de Ginebra, donde se prohibe la aplicación de castigos colectivos, incluida la deportación.

En la misma línea se manifestaba la Autoridad Nacional Palestina, que añadía además que este tipo de soluciones no serviría para calmar la situación, antes al contrario.

Esfuerzos de paz

'Esta política de traslados de palestinos no apoyará para nada los esfuerzos que la comunidad internacional está haciendo para proteger el proceso de paz. Por el contrario, generará más violencia', recalcaba Nabil Abou Rudeina, portavoz y consejero de la Presidencia palestina.

En medio del debate, Hamás alzó ayer con claridad la voz para amenazar con una nueva oleada de acciones terroristas en el interior de los territorios de Israel si las deportaciones se llevan a cabo, insinuando la posibilidad de desencadenar una oleada de cartas bomba, un método hasta ahora no utilizado.

'Nuestra respuesta a los sionistas será fuerte y sangrienta, enviaremos mensajes explosivos por todos los lugares a los que no podamos llegar', señalaba ayer un comunicado de las brigadas de Ezzedine Al Kassam, el brazo militar de Hamás.

La deportación como arma de represalia ha sido utilizada por el Ejército israelí en numerosas ocasiones. En 1992, el entonces primer ministro Isaac Rabin expulsó a más de ochocientos fundamentalistas a tierra de nadie, entre Israel y Líbano.

Más recientemente, trece activistas fueron deportados a Europa y otros veinte a la franja de Gaza, dentro de un pacto para acabar con el asedio de la basílica de la Natividad en Belén.

Las ventajas de ser padres de un 'mártir'

Los activistas palestinos muertos en combate reciben el título de shahid (mártir), y tienen el reconocimiento, apoyo y solidaridad de toda la comunidad. El amparo se hace extensivo a la familia, convertida en parte de la nueva aristocracia palestina.

La defensa de los deudos de los muertos es absoluta; participan intituciones, incluido el Ministerio de Asuntos Sociales, y las organizaciones religiosas y políticas, desde el movimiento Hamás a los partidos laicos.

Pero este apoyo es más importante y solidario cuando se trata de un suicida. Los familiares reciben a cambio una compensación económica y una pensión vitalicia, que es entregada, en la mayoría de las ocasiones, por la red de organizaciones caritativas de los movimientos fundamentalistas.

Estas donaciones son el fruto de las recaudaciones y limosnas recolectadas en el mundo musulmán, incluyendo a la comunidad árabe israelí. El apoyo económico y el reconocimiento del suicida y sus allegados supone un aliciente para otros terroristas.

El Gobierno de Israel, incapaz de dar una solución política a la crisis, trata de contrarrestar el ambiente social que protege y anima a los activistas. Tras dirigir sus ataques a las estructuras sociales, religiosas y políticas palestinas, se plantea ahora hacer extensiva sus represalias a los familiares directos.

Meses atrás, un diputado israelí propuso matar a los familiares de los suicidas; otros, más moderados, pedían la retirada de ayudas sociales, destruir las casas de sus padres y deportar a los allegados.

Las represalias del Gobierno israelí contra los familiares de los terroristas han provocado, en más de una ocasión, la reaccion de las instituciones, incluso del Tribunal Supremo israelí, que ha tratado de proteger con sus sentencias los posibles actos de venganza del Ejecutivo de Ariel Sharon.

El País

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