LAURA PUERTAS. Lima.

El ex presidente de Perú Alberto Fujimori y tres ex ministros de Sanidad serán denunciados por genocidio por el Congreso peruano.

Se les acusa de haber dirigido un plan de esterilizaciones forzosas, 'bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos, sin que fueran debidamente informadas' a más de doscientas mil mujeres, la mayoría indígenas, entre 1996 y 2000, de las cuales dieciocho murieron.

Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres cuestionan las cifras. La denuncia se basa en un informe realizado por una comisión del actual ministerio de Sanidad.

El documento final fue entregado, el martes pasado, por el propio ministro de Sanidad, Fernando Carbone, al presidente de la subcomisión investigadora del Congreso, que preside el parlamentario Héctor Chávez Chuchón.

El ministro Carbone, tras pedir disculpas públicas a todas las mujeres involuntariamente esterilizadas, sostuvo que 'en la mayoría de los casos se observa una clara disposición del despacho presidencial, que involucra a altos funcionarios del Estado, incluido el despacho del ministerio de Sanidad y sus direcciones regionales y generales'.

De acuerdo con el informe, las evidencias en las que se basa la acusación contra Fujimori y sus tres ex ministros son cincuenta y seis documentos oficiales y los testimonios de diversos funcionarios del ministerio que trabajaron durante el Gobierno de Fujimori.

Por ejemplo, se han encontrado oficios que dirige el ex ministro de Sanidad, Marino Costa Bauer, al entonces presidente Fujimori, en los cuales le informaba de las cifras mensuales de las denominadas anticoncepciones quirúrgicas voluntarias, así como de las proyecciones para los meses siguientes.

Otra de las evidencias contra Fujimori son las cartas enviadas al jefe de la Casa Militar, en el Palacio de Gobierno, en las que se le solicita el apoyo con material médico para el programa de esterilizaciones.

La investigación precisa que entre 1996 y 2000 se realizaron 215.227 ligaduras de trompas y dieciséis mil vasectomías, en el marco de un supuesto plan masivo de salud pública, cuyo objetivo no era la prevención de epidemias, sino que disminuyera el número de nacimientos en los sectores más pobres de Perú.

'Se captó personas bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos sin que fueran debidamente informadas, lo que impidió que tomaran una decisión realmente informada', precisa el documento.

Juan Súccar, presidente de la comisión investigadora, dijo que las pacientes recibieron diversas promesas, incluida la entrega de alimentos gratuitos, si se sometían a la intervención quirúrgica, mientras que las que se negaron fueron amenazadas con no ser atendidas en los centros de salud. Es decir, se aplicaron procedimientos que no respetaron la dignidad de las personas.

Uno de los denunciados, el ex ministro de Sanidad Alejandro Aguinaga calificó la acusación de 'tremendo exceso' y señaló que gran parte de las conclusiones son 'demasiado tendenciosas'.

'Aquí sólo se hacen presentaciones sustentadas por lo que ocurrió después de las operaciones, pero nadie dice cómo se generaron estas políticas, ni mucho menos hablan de la triste realidad de la salud reproductiva que presentaba el país, con altísimas tasas de mortalidad materna e infantil', dijo.

Por su parte, una de las más leales defensoras de Fujimori, la ex congresista Luz Salgado, admitió que se produjeron algunas irregularidades en la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria, aunque éstas, dijo, fueron rápidamente corregidas.

'No por acusar a Fujimori de genocidio van a decir que este método fue mal utilizado en el país. Además, tampoco se puede decir que las doscientas mil mujeres esterilizadas no están actualmente contentas'.

Algunas líderes de organizaciones de mujeres, además de condenar la esterilización forzosa practicada durante el fujimorismo y que tuvo el trágico saldo de dieciocho muertes, han advertido en el Ministerio de Sanidad la intención de acabar con las ligaduras de trompas o vasectomías como método de planificación familiar.

Una de las recomendaciones del informe ministerial es anular la resolución que aprueba las anticoncepciones quirúrgicas voluntarias. Es decir, el centro de atención no serían las mujeres afectadas, sino el método en sí.

Rocío Villanueva, defensora adjunta de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, cuestionó las cifras del ministerio. 'Lo que me ha llamado la atención es que ahora se diga que hay más de doscientas mil mujeres ligadas contra su voluntad. Me gustaría saber en qué se basa este informe, pues la Defensoría conoce e investigó seiscientos noventa casos de personas esterilizadas contra su voluntad'.

RAMY WURGAFT. Corresponsal en Latinoamérica.

A medida que se amplían las indagaciones, mayor es el espanto ante los excesos que se cometían durante el régimen de Alberto Fujimori. A las múltiples acusaciones de fraude y de corrupción se ha sumado una sospecha que, de confirmarse, le valdría al ex gobernante el galardón de genocida.

Según un informe presentado por la Comisión de Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), casi trescientas quince mil personas habrían sido sometidas a esterilizaciones forzosas en los años noventa.

De acuerdo con este estudio, cerca del noventa por ciento, 285.300 personas, no era consciente de la naturaleza de la intervención ni de sus consecuencias posteriores.

Una de las mujeres que declaró ante la Comisión, en el distrito de Ancash, contó a los investigadores que el doctor le había explicado que se estaba realizando una campaña para la "prevención de enfermedades venéreas y contra las infecciones uterinas".

La misma mujer comentó que, a las vecinas que se mostraban reacias, se les ofrecía alimentos y ropa. A aquéllas que se rebelaban, se las amenazaba con multas, e incluso con la cárcel, por atentar contra la salud pública.

"La investigación no ha concluido pero ya estamos ante la sospecha de que bajo Fujimori se cometieron atropellos masivos a los Derechos Humanos", manifestó Pedro Carbone, ministro peruano de Sanidad.

Según este funcionario, la mayoría de las intervenciones se llevó a cabo en regiones pobres, donde el crecimiento demográfico supera el cinco por ciento.

Se estima que cerca de una veintena de mujeres falleció como consecuencia de descuidos de los cirujanos.

En un poblado en las inmediaciones de Cuzco, una joven relató que en 1996 ingresó en el hospital para extirparse el apéndice. Durante la convalecencia descubrió que el ciclo menstrual se le alteraba y, al cabo de un tiempo, que estaba impedida para procrear. "En el hospital me explicaron que mi mal se debía al nerviosismo y a la falta de higiene", expresó la mujer.

Aparte de estudiar las fichas que se han ido acumulando en los diferentes centros médicos, el equipo de AQV investigó de forma directa a unas quinientas diez mujeres en los departamentos de Cuzco, Ancash, San Martín, Piura y Puno. Sólo veinte de las mismas dijeron estar enteradas de que iban a quedar estériles.

Aunque en repetidas ocasiones Fujimori se refirió a la "bomba demográfica" y a la necesidad de concienciar a la gente sobre la planificación de sus familias, se ignora si el plan de esterilización tuvo a otros autores intelectuales.

Cautela con las cifras

La guerra de cifras ya ha comenzado. El encargado de la Defensoría del Pueblo, Walter Albán, pidió cautela con estos datos porque, según investigaciones de su despacho, sólo se produjeron entre doscientos y trescientos casos de esterilización forzada y no "cientos de miles" como revela este informe.

Albán subrayó que Fujimori y sus ex ministros de Salud sólo tendrían responsabilidad política y no penal por las esterilizaciones forzadas, pues los datos que se conocen "no dan sustento para hablar de genocidio".

"Creo que hay una confusión con las cifras", explicó el defensor y agregó que el tema debe ser manejado con cuidado porque las muertes no fueron por las intervenciones quirúrgicas, sino por la falta de seguimiento, informa desde Lima Sergio L. Agurto.

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