No hay fondos para crear la infraestructura necesaria, dice el director del organismo. El funcionario reclama a la Cámara de Diputados dotar al sector de recursos adicionales.

ANGELICA ENCISO L.

La Comisión Nacional del Agua (CNA) no cuenta con recursos para dotar de infraestructura de agua potable y alcantarillado a los veinte millones de personas que aún carecen del servicio; sólo puede mantener el abasto actual, sostuvo Cristóbal Jaime Jáquez, director del organismo.

Tan sólo para abasto de agua potable, la comisión requiere de diecisiete mil quinientos millones de pesos, y este año su presupuesto "es insuficiente", pues apenas suma nueve mil millones, señaló en entrevista, e instó a la Cámara de Diputados a destinar más recursos al rubro.

Además de la falta de presupuesto, la CNA halló el año pasado que unos mil municipios adeudaban setenta y dos mil millones de pesos por concepto de derechos y descargas de aguas residuales, dijo.

Aunque la comisión condonó esa deuda para que a partir del primer trimestre de este año comenzaran a hacerse pagos regulares, sólo han cumplido cuatrocientos dieciocho municipios, añadió.

El presupuesto de la CNA ha disminuido "no sólo en términos absolutos, en pesos corrientes, sino también en pesos constantes, de tal forma" que sólo cuenta con "nueve mil millones de pesos".

Ello sólo permite realizar "acciones sustantivas para apoyar programas que tienen que ver con el uso del agua en la agricultura, en las zonas rurales y en las ciudades con tres mil quinientos millones de pesos, cifra que es totalmente insuficiente".

"No empeorar"

Señaló que las inversiones no son cuantiosas, aunque hay programas relacionados con la solución de temas relevantes, como la cobertura del servicio a la población y el aumento del nivel de abasto en la población rural.

Asimismo se procura controlar las descargas industriales, tener acuíferos en equilibrio -que no se extraiga más de lo que se recarga-, fomentar la participación de los usuarios en el buen uso del agua y reducir riesgos de inundaciones y efectos de sequías.

"Lo que hacemos", agregó, "es medir la aplicación de los recursos, y con lo que en la actualidad existe se intenta mantener los indicadores que había a principios de año, con el propósito de no empeorar o disminuir el porcentaje de cobertura de agua potable para la población."

Agregó que la cobertura es de ochenta por ciento de la población total, aunque de veinticuatro millones de habitantes del medio rural se abastece a sesenta y ocho por ciento, por lo que unos ocho millones no tienen agua y dieciséis millones carecen de alcantarillado.

En cuanto al tratamiento de aguas residuales, indicó que ha habido incremento, porque "recibimos un porcentaje de tratamiento de veintiuno por ciento y hemos crecido a veinticinco por ciento".

Agregó que con el gran proyecto de saneamiento de agua en la ciudad de México se llegará a sesenta y cinco por ciento, que es la meta sexenal.

"Seguimos con la aspiración de que la Cámara de Diputados dé mayor presupuesto para resolver el problema que tenemos enfrente. La estimación es que requerimos diecisiete mil millones de pesos sólo para proyectos de agua potable."

La escasez de recursos, apuntó, daría como resultado continuar con infraestructura sin mantenimiento, deteriorada por el paso del tiempo, y se pondría en riesgo el abasto a zonas poblacionales.

Es necesario dar mantenimiento, aseveró, porque debido a las fugas hay pérdidas de alrededor de cuarenta por ciento de líquido.

Por ejemplo, dijo, por cada mil litros que maneja un organismo operador, sólo seiscientos llegan en forma efectiva a los usuarios, y el resto se pierde en las redes.

Pero de esos seiscientos litros, diez por ciento son tomas irregulares, no controladas, y sólo queda cincuenta por ciento del agua del total que se distribuye, pero únicamente treinta por ciento se cobra.

Condonación de la deuda

Agregó que los organismos operadores tienen dificultades, no son autosuficientes desde el punto de vista operativo, técnico, administrativo ni financiero.

Los municipios y los organismos operadores acumularon en los pasados cinco años una deuda con el Gobierno federal por concepto de derechos y por las descargas de aguas no tratadas por setenta y dos mil millones de pesos.

Ante ello se firmaron los decretos de condonación, con el compromiso de que tendrían que empezar a pagar en forma regular a partir del primer trimestre del 2002.

Por derechos se hizo el "borrón y cuenta nueva" y en descargas se les pidió que hicieran un programa a cuarenta y ocho meses para sanear las aguas que descargan.

Además, el pago que los municipios hagan por derechos les será devuelto, para que por cada peso aporten otro peso, y destinen esos recursos a la inversión en infraestructura.

Hasta ahora hay convenios de adhesión con veintitrés entidades, pero en el primer trimestre sólo pagaron sus derechos cuatrocientos dieciocho municipios -que representan cincuenta y cinco por ciento del total del consumo de agua-, y el plazo para obtener este beneficio vence este 31 de julio.

El pago total que hicieron los municipios fue de doscientos cuarenta y seis millones de pesos, que se les regresarán, y deberán invertir otra cantidad igual en la infraestructura.

Así, hay una bolsa de casi quinientos millones de pesos sólo en un trimestre y en el año podría haber una inversión en el sector de dos mil millones de pesos, confió Jaime Jáquez.

Detección y reparación de fugas en la ciudad de México

El Distrito Federal, que es el principal usuario, pagó setenta millones de pesos, y en el año erogará unos trescientos millones, que la Federación le regresará.

De esa manera, cuando el Gobierno de la ciudad aporte una cantidad igual, habrá seiscientos millones de pesos que se utilizarán para la detección y la reparación de fugas, así como para la sectorización de redes.

En el caso de las descargas, en el Distrito Federal existe el proyecto de Fideicomiso 1928, tendiente a destinar recursos a drenaje y saneamiento de aguas con la construcción de cuatro plantas de tratamiento.

Hasta ahora se sanea sólo veinticinco por ciento de las aguas que se descargan, lo cual ocasiona problemas de contaminación, sostuvo el funcionario.

La Jornada

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