WALTER OPPENHEIMER. Londres.

La justicia británica declaró ayer ilegal la parte más polémica de la nueva ley antiterrorista del Reino Unido.

Aprobada a toda prisa y en medio de un considerable tumulto político en diciembre del año pasado, la ley declaró en suspenso el artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos para permitir la detención indefinida sin juicio de los sospechosos de actividades terroristas contra los que no hubiera pruebas suficientes y que no pudieran ser deportados a países terceros.

Los jueces entienden que la ley viola precisamente la Convención Europea, porque sólo se puede aplicar a ciudadanos extranjeros, pero no a naturales británicos.

La decisión, tomada por los tres jueces que componen la llamada Comisión de Apelaciones Especiales sobre Inmigración (SIAC en sus siglas en inglés), no implica la liberación automática de los nueve inmigrantes que en estos momentos se encuentran detenidos sin cargos.

El Ministerio del Interior tiene derecho a interponer recurso contra el fallo y ya ha anunciado que apelará.

Para el ministro del Interior, el cada vez más polémico David Blunkett, la decisión supone un considerable revolcón político. Blunkett había hecho de la detención sin juicio la piedra angular del paquete de medidas antiterroristas, la respuesta del Gobierno de Tony Blair a los ataques del 11 de septiembre.

Obsesionado por conseguir que el texto legislativo quedara listo antes de la pausa de Navidad, Blunkett aceptó numerosas enmiendas consensuadas con la oposición, pero no quiso suavizar este polémico apartado.

Éste faculta al Ministerio del Interior para encarcelar por tiempo indefinido a cualquier sospechoso de terrorismo contra el que no hay pruebas suficientes para enviarle a los tribunales, pero con dos condiciones: que sea extranjero y que no pueda ser deportado.

La ley europea prohíbe la deportación de extranjeros a países en los que no hay garantías de que no serán torturados.

Paradójicamente, el presidente de la SIAC, el juez Collins, afirma que la ley 'no sólo es discriminatoria e injusta', sino también 'desproporcionada', pero el fallo sostiene que el Gobierno actuó de manera correcta al considerar que se trataba de un caso de 'emergencia pública por amenazas a la vida de la nación'.

LONDRES.- "Discriminatoria e ilegal, además de desproporcionada". Así calificó ayer un juez británico la ley antiterrorista adoptada en Gran Bretaña tras los atentados del 11 de Septiembre.

Según esta norma especial, la policía británica podía detener a cualquier extranjero sospechoso de actividades terroristas sin necesidad de inculparle.

La principal disposición del magistrado Andrew Collins es que esta ley sólo se hace valer con los extranjeros y no con los británicos. Con este argumento, la justicia británica da la razón a un recurso presentado por nueve detenidos, sólo por el hecho de no ser autóctonos de las Islas.

Sin embargo, el juez agregó que su decisión no permitirá la liberación de los mismos hasta otoño, cuando se estudie cada caso de manera individual.

Para el Ministerio británico del Interior esta sentencia no es para tanto. Aún así, un portavoz reconoció estar "decepcionado" por la parte de la ley invalidada y anunció que la cartera apelará el fallo.

Aún así, el funcionario quiso ver el lado positivo de la sentencia y destacó el aval que han recibido el resto de disposiciones de la norma, pues el juez ha reconocido que los atentados del pasado 11 de Septiembre habían creado "una situación de emergencia que amenaza la vida de la nación".

"Esto significa que podemos derogar la Convención europea de Derechos Humanos a raíz de una situación de emergencia tal y como se definió legalmente", opinó el portavoz.

En la otra cara de la moneda se encuentra la asociación de defensa de las libertades individuales Liberty, que ha apoyado el recurso interpuesto por los detenidos.

Su director John Wadham aseguró que "el fallo significa que una parte central de la ley antiterrorista es contraria a la Convención de Derechos Humanos".

La asociación insiste en que no "existe una situación de emergencia tan extrema que justifique encerrar a gente sin inculpación ni proceso, no por algo que hayan hecho, sino por algo que alguien piensa que han hecho".

AFP, DPA y Reuters

Londres, 30 de julio. El juez británico Andrew Collin calificó este martes de "discriminatoria" y, por lo tanto, "ilegal" la disposición crucial de una ley antiterrorista que fue adoptada tras los atentados del 11 de septiembre, y que permite detener a extranjeros sospechosos de actividades terroristas sin inculparlos.

De este modo, el magistrado dio la razón a un recurso presentado por nueve extranjeros que cuestionaban su detención en virtud de esas disposiciones.

Sin embargo, el juez agregó que su decisión no permite por sí misma liberar a los detenidos, cuyo caso será objeto de un examen individual en el próximo otoño.

Por otra parte, la Casa Blanca, preocupada por los sentimientos antiestadunidenses en el mundo islámico y más allá, dijo el martes que está desarrollando una Oficina de Comunicaciones Globales para tratar de mejorar la imagen del país en el exterior.

El vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, declaró que el objetivo de la nueva oficina será "llevar su mensaje a otros países". "En reconocimiento del hecho de que estamos involucrados en una guerra global contra el terrorismo, el presidente ve la necesidad de un papel de la Casa Blanca en las comunicaciones globales", dijo Fleischer a los reporteros.

A todo esto, la popularidad del presidente George W. Bush sigue cayendo, según una encuesta divulgada este martes, a pesar de que las cifras de aprobación continúan altas. Un sondeo de la empresa Gallup, que fue dado a conocer por la cadena CNN y el diario USA Today, indica que sesenta y seis por ciento de los estadunidenses aprueba el desempeño del mandatario. En mayo pasado, la cifra ascendía a setenta y cinco por ciento.

Por otra parte, la Asociación de Países del Sureste Asiático (ASEAN), el principal foro de seguridad de Asia, fortalecerá su estrategia en la la lucha contra el terrorismo e intentará reducir la tensión en dos de las regiones más peligrosas desde el punto de vista militar -la península coreana y Cachemira- cuando se reúna este miércoles.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, dirigirá un equipo de primera línea en el foro regional de la Asean (ARF), al cual asistirán los ministros de Relaciones Exteriores Igor Ivanov, de Rusia; Tang Jiaxuan, de China, así como los de Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, India y la Unión Europea.

Los ministros subrayarán que "relaciones estables y constructivas entre las mayores potencias son la clave de la paz y la seguridad en la región". Además de los acuerdos elaborados luego de los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, "se necesita más colaboración" en la lucha contra el terrorismo, señala una copia del borrador que recibió AFP.

Los ministros de ARF también manifestarán su preocupación por un reciente combate naval entre las fuerzas de Corea del Sur y del Norte, "que incrementó la tensión en la península coreana".

En este contexto, en una fuerte reacción contra las gestiones estadunidenses para aliviar las tensiones entre India y Pakistán, el Gobierno de Nueva Delhi exigió este martes que ningún tercer país interfiera en el conflicto de Cachemira.

"India no necesita el consejo ni las sugerencias de potencias extranjeras", dijo ante el Parlamento el ministro indio de Relaciones Exteriores, Digvijay Singh, al referirse a la propuesta de Estados Unidos para que observadores internacionales supervisen las próximas elecciones en la disputada región.

La iniciativa fue mencionada por el secretario de Estado estadunidense, Colin Powell, en su reciente visita a India y Pakistán. Powell tambén sugirió que India libere a sus prisioneros políticos en Cachemira.

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