ROSA MENESES ARANDA

La comunidad internacional ha lanzado sobre Egipto una lluvia de críticas para reprocharle su ausencia de democracia. El caso del sociólogo y defensor de los Derechos Humanos Saad Eddin Ibrahim, condenado esta semana a siete años de prisión, ha puesto de manifiesto la precaria situación de los derechos y libertades públicas en este país.

El pasado lunes, un tribunal cairota declaró culpable a Ibrahim de recibir ayudas sin permiso del Gobierno -lo que viola un decreto militar establecido en 1992-, de dañar la imagen de Egipto en el exterior, de malversar fondos de la Unión Europea y de sobornar a funcionarios y falsificar documentos.

Sin embargo, EE.UU. y la UE aseguran que se trata de un juicio político y que los verdaderos motivos para juzgar al antiguo profesor de la Universidad Americana de El Cairo son sus esfuerzos para promover la democracia en el país y sus informes sobre la situación de los coptos (la minoría cristiana en Egipto).

El Gobierno egipcio ha respondido que el asunto no es político.

"El caso del profesor Saad es una excelente oportunidad para mostrar que el Gobierno puede no sólo ladrar, sino morder. Ibrahim es la cabeza de turco. Se trata de un mensaje para advertirnos a los activistas pro derechos humanos sobre las repercusiones de nuestras acciones", asegura a EL MUNDO Bassem Hafez, coordinador de la organización egipcia Programa Árabe para Activistas de Derechos Humanos.

Ibrahim, de sesenta y tres años, dirigía desde 1988 el Centro de Estudios para el Desarrollo Ibn Jaldun, dedicado a la promoción de la democracia en Egipto.

La organización, ahora cerrada por las autoridades, recibió trescientos quince mil euros de la UE para sus proyectos.

Entre ellos, destaca un programa para reinsertar en la sociedad a antiguos militantes islamistas y otro para supervisar las elecciones.

Libertad de expresión

Como respuesta a la persecución contra Ibrahim, la UE y EE.UU. se han mostrado profundamente preocupados por la repercusión de este caso sobre la libertad de expresión.

La reacción estadounidense es muy simbólica: El Cairo recibe de Washington casi dos mil millones de euros anuales en concepto de ayuda y es su socio árabe más importante en Oriente Próximo.

Incluso el diario The New York Times, en un editorial titulado La vergüenza de Egipto, reprochaba esta semana el "comportamiento antidemocrático" del presidente, Hosni Mubarak. "Aunque Egipto no es el peor ejemplo de dictadura en Oriente Próximo, sí es una de las más tristes", escribe.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional califican a Saad Eddin Ibrahim, que posee doble nacionalidad egipcia-estadounidense, como "preso de conciencia".

Minority Rights Group advierte de que la sentencia "tiene serias consecuencias para la democracia y los Derechos Humanos en Egipto".

"La amarga realidad demuestra que la situación en Egipto es peor desde los sucesos del 11-S. Vivir en un país aliado de EE.UU. no es una ventaja para los activistas locales. Si EE.UU. se ha embarcado en la lucha contra el terrorismo, países como el mío consiguen muchas cosas ayudándole, como una disminución de la presión por las violaciones de derechos humanos. No hay una deficinión precisa del término terrorismo, por lo que nadie está a salvo de la manipulación de esa palabra", explica Hafez.

Pero el caso Ibrahim no es nuevo y aún no ha acabado. El profesor ya fue detenido en junio de 2000 y posteriormente juzgado y condenado a siete años de cárcel.

En febrero de 2002 fue puesto en libertad, después de que el Tribunal de Casación ordenara celebrar su juicio de nuevo, alegando irregularidades.

El proceso se retomó el pasado abril y acabó esta semana, después de maratonianas sesiones. Sin embargo, el resultado no ha variado para el profesor Ibrahim. Ahora, sólo puede presentar un último recurso ante la Justicia.

El Mundo

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