El País - Jueves, 8 de agosto de 2002

RELEVO PRESIDENCIAL EN COLOMBIA

Trece muertos y una treintena de heridos
ensombrecen la investidura

J. J. A. Bogotá.

La macabra rutina que aflige a Colombia desde hace treinta y ocho años alcanzó ayer a la transmisión de poderes de su nuevo presidente, Álvaro Uribe, con el lanzamiento de seis bombonas de gas, cargadas de dinamita, contra el palacio presidencial y la sede del Congreso, tres minutos antes de comenzar en su interior el acto de investidura.

Murieron trece personas, entre ellas tres niños, y cerca de treinta, incluidos cuatro policías, resultaron heridas.

La onda expansiva causó daños en uno de los edificios coloniales del complejo que integra las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.

Un guardaespaldas de Nora de Pastrana, esposa del presidente saliente, sufrió lesiones graves.

Fuentes policiales atribuyeron el sabotaje, ejecutado con los morteros artesanales profusamente utilizados por las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las milicias urbanas de esta guerrilla, la de mayor capacidad de fuego de dos principales, que actúan en buena parte del país.

Según informaciones, todavía provisionales, los explosivos fueron lanzados desde aproximadamente un kilómetro de distancia, y dos cayeron sobre una de las casas de la calle El Cartucho, donde viven y pernoctan cientos de mendigos.

Casi todos los muertos, ocurrieron en este lugar, a cuatro manzanas de la sede del Parlamento.

Cerca de veinte mil policías y soldados vigilaban la capital para garantizar la seguridad durante el traspaso presidencial, mientras un avión espía norteamericano y aviones de combate Mirage y A-37 efectuaban vuelos a baja altura sobre el espacio aéreo de Bogotá.

Horas antes de la ceremonia, un portavoz castrense informó de que habían sido descubiertos cincuenta y cinco lanzacohetes en un domicilio cercano a la Escuela de Cadetes José María Cordoba, en un barrio del norte de la capital, también atacada.

Otros cinco cilindros de gas con explosivos fueron lanzados por supuestos guerrilleros en la ciudad de Yopal, a doscientos diez kilómetros al noreste de Bogotá, contra una base militar.


AI teme que se produzcan excesos en la lucha contra la violencia

J. J. A. Bogotá.

La mano dura prometida por Álvaro Uribe para combatir a las guerrillas y a los paramilitares preocupa a las ONG, y en particular a Amnistía Internacional (AI), que rechazan la creación de una red de un millón de informantes civiles y propugnan 'una política integral en materia de derechos humanos que sirva para atajar la creciente situación de crisis'.

La sección española de AI publicó una carta dirigida al Príncipe de Asturias pidiéndole que traslade a Uribe sus recomendaciones.

La organización pregunta al nuevo presidente sobre el uso del material militar español y europeo exportado a Colombia y pide al Gobierno de José María Aznar que prohiba cualquier licencia de exportación al país latinoamericano susceptible de ser utilizada en violaciones de Derechos Humanos o crímenes de guerra.

En junio pasado, la Marina colombiana anunció la compra de dos aviones patrulleros marítimos CN-235, de fabricación española, para tareas de seguridad y persecución del narcotráfico.

La organización internacional de Derechos Humanos anticipa, por otra parte, que la implicación de la masiva red de colaboradores pretendida por Uribe puede agravar los padecimientos de la sociedad civil, que sufre presiones, amenazas y agresiones de todos los grupos ilegales.

Amnistía Internacional es contraria a dotar a las Fuerzas Armadas de 'atribuciones propias de la policía judicial' y de permitir al Ejército registros domiciliarios y detenciones sin previa autorización judicial.

Voluntad política

El restablecimiento de la facultad presidencial para decretar el estado de sitio también inquieta pues facilitaría, señalan, la comisión de violaciones de Derechos Humanos al suprimir la supervisión judicial y legislativa.

'Uribe viene declarando que lo que hace falta en Colombia es mano dura para resolver el conflicto. Sin embargo, lo que de verdad hace falta es una voluntad política firme para proteger y garantizar los derechos de todos', sostiene el grupo internacional.

'Muchos de los planes que el doctor Uribe ha anunciado (...) suponen una amenaza real de deterioro y empeoramiento del conflicto', subraya AI, 'socavando la protección de civiles y fortaleciendo los mecanismos que garantizan impunidad por la violación de Derechos Humanos'.

Amnistía Internacional, que atribuye a las guerrillas buena parte de las violaciones, destaca que 'cuando Álvaro Uribe Vélez asuma la presidencia de Colombia, no podrá ignorar su responsabilidad de hacer que los Derechos Humanos de todos los colombianos sean una prioridad'.

También pide a los grupos guerrilleros que asuman su responsabilidad en la perpetuación de la violencia en Colombia y condena los 'homicidios de civiles, los secuestros perpetrados por esos grupos y los ataques indiscriminados'.

El Mundo - Jueves, 8 de agosto de 2002

16 muertos en Bogotá
mientras Uribe era investido presidente

Oleada de bombas y ataques de la guerrilla junto al palacio presidencial durante la toma de posesión pese al gran despliegue de seguridad. La capital amaneció desierta y tomada por las fuerzas de seguridad. La policía desactivó dos coches bomba. Breve discurso del mandatario en una ceremonia austera a la que asistió el Príncipe Felipe.

SALUD HDEZ.-MORA. Especial para EL MUNDO.

BOGOTÁ.- Al menos dieciséis personas morían ayer en Bogotá y otras veintinueve resultaban heridas en nueve ataques de la guerrilla en el día que juraba el cargo el nuevo presidente de Colombia, Álvaro Uribe.

En el momento en que leía su discurso, una bomba estallaba en el marginal barrio de El Cartucho, en el centro de la ciudad, y mataba al menos a once personas, además de causar un número indeterminado de heridos.

No muy lejos de allí tres niñas, su madre y su tía fallecían cuando un cohete lanzado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzaba su casa.

Explotaban también en ese momento dos cohetes: uno hería a tres soldados en Casa Nariño (sede del Ejecutivo); el otro, en el departamento administrativo del palacio presidencial, causaba sólo daños materiales.

Todo ello a pesar del gran despliegue de seguridad. Uribe juró ante el presidente del Legislativo, Luis Alfredo Ramos, y en presencia de cinco presidentes latinoamericanos, el Príncipe de Asturias y delegaciones de decenas de países.

Horas antes, los terroristas habían lanzado cuatro granadas contra la Escuela Militar del norte de Bogotá, hiriendo de gravedad a dos mujeres.

También, unidades anti explosivas desactivaron dos coches bomba e idéntico número de cilindros de gas rellenos de dinamita y cohetes en varios puntos de la ciudad.

Todos los fallecidos en El Cartucho eran indigentes y drogadictos, los únicos habitantes de ese barrio marginal, situado a diez manzanas del palacio presidencial.

Aproximadamente treinta y cuatro mil soldados y policías vigilaban por cielo y aire la capital bogotana en previsión de actos terroristas. Aviones militares y helicópteros Black Hawk sobrevolaron la zona durante la ceremonia.

Los nueve atentados (cuatro por la mañana y cinco por la tarde) obligaron a Andrés Pastrana a convocar un consejo extraordinario de seguridad en el propio Palacio Presidencial.

A pesar de esos hechos, una vez concluida la ceremonia de traspaso de poderes, que tuvo lugar en el salón Elíptico del Senado, los presidentes invitados y representantes de países latinoamericanos, entre ellos el Príncipe Don Felipe, se dirigieron al Palacio Presidencial para asistir al juramento del gabinete de Uribe.

Con la capital casi desierta por el miedo a actos terroristas y medio país pegado al televisor pendiente de sus palabras, Álvaro Uribe no prometió milagros sino gobernar con honradez.

El nuevo Presidente de Colombia, que comienza su mandato con el apoyo del setenta y ocho por ciento de los ciudadanos, quiere rebajar las altas expectativas que ha despertado su Gobierno. La mayoría de sus compatriotas ven en él al salvador de una nación que hace aguas por todos lados. "En cuatro años no será posible resolverlo todo", dijo en su breve discurso de toma de posesión.

Uribe recibe un conflicto armado que siembra a diario la ruina y la desesperanza, una economía en crisis profunda y una pobreza que alcanza al sesenta por ciento de la población, todo ello unido a un sistema político corrupto y una pérdida absoluta de valores.

En su alocución, una vez que el Presidente del Congreso, Luis Alfredo Ramos, le colocó la banda presidencial, Uribe siguió las líneas de los dos grandes próceres de la República, Bolívar y Santander: "orden y autoridad" e "imperio de la ley", respectivamente. "El binomio ético y político que otorga sentido a nuestra institucionalidad".

Durante veinte minutos, Uribe repasó las grandes líneas de lo que será su gestión. Inversión social y lucha contra la corrupción y la politiquería mediante una reforma que comenzará por la propia Presidencia y las Cámaras legislativas.

Asimismo, habló de su deseo de potenciar la participación ciudadana tanto en el control de los fondos públicos como en la participación en los Gobiernos locales.

Uribe recordó a los dos millones de desplazados, a los secuestrados y a los nueve millones de colombianos que viven en la miseria.

Minutos antes, el Presidente del Congreso le dirigió unas palabras en sintonía con su programa político. La discrepancia surgió en la revocatoria del Congreso que pretende Uribe pero que no secundan ni los congresistas que le apoyan.

"El Congreso, renovado en un cincuenta por ciento, será el aliado del presidente y de los colombianos", le dijo el Presidente de la cámara, Luis Alfredo Ramos.

Su discurso, por lo demás, siguió las líneas del programa uribista, garantizando el apoyo mayoritario de ese poder legislativo.

Hoy jueves, Uribe viajará a Valledupar para poner en marcha el primer grupo de la red de un millón informantes civiles que apoyarán a las Fuerzas Armadas.

Más tarde se desplazará a Pasto, en el departamento limítrofe con Ecuador, castigado por la violencia de paramilitares y guerrilleros y por el narcotráfico, con el fin de conocer estos problemas de primera mano.

La Jornada - Jueves 8 de agosto de 2002

Oleada de atentados
en la toma de posesión de Uribe
causa unos 19 muertos y 76 heridos

La policía culpa a las FARC, pero el grupo guerrillero no se hizo responsable. Vigilaban la ciudad más de 20 mil policías y militares, francotiradores y un avión de EE.UU.

DPA, AFP, PL y Reuters

Santafé de Bogotá, 7 de agosto. Un saldo estimado de diecinueve muertos y setenta y seis heridos fue el resultado de una oleada de atentados dinamiteros lanzados presuntamente por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante la toma de posesión este día del nuevo presidente del país, el derechista Álvaro Uribe.

Sin embargo, el grupo guerrillero no se responsabilizó por ninguno de los ataques ni emitió comunicado alguno respecto de la toma de posesión de Uribe.

A pesar de las amplias medidas de seguridad sin precedente, los atentados llegaron hasta la casa presidencial de Nariño, donde estallaron tres artefactos que causaron heridas a cuatro policías. Al parecer sólo uno de los artefactos explotó en el estacionamiento, luego de ser lanzado desde un vehículo en marcha.

Las FARC, que declararon a Uribe "objetivo militar", desataron una ola de violencia desde el 20 de febrero al romperse el proceso de paz con el saliente presidente Andrés Pastrana.

Uribe recibió la banda presidencial en la sede del Congreso, que estaba vigilado por francotiradores desde balcones y azoteas, al tiempo que unidades especiales de la policía y el ejército rodeaban el recinto.

Aviones cazabombarderos, con apoyo de una aeronave de Estados Unidos, patrullaban el espacio aéreo de Bogotá en prevención de ataques y las operaciones del aeropuerto capitalino se suspendieron durante cinco horas.

Más de veinte mil efectivos militares y policiales a bordo de tanquetas blindadas se encargaron de patrullar durante el día las calles bogotanas.

El pasado día 4, la policía secreta de Colombia aseguró haber desarticulado un comando urbano de las FARC que presuntamente planeaba sabotear el acto de toma de posesión de Uribe.

Al tiempo que Uribe llegaba a la sede del Congreso para juramentar, las primeras explosiones tenían lugar a unos cien metros de la casa presidencial.

En paralelo, granadas de mortero o cilindros de gas estallaron en un barrio pobre conocido como El Cartucho, que habría causado diecinueve muertos y unos veinticuatro heridos.

Las cifras del alcalde

No obstante, el alcalde bogotano Antanas Mockus informó que catorce personas fallecieron directamente por los atentados en el centro de la ciudad, y otros veintinueve resultaron heridos de consideración, incluidos seis menores de edad. Además, mencionó, hay otras cuarenta personas con lesiones "muy leves".

Las autoridades dijeron haber desactivado otros dos artefactos explosivos en la zona y unos treinta lanza-cohetes y explosivos en el occidente de la capital, mientras las primeras víctimas mortales y heridos eran retirados.

Los periodistas acreditados en la casa presidencial fueron desalojados de la sala de prensa y trasladados a otro lugar del mismo recinto.

Con todo y que el acto de asunción se vio empañado por los hechos de violencia, Uribe juró al cargo ante el presidente del Congreso, Luis Alfredo Ramos, quien le impuso la banda para el periodo 2002-2006 como el mandatario número 35 de la Historia republicana de Colombia.

Los primeros actos de gobierno también se pudieron llevar a cabo según lo previsto, e incluso al nuevo mandatario sólo se le informó de los ataques contra la sede presidencial una vez que terminó la ceremonia protocolaria.

Incluso, fuentes legislativas dijeron que el cuerpo de seguridad de Uribe informó al nuevo presidente que las detonaciones que se escuchaban eran saludos con salvas de cañón, que formaban parte de los actos protocolarios.

Esta segunda serie de bombazos ocurrió a unos cuatrocientos metros de Nariño, y afectó principalmente a indigentes y tres niños. La policía dijo sospechar que probablemente estos artefactos iban a ser lanzados contra la sede de Gobierno, sin lograr su objetivo.

Otros atentados se reportaron este miércoles en el occidente bogotano, causando lesiones a unas diez personas.

Pero la cadena radial RCN afirmó que la cifra de heridos se elevaba a cuarenta y seis, como lo confirmó más tarde la secretaria de Gobierno, Soraya Montoya, en hechos que las autoridades atribuyeron directamente a las FARC, que recientemente intensificó sus acciones armadas.

La cruenta oleada de atentados ocurrió a pesar del despliegue para esta fecha de unos veinte mil policías y soldados en la capital, aunado a grupos de francotiradores en la zona céntrica donde se hallan el palacio de Gobierno y el Congreso. También un avión estadunidense estaba vigilando y los vuelos en el aeropuerto bogotano habían sido suspendidos durante cinco horas.

"Todo esto es obra de las FARC, por informaciones que tenemos de inteligencia sabemos que son esos terroristas, sabíamos que algo tenían preparado", afirmó el vocero de la policía, Alberto Cantillo. Añadió que el número de víctimas podría ser mucho mayor, ya que hay varios heridos de gravedad.

Por su parte, el ejército afirmó haber abatido a dos guerrilleros disidentes del desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL) y haber capturado a seis rebeldes de las FARC, en operaciones en cuatro diferentes puntos del país.

Por la noche se informó del estallido de tres artefactos en distintos sectores de Cali que provocaron un muerto y siete heridos.