JULIO DE LA GUARDIA. Jerusalén.

El Tribunal Supremo israelí dio orden ayer al Ejército de congelar la expulsión a la franja de Gaza de dos hermanos de terroristas palestinos de Cisjordania, y concedió quince días al servicio jurídico militar para presentar sus alegaciones.

Todas las organizaciones de Derechos Humanos, tanto israelíes como palestinas, mostraron su oposición a la aplicación de esta medida de deportación sin precedentes.

Las organizaciones nacionalistas e islamistas palestinas continuaron debatiendo la suspensión de los atentados contra civiles israelíes, pero con posiciones enfrentadas.

La magistrada del Tribunal Supremo Dalia Dorner emitió una orden dirigida a los comandantes del Ejército israelí en Cisjordania y la franja de Gaza para que congelen durante quince días la deportación de Kifá Ayuri y Abdel Nasser Asida, acusados de complicidad con las actividades terroristas llevadas a cabo por sus hermanos.

Esta medida formaba parte de la nueva estrategia antiterrorista del Gobierno -junto con las demoliciones de las viviendas familiares de los terroristas y la revocación de la ciudadanía israelí para casos de complicidad por parte de ciudadanos de origen árabe-, fue duramente criticada por las organizaciones de Derechos Humanos, tanto palestinas como israelíes.

El director de la Asociación de Derechos Civiles en Israel (ACRI), Dan Yakir, señaló que estas medidas 'no sólo son inmorales y crueles, además de violar las convenciones de Ginebra, sino que provocan el resultado opuesto, es decir, que surjan más suicidas'.

La encargada de la defensa de los presuntos cómplices, Dalia Kirstein, esbozó argumentos jurídicos similares. Kirstein, quien dirige la organización de defensa de Derechos Humanos Hamoked, incidió en la arbitrariedad y carácter de 'castigo colectivo' de estas medidas.

'El único crimen cometido por los acusados fue el de dar alojamiento o comida a sus hermanos, que no prestar apoyo logístico en atentado alguno', aseguró la letrada.

El desarrollo de este proceso quedará probablemente eclipsado a partir de ahora por el juicio contra el diputado palestino Marwan Barghuti, quien ha de comparecer ante un tribunal de Tel Aviv.

Hoy miércoles, el también secretario general del movimiento Al Fatá en Cisjordania hará su primera aparición pública desde que el pasado 15 de junio fuera detenido en un apartamento de Ramala.

Considerado uno de los principales cabecillas de la Intifada, Barghuti es acusado de haber ordenado acciones armadas al Tanzim, las juventudes paramilitares de Al Fatah.

Las dos principales organizaciones palestinas continuaron ayer, mientras tanto, con sus debates internos sobre si comprometerse o no a suspender los atentados contra civiles israelíes.

Mientras que el líder de Al Fatah en la franja de Gaza y miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Zakaria al Agha, manifestó la predisposición su movimiento a cancelar todo tipo de operaciones en territorio israelí, su milicia clandestina, las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, se negaron a aceptar las nuevas reglas del juego.

Un fenómeno similar tiene lugar dentro de la dirección del movimiento islamista Hamás, donde las Brigadas Ezzedin al Qassam siguen dispuestas a continuar su venganza por el asesinato de su jefe, Salah Shahada.

Los jueces han dado dos semanas al Ejército para argumentar el caso. El líder de Al Fatah, Maruan Barguti, será acusado hoy en Tel Aviv de "inducción al asesinato".

MIGUEL MURADO. Especial para EL MUNDO.

JERUSALÉN.- El conflicto de Oriente Próximo se trasladó ayer a las salas de los tribunales israelíes. Mientras se anunciaban, finalmente, los cargos contra uno de los máximos dirigentes de la intifada detenidos hasta ahora, el Tribunal Supremo de Israel ordenaba la suspensión temporal de una polémica decisión del Ejército: la deportación de tres familiares de activistas.

Los amenazados de deportación son Kifah Adyuri, de veintiocho años, Intisar Adyuri, de treinta y cuatro, y Naser Asidi, también de treinta y cuatro.

Las dos primeras son hermanas de Ali Adyuri, un miembro de la milicia palestina del Tanzim muerto por los soldados israelíes hace dos meses. La seguridad israelí le acusaba de fabricar explosivos. A sus hermanas las acusa de saber que los fabricaba y, a pesar de ello, "hacerle la comida y darle cobijo".

En el caso de Naser Asidi, la acusación es haber prestado su coche en varias ocasiones a un activista de Hamas.

Es por esto que un tribunal de las autoridades militares de ocupación ordenó el lunes su deportación inmediata a la Franja de Gaza, región que se encuentra prácticamente incomunicada con el mundo exterior y en particular con Cisjordania, donde viven los tres.

El Tribunal Supremo de Israel ha frenado la orden de deportación, pero sólo de manera temporal. Los once jueces han dado dos semanas al Ejército para que argumente su caso y en medios militares existe la confianza de que el tribunal aceptará esa argumentación, como ha sucedido en otros asuntos espinosos como la demolición de casas en los territorios.

Según expertos legales israelíes, lo que el alto tribunal teme es que estas deportaciones constituyan "crímenes de guerra" y que puedan llevar al Estado de Israel hasta el banquillo del Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Así lo creen activistas de los Derechos Humanos en Israel. Dan Yakir, de la Asociación de Derechos Civiles declaraba ayer que las deportaciones "no sólo son inmorales y crueles, y violan la Convención de Ginebra; también provocan el resultado opuesto al que pretenden y crean más terroristas todavía".

El presidente palestino, Yasir Arafat, desde Ramala, describió las intenciones del Ejército como "un crimen que no puede permanecer silenciado".

'Cerebro' de la Intifada

No es el único caso difícil con el que se las tendrá que ver próximamente la Justicia israelí. También está el de Maruan Barguti.

Las autoridades israelíes envolvieron con gran publicidad la detención de este dirigente de Al Fatah, el pasado 15 de abril en Ramala, presentándole como el "cerebro gris" de la Intifada y los ataques contra israelíes.

Barguti será acusado hoy ante un tribunal de Tel Aviv de "inducción al asesinato" y de dirigir un grupo armado, cargos que han sorprendido por su relativa vaguedad y, casi, levedad. Sin embargo, se esperaban. La convicción entre los analistas es que el papel de Barguti en la Intifada fue hinchado en los medios israelíes.

Durante su detención en las prisiones israelíes, la esposa de Barguti denunció en numerosas ocasiones que su marido estaba siendo torturado.

Su abogado Jader Chukairat, calificó el juicio de su representado de "oportunidad de oro para juzgar a la ocupación israelí por sus crímenes contra el pueblo palestino".

Por otra parte, y por paradójico que pueda parecer, Barguti empieza a verse cada vez más como un potencial interlocutor de Israel, en caso de que Yasir Arafat desaparezca de la escena política.

Y este momento podría estar muy cerca. Según el jefe de los servicios de Información del Ejército israelí, el general Aharon Zeevi, el líder palestino "quedará marginado a mediados de 2003".

Zeevi destacó ante el Comité de Exteriores y de Defensa de la Knesset (el Parlamento israelí) que la crítica en contra del rais aumenta entre la sociedad palestina e incluso en el seno de Al Fatah, su propio partido.

El aislamiento de Arafat será el resultado de "la presión de algunos miembros destacados de la Autoridad Nacional Palestina, del Cuarteto [EE.UU., Rusia, la UE y la ONU]" y como resultado de un eventual ataque de Washington contra Irak, según el jefe del espionaje militar israelí.

Zeevi reveló que, según sus estimaciones, la fortuna personal de Arafat asciende a mil trescientos millones de dólares (mil trescientos veinticinco millones de euros).

JERUSALÉN. EFE.

La Corte Suprema israelí aplazó ayer la expulsión de tres palestinos, dos hombres y una mujer, de Cisjordania a la Franja de Gaza, por ser familiares de sospechosos de cometer atentados.

El máximo tribunal dictó una orden provisional por la que prohíbe al ejército israelí expulsar a los tres ciudadanos palestinos, y emplazó al tribunal militar que ordenó la medida a justificar su legalidad en los próximos quince días.

El ministro israelí sin cartera Danny Naveh, miembro del partido oficialista Likud, del premier Ariel Sharon, lamentó la decisión del tribunal.

El Gobierno hebreo considera que la deportación de los familiares de palestinos involucrados en ataques contra Israel es una medida eficaz para disuadir a otros palestinos de llevar a cabo acciones similares.

El tribunal militar de Beit El (Cisjordania) había confirmado en segunda instancia las órdenes de expulsión contra Kifah Adjuri, de veintiocho años; su hermana Intissar, de treinta y cuatro; y Abdel Nasser Assidi, también de treinta y cuatro años.

Kifah e Intissar son hermanos de Alí Adjuri, miembro de las Brigadas de los Mártires Al Aqsa, grupo vinculado al movimiento Al Fatah, que fue muerto el 6 de agosto por soldados israelíes cerca de Jenín, en Cisjordania, acusado de organizar un atentado en Tel Aviv que causó cinco muertos, el 17 de julio pasado.

Por su parte, Abdel Nasser Assidi es hermano de un militante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), buscado por los servicios de seguridad israelíes, que lo señalan como partícipe en una emboscada contra un colectivo que se dirigía a una colonia judía en Cisjordania el 16 de julio, que causó nueve muertos.

La jueza encargada del caso, Dalia Dorner, falló con esta sentencia a favor de los demandantes, una organización israelí para la defensa de los Derechos Humanos que argumenta que la medida viola el Derecho Internacional y puede ser calificada de crimen contra la Humanidad.

"Afortunadamente el tribunal no cayó en la histeria general y no aprobó una medida de castigo colectivo contra personas cuyo único crimen es ser familiares de sospechosos", declaró la abogada Lea Tsemel.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, dijo que la orden de expulsión es un "crimen que no puede ser silenciado".

Desafiantes, la Jihad y Hamas anunciaron ayer que seguirán sus atentados contra Israel y no firmarán un documento de la ANP para poner fin a los ataques.

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