A. CARBAJOSA. Madrid.

La 'guerra contra el terror' lanzada por el presidente de EE.UU., George W. Bush, tras los atentados del 11-S ha ido acompañada de detenciones arbitrarias, violaciones de derechos fundamentales, maltrato físico y psíquico a los detenidos, confinamientos en celdas de aislados durante largos periodos sin mediar acusación formal, pruebas, ni abogados a cientos de ciudadanos de origen árabe, detenidos en su mayoría por infracciones de la legislación migratoria, según un informe de la organización de derechos humanos de EE.UU. Human Rights Watch (HRW) hecho público ayer.

De los cerca de mil doscientos detenidos del 11-S en EE.UU., setecientos cincuenta y dos fueron encarcelados por infracciones migratorias, mientras el Gobierno continuaba investigándoles.

La organización considera que en la actualidad puede haber setenta y cuatro presos, según datos de la Administración.

A pesar de permanecer semanas e incluso meses en prisión, ninguno de ellos ha sido acusado formalmente de delitos relacionados con el terrorismo y la mayoría han sido deportados a sus países de origen, sin que el Gobierno haya revelado los nombres ni el número de detenidos, según el informe de HRW.

Varios de los presos aseguran haber sufrido malos tratos durante su cautiverio, según HRW, que confirma que al menos dos de ellos fueron brutalmente golpeados por funcionarios de prisiones y otros tres por delincuentes comunes con los que compartían confinamiento.

'Hayas participado o no , si el FBI te ha detenido es suficiente para mí. Te voy a hacer lo que tú hiciste', le dijo un funcionario de prisiones a Amjad Alí Jaffri, un paquistaní, antes de estamparlo contra una pared y hacerle saltar un diente por los aires.

Un tercio de los detenidos también asegura haber sufrido humillaciones e insultos.

Los detenidos sufrieron además hacinamiento, no se les permitió la visita de sus familiares ni de sus abogados, se les privó de dormir, se les prohibió hacer ejercicio y recibieron comidas insuficientes o inadecuadas a su religión.

Los prisioneros también se quejan de la falta de facilidades para practicar su culto. El informe de HRW, de noventa y nueve páginas, documenta, además, la falta de asistencia médica adecuada que, según la organización, provocó la muerte de un detenido, que sufría problemas cardiacos.

'El Gobierno de EE.UU. no ha respetado los valores que el presidente Bush declaró que habían sido atacados el 11-S', aseguró ayer a este diario la directora del programa de HRW en EE.UU., Jamie Feller.

'Han ignorado los límites del poder del Estado para llevar a cabo detenciones, paradigma de los países libres y democráticos', añadió, 'y se ha invertido la presunción de inocencia: sólo se ha puesto en libertad a los detenidos después de probar su inocencia'.

La mayoría de los detenidos procede de Pakistán, Egipto, el norte de África y el sureste asiático.

La organización de Derechos Humanos sostiene, a través de entrevistas realizadas a detenidos y a sus abogados, que la mayoría de las detenciones se debieron a motivos de nacionalidad, religión o sexo.

Fueron las llamadas de vecinos, temerosos ante la presencia de ciudadanos árabes que consideraban sospechosos, o la actuación arbitrariade la policía lo que motivó la mayoría de las detenciones, carentes de fundamento legal.

Alí Alikhan, un iraní que volvía a Colorado tras pasar sus vacaciones en el parque Yellowstone, fue detenido el 15 de septiembre por exceso de velocidad. Al comprobar que su visado había expirado, fue encarcelado e interrogado sin abogado. Permaneció detenido durante ciento veinte días, treinta y cinco de ellos aislado.

HRW pidió ayer al Gobierno de EE.UU. que divulgue los nombres de los detenidos desde el 11-S, que ponga fin a las audiencias secretas y que se informe a los detenidos de sus cargos.

Esta semana se cumplía el plazo de la juez Gladys Kessler que pidió a la Administración que revelara sus identidades.

Ayer, Kessler dejó en suspenso su propia orden y pasó la petición al Tribunal de Apelaciones por lo que el Gobierno dispone de varios meses hasta la resolución que adopte esa corte.

Viola EE.UU. Derechos Humanos de detenidos por atentados del 11 de septiembre: HRW. Las investigaciones, plagadas de abusos y detenciones arbitrarias a unas mil doscientas personas, dice. Muchos, arrestados por largos periodos sin presentar cargos, acusa la organización humanitaria.

AFP y DPA

Washington, 15 de agosto. La organización Human Rights Watch (HRW) emitió hoy un informe titulado "Se presume culpable: violaciones a los Derechos Humanos de los detenidos en el contexto del 11 de septiembre", en el que denuncia que las investigaciones de esos atentados "están plagadas de abusos, detenciones arbitrarias, violaciones a procedimientos legales y arrestos clandestinos, de los que han sido víctimas al menos mil doscientas personas".

El informe coincidió con denuncias de que al menos treinta prisioneros talibanes y presuntos miembros de Al Qaeda confinados en la base militar de Guantánamo, en Cuba, han intentado suicidarse.

El documento de HRW sostiene también que el Departamento de Justicia estadunidense ha aprovechado las violaciones a las leyes migratorias para violentar sus facultades y abusar de prisioneros.

"Una violación a las leyes migratorias no debe darle al Gobierno licencia para despedazar los reglamentos -señaló Jamie Fellner, director del programa de HRW para Estados Unidos-. Al reducir la vigilancia del Poder Judicial y actuar a escondidas de la opinión pública, ha ejercido prácticamente un poder irrestricto sobre los detenidos".

El reporte reúne testimonios y declaraciones de extranjeros que fueron arrestados después del 11 de septiembre, y comprueba que muchos fueron detenidos por periodos prolongados sin que se les presentaran cargos, se les impidió el acceso a asesoría jurídica, se les sometió a interrogatorios coercitivos y se les negó la libertad bajo fianza.

Asimismo, hubo casos en que los detenidos fueron encarcelados en condiciones restrictivas, incluso confinamientos solitarios, y sufrieron abusos físicos y verbales por su nacionalidad, origen y religión.

Cárceles clandestinas

El documento calcula que unos mil doscientos extranjeros fueron arrestados y mantenidos en secreto por las autoridades, ya que no se han dado cifras oficiales de detenciones. La mayoría de ellos eran originarios de Medio Oriente, el sur asiático y países del norte de África.

Muchos fueron detenidos por violaciones de las leyes migratorias, pero varios fueron arrestados en redadas al azar o con base en denuncias de vecinos.

Estas personas estuvieron detenidas, sin que se les presumiera inocentes, hasta que las autoridades decidieron que no tenían nexos con el terrorismo.

En casos en que hubo violaciones a las leyes migratorias, el Departamento de Justicia aseguró que dado que había de por medio una investigación criminal, se les podía negar a los detenidos los derechos que constan en el código penal criminal, como son el derecho a un abogado y a que los cargos imputados se presenten con celeridad.

En algunos casos se mantuvo a los detenidos en un "limbo legal", bajo custodia del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), lo que según HRW es una "detención preventiva injustificada".

Fellner aseguró que con todas estas prácticas "el Gobierno estadunidense ha pisoteado todos los valores que el presidente George W. Bush aseguró que fueron amenazados el 11 de septiembre, porque han sido ignoradas las restricciones básicas de un poder gubernamental, que es el fundamento de las naciones libres y democráticas.

El informe sostiene que la confidencialidad con la que se hicieron estos arrestos y las audiencias también secretas violan el derecho a la información ciudadana, por lo que exigió que se divulguen de inmediato los nombres de todos los detenidos en las investigaciones y se suspendan las audiencias secretas.

Asimismo, exigió que sea liberado todo detenido contra el cual no haya cargos tras cuarenta y ocho horas de su arresto, que se les informe de sus derechos y se les asigne un defensor de oficio.

Además, se solicita a las autoridades conceder la libertad bajo fianza cuando el caso lo amerite y suspender la práctica de mantener a los detenidos bajo custodia del SIN hasta que se demuestre que no tienen nexos con terroristas.

Marcha atrás de magistrada

La jueza Gladys Kessler ordenó hoy postergar por tiempo indefinido la aplicación de la orden que emitió el 2 de agosto, de divulgar los nombres de las personas arrestadas en la investigación sobre los atentados antiestadunidenses.

Dicha orden obligaba al Departamento de Justicia divulgar los nombres de los detenidos en un lapso de quince días, medida que se consideró una victoria para los grupos pro Derechos Humanos.

Pero la magistrada aceptó hoy postergar su decisión en atención a un recurso legal interpuesto por las autoridades. Esto permitirá al Departamento de Justicia apelar el fallo de Kessler, lo que podría implicar que la dependencia nunca sea obligada a divulgar los nombres de los detenidos.

Por otro lado, la cadena británica BBC informó que al menos treinta presuntos miembros del talibán y de Al Qaeda prisioneros en Guantánamo han tratado de suicidarse, según el médico del centro de detención, lleno a su máxima capacidad tras siete meses de funcionar.

Pese a que ninguno de los quinientos noventa y ocho cautivos tiene acceso a nada con lo que pueda quitarse la vida, algunos han intentado cortarse las venas con utensilios plásticos o golpearse la cabeza contra la pared. Celadores han dicho que esas acciones pueden ser por "remordimiento".

De su lado, Bush estuvo este jueves en el monte Rushmore, en el que están esculpidas en granito las caras de cuatro de sus predecesores, para preparar las elecciones legislativas de noviembre, presentándose como campeón de la guerra antiterrorista y del relanzamiento de la economía estadunidense.

"Esta generación enfrenta desafíos y los asumiremos de frente; ganaremos esta guerra contra el terrorismo", prometió desde uno de los sitios más célebres del país en casi medio siglo.

En las elecciones legislativas y locales del 5 de noviembre se renovarán las cuatrocientas treinta y cinco bancas de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, treinta y seis cargos de gobernadores y numerosos puestos locales.

Querella de familiares de víctimas

Por otro lado, más de seiscientos familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre presentarán este viernes una denuncia civil contra Sudán, siete bancos internacionales, ocho organizaciones islámicas de caridad, varios financistas y tres príncipes sauditas, por presunta financiación de Al Qaeda.

La demanda reclama el pago de daños e intereses por entre mil millones y tres mil millones de dólares, por persona o entidad emplazada, a título colectivo o individual. Al Estado de Sudán se le reclamarán cien mil millones de dólares.

"Los querellantes invocan el Estado de Derecho para hacer responsables de sus actos a aquellos que han favorecido, financiado, apadrinado o incluso apoyado materialmente los actos de barbarie y terror causados el 11 de septiembre", según el texto de la demanda.

Entre los individuos demandados a título personal figuran en especial tres príncipes de la familia real saudita: el ministro de Defensa, Sultan ben Abdel Aziz al Saud; el ex jefe de los servicios secretos, Turki al Faisal al Saud, y un empresario, Mohammed al Faisal al Saud, director del Faisal Islamic Bank.

La demanda sostiene que Turki al Faisal al Saud aceptó en 1998 no demandar la extradición de Osama Bin Laden de Afganistán. Además, suministró "ayuda generosa" al talibán, a cambio de la aceptación de no utilizar Afganistán como base de operaciones para desestabilizar al régimen wahabita.

Afirma también que el príncipe Sultan donó al menos seis millones de dólares desde 1994 a cuatro organizaciones "de caridad" islámicas, que de hecho servían para financiar a Al Qaeda.

El País

La Jornada

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