CARLOS ARES. Buenos Aires.

Casi veintisiete años más tarde se confirma lo que ya se sabía entonces. La Embajada de Estados Unidos en Argentina recogía información de primera mano durante la dictadura militar entre 1976 y 1982 y la enviaba a Washington.

Los funcionarios y agentes se reunían con altos cargos militares, políticos cómplices, sindicalistas venales y periodistas. Gracias a ellos se enteraban de inmediato de los secuestros, las torturas, las ejecuciones sumarias y de las luchas intestinas del poder.

En la sede de la embajada se llenaron fichas sobre unos trece mil ciudadanos "desaparecidos".

Nada se hizo para evitar los asesinatos. Entre los 4.677 documentos secretos desclasificados por el Gobierno de EE.UU. y entregados el martes en Buenos Aires, no hay una sola línea en la que alguien diga, al menos, "denuncien" o "detengan la matanza" de unas treinta mil personas.

Las ambiciones comerciales y políticas de Washington no tienen piedad. A fines de marzo de 1976, tras el golpe de Estado del general Jorge Videla, que inauguraba la más sanguinaria y criminal dictadura de la Historia argentina, desde la Embajada en Buenos Aires se remitía a Washington un informe en el que se consignaba con cierta satisfacción:

"No fuimos acusados de estar detrás de este golpe y la Embajada espera que continúe siendo así (...) No sería bueno ni para ellos ni para nosotros. Sin embargo, los mejores intereses para la Argentina y para nosotros mismos descansan en el éxito de este Gobierno moderado que ahora lleva adelante el general Videla (...). Nos prometió resolver rápidamente varios de nuestros problemas de inversiones (Exxon, Chase Manhattan, Standard Electric y demás)".

Los archivos abarcan toda la dictadura militar -incluida la guerra de las Malvinas- desde 1975, el último año de Gobierno de María Estela Martínez, Isabelita, la viuda de Perón, hasta 1984, un año después de asumir el Gobierno constitucional de Raúl Alfonsín.

La búsqueda se organizó sobre la base de trescientos temas presentados al Departamento de Estado por el National Security Archive, una ONG que ya trabajó en la revisión de documentos vinculados con Chile, El Salvador y Guatemala.

Los defensores de Derechos Humanos confían en que EE.UU. remita ahora los informes reservados enviados por los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Departamento de Inteligencia de Defensa.

Carmen Aguiar, miembro de la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, recordaba ayer que "durante el Gobierno de Carter había un funcionario, Allen Harris, a quien llamaban Tex, que atendía bien a los familiares de las víctimas y parecía preocuparse por la situación de las personas secuestradas y desaparecidas".

Hace dos años, el 16 de agosto de 2000, la secretaria de Estado de EE.UU., Madeleine Albright, se comprometió ante madres y Abuelas de Plaza de Mayo a liberar los documentos clasificados y a reenviarlos a Buenos Aires.

Los textos, a veces manuscritos, incluyen análisis políticos de la situación y revelan también la trama de cómplices civiles que primero alentaron y apoyaron el golpe de Estado y luego encubrieron la represión y persecución de los opositores políticos.

El consejero William Hallman comió en un restaurante de Buenos Aires con el dirigente radical Fernando de la Rúa el 12 de octubre de 1977, según consta en el documento desclasificado 80F178. La conclusión fue la siguiente:

"La actitud cínica de De la Rúa sobre "el derecho a optar" (a irse del país) me interesó, porque entre los políticos civiles sé personalmente que De la Rúa es el más abierto defensor de la Junta Militar y creyente que casi todas las acciones tomadas por las fuerzas de seguridad son correctas".

En ese momento ya eran más de quince mil los secuestrados.

Veinte años más tarde, De la Rúa sería jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y luego presidente de Argentina entre 1999 y 2001.

Por su parte, "otro peronista, el ex gobernador de la provincia de La Rioja Carlos Menem, dijo en una reunión el 24 de julio [1982] que los militares deberían ser juzgados por sus errores, incluyendo los abusos a los Derechos Humanos. El líder del partido radical, Raúl Alfonsín, descartó cualquier posibilidad de manto del olvido".

La justicia civil condenó en 1984 a Videla y los principales comandantes de las juntas militares a penas de reclusión perpetua.

A fines de los ochenta, Alfonsín impulsó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que liberaron de proceso a los oficiales acusados.

A comienzos de los noventa Menem dictó el indulto a los militares que cumplían penas de cárcel.

Los informes, que han sido publicados en la página de Internet del Departamento de Estado de EE.UU., incluían hasta los detalles sobre cómo se torturaba a los prisioneros en campos clandestinos de concentración:

"Descargas eléctricas, el submarino (les ahogan con una bolsa), inyecciones de sodio pentotal, severas golpizas, y el teléfono (un golpe en ambas orejas con las manos ahuecadas)".

Los documentos servirán como evidencia en los Juicios por la Verdad, donde se investiga el destino de las víctimas.

Francia estudia la apertura de un juicio en rebeldía contra Pinochet

AFP. París.

La investigación sobre cinco víctimas francesas de la dictadura de Augusto Pinochet está a punto de terminar. Eso puede significar la apertura en París de un proceso en rebeldía, a finales de 2003 o principios de 2004, contra dieciocho personas, entre ellas el ex dictador chileno.

Hace cuatro años se inició el trabajo para reconstituir "el rompecabezas de la memoria de los testigos", en palabras de la juez de instrucción Sophie-Hélène Chateau.

Entre los desaparecidos están dos miembros del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) chilena detenidos durante el Plan Cóndor, que coordinaba las operaciones de los Gobiernos militares del Cono Sur de América para perseguir a opositores políticos, y un consejero político del gabinete del presidente chileno Salvador Allende, Georges Klein.

Los acusados tienen que responder por "secuestro" y "actos de tortura". Son militares chilenos en su mayoría, como el general Manuel Contreras, fundador de la DINA, la policía secreta de Pinochet. Es poco probable que comparezcan en el juicio porque las órdenes de detención internacional no han sido transmitidas a Chile.

Aun así, ese proceso no tendría precedente: sería el primero contra Pinochet, de ochenta y seis años, que goza de inmunidad en su país.

La Operación Cóndor, al descubierto en los papeles del Departamento de Estado. Secuestrados en Río de Janeiro y trasladados a Buenos Aires, dos montoneros asesinados.

STELLA CALLONI, CORRESPONSAL

Buenos Aires, 21 de agosto. Uno de los cuatro mil seiscientos setenta y siete documentos sobre la pasada dictadura militar argentina, desclasificados y entregados ayer por Washington a Buenos Aires, confirma que dos dirigentes de Montoneros fueron secuestrados en Río de Janeiro y trasladados a este país, operativo que muestra la temible coordinación de las dictaduras en el contexto de la Operación Cóndor.

Los documentos del Departamento de Estado revelan que los militares argentinos que actuaron durante la dictadura (1976-1983), que dejó treinta mil desaparecidos y miles de muertos y exiliados, informaban a la embajada de Estados Unidos sobre detalles de la represión en todo el país, incluyendo detenciones, secuestros, centros clandestinos de reclusión, torturas y ejecuciones.

Y aunque Washington estaba enterado de estas prácticas, consideraba que el golpe de Estado del 24 de marzo había sido el "mejor ejecutado y el más civilizado" en Argentina, según revela otro de los documentos, citado por el diario Clarín.

En uno de los documentos que muestran que el Departamento de Estado tenía conocimiento del plan Cóndor, Jayme Blystone, oficial de la embajada estadunidense, da detalles de una reunión mantenida con una fuente argentina el 2 de abril de 1980, quien le contó cómo Horacio Campiglia y Susana Pinus de Binstock, de Montoneros, fueron capturados en Brasil por oficiales del Batallón 601, para ser traslados al centro militar argentino de Campo de Mayo, y luego engrosar la lista de los miles de desaparecidos.

La misma fuente hace revelaciones sobre otros montoneros secuestrados cuando ingresaban al país por vía terrestre desde Paraguay, Uruguay y Brasil:

"Los servicios de seguridad argentinos tendieron una trampa para capturar a doce miembros. La policía llevó a cabo procedimientos de control de documentación y drogas en la terminal de omnibuses de Buenos Aires, y los servicios de inteligencia fueron capaces" de detener a los montoneros, dice el informe de Blystone.

"Una vez que el miembro montonero era identificado, la policía solicitaba controlar su documentación, le aconsejaba al individuo ir a la estación de policía por cuestiones judiciales de rutina. Una vez que el guerrillero era introducido al automóvil para el traslado a la estación, la inteligencia militar tomaba el mando y transportaba al montonero a la cárcel secreta de Campo de Mayo", añade.

La cárcel secreta de Campo de Mayo

También refiere cómo "la inteligencia militar argentina (601) se contactó con su similar de inteligencia brasileña para solicitar permiso para realizar un operativo en Río de Janeiro y capturar a dos montoneros que llegaban desde México. Los brasileños otorgaron el permiso y un equipo especial argentino viajó por la vía aérea bajo el comando del teniente coronel Román a Río de Janeiro en un C-130 de la fuerza aérea".

Describe después que los dos guerrilleros fueron llevados a "la cárcel secreta del ejército en Campo de Mayo" y que los "montoneros de México (refugiados) fueron capturados vivos (...) los argentinos que no querían alertar a los montoneros que habían realizado una operación en Río, utilizaron a una mujer y un hombre para registrarlos en un hotel empleando los documentos falsos obtenidos de los otros dos montoneros capturados, y de esta manera dejaron rastros" de que éstos habían llegado desde México.

Un memorándum de Seguridad Regional de la embajada tiene detalles del secuestro, que servirá para ampliar la investigación del juez Claudio Bonadío por el plagio y desaparición en 1980 de unos veinte montoneros.

El investigador Carlos Osorio presentó en 2001 al Departamento de Estado una cronología de violaciones de Derechos Humanos en Argentina para tratar de buscar documentos claves en ese país, proceso que terminó en agosto de ese año, pero los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos retrasaron la entrega de los documentos reclamados por el Centro de Estudios Legales y Sociales y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Algunos analistas criticaron que Washington hubiera retenido informaciones que indican la relación de la CIA, la FBI y el Pentágono con los militares argentinos.

La entrega de los documentos ayer provocó expectativas por una parte y por otra advertencias sobre versiones que indicarían una fuerte presión de Estados Unidos para que Argentina se comprometa con la política de ese país en materia de desautorizar a la Corte Penal Internacional y a no juzgar a estadunidenses involucrados en violaciones a los Derechos Humanos.

Cuando Osorio realizó sus investigaciones dijo que los archivos del Departamento de Estado "proveen una cronología vívida de una campaña de contrainsurgencia masiva e indiscriminada," aunque destacó que los documentos de la CIA o el Pentágono no entraron en esta desclasificación.

Además de confirmar procedimientos de la Operación Cóndor, en los papeles hay descripciones de secuestros realizados por el Batallón de Inteligencia 601 del ejército (también comprometido con la CIA en la guerra de la contra en Centroamérica), varios de cuyos integrantes, junto al ex dictador Leopoldo Galtieri, fueron detenidos en el contexto de la causa que investiga Bonadío.

Hay cables de la embajada estadunidense sobre las tácticas extrajudiciales o de guerra sucia practicadas en este país, porque "las fuerzas de seguridad ni confían ni conocen cómo utilizar soluciones legales," y porque "bajo las reglas actuales nadie es oficialmente responsable por las ejecuciones".

Otro memorando cita que algunos militares creían que "aún los inocentes debían ser sacrificados si corría peligro el sistema".

En 1979, la embajada estadunidense envió copias de unos diez mil casos de violaciones a los Derechos Humanos y desapariciones en este país, lo que confirma que Washington conocía todo lo que estaba sucediendo.

También la documentación revela las difíciles relaciones entre los militares y el ex presidente Raúl Alfonsín, aunque el ex presidente Fernando de la Rúa es visto como un "defensor" de la junta militar.

Otros informes indican que en mayo de 1978 la embajada de Estados Unidos informó a su Gobierno sobre la utilización de torturas en "interrogatorios de terroristas sospechosos", y especifica que los informes sobre esto habían disminuido, "no porque haya desaparecido" ese método, sino porque "había menos operaciones (de secuestros) ya que el número de subversivos ha disminuido".

Hay que recordar que para entonces miles ya habían desaparecido. En referencia a los métodos, la embajada se refiere a inyecciones de sodio pentotal, golpizas, descargas eléctricas, el submarino (inmersión en el agua) y el teléfono (un golpe simultáneo en ambas orejas con las manos ahuecadas).

En 1980, dice otro informe, "el Gobierno argentino reconoce aproximadamente tres mil cuatrocientos prisioneros en virtud del estado de sitio, detenidos a disposición del Ejecutivo. Arrestos y desapariciones continúan, aunque no en la escala masiva de los pasados dos años".

Un informante secreto que se hacía llamar Jorge Contreras daba cuenta de los centros clandestinos de detención y de la coordinación de las operaciones secretas entre los distintos organismos mediante las "fuerzas de tarea" del Batallón 601.

Pero, según otro cable citado aquí, la embajada reconoce que "los mejores intereses para Argentina y para nosotros descansan en el éxito de este Gobierno moderado".

Silvana Boschi. DE LA REDACCIÓN DE CLARÍN.

La importancia que pudieran tener los documentos desclasificados por los Estados Unidos en las causas judiciales por violaciones a los Derechos Humanos se podrá medir recién cuando estén revisados los cuatro mil seiscientos setenta y siete informes que componen esos archivos.

Pero al menos dos jueces federales ya se pusieron en contacto con el Ministerio de Justicia para avanzar en esa tarea.

Uno de ellos es Claudio Bonadio, a cargo de la causa en la que se encuentran detenidos más de cuarenta ex militares y policías, por la desaparición de unos veinte integrantes de Montoneros, en la llamada operación "Murciélago", en 1980.

Según fuentes judiciales, Bonadio habló ayer con el ministro de Justicia, Juan José Alvarez, y acordó poner a diez empleados de su juzgado a revisar en el ministerio las cajas con documentos, para ver si encuentran datos que puedan servir a esa causa.

Por su parte, el juez federal Jorge Urso, a cargo de la causa en la que se investiga el plan represivo conocido como "operación Cóndor", solicitó ayer al ministerio el envío de los documentos que puedan agregar datos a esta investigación.

De los informes difundidos hasta ahora, hay varios que mencionan el secuestro de miembros de la organización Montoneros en Brasil, pero por fuerzas represivas argentinas, lo que confirmaría el accionar coordinado que caracterizó a este plan.

Para la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), María José Guembe, "en principio parece que hay varios documentos que van a servir para ser aportados a distintas investigaciones judiciales, como ser el tema de la contraofensiva de Montoneros sobre lo que parece que hay bastante información, o la existencia de un plan sistemático para la apropiación de menores en la dictadura".

La abogada señaló también que en uno de los documentos aparece mencionado el caso de Elisabeth Käsemann, ejecutada de varios tiros en la espalda el 24 de mayo de 1977 en Monte Grande.

Por este caso, Alemania pidió en reiteradas oportunidades la extradición del ex general Guillermo Súarez Mason.

Käsemann, una socióloga hija de un famoso teólogo alemán fallecido en 1998, estuvo detenida en el centro clandestino de detención El Vesubio, en La Tablada, jurisdicción bajo el mando de Suárez Mason en los primeros años de la dictadura.

En un documento sobre las torturas y desapariciones en Argentina enviado por la Embajada de los Estados Unidos a Washington, señala que "un caso bien conocido de abuso físico fue el de Jacobo Timerman. Otro caso bien publicitado por Amnistía Internacional fue el de Elizabeth Käsemann, una ciudadana de Alemania del este, de veintinueve años, que murió tres meses después de su arresto por las fuerzas de seguridad, en mayo de 1977".

Para el abogado Alberto Pedroncini, querellante en la causa de la apropiación de menores y en la del Plan Cóndor, "estos documentos pueden servir para reforzar las pruebas que ya existen en algunas causas, como por ejemplo la apropiación de menores en la dictadura".

TEXTUALES DE LOS INFORMES DESCLASIFICADOS

Piezas sueltas de un pasado doloroso

EL EMBAJADOR Y VIDELA. En abril de 1978, un diplomático estadounidense, presumiblemente el propio embajador Raúl Castro, se reunió con el presidente Jorge Videla. Le marcó "el negativo impacto que tenían la muerte de dos monjas (Alice Domon y Leonie Duquiet) en la visión de EE.UU. sobre los Derechos Humanos en la Argentina". Videla admitió que "las desapariciones tenían un efecto adverso en la visión del mundo sobre Argentina". En ese encuentro "Videla reafirmó lo que le había dicho al general McAuliffe: "La guerra terminó, es hora de retornar a una sociedad democrática"".

EL EMBAJADOR Y VIOLA. El embajador Castro se reunió el 15 de marzo de 1979 con el sucesor de Videla, Roberto Viola, a pedido del militar. "Adhiriendo a la tradición, primero consumimos una taza de una amarga y espesa sustancia mal llamada café. (...) Él aparecía jovial y en tono de broma me dijo: "Estoy listo para ser examinado". Le recordé que estaba ahí por su invitación y, por lo tanto, preparado para las buenas noticias. Me dijo que no había ninguna primicia". Viola después de las bromas le confirmó que se iba a fin de año y enseguida le entregó una lista con nombres de desaparecidos de 1978. "Él me preguntó si yo conocía al general Galtieri. Le contesté que lo conocía bien, que era ahora comandante del I Cuerpo (del Ejército). Viola dijo que lo había puesto a cargo del I Cuerpo como parte de su plan para reducir las desapariciones". "Le dije que había un resurgimiento del interés del Congreso (de EE.UU.) sobre el caso Timerman (...) Sus palabras exactas fueron: "Al pueblo argentino le importa un pito el caso de Timerman"".

EL INFORME DE LA "GUERRA SUCIA". El documento es del 28 de abril de 1983: "(...) Continuaron las críticas al informe de la Junta Militar sobre la guerra antisubversiva. El ex presidente provisional Italo Luder admitió que en 1975 aprobó leyes ordenando a las Fuerzas Armadas combatir en la llamada guerra sucia, pero dijo que la campaña debió haber sido llevada "dentro del marco de la ley, como en los países civilizados". El dirigente de la UCR Antonio Tróccoli dijo que el informe de la Junta no avanzó más allá de admitir que en algunos casos las Fuerzas Armadas traspasaron los límites de los Derechos Humanos. Monseñor Justo Laguna, uno de los prelados de mayor influencia, señaló su insatisfacción con el informe. Reconocidos críticos del Gobierno, como los obispos Miguel Hesayne, Jorge Novak y Vicente Zazpe, lo rechazaron por "inmoral, falso e hipócrita". El titular de la Conferencia Episcopal, el conservador Antonio Quarracino, y el obispo de Mendoza, Cándido Rubiolo, definieron el documento como aceptable".

MALVINAS Y EL BEAGLE. En un informe sobre Argentina del 6 al 10 de marzo de 1982, a menos de un mes de la ocupación de las Malvinas por parte del Gobierno de Leopoldo Galtieri, nada se comenta sobre esa posibilidad. El informe da cuenta precisamente de los conflictos regionales. El Gobierno argentino "busca al menos nuestra neutralidad en el tema del Beagle (con Chile) y espera un gesto favorable respecto a Malvinas".

LA TRIPLE A. Informe de la Embajada de agosto de 1975. "Una organización terrorista de ultraderecha, el Comando Nacional de Restauración Justicialista, surgió el 14 de agosto en Córdoba. Los diarios dicen que un grupo que se identificó como policial ingresó en la casa de la familia de Mariano Poujadas, un izquierdista muerto cuando intentaba escapar de la cárcel de Trelew el 22 de agosto de 1972. El padre, la madre, un hermano y una hermana de Poujadas fueron brutalmente asesinados. No hay información sobre el comando, pero se sospecha que puede ser de la Triple A", comandada por José López Rega.

El País

La Jornada

Clarín

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