MANUEL DÉLANO. Santiago.

La familia del ciudadano español y funcionario de la ONU Carmelo Soria, asesinado en julio de 1976 por agentes de la DINA, la policía política de la dictadura del general Augusto Pinochet, ha llegado a un acuerdo con el Gobierno chileno.

Según el pacto alcanzado por ambas partes, las autoridades chilenas se comprometen a pedir a la justicia que reabra la investigación del crimen y a pagar a los herederos de Soria una indemnización por una suma cercana a los dos millones de dólares.

El rastro de los asesinos de Soria conduce hasta las más altas instancias de la tenebrosa DINA de Pinochet.

Alcanzado tras casi dos años y medio de negociaciones, el acuerdo implica también el reconocimiento de la calidad de funcionario internacional con estatuto diplomático de Carmelo Soria.

La familia retirará su demanda civil de indemnización económica contra el Estado por 3,2 millones de dólares y ambas partes acogen las recomendaciones que hizo a Chile la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), que en 1999 admitió una denuncia por denegación de justicia en este caso.

La tenaz búsqueda de justicia por parte de la familia frente a este crimen, cometido durante la dictadura del general Augusto Pinochet, en julio de 1976, por agentes de la DINA que torturaron y asesinaron a Soria, tuvo en la noche del jueves un importante avance.

"La buena disposición del ministro del Interior, José Miguel Insulza, facilitó lograr este acuerdo de palabra, que ahora deberá ser ratificado por escrito en septiembre", sostuvo Carmen Soria, hija de la víctima y una luchadora por la defensa de los Derechos Humanos, que ha dedicado su vida a este caso.

El acuerdo "implica que se acaba la acusación por denegación de justicia ante la CIDH, pero no paraliza ninguno de los procesos individuales ni se transa [negocia] ninguna petición ante la justicia".

Esto implica que el juez Baltasar Garzón podrá seguir adelante con su investigación, explicó Soria. "Estamos dando cumplimiento a las recomendaciones que hizo la OEA en este caso", agregó.

Carmen Soria calificó de "muy importante" el compromiso alcanzado y planteó su esperanza de que pueda servir de precedente en otros casos de atropellos a los Derechos Humanos cometidos en la dictadura.

En las conversaciones y gestiones no participaron representantes del Gobierno español.

Respecto al destino de la indemnización, cuyo monto no quiso precisar, Carmen Soria sostuvo que "no hay nada a la vista. Cada uno (los tres hermanos y la viuda) resolverán qué hacer".

El abogado de la familia, Alfonso Insunza, afirmó que la suma, inferior a dos millones de dólares y similar a la que el Estado pagó como compensación a la familia del canciller chileno Orlando Letelier (también asesinado por la DINA), se calculó sobre la base del lucro cesante (lo que habría ganado de no haber sido asesinado) y el daño moral ocasionado a sus parientes.

El caso está lejos de haber terminado y, de aceptar la justicia la petición de reapertura del sumario que realizará la Oficina del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la investigación puede avanzar bastante más, cree Insunza.

La Corte Suprema cerró el caso en 1996, por aplicación de la ley de amnistía dictada por la dictadura para los crímenes cometidos entre 1973 y 1978 a dos ex agentes de la DINA procesados por este homicidio.

Queda por determinar la responsabilidad penal de otros tres inculpados, todos miembros de la unidad de la DINA que cometió el asesinato, dos generales de brigada y un teniente coronel, y sobre todo el jefe y subjefe de este organismo, los generales Manuel Contreras y Pedro Espinoza.

Todos ellos se encuentran hoy fuera del Ejército, en situación de retiro.

Insunza recuerda que testigos vieron a Contreras en el lugar del crimen, el domicilio de un ex agente de la DINA, el ciudadano de Estados Unidos Michael Townley, al día siguiente del asesinato.

"Hay importantes diligencias pendientes", afirma el abogado. Entre ellas, tomar declaración al encargado del cuidado de la vivienda donde torturaron a Soria. También es necesario que declare Townley desde Estados Unidos, donde hoy reside acogido al programa de protección de testigos tras haber sido condenado por el homicidio de Letelier, plantea Carmen Soria. También espera que se nombre un juez con dedicación exclusiva al caso. En otros procesos por crímenes de la dictadura estos magistrados han logrado buenos resultados.

Refugiado de guerra

La evidencia que ha recopilado la justicia apunta contra los jefes de la DINA. El propio Townley ha declarado que recibió una llamada en su domicilio del comandante Eduardo Iturriaga, hoy general retirado, avisándole de que llevaban un detenido.

El abogado Insunza sostiene que el asesinato de Soria, un ex refugiado de la guerra civil española, militante comunista, de cincuenta y cuatro años en el momento del crimen, constituyó en plena dictadura de Pinochet "un aviso de la impunidad de la DINA a los comunistas: nadie, ni siquiera alguien con estatus diplomático estaba a salvo".

El acuerdo amistoso que lograron los parientes de la víctima y el Gobierno chileno está contemplado por la CIDH, ante la cual tendrá que suscribirse por escrito en septiembre, con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la familia Soria.

El abogado Insunza considera "aceptable el acuerdo, porque contempla una forma de reivindicación de la víctima y de reparación a sus familiares". Parte de las peticiones de la familia Soria es que Insunza siga como abogado del caso, en el cual trabaja ya once años.

Secuestrado en la calle y torturado hasta la muerte

Un día y medio sobrevivió en poder de la DINA, tras su secuestro, el ciudadano español Carmelo Soria, funcionario de la ONU, jefe editorial en la sede de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en Santiago.

Soria militaba en el Partido Comunista de España (PCE).

Secuestrado en plena calle por militares vestidos de carabineros, mientras conducía su coche, Soria fue trasladado a la casa del agente norteamericano de la DINA Michael Townley.

La casa era uno de los cuarteles secretos de este cuerpo represor. Allí lo torturaron hasta su muerte, el 16 de julio de 1976.

Al día siguiente, arrojaron el auto de Soria a un canal cercano a la capital, con una botella de aguardiente para simular un accidente.

Para determinar cómo fue su muerte hubo que esperar la llegada de la democracia, en 1990. La investigación judicial no avanzó en la dictadura, a pesar del status diplomático de la víctima.

Townley confesó después que a Soria le quebraron el cuello y dijo que la orden de matarlo la dio el número dos de la DINA, el general de brigada Pedro Espinoza. El general Manuel Contreras, director de la DINA, estuvo en la casa.

Un testigo declaró que parecía sorprendido porque "el fulano" no soportó "el tratamiento".

La Corte Suprema amnistió a los miembros de la brigada que secuestró a Soria y la investigación no determinó la responsabilidad de los mandos de la DINA. El caso generó tensiones entre el Ejército y los Gobiernos democráticos.

Varios de los inculpados eran oficiales de alto rango y uno de ellos, el general de brigada Jaime Lepe, fue escolta de Pinochet y después secretario de su institución.

Para lograr el acuerdo fue fundamental la acusación de la familia Soria al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, que recomendó al Gobierno agotar la investigación y reparar a los parientes, pues permitió mantener activo el caso.

ALBERT VALLEJO

MADRID.- La familia y los amigos del diplomático español Carmelo Soria ya pueden respirar un poco más tranquilos. Después de veintiséis años de sufrimiento y mil batallas legales, el Gobierno chileno aceptaba ayer dar una indemnización de dos millones de dólares y solicitar la reapertura del sumario.

Según el abogado Alfonso Insunza, representante de la mujer e hijos del funcionario de Naciones Unidas asesinado en la era pinochetista, "se llegó a un principio de acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA (Organización de Estados Americanos)".

El caso de Soria se remonta a 1976, cuando, ostentando un alto cargo en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), fue secuestrado, torturado y asesinado por miembros de la Brigada Mulchén, de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Esta unidad del espionaje chileno, dirigido en última instancia por Augusto Pinochet -en el poder desde su golpe de 1973-, la tenía tomada con Carmelo Soria desde hacía tiempo.

Primeramente, porque el funcionario pertenecía a las bases del Partido Comunista Español (PCE). De hecho, Soria ya se había visto obligado a protegerse en Chile desde 1946 para no ser represaliado por Franco.

En segundo lugar, porque, tras el derrocamiento de Salvador Allende, Soria había decidido quedarse en Chile para intentar combatir el terror desde dentro del país.

Inmunidad

En aquel momento, el español recurrió a la inmunidad diplomática para poder ayudar a numerosas personas a asilarse en algunas de las embajadas de la capital.

Aquello convirtió rápidamente a Carmelo en un objetivo de la DINA, que sospechaba que en las valijas diplomáticas se escondían fondos económicos para la oposición al régimen.

Durante el secuestro, Soria fue conducido a la casa de Michael Townley, un ciudadano estadounidense que posteriormente sería condenado por las autoridades de Washington por el asesinato de Orlando Letelier -canciller del Gobierno de Allende- y su secretaria, también en 1976.

Allí, recibió torturas, que incluyeron la inhalación forzada de gas sarín.

Su condición de español y de funcionario internacional de Naciones Unidas llevó a los responsables del crimen a encubrir los hechos e incluso a simular que Soria había fallecido a causa de un accidente automovilístico.

Según las supuestas pesquisas, el español había muerto tras precipitarse con su Volkswagen al Canal de El Carmen, situado en un barrio de Santiago. En el informe policial se llegó a informar sobre el hallazgo de una botella de aguardiente en su apartamento, hecho que justificaría el percance.

Con el paso de los años, la verdadera historia de lo que sucedió aquel 14 de julio de 1976 fue aclarándose. Para ello resultó vital la confesión de Townley.

Sin embargo, la familia Soria aún tenía por delante una larga guerra judicial.

Después de la muerte de su marido, Laura González-Vera y sus tres hijos siguieron recibiendo amenazas y presiones de todo tipo. Antes de marcharse a Madrid, sin embargo, dejaron lista una denuncia, que fue presentada pocos días más tarde.

Tras el fin de la dictadura, se consiguió en 1991 que se reabriera el caso, y se logró que, por lo menos, dos miembros de la Brigada Mulchén fueran procesados.

El mayor del Ejército chileno Guillermo Salinas y el sargento de carabineros José Ríos San Martín se salvarían de ser condenados poco tiempo después.

Sin sanciones

El proceso, dirigido por el juez de Eleodoro Ortiz, archivó el caso en agosto de 1996 y sin establecer sanciones.

Con el cierre del proceso la Corte Suprema estaba aplicando en favor de los dos militares el decreto-ley de Amnistía dictado por Pinochet en abril de 1978, dos años después del crimen.

En 1997 y tras recibir el duro golpe judicial, la familia de Soria pidió la intervención del Gobierno de José María Aznar.

Paralelamente, la hija de la víctima, Carmen Soria, recurrió la decisión del Supremo chileno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El recurso se saldó con un éxito para la familia de Carmelo Soria, ya que, en 1999, la Comisión recomendó al Estado chileno "juzgar las responsabilidades del homicidio".

Ayer, el abogado hacía público el acuerdo amistoso logrado con el Gabinete de Ricardo Lagos. Para ello, explicó, hizo falta una reunión con José Miguel Insulza, ministro chileno del Interior.

El País

El Mundo

Enlaces sobre Direitos Humanos