El País - Miércoles, 28 de agosto de 2002
Un tribunal estadounidense declara ilegales
los procesos secretos de deportación de extranjeros
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ROSA TOWNSEND. Miami. Los procesos secretos de deportación de extranjeros ordenados por EE.UU. tras el 11-S sufrieron ayer un duro revés judicial. El sexto tribunal federal de apelaciones los declaró inconstitucionales en un fallo en el que, de paso, advertía al Ejecutivo de que "las democracias mueren" cuando operan a puerta cerrada, aun cuando sea en nombre de la seguridad. Aunque la decisión no tiene alcance nacional y el Gobierno puede apelarla al Supremo, sienta un precedente para otros casos pendientes y afecta potencialmente a decenas de sospechosos de terrorismo detenidos por violar leyes de inmigración. La victoria fue sobre todo importante para el libanés Rabih Haddad, sospechoso de estar vinculado con Al Qaeda y detenido por tener un visado caducado, pero el caso cobra mayor trascendencia por ser la primera vez desde la guerra de Vietnam en que la prensa suscribe una causa social. Cuatro periódicos demandaron conjuntamente con Haddah y la Organización de Libertades Civiles al Gobierno de Bush. El tribunal se hizo eco en su fallo del nuevo papel de los medios de comunicación: "La sociedad ha comisionado a los medios como guardianes de la libertad". El Gobierno ha restringido algunas libertades a raíz de los atentados, entre ellas el acceso público a las audiencias de deportación, aduciendo que "comprometen la estrategia antiterrorista, no son un juicio en sí y, además, ponen en peligro la propia seguridad física de los detenidos". Esos argumentos le parecieron insuficientes tanto al juez que en abril decidió en el caso de Haddah como al sexto tribunal federal de apelaciones. "Un Gobierno que opere bajo la sombra del secreto está en completa oposición a la sociedad que imaginaron los padres de nuestra Constitución", escribió el magistrado jefe del panel, Damon J. Keith. Sin embargo, el fallo deja la puerta abierta a que los tribunales inferiores evalúen caso por caso la necesidad de cerrar un proceso al público. Haddah fue detenido el 14 de diciembre porque el Departamento de Justicia sospechaba que la organización supuestamente humanitaria que dirigía canalizaba fondos a Bin Laden. Le congelaron las cuentas, cerraron la organización e iniciaron los trámites para su deportación. Ahora el proceso está en suspenso y Haddah ha solicitado asilo en EE.UU. aduciendo que teme por su vida si regresa a Líbano. Estados Unidos ha deportado a cientos de detenidos en conexión con la investigación del 11-S. En total detuvieron a setecientas cincuenta y dos personas por distintas ilegalidades immigratorias, de las que ochenta y una permanecen bajo custodia del Departamento de Inmigración. |
El Mundo - Miércoles, 28 de agosto de 2002
Un tribunal de EE.UU. declara
que las detenciones secretas tras el 11-S son ilegales
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La Corte de Apelaciones de Cincinnati falla contra el Gobierno, que había autorizado los juicios a puerta cerrada de los sospechosos. Exige que los doscientos afectados que siguen presos sean juzgados en audiencias públicas. JULIO A. PARRADO. Corresponsal. NUEVA YORK.- "Las democracias mueren detrás de puertas cerradas". Con esta dura reprimenda y advertencia, un tribunal ha dado otro golpe a las cuestionadas medidas judiciales instauradas por el Gobierno de George W. Bush después del 11-S. Una Corte de Apelaciones de Cincinnati declaraba el lunes ilegales los juicios a puerta cerrada de inmigrantes. También declaró ilegales las deportaciones secretas de inmigrantes, que se habían convertido en un instrumento cotidiano y cuestionado de la guerra interna contra el terrorismo. El tribunal, compuesto por tres magistrados de tendencia liberal, aseguraba que "cuando el Gobierno comienza a cerrar puertas controla selectivamente la información que pertenece por derecho al pueblo. Una información seleccionada es equivalente a la desinformación", manifiestan los letrados, que critican al Departamento de Justicia por llevar a cabo acciones fuera del "escrutinio público". El pronunciamiento judicial supone un revés adicional para John Ashcroft, el ultraconservador secretario de Justicia de Bush, al que se acusa crecientemente de poner en riesgo los derechos fundamentales de sus conciudadanos amparándose en la necesidad de combatir al terrorismo internacional. La semana pasada, el tribunal especial que supervisa las actividades del FBI hizo pública, por vez primera vez en veintiún años, una amonestación a esta agencia por sus tácticas en las escuchas y el espionaje. También se negó a permitir, como pretendía el Departamento de Justicia, que sus agentes puedan compartir con otras entidades policiales informaciones obtenidas a través de grabaciones telefónicas o con micrófonos. La decisión de la Corte de Cincinnati es una respuesta a una denuncia presentada contra el Gobierno por cuatro periódicos y un diputado de Michigan. Los medios de comunicación reclamaban el acceso a las audiencias judiciales en el caso de la deportación contra Rabih Haddad, un predicador musulmán acusado de extralimitar su visado de turista. En abril, un tribunal inferior ya había fallado en contra del Gobierno, que proclama su derecho a decidir de forma unilateral qué casos de deportación deben ser celebrados sin la presencia del público. Otras dos cortes de Washington y Nueva Jersey también han asestado sendas derrotas al Departamento de Justicia, pero estas decisiones deben ser aún puestas a prueba en tribunales de apelaciones similares al de Cincinnati. Los responsables de Justicia pueden esperar aún la sentencia de esos otros casos antes de presentar un recurso. Víctimas propicias Los inmigrantes en situación irregular fueron, inmediatamente después del 11-S, los primeros en sufrir las medidas restrictivas sin precedentes implantadas en todo el país. Su carencia de los fuertes derechos constitucionales que blindan a los ciudadanos estadounidenses los convirtió en las víctimas propicias para todo tipo de abusos. Durante meses, el Departamento de Justicia no dio datos de cuántos extranjeros se encontraban encerrados, en algunos casos tras haber cometido infracciones tan simples como sobrepasar los límites de estadía legal. Ashcroft reconoce que aún continúan en prisión más de doscientas personas "relacionadas" con las investigaciones del 11 de Septiembre. Solamente el pasado junio, setecientas cincuenta y dos personas fueron detenidas o deportadas. El fallo de la Corte de Cincinnati sienta jurisprudencia para que los que aún siguen detenidos sean juzgados en audiencias públicas, siempre que lo determine, caso por caso, el tribunal correspondiente. "El tribunal se ha sentido ofendido por el intento del Gobierno de ampararse en la seguridad nacional para desposeernos de nuestras libertades", manifestaba Herschel P. Fink, letrada del Detroit Free Press, uno de los periódicos demandantes. Dado que los inmigrantes están desamparados desde el punto de vista constitucional, la lucha por preservar sus mínimos derechos ha sido llevada a cabo desde una defensa de la libertad de información y expresión, protegida en la Primera Enmienda de la Carta Magna. La acción de los tribunales está supliendo la falta de críticas desde el Legislativo ante las nuevas leyes restrictivas. Cuando se trata de lucha antiterrorista, el Congreso sigue adoleciendo de un total entreguismo. |