BOSCO ESTERUELAS, ENVIADO ESPECIAL. Elsinor.

La sombra de Estados Unidos sobre la Corte Penal Internacional (CPI) trastorna la fragilidad de la Unión Europea (UE) en política exterior.

Por un lado se defiende a ultranza la existencia de este tribunal, pero, por el otro, no se quiere incomodar a Estados Unidos, que busca acuerdos bilaterales de inmunidad para sus soldados. Italia y el Reino Unido dan señales de romper la unidad, pese a que los Quince se han dado un compromiso de encontrar una solución común de aquí al 30 de septiembre.

"Existe un claro principio de no minar el CPI, pero también de querer llegar a un acuerdo que haga posible satisfacer las peticiones de EE.UU.", declaró ayer el actual presidente del Consejo de Ministros de la UE, el danés Per Stig Moller, al término de la reunión informal que esta semana celebraron en el pueblo costero de Elsinor los titulares de Exteriores de los Quince.

"Yo no hablaría de divergencias. De momento, lo que está claro es que existe un compromiso de no hacer nada por separado hasta el 30 de septiembre y espero que para entonces se llegue a un punto de acomodo", dijo el alto representante de la UE, Javier Solana.

A ese compromiso se suman en principio italianos y británicos, los más comprensivos con la postura norteamericana de pactar la inmunidad de sus ciudadanos amparándose en el artículo 98 del tratado de la CPI, que abre una puerta a esa fórmula.

EE.UU., al igual que Rusia y China, no ha ratificado el tratado y teme que este tribunal, el primero en el mundo para procesar a presuntos responsables de crímenes de guerra y contra la Humanidad, pueda perjudicar fundamentalmente sus intereses.

"Mejor no especular al respecto y esperar a que se encuentre una fórmula satisfactoria para todos", sentenció ayer cauteloso el ministro británico Jack Straw, al que se le acusa de haber ya decidido de antemano satisfacer la petición que transmitió el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, en una carta enviada este mes por separado a los países de la UE.

Silvio Berlusconi, el primer ministro y responsable de Exteriores italiano, creó un cierto pánico en Elsinor cuando sus colegas se desayunaron ayer con sus declaraciones del sábado por la noche a los medios de su país anunciando que Roma estaba dispuesta a pactar con Washington tras haber hablado con "Bush padre y Bush hijo" y que no se sentía obligado a suscribir una posición común de la UE .

Il Cavaliere se desdijo horas después en la reunión a puerta cerrada con los demás homólogos: "No vamos a dar un paso antes de que se llegue a una posición común". El líder italiano aseguró que Italia no va a "tomar ninguna decisión unilateral antes de que la UE se pronuncie", pero reiteró que se mostraba "comprensivo" con las peticiones norteamericanas.

"Si no logramos una posición común, al menos es importante que exista una voluntad de llegar a un planteamiento común", declaró, en un lenguaje un tanto críptico, la ministra española Ana Palacio.

Para muchos analistas y diplomáticos, la UE vuelve a demostrar toda su impotencia cuando se busca una voz única sobre cuestiones de política exterior y de relevancia como el CPI, un órgano cuya existencia fue posible gracias sobre todo al impulso de los europeos. "Hay siempre más preocupación por no dañar las relaciones trasatlánticas", confiesa un diplomático.

Alemania y Francia son las que más defienden la validez de la CPI. También los servicios jurídicos de la Comisión Europea, que sostienen que acuerdos bilaterales con terceros supondrían una violación de los estatutos de este órgano, fundado en 1997 con la firma de más de un centenar de naciones, ratificado por casi ochenta y operativo desde el pasado julio.

Los franceses actúan con una red de seguridad puesto que ahora trasciende que París fue el único que se acogió al artículo 124 de la CPI, una disposición adicional por la cual uno de los países contratantes tienen la prerrogativa de disfrutar de un plazo de hasta siete años para la inmunidad de sus ciudadanos implicados en crímenes de guerra en misiones de paz.

Por otra parte, los Quince dieron en Elsinor visto bueno a la iniciativa danesa de un plan para Oriente Próximo, que el ministro Moller explicará la próxima semana en la región y el día 16 de septiembre en Nueva York al Cuarteto (EE.UU., UE, Rusia y ONU).

En realidad, la iniciativa danesa no aporta nada nuevo a las ideas de Washington de apoyar la creación de un Estado palestino en tres años y la convocatoria de una conferencia de paz.

El mérito del plan es concretar con una hoja de ruta un calendario en tres etapas -antes, durante y después de las elecciones presidenciales palestinas del próximo enero- y contempla la formación de un Estado provisional con fronteras provisionales antes de fin de 2003, la bicapitalidad de Jerusalén y el regreso de los refugiados.

EE.UU. minimiza las discrepancias

AGENCIAS. Berlín.

La consejera de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, Condoleeza Rice, considera que las diferencias de criterio entre Europa y EE.UU. respecto a un ataque sobre Irak no afectan a la normalidad de sus relaciones, fortalecidas por la solidaridad europea tras el 11-S.

En una entrevista publicada por la revista alemana Der Spiegel esta semana, Rice asegura que EE.UU. y la UE pueden enfrentarse en temas como la apertura de "ciertas áreas comerciales", el problema del cambio climático o la puesta en marcha de la Corte Penal Internacional.

"Pero donde no diferimos", continúa Rice, "es en defender el valor de la libertad. Y cuando ésta es atacada, nos recuerda qué es lo importante. El 11-S es como un recordatorio de lo que realmente nos une".

Dentro de esa defensa de la libertad, Rice reitera en la entrevista la necesidad de un "cambio de régimen" en Bagdad, como ha proclamado el presidente George W. Bush.

Los Gobiernos de Alemania y Francia ya han declarado que se opondrán a cualquier acción sobre el régimen de Sadam Husein si no es autorizado por la ONU.

"¿Realmente tenemos que probar que Sadam Husein representa un problema para la paz y la estabilidad internacionales?", se pregunta Rice.

Argentina acuerda con Washington la impunidad de sus "marines"

EL PAÍS. Madrid.

El Gobierno argentino garantizará inmunidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los instructures militares estadounidenses que trabajen en Argentina, según desvelaron fuentes oficiales ayer al diario Clarín.

El compromiso de Buenos Aires permitirá a los soldados estadounidenses, en su mayoría marines, participar en las terceras maniobras conjuntas en "territorios adversos", prevista para el mes de octubre. Washington condicionó la operación a la garantía de inmunidad de sus soldados ante la CPI.

Argentina, que se adhirió a la corte desde su nacimiento el 1 de julio, realizará una pirueta jurídica para no entrar en contradicción con los principios del tribunal y cumplir al mismo tiempo con las exigencias de Washington.

A las tropas de EE.UU. se les aplicará "el tratamiento, privilegios e inmunidades que le otorga la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961", no como embajadores, sino como "personal técnico y administrativo de la Embajada" estadounidense, según un informe oficial.

El Ministerio de Exteriores y la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires negocian ahora una "nota diplomática" que ratifique por escritos las garantías reclamadas por EE.UU., según las mismas fuentes.

Si las tropas extranjeras incurren en conductas irregulares, podrían ser temporalmente detenidos y más tarde deportados y juzgados en su propio país de origen, según dispone la Convención de Viena, en la que se amparan los diplomáticos de todo el mundo.

Oposición parlamentaria

La decisión del Gobierno argentino contará con una abultada oposición en el Parlamento, donde varios diputados ya han asegurado que no aprobarán una excepción a la corte internacional.

El vericueto legal diseñado por el Ejecutivo argentino hará sin embargo innecesario, que el texto del documento oficial que garantiza la inmunidad a las tropas estadounidenses pase por el Congreso.

Por su parte, la Cámara colombiana aún debate la firma de un acuerdo bilateral con EE.UU., que ha amenazado al presidente colombiano, Álvaro Uribe, con retirar la ayuda estadounidense para luchar contra la guerrilla.

Otros países como Israel, Rumania, Tayikistán y Timor Oriental ya han garantizado la inmunidad a los cascos azules desplegados en su territorio.

Los Quince esperan el dictamen de sus juristas para adoptar una posición común. Roma y Londres, a favor de alcanzar acuerdos bilaterales con Washington.

ELENA ALJARILLA. Especial para EL MUNDO.

ELSINOR (DINAMARCA).- Los ministros de Exteriores de la UE se han dado un plazo de un mes, hasta el próximo Consejo del 30 de septiembre, para encontrar una respuesta común a las presiones de EE.UU. para que sus soldados sean inmunes ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Durante la reunión informal que los Quince han mantenido este fin de semana en Elsinor, la única conclusión ha sido el compromiso de no firmar ningún acuerdo bilateral con Washington hasta conocer el informe que preparan los juristas.

El encuentro prometía ser complicado y no defraudó. Para calentar los ánimos, el premier italiano y ministro de Exteriores de este país, Silvio Berlusconi, aseguró el viernes que Italia no tendría ningún inconveniente en firmar acuerdos bilaterales con Washington.En la misma línea, el británico Jack Straw volvió a mostrar su apoyo a las exigencias norteamericanas, ante la prensa y ante sus colegas europeos.

Para echar más leña al fuego y contribuir a la confusión, la prensa danesa se hizo gran eco de la inmunidad de la que gozan las tropas de Francia, un país que se ha mostrado siempre muy reacio a este tipo de acuerdos bilaterales que restan credibilidad y eficacia a la Corte. El caso francés, sin embargo, tiene matices.Se trata de una moratoria que permite la inmunidad durante los siete primeros años desde la ratificación del tratado de la CPI y que afecta únicamente a los militares que participen en operaciones de paz con mandato de la ONU.

Moratoria gala

Francia es el único país de los que han ratificado el tratado que se ha acogido a esta cláusula incluida en el artículo 124 y lo hizo, según fuentes francesas, porque "es el país que en los últimos 15 años más tropas ha tenido desplegadas en misiones de paz en el mundo". En concreto, el artículo 124 permite a un Estado excluir de la competencia de la Corte hechos relacionados con crímenes de guerra cometidos en su territorio o por sus nacionales durante siete años. La cláusula no cubre los casos de genocidio o crímenes de lesa humanidad.

Así las cosas, la reunión se desarrolló con dos frentes opuestos.Reino Unido e Italia a favor de acuerdos bilaterales y, en el otro extremo, Francia, que se opone, pero acogida a esta moratoria de siete años. Como es habitual en este tipo de reuniones, la partida terminó en tablas, y de momento los Quince se han concedido un aplazamiento hasta saber la opinión de los juristas sobre esta cuestión.

Para ello, los mejores abogados de los Estados miembros se reunirán el 4 de septiembre en Bruselas e intentarán encontrar una fórmula que respete los principios y objetivos de la CPI y que al mismo tiempo calme las inquietudes norteamericanas. Así lo zanjaba en la rueda de prensa final el presidente de turno del Consejo, el danés Per Sitg Moller: "Hay que tener en cuenta la importante participación de Estados Unidos en misiones de paz en todo el mundo". Y, en la misma línea, el alto representante de la UE, Javier Solana, advertía: "No podemos hipotecar el futuro de la cooperación internacional".

El contrapunto legal, por otro lado, lo pone la Comisión Europea, que basada en un informe jurídico asegura que estos acuerdos bilaterales podrían ser incompatibles con el tratado de la CPI, y por eso ha impulsado la reunión de los juristas para asegurar una interpretación común.

El propio Berlusconi rectificó durante la reunión y aseguró que, a pesar de sus declaraciones de la noche anterior, esperaría a la opinión jurídica y se sometería al consenso general, si finalmente la UE encuentra una solución común a esta situación.

Para la ministra española, la decisión de ayer supone un paso muy importante ya que "la CPI ha sido una batalla europea, una batalla por la idea de que no puedan quedar impunes crímenes contra la Humanidad", por lo que "vamos a explorar todas las vías jurídicas para poder acomodar dentro del marco del tratado y dentro de esos principios las preocupaciones de EE.UU."

El alto representante de Política Exterior también se mostraba optimista y confiado en que los juristas encuentren una solución buena para todos, y aseguraba que "el TPI tiene mecanismos de defensa para que se no hagan arbitrariedades políticas, que es a lo que tienen miedo las autoridades de Estados Unidos". Miedos que, según las palabras de Javier Solana, "no son totalmente razonables".

Es una imposición de Washington para que sus soldados no puedan ser juzgados en la CPI: Clarín. Acusan sectores políticos y organismos sociales y humanitarios que es una "virtual recolonización".

STELLA CALLONI, CORRESPONSAL

Buenos Aires, 31 de agosto. El Gobierno de Eduardo Duhalde garantizaría la inmunidad diplomática para las tropas estadunidenses que realizan maniobras o permanecen en este territorio, imposición de Washington para que sus soldados no puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de que Argentina está adherida a ésta, reveló hoy el diario Clarín.

El Gobierno habría cedido ante las presiones estadunidenses en momentos en que existe un fuerte revuelo por las anunciadas maniobras conjuntas de tropas especiales de Estados Unidos y Argentina en la provincia de Misiones, limítrofe con Brasil y Paraguay.

La Jornada informó la semana anterior de estas presiones, y aquí, en el Foro Social Mundial, se condenó tanto a las maniobras como a la militarización regional.

El anuncio de los "juegos de guerra", evaluados como parte de la avanzada estadunidense programada desde hace años y en especial dentro de la iniciativa intervencionista del Plan Colombia, provocó las protestas de sectores políticos, organismos sociales y humanitarios, y demandas de legisladores de diversos partidos que advierten que se trata de una virtual "recolonización" de Argentina.

Asimismo, el hecho de que la desclasificación, selectiva y censurada, de los archivos de la pasada dictadura militar por parte del Departamento de Estado coincida con esta exigencia de inmunidad para las tropas estadunidenses, pone un manto mayor de sospecha.

Durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y dentro de las admitidas "relaciones carnales" entre ambos países, Argentina fue incorporada como socio exterior de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y no necesitaría firmar este acuerdo, pero Estados Unidos exigió la garantía de inmunidad.

Suspicacias y temores

Esta noticia circuló en momentos en que el vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Carlos Iparraguirre, aseguró al diario El Territorio, de Misiones, la disposición de rechazar en las cámaras la exigencia de inmunidad, y se dijo que Argentina suspendió, "al menos por ahora", las maniobras militares conjuntas previstas para entre el 25 de octubre y el 25 de noviembre en Misiones, con la llegada de unos doscientos asesores de tropas especiales con "potencial bélico inaceptable".

Con todo esto, se analiza que Washington no sólo logra una inmunidad que hace sospechar que sus soldados tienen las manos libres para violar Derechos Humanos, sino que obstaculiza a la CPI.

Diputados argentinos se oponen a las maniobras ante la sospecha de que se trata de la tan cuestionada "militarización de las fronteras" en el esquema del Plan Colombia, y temen que se trate de instalar un enclave bélico en Misiones.

¿El objetivo?, se pregunta El Territorio. "Tener presencia en las zonas sensibles al narcotráfico, el contrabando y el tráfico de ciudadanos de origen árabe", responde.

Además, tanto la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como la seguridad de Israel han tratado de sentar la idea de que ese oscuro agujero del mundo que es Ciudad del Este, en la triple frontera -Brasil, Paraguay y Argentina- es un foco de diseminación de terroristas árabes, y hasta ahora, como han denunciado políticos de los tres países, nunca ha sido comprobado.

Pero las denuncias alcanzan también a la militarización de la provincia de Salta, fronteriza con Bolivia, donde en agosto del 2001 hubo una intensa movilización de organizaciones civiles en oposición a las maniobras Cabañas 2001 con tropas de Estados Unidos que dirigieron ejercicios de los ejércitos de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, en un escenario que proponía una acción común intervencionista en Colombia.

Fuertes protestas también originó un decreto del Gobierno de Tierra del Fuego -extremo austral del país- que decidió el año pasado la instalación de una base de Estados Unidos para "realizar estudios nucleares con fines pacíficos" en Tolhuin, en el centro de esa isla.

Extraños entramados legales

Sindicalistas de Tierra del Fuego advierten que existen "entramados legales" a los que puede echar mano Washington en las leyes argentinas, como una de 1998 en cuyos anexos se contempla "que podrán realizarse explosiones nucleares subterráneas con fines pacíficos".

Según el decreto, el Gobierno autorizó la instalación de una base del Sistema Internacional de Vigilancia para la Prevención y Prohibición de Ensayos Nucleares.

Por su parte, la Asociación Americana de Juristas promovió un amparo contra el Estado nacional y solicitó que el Poder Judicial "disponga la nulidad e inconstitucionalidad" de las disposiciones del Ejecutivo de permitir el ingreso al territorio de fuerzas militares de diversos países para maniobras conjuntas bajo la dirección de Estados Unidos, sin la correspondiente aprobación parlamentaria".

Advirtió también contra cualquier tipo de conformación de una fuerza militar multinacional integrada por ejércitos de la región con fines intervencionistas.

De su lado, el Centro de Militares Democráticos de Argentina alertó sobre los preparativos para la represión de los movimientos populares como exigencia del modelo económico impuesto.

"Estos actos ilegales y preparatorios para una represión con efectivos combinados de varios países no son únicos. Ya se han desarrollado en el pasado reciente otros a espaldas de la población eludiendo el contenido de nuestro ordenamiento jurídico", señaló.

Dividen Italia y Gran Bretaña a la Unión Europea

REUTERS

Gran Bretaña e Italia se distanciaron ayer en Elsinore, Dinamarca, de sus socios de la UE en una disputa sobre la recientemente creada Corte Penal Internacional (CPI), al sugerir ambos países que podrían firmar un acuerdo de inmunidad bilateral con Estados Unidos. Esta postura es una victoria diplomática para la Casa Blanca, cuyos esfuerzos por mantener a los estadunidenses fuera del alcance de la CPI se han sumado a las tensiones trasatlánticas sobre Irak, y podrían suponer un golpe a la credibilidad de la corte, indicaron los analistas.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores británico dijo que Gran Bretaña esperará hasta que la UE alcance una posición común sobre los acuerdos de no entregar a ciudadanos estadunidenses a la CPI. Sin embargo, añadió que tales acuerdos mantendrían los postulados fundacionales del tratado.

Los diplomáticos dijeron que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, señaló a la prensa italiana, el viernes anterior por la noche, que Roma está dispuesta a firmar un acuerdo con Washington, tras los controvertidos ejemplos de Rumania, Israel y Timor Oriental.

La CPI fue creada para juzgar a acusados por atrocidades, genocidio, crímenes de guerra y abusos sistemáticos de los Derechos Humanos. Sin embargo, Estados Unidos teme que sus soldados puedan ser vulnerables a acusaciones políticamente motivadas, y se opone a la corte. El mes pasado logró un periodo de gracia de un año tras amenazar con vetar todas las operaciones de paz en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Desde entonces, Washington ha presionado a los países que ratificaron la CPI para firmar "acuerdos de inmunidad" bilaterales bajo el artículo 98 del tratado de creación de la corte. Los expertos legales de la Comisión Europea concluyeron que tales pactos no son compatibles con el tratado.

Eduardo Menem dice que "sienta un pésimo precedente". Para Terragno, es "contrabando jurídico."

Ana Gerschenson. DE LA REDACCION DE CLARIN.

La decisión del Gobierno de garantizarles inmunidad diplomática a las tropas estadounidenses que vengan a entrenarse a la Argentina generó ayer una sonora polémica.

El senador Eduardo Menem (PJ), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, advirtió que el proyecto del Gobierno "sienta un pésimo antecedente".

Su colega de banca Cristina Fernández de Kirchner le recordó al Gobierno que "esto no es una misión diplomática de un país, sino son tropas de entrenamiento".

Y el precandidato radical Rodolfo Terragno se preguntó si los soldados estadounidenses "vienen a cometer actos de genocidio o violaciones a los Derechos Humanos para que Estados Unidos necesite tantas garantías" de la Argentina.

El canciller Carlos Ruckauf aseguró a este diario que "si un soldado norteamericano mata a un ciudadano argentino va preso en la Argentina", aunque reconoció que los militares que se entrenen en el país contarán con un grado de inmunidad diplomática.

Esta semana, el Departamento de Estado comunicó a la Cancillería su decisión de suspender los ejercicios militares conjuntos, planificados para octubre y noviembre en la selva misionera.

Acto seguido, el secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, le explicó al canciller Carlos Ruckauf que el entrenamiento se reanudaría sólo si la Argentina le garantizaba "por escrito" al Gobierno estadounidense la "inmunidad" de sus soldados.

Específicamente, que ninguno de sus efectivos militares pueda ser juzgado en nombre del nuevo Tribunal Penal Internacional, una corte que se ocupará de castigar los crímenes de guerra, contra la Humanidad y genocidio.

La Argentina adhirió desde un principio a la creación del llamado Tribunal de Roma, al que hoy se opone con fervor la Casa Blanca. Por esta razón, Washington amenazó con retirar a sus tropas en el mundo si los países que adhirieron a la Corte Internacional no firman un acuerdo bilateral exceptuándolos de su aplicación.

El viernes pasado, tal como reveló este diario, los expertos de la Cancillería encontraron el atajo jurídico que cumple con la exigencia norteamericana y no necesita pasar por el Congreso: reconocerle a los soldados estadounidenses que ingresen a territorio nacional con status diplomático.

Los marines que pisen la Argentina serán recibidos como "personal técnico-administrativo", amparados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

En concreto, quien posee inmunidad diplomática se encuentra fuera de la jurisdicción criminal y civil del Estado anfitrión. Y no responde a la ley de ese país.

Fuentes diplomáticas consultadas por Clarín indicaron que la inmunidad que ofrece la Argentina podría, en un caso excepcional, ser aplicable a tropas internacionales, con mandato, de la ONU. Pero nunca a los efectivos de otro Estado.

Ruckauf dijo ayer que "la Argentina no va a modificar su actual legislación y sigue vigente nuestra adhesión al Tribunal Penal Internacional. No es verdad que vayamos a autorizar a los soldados norteamericanos a que puedan cometer delitos".

Lo cierto es que el Gobierno negocia el texto de un documento que satisfaga las inquietudes del Departamento de Estado para ponerle nueva fecha a los ejercicios. Tiene que ser un compromiso escrito y homologado por la Cancillería, es la condición norteamericana.

Pero calmar el reclamo norteamericano no terminará con la polémica. Ayer, dijeron varios legisladores sobre la cuestión:

- Eduardo Menem: "Dar inmunidad a los soldados transgrede lo firmado en Roma, al crearse la Corte Penal Internacional."

- Cristina de Kirchner : "Una locura. ¿Para qué firmamos el Estatuto de Roma que creó la Corte Internacional. La inmunidad tiene que ser tratada por el Congreso."

- Rodolfo Terragno: "Cuesta creer que Argentina organice este contrabando jurídico. Es un peligroso precendente."

- Nilda Garré (diputada FREPASO): "Esto es insólito y una violación al Tribunal Internacional. Es un subterfugio para hacernos creer que militares de EE.UU. vienen a cumplir funciones en una embajada."

- Carlos Raimundi (diputado ARI): "Es otra de las lacras de ser aliados extra OTAN. Me da vergüenza una decisión que es propia de una república bananera."

ITALIA Y GRAN BRETAÑA FIRMARÍAN ACUERDOS CON EE.UU.

Fisuras en la UE por el Tribunal Penal

ELSINOR, DINAMARCA. The New York Times, ESPECIAL PARA CLARÍN.

Varios Gobiernos de la Unión Europea se mostrarían dispuestos a firmar acuerdos bilaterales con Washington para exceptuar a los estadounidenses de la jurisdicción del flamante Tribunal Penal Internacional (TPI), según se desprende de las declaraciones de sus ministros de Relaciones Exteriores, quienes estuvieron reunidos este fin de semana en Dinamarca.

Sin embargo, esos mismos Gobiernos aseguraron informalmente ayer que no tomarían ninguna decisión para actuar unilateralmente hasta que la UE se reúna a discutir el asunto, en setiembre. Durante los dos días de discusiones que mantuvieron los países miembros de la UE, Italia y Gran Bretaña hicieron declaraciones en donde se parecieron dispuestas a acordar con Estados Unidos.

El viernes, el presidente italiano Silvio Berlusconi -también ministro de Relaciones Exteriores de su país- convocó sorpresivamente al fantasma de una fisura en la Unión Europea al decir que "cada país puede decidir sus acuerdos bilaterales", y agregó que Italia estaba "predispuesto" a buscar un acuerdo con Estados Unidos.

Un alto diplomático británico señaló por su parte que no existía una "incompatibilidad fundamental" entre el convenio del TPI y la aceptación de esos acuerdos bilaterales con EE.UU. Pero Chris Patten, el comisionado europeo para las relaciones externas dijo que los ministros de ambos países acordaron el viernes no romper la solidaridad europea.

El Tribunal Penal Internacional está habilitado para juzgar casos de crímenes de guerra, contra la Humanidad y genocidio. No juzga estados sino personas que gocen de impunidad en sus países. En el artículo 98 del tratado que dio origen al TPI se especifica que en casos de acuerdos bilaterales, se deroga la facultad del tribunal para enjuiciar a los acusados.

En agosto, el secretario de Estado estadounidense Colin Powell les envió cartas individuales a cada Gobierno europeo pidiéndoles que evitaran una posición unida sobre el TPI y llamándolos a firmar acuerdos separados de inmunidad para sus fuerzas. La administración Bush teme que sus hombres, por el lugar que su país tiene en el mundo, puedan ser señalados por persecusiones políticas que creen injustas.

Los movimientos de EE.UU. llevaron a la UE a presionar a los países candidatos para que no firmen los tratados, luego de que Rumania aceptara firmar. Israel, Tajikistán y Timor Oriental también acordaron con EE.UU.

Algunas naciones europeas se oponen con firmeza como Alemania, cuya oposición se basa en que lo consideran "incompatible con el espíritu" del tratado del TPI.

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