La Jornada - Lunes 2 de septiembre de 2002

La CPI no juzgará crímenes de guerra
que se cometan en Colombia en los próximos 7 años

El acuerdo, firmado por el ex presidente Andrés Pastrana, fue dado a conocer ayer. Militares de EE.UU. que operan en el país también podrían quedar fuera de esa jurisdicción.

DPA, AFP, Reuters y PL

Bogotá, 1 de septiembre. Los crímenes de guerra que sean cometidos en Colombia quedarán fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en los próximos siete años, según un acuerdo suscrito por el Gobierno de Andrés Pastrana -que terminó el pasado 7 de agosto- cuyo contenido fue revelado hoy.

Este acuerdo se conoce en momentos en que el presidente Álvaro Uribe se prepara para suscribir un convenio con Estados Unidos que impediría que los militares estadunidenses que operan en Colombia puedan ser enjuciados por la CPI.

Washington -que durante el Gobierno de George W. Bush, en una decisión sin precedente, retiró su firma del Tratado de Roma que creaba ese tribunal- ha condicionado su cooperación militar a que se acepte la inmunidad para sus ciudadanos, en una decisión rechazada por distintos sectores políticos que la califican de "chantaje".

La declaración suscrita por el ex presidente Pastrana y ratificada ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que Colombia "no aceptará desde el próximo primero de noviembre -fecha en que empezará a funcionar la Corte- y durante los próximos siete años" la jurisdicción de ese órgano para juzgar algunas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

"Aunque Colombia ya forma parte del grupo de setenta y ocho países que han ratificado el Estatuo de Roma, que le da vida a la CPI, excluye de la competencia de ese tribunal el conocimiento de los llamados crímenes de guerra", indicó el diario El Tiempo.

El senador Jimmy Chamorro indicó por su parte que lo que hizo Colombia fue excluirse de la categoría de crímenes contenida en el artículo 8 del Estatuto de Roma, que crea la CPI.

Dentro de los crímenes contenidos en ese artículo hay varios que frecuentemente son ejecutados por los grupos armados ilegales, como la toma de rehenes, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, atacar lugares que no sean objetivos militares, utilizar armas tóxicas, reclutar menores y atacar misiones humanitarias.

Analistas consultados por El Tiempo dijeron que, al excluir esos delitos, el Gobierno colombiano podrá contar con mayor margen de maniobra para una eventual proceso de paz con los grupos paramilitares de ultraderecha y con las guerrillas izquierdistas.

Mensaje a la guerrilla y paramilitares

Sin embargo, para Chamorro, "con tal declaración, Colombia les envía a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y los paramilitares una especie de patente de corso: 'tranquilos, señores, sigan cometiendo crímenes de guerra que aquí no va a operar la CPI para eso".

También el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, descalificó la postura de las autoridades: "Esto es un engaño, porque el Gobierno le dijo al país que había ratificado el estatuto de la Corte y le hizo creer que Colombia entraba de lleno a la CPI".

Chamorro instó al presidente Álvaro Uribe a rectificar ese acuerdo y posibilitar con ello que Colombia se incorpore sin reservas a la Corte Penal.

Por otro lado, un comunicado oficial aclaró que la gestión de buenos oficios que desarrolla la ONU en Colombia busca propiciar un acuerdo de paz con los grupos ilegales y no una negociación a favor de los secuestrados.

La aclaración se realizó tres días después de que los familiares de parlamentarios, soldados y policías secuestrados por las FARC solicitaran a Uribe que establezca un diálogo directo con esa guerrilla para propiciar la liberación de los rehenes.

El presidente ha manifestado en varias oportunidades que su Gobierno está abierto a acuerdos humanitarios con la guerrilla, pero ha indicado que éstos deberían realizarse a través de la ONU.

Las FARC, por su lado, han expresado su intención de pactar acuerdos humanitarios, pero negociando directamente con el Gobierno.

Entre tanto, al menos veinte personas fueron secuestradas por un grupo armado que incursionó en un caserío del municipio de Ovejas, en el norteño departamento de Sucre, informaron hoy autoridades civiles.

En el municipio de San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar, ocho campesinos fueron asesinados la víspera por presuntos rebeldes de las FARC, sostuvo por su parte la Fuerza Naval.

En Medellín, segunda ciudad del país, nueve bombas de bajo poder estallaron este domingo en negocios de apuestas ubicados en diferentes puntos, causando daños materiales pero no víctimas.

"Al parecer se trata de una escalada de ataques de la guerrilla para presionar al dueño de una cadena de apuestas al pago de una millonaria extorsión", dijo el comandante de la policía en Medellín, general Leonardo Gallego.

Clarín - Lunes 2 de setiembre de 2002

LOS CRÍMENES DE GUERRA NO PODRÁN SER JUZGADOS HASTA EL 2009

Colombia elude a la Corte Internacional

BOGOTÁ. EFE.

Los crímenes de guerra que sean cometidos en Colombia no podrán ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI) en los próximos siete años, por una de las reservas que incluyó el Gobierno anterior del ex presidente Andrés Pastrana cuando ratificó ante la ONU la adhesión del país a ese instrumento multilateral de Justicia.

Así lo aseguró ayer el diario colombiano El Tiempo, que agregó que el conocimiento de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) serán de competencia exclusiva de las autoridades colombianas hasta el año 2009.

Las reservas fueron presentadas el 5 de agosto a la Secretaría General de la ONU por el embajador colombiano ante ese organismo, Alfonso Valdivieso, en el documento de adhesión al Estatuto de Roma.

Según El Tiempo, la principal reserva referente a los crímenes de "lesa Humanidad" -que regirá desde el 1 de noviembre- podría "facilitar eventuales negociaciones con la guerrilla y los paramilitares".

Las reservas frente a la aplicación del Estatuto de Roma en el país fueron hechas dos días antes de que asumiera el actual presidente Álvaro Uribe Vélez, el pasado 7 de agosto, y eran mantenidas en secreto.

El Tiempo publicó ayer un listado de veinte conductas que violan el DIH y las leyes de la guerra, y que excluye a Colombia de la Corte Internacional hasta el 2009.

Las reservas dejan además por fuera de la competencia de la CPI, creada por el Estatuto de Roma, a los extranjeros que cometan crímenes de guerra en territorio colombiano. Recientemente, el Gobierno de Washington pidió a Colombia excluir a funcionarios y militares estadounidenses que se encuentran en esta nación andina de la posibilidad de ser remitidos a ese tribunal internacional.

Por su parte, el senador Jimmy Chamorro, ponente de la ley que convirtió el estatuto en norma que rige en Colombia, opinó ante El Tiempo que la declaración del Gobierno a la ONU "es una especie de patente de corso" para los grupos terroristas, tanto para la guerrilla como para los paramilitares de ultraderecha.