JULIO DE LA GUARDIA. Jerusalén.

El Tribunal Supremo de Israel autorizó ayer al Ejército para que expulse por dos años a dos hermanos de un presunto terrorista palestino, dada su supuesta complicidad en el atentado suicida que organizó su familiar. Sin embargo, los jueces revocaron la expulsión de un tercer sospechoso, ante la falta de pruebas.

La sentencia sienta un precedente que permitirá nuevas expulsiones, aunque sólo en casos excepcionales.

Mientras, otros dos jóvenes palestinos murieron alcanzados por un obús de tanque en las inmediaciones de Nablús.

Por primera vez desde el comienzo de la segunda Intifada, las fuerzas de seguridad israelíes deportarán hoy a la franja de Gaza a dos hermanos de un presunto terrorista cisjordano.

A Ali al Ayuri se le responsabiliza de un doble atentado suicida ocurrido el pasado 17 de julio frente a la antigua estación de autobuses de Tel Aviv, que causó tres muertes.

Tras largas deliberaciones, los nueve magistrados del Tribunal Supremo llegaron a la conclusión de que Intisar y Kifah al Ayuri, habitantes del campo de refugiados de Askar, de treinta y cuatro y veintiocho años, respectivamente, tuvieron conocimiento previo y prestaron apoyo logístico a su hermano, objeto de un "asesinato selectivo" el 6 de agosto.

Según las pruebas aportadas por la Fiscalía, que actuó en nombre de la Fuerzas Armadas, Intisar llegó incluso a coser los cinturones explosivos que fueron utilizados en el atentado de Tel Aviv, mientras que Kifah ocultó en su casa a Ali, e incluso los explosivos hasta el momento de su uso.

En cambio, en el tercer caso que se juzgaba, el de Abdel Naser Asida, hermano a su vez de otro presunto terrorista que participó en dos emboscadas contra autobuses ocurridas frente al asentamiento de Enmanuel, el Supremo dictaminó que lo único que hizo fue "prestarle su coche, y darle ropa limpia y alojamiento, sin tener conexión con sus actividades terroristas".

"Hoy es un día negro para los Derechos Humanos", señaló sobre el ministro palestino Saeb Erekat, quien añadió que la Administración palestina pedirá ayuda a la Corte Penal Internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU "para detener las flagantes violaciones a los Derechos Humanos".

El fallo fue recibido con satisfacción por parte del fiscal, Shai Nitzan, quien señaló que "el Tribunal ha aceptado el uso de la expulsión como fundamento y sentenciado que hay que encontrar un equilibrio entre el respeto de los Derechos Humanos y el derecho a la seguridad".

Nitzan argumentó que se trata de un "realojamiento" que no una "deportación", desde el momento en que "Cisjordania y la franja de Gaza constituyen una misma unidad territorial", aunque ésta no sea contigua ni disponga de libre tránsito entre sus dos componentes.

La sentencia fue apoyada por el titular de Justicia, Meir Sheetrit. "Esta decisión sigue la misma línea que otras decisiones tomadas por esta corte en relación a la guerra contra el terrorismo, y fortalece al Ejército y a las fuerzas de seguridad en esta batalla", afirmó el ministro.

La defensa, conducida por los abogados de dos organizaciones de Derechos Humanos israelíes condenaron la sentencia a través de un comunicado conjunto.

No obstante, también resaltaron que "limita el poder discrecional del Estado a la hora de utilizar la expulsión, estableciendo que la reasignación de residencia sólo es legítima cuando existen pruebas claras y convincentes de que representa una amenaza".

Descontento

Por su parte, la conocida abogada Lea Tzemel, que representó a Kifah al Ayuri y a Abdel Naser Asida, declaró a la salida de los juzgados que "estamos muy descontentos con el veredicto, dado que coloca a Israel en una posición de conflicto con el Derecho Internacional y abre la posibilidad a que el Ejército sea encausado por crímenes de guerra".

Aun así, Tzemel se felicitó porque el Ejército no podrá hacer uso de las expulsiones con el mismo objetivo disuasorio y con la misma frecuencia que hace con las demoliciones de las viviendas familiares de los terroristas, sino que tendrá que probar la culpabilidad de los sospechosos.

Por otra parte las organizaciones radicales palestinas condenaron la llamada a poner fin a los atentados reiterada por el nuevo titular de Interior, Abdel Razek al Yahiye.

Pocas horas después, un colono israelí resultó gravemente herido en una emboscada en las inmediaciones de Ramala y dos palestinos de veintidós años fueron alcanzados por un obús de tanque en la localidad de Burin, próxima a Nablús.

Otro disparo de tanque hirió a dos niñas palestinas de tres y cinco años en la zona de la franja de Gaza.

Amnistía Internacional y altos cargos palestinos califican el fallo de "ilegal". El Ejército israelí se muestra satisfecho y asegura que a partir de ahora los kamikazes se lo pensarán dos veces antes de actuar. Dos jóvenes acusados de ayudar a su hermano a transportar explosivos y de coserlos a un cinturón, forzados a "cambiar de residencia".

MIGUEL MURADO. Especial para EL MUNDO.

JERUSALÉN.- "Cambio de residencia forzoso". Con este eufemismo se referían ayer los jueces del Tribunal Supremo de Israel a la deportación a Gaza de tres familiares de terroristas solicitada por el Ejército.

Tal y como se esperaba, los jueces fallaron a favor del Ejército israelí, al que reconocieron la potestad de expulsarlos, si bien imponiéndole algunas restricciones: no podrá ser por más de dos años y para casos futuros deberá probarse que los individuos en cuestión son "una amenaza".

Además, el Tribunal ha absuelto a uno de los acusados. Los jueces no encontraron que el haberle prestado su coche a su hermano alguna vez fuese motivo suficiente para deportarle.

Lo que de verdad estaba en juego en este veredicto era el uso de la deportación como medida disuasoria y éste ha quedado ahora garantizado por ley. Es la luz verde que esperaba el Ejército, que dice tener una lista de espera con muchos más candidatos a la expulsión.

De momento, los dos cuya suerte se decidió ayer deberán estar ya hoy en Gaza. El Tribunal cedió a un ruego de la defensa y les concedió unas horas para preparar su marcha; el Ejército quería que la ejecución del castigo fuera inmediata.

Los deportados son Kifa Ayuri y la joven Intisar Ayuri, hermanos de Ali Ayuri, un líder local de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa muerto por el Ejército israelí hace un mes y al que se acusaba de planear ataques.

Las colaboraciones

De Intisar se dice que llegó a coser en un cinturón los explosivos con los que un kamikaze palestino mató a cinco personas en Tel Aviv en julio.

A Kifa se le acusa de vigilar mientras su hermano transportaba explosivos, de conocer el paradero de estos explosivos, de conocer al cerrajero que los preparaba e incluso de estar presente cuando uno de los futuros suicidas se fotografiaba.

Inevitablemente, surge la pregunta: ¿Por qué no se les ha juzgado en vez de deportarles? La explicación está en las peculiaridades del sistema judicial israelí. Las únicas pruebas que acusan a los hermanos Ayuri derivan de sus propias confesiones en la cárcel, que la policía mantiene en secreto como material clasificado.

Rashida, la madre de los acusados, aseguraba ayer, por ejemplo, que sus hijos no habían visto a Ali Ayuri en los seis meses anteriores a ser detenidos.

De hecho, y contra lo que podría pensarse, los sospechosos palestinos detenidos por la policía raramente llegan a ser juzgados; la mayoría permanece en la cárcel durante largos períodos (a veces, años) en un limbo legal sobre el que han tenido muchos comentarios que hacer los grupos de Derechos Humanos.

Esos mismos grupos no tienen mejor opinión de esta nueva modalidad punitiva. Para ellos, se trata de un castigo colectivo prohibido por la cuarta convención de Ginebra. Nada más hacerse pública la sentencia, Amnistía Internacional la calificó de "ilegal".

Palestinos y árabes israelíes añaden su temor a que esto sea tan sólo el ensayo de expulsiones masivas. Para el mediador palestino Saeb Erekat, el de ayer fue "un día negro para los derechos humanos".

En cambio, en el Gobierno y el Ejército israelíes se respiraba satisfacción. Para el jefe del grupo parlamentario del Likud, Zeev Boim, la decisión del alto Tribunal es "valiente e importante".

Ya durante la vista, el fiscal metía prisa a los jueces recordándoles que el primer ministro israelí, Ariel Sharon, estaba "ansioso" de conocer el resultado.

El Ejército está convencido del "valor disuasorio" de la medida.Según un portavoz militar, la amenaza de que su casa será derribada y su familia deportada hará que un kamikaze palestino se lo piense dos veces antes de actuar.

En línea con esta filosofía, el Ejército ya ha echado abajo más de veinte viviendas en menos de un mes. Entre esas viviendas está la de la propia familia Ayuri.

AFP, DPA y Reuters

Jerusalén, 3 de septiembre. La Corte Suprema israelí autorizó hoy, por primera vez desde que comenzó la actual intifada, en septiembre de 2000, la expulsión de dos palestinos a la franja de Gaza, en tanto que el grupo pro Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) afirmó que la medida viola la cuarta Convención de Ginebra y puede interpretarse como un crimen contra la Humanidad.

Los dos palestinos, que son hermanos, serán enviados el miércoles a la franja de Gaza, a pesar de las protestas de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Los nueve jueces de la corte dieron su acuerdo para la expulsión de Intissar y Kifah Adjuri, hermana y hermano de Ali Adjuri, jefe de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, grupo vinculado al movimiento Fatah del presidente Yasser Arafat.

Ali Adjuri estaba acusado de haber organizado el doble atentado suicida que dejó cinco muertos, además de los dos atacantes, en Tel Aviv el 17 de julio. Fue asesinado por el ejército israelí en agosto en Cisjordania.

Según los jueces, Intissar "ayudó directamente a su hermano cosiendo el cinturón de explosivos que utilizó para cometer un atentado", y Kifah "ofreció un escondite a su hermano y vigiló durante el transporte de las bombas".

Los jueces estimaron que tal medida sólo puede aplicarse a personas implicadas "directamente en actos terroristas", y rehusaron confirmar "por falta de pruebas" la expulsión de un tercer palestino.

El principal negociador palestino, Saeb Erekat, calificó este martes de "día sombrío para los derechos humanos" por la decisión de la corte. Por razones opuestas, el ministro sin cartera Danny Naveh, del partido de derecha israelí Likud, expresó su descontento por la decisión que calificó de "poco satisfactoria, ya que quita al ejército un arma disuasiva contra los terroristas".

AI recordó en una declaración que el pueblo palestino, por estar bajo ocupación militar desde 1967, califica para el rango de "protegido", y por lo tanto su traslado forzoso es un crimen de guerra y contra la Humanidad según la Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma.

Sin embargo, fuentes de Tel Aviv dijeron que esto último no aplica a las deportaciones pues Gaza y Cisjordania, aunque no estén unidas, se consideran el mismo territorio y por lo tanto no puede hablarse de un destierro o deportación.

Israel autorizó la reunión del consejo legislativo palestino para el 9 de septiembre en Ramallah, Cisjordania, aunque se reservó el derecho de prohibir el acceso a personas implicadas en el "terrorismo".

Los responsables palestinos rechazaron de inmediato esta condición al afirmar que Israel busca así un pretexto para impedir que la reunión se celebre.

El ejército de Israel ocupa desde hace diez semanas Ramallah y las demás ciudades de Cisjordania, e impide la libre circulación de los palestinos, incluso de los diputados.

En esta sesión, el Parlamento debe ratificar la composición del nuevo gobierno, instaurado por la ANP luego de fuertes presiones, en especial de Estados Unidos e Israel, para que reformase sus instituciones,

El canciller israelí, Shimon Peres, afirmó en la Cumbre de la Tierra, que se celebra en Johannesburgo, Sudáfrica, que su país está "listo para pagar cualquier precio por la paz", y afirmó que incluso hay disposición de devolver territorio ocupado.

"Mi ruego es que ninguna persona más tenga que perder la vida en nuestra región. Estamos trabajando junto con otras naciones por la paz y la hermandad con Palestina", afirmó.

Mientras, dos palestinos murieron por disparos de obuses de tanques israelíes cerca de Burin, al sur de Nablus, pero no fueron identificados como activistas, según fuentes de seguridad palestinas.

Por su lado, la ANP anunció que pedirá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que asegure una "protección internacional" al pueblo palestino, tras un aumento durante los últimos días del número de civiles muertos por el ejército israelí.

En declaraciones al diario israelí Haaretz, el ministro de Defensa israelí, Benjamin Ben Eliezer, calificó hoy de "mala suerte" el reciente incremento de víctimas civiles entre la población palestina.

Agregó que las investigaciones sobre tres ataques que el ejército israelí lanzó la semana pasada en Palestina, en las que murieron doce civiles, de los cuales siete eran niños, muestran que "algo no salió como se esperaba" debido a "incidentes desgraciados".

Los resultados de la investigación oficial de los incidentes serán dados a conocer el próximo viernes.

JERUSALÉN. AFP.

La Corte Suprema israelí autorizó ayer, por primera vez desde que comenzó la nueva intifada, en setiembre de 2000, la expulsión de dos palestinos a la Franja de Gaza, pero rehusó dar carta blanca al ejército para el destierro de familiares de autores de atentados.

Los dos palestinos, que son hermanos y están actualmente detenidos, deberán ser expulsados hoy, a pesar de las protestas de la Autoridad Nacional Palestina.

En otro revés para los palestinos, el ministro de Defensa israelí, Binyamin Ben Eliezer, dijo que las víctimas entre civiles palestinos son "mala suerte".

El funcionario dijo que "parece que ha habido una serie de excesos. Los resultados preliminares de la investigación me fueron entregados y me convencieron de que en esos incidentes hubo mala suerte, pero nada que pueda indicar una falta."

Los jueces de la Corte acordaron expulsar a Intissar y de Kifah Adjuri, hermana y hermano de Alí Adjuri, un jefe de las Brigadas de los Mártires Al Aqsa.

Adjuri estaba acusado de organizar el doble atentado suicida que dejó cinco muertos, además de los dos kamikazes, en Tel Aviv el 17 de julio. Fue asesinado por el ejército israelí en agosto.

Según los jueces, Intissar "ayudó directamente a su hermano". Los jueces consideraron que la expulsión sólo puede aplicarse a personas implicadas "directamente en actos terroristas". Por eso rehusaron aplicar, "por falta de pruebas", la expulsión de un tercer palestino.

Esta mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Israel emitió una resolución que permite el traslado forzoso de dos palestinos desde su localidad natal de Nablús hasta la Franja de Gaza por ayudar presuntamente a su hermano a perpetrar atentados contra israelíes.

Los dos palestinos, Intisar y Kifah 'Ajuri, llevan detenidos desde el 4 de junio y el 18 de julio, respectivamente, pero no han sido acusados de ningún cargo y no se ha iniciado ningún procedimiento para llevarlos a juicio.

El Gobierno israelí alega que no puede juzgarlos porque, al hacerlo, expondría a la fuente que ha proporcionado las pruebas contra ellos.

Amnistía Internacional ha declarado: "La resolución de hoy permite en la práctica que se cometa una violación grave de uno de los principios más fundamentales de las normas internacionales de Derechos Humanos: el derecho de cualquier acusado a ser juzgado con las debidas garantías y a rebatir cualquier prueba en su contra".

Intisar y Kifah 'Ajuri son hermana y hermano de Ali 'Ajuri, que fue ejecutado extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad israelíes el 6 de agosto de 2002 cerca de Nablús y que, al parecer, había estado implicado en la organización de atentados suicidas en los que murieron varios israelíes. A Intisar 'Ajuri la acusan de haber ayudado a su hermano, entre otras cosas, cosiendo cinturones para los explosivos utilizados por los autores de los atentados suicidas, y a Kifah 'Ajuri lo acusan de haber proporcionado a su hermano un lugar donde esconderse y haber actuado de vigía para él.

Amnistía Internacional ha declarado: "Toda persona sospechosa de un delito común reconocible como tal debe ser acusada y juzgada sin demora. De lo contrario, debe ser puesta en libertad".

La resolución de hoy también permite que se cometa una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario. Según el Convenio IV de Ginebra, los palestinos que viven en los territorios que llevan bajo ocupación israelí desde 1967 son personas protegidas.

Amnistía Internacional ha manifestado: "El traslado forzoso e ilegal de personas protegidas constituye un crimen de guerra tanto en virtud del Convenio IV de Ginebra como en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Según el Estatuto de Roma, estas violaciones de Derechos Humanos pueden constituir además un crimen de lesa Humanidad".

En su resolución de hoy, el Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado que el traslado forzoso a la Franja de Gaza sólo puede utilizarse para personas que hayan estado implicadas personalmente en delitos graves, y no puede utilizarse como medida disuasoria. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que el Gobierno y el ejército de Israel están utilizando este traslado forzoso e ilegal de familiares de personas presuntamente responsables de atentados contra israelíes como una forma de castigo colectivo. Este tipo de medida está prohibida por el artículo 33 del Convenio IV de Ginebra, que establece: "No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido". La decisión anunciada hoy por el Tribunal Superior de Justicia ha sido elúltimo paso del procedimiento de apelación del que disponen Intisar y Kifah 'Ajuri. El proceso se inició cuando, el 1 y el 4 de agosto de 2002, el comandante de la Fuerza de Defensa Israelí en Cisjordania emitió órdenes para el traslado forzoso e ilegal de los dos hermanos y de otro hombre.

Información general

En julio de 2002, las autoridades israelíes anunciaron su intención de trasladar a la fuerza de Cisjordania a la Franja de Gaza a los familiares de personas de las que se supiera o se sospechara que habían organizado atentados contra israelíes o habían participado en ellos. El 1 de agosto, el comandante de la Fuerza de Defensa Israelí en Cisjordania firmó una enmienda a la Orden Militar 378 (de 1970, relativa a las disposiciones de seguridad) que permite el traslado forzoso de palestinos de Cisjordania a la Franja de Gaza.

El traslado forzoso significa desplazar a una persona contra su voluntad dentro de las fronteras nacionales. La deportación significa desplazar a una persona contra su voluntad más allá de las fronteras nacionales. La oposición de Amnistía Internacional al traslado forzoso de los dos hermanos citados en este comunicado y de cualquier otro individuo se basa en las siguientes normas internacionales:

• El Convenio IV de Ginebra, que:

- define "la deportación o el traslado ilegal" de una persona protegida como una infracción grave del Convenio y, por lo tanto, como un crimen de guerra (artículo 147);

- prohíbe "los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación" y "las medidas de represalia contra las personas protegidas y sus bienes" (artículo 33);

- establece que "[l]os traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo" (artículo 49);

- establece también que "[l]as personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado y, si son condenadas, deberán cumplir allí su castigo" (artículo 76).

• El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que refleja el Derecho Internacional consuetudinario y:

- define la deportación o traslado forzoso como el "desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el Derecho Internacional";

- define como crimen de guerra, en su artículo 8.2.b.viii, "la deportación o el traslado [por parte de la potencia ocupante] de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio";

- establece que la deportación o traslado forzoso de población constituirá un crimen de lesa Humanidad cuando se cometa de forma generalizada o sistemática, como parte de una política gubernamental (artículo 7.1.d).

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