El País - Viernes, 13 de septiembre de 2002
Un juez argentino confirma
la prisión preventiva para Galtieri
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EFE. Buenos Aires. Un juez argentino dictó ayer prisión preventiva para el ex dictador argentino Leopoldo Galtieri y de otros veinticinco antiguos militares y policías presuntamente involucrados en la desaparición, la tortura y el homicidio de una veintena de miembros de la organización armada Montoneros en 1980. Además de Galtieri, la prisión preventiva abarca al ex general Guillermo Suárez Mason y a otra docena de jerarcas del régimen militar que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. La medida fue adoptada por el magistrado Claudio Bonadío al considerar suficientemente acreditada la responsabilidad de los imputados y dictó embargos millonarios sobre sus bienes, según informaron fuentes judiciales. El pasado 10 de julio, Bonadío ordenó la detención de cuarenta y cuatro ex militares. De ellos, el magistrado dictó ayer prisión preventiva para veintiséis por la presunta comisión de "asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado, tormentos y reducción a la servidumbre", entre otros delitos. Bonadío considera nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas en 1986 y 1987, respectivamente, y que exculparon a miles de acusados de violaciones de los Derechos Humanos. |
La Jornada - Viernes 13 de septiembre de 2002
Piden información a Suiza sobre la "ruta del dinero"
Confirma juez argentino
la detención del ex dictador Galtieri
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AFP Buenos Aires, 12 de septiembre. Un juez argentino confirmó hoy la detención del ex dictador Leopoldo Galtieri y de otras veinticinco personas, la mayoría militares, al hallar pruebas en una causa por la desaparición de militantes de la disuelta organización armada Montoneros durante la última dictadura (1976-1983). En su fallo, el juez federal Claudio Bonadío trabó además embargos sobre los bienes de los imputados por montos que oscilan entre los cuatrocientos mil (ciento once mil dólares) y los cuatro millones de pesos. La decisión del magistrado alcanza además al ex general Guillermo Suárez Mason, entonces jefe del poderoso primer cuerpo del ejército, con jurisdicción en Buenos Aires y su periferia, y a Cristino Nicolaides, último jefe de esa fuerza en la dictadura. La justicia les imputa a los acusados los cargos de homicidio agravado por alevosía, privación ilegítima de la libertad, tormentos, reducción a la servidumbre y asociación ilícita, que prevén penas de hasta prisión perpetua. Galtieri, quien en 1982 condujo a Argentina a la guerra contra Gran Bretaña por las islas Malvinas, está bajo arresto domiciliario desde el 11 de julio anterior, por ser mayor de setenta años, pero en parte de ese periodo estuvo internado por una dolencia cardiaca. Un total de diecinueve militantes de Montoneros (peronistas de izquierda) fueron secuestrados en 1980 tras retornar desde el exilio. La causa se inició en 1983 a raíz de una denuncia realizada por familiares de las víctimas, en el contexto del Plan Cóndor, mecanismo de coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas en los años setenta y parte de los ochenta. Entre los desaparecidos figura un hijo del conocido escritor David Viñas, Lorenzo Viñas, quien fue detenido el 26 de junio de 1980 en la ciudad brasileña de Uruguayana, cuando intentaba abandonar el país en un autobús que había partido desde la provincia argentina de Santa Fe. En la lista de personas secuestradas figuran, además, Mónica Pinus de Binstock y Horacio Campiglia, secuestrados en el aeropuerto de Río de Janeiro el 12 de marzo de 1980, cuando regresaban a Argentina desde Europa vía Panamá. La mayoría de los policías y militares involucrados por el juez Bonadío integraban el batallón de inteligencia 601 del ejército, que planificó decenas de operativos de secuestros y desapariciones de opositores. La resolución, en cambio, benefició a otras cinco personas, que recuperarán su libertad en las próximas horas, entre ellas los generales Alberto Crinigan y Jorge Olivera Rovere, quien era jefe del batallón de inteligencia 601 del ejército. Bonadío es uno de los jueces que decretaron el año pasado la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía de Obediencia Debida y Punto Final, con las que se beneficiaron centenares de oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos. En otro ámbito judicial, el magistrado en lo penal económico Julio Speroni dispuso librar hoy un nuevo exhorto a la justicia suiza, pidiéndole información sobre la llamada "ruta del dinero" que se pagó por el contrabando agravado de miles de toneladas de material bélico a Ecuador y Croacia por el Gobierno del presidente peronista Carlos Menem (1989-1999), informaron fuentes de los tribunales. Speroni dictó el miércoles anterior en esta causa la "falta de mérito" del ex presidente Menem, figura legal que no cierra la causa pero la suspende hasta que aparezcan nuevos datos, ya que el juez considera no contar con elementos suficientes para procesar o declarar inocente al imputado. Recientemente Suiza rechazó un pedido de asistencia del magistrado, en el que solicitaba más datos, como el nombre del depositante, domicilio del banco y nombre del beneficiario, entre otros. "Estos requisitos no dejan de ser más que una ficción, quizás relacionada con una política de Estado de características sumamente particulares, exigente de un conjunto de elementos que, de conformarlos, paradójicamente haría innecesaria la confección del propio exhorto", ironizó el juez. |