MANUEL DÉLANO. Santiago.

La policía argentina detuvo en Buenos Aires al general chileno Luis Ramírez Pineda, sobre quien pesaba una orden de arresto internacional de Interpol, por petición del juez parisiense Roger Le Loire, por su responsabilidad en la desaparición del médico psiquiatra Georges Klein, ex asesor del presidente Salvador Allende, detenido en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe militar de Pinochet, y desde entonces desaparecido.

El militar fue ayer puesto a disposición del juez bonaerense Jorge Urso, quien iniciará el proceso de extradición a Francia, si el juez Le Loire lo solicita.

Ramírez, de setenta y siete años y actualmente general en retiro, y que en 1973 era comandante del regimiento Tacna, una de las unidades que atacó La Moneda hace veintinueve años, llegó el domingo a Buenos Aires y fue detenido en el céntrico hotel Claridge, después de que Interpol verificara que desde 1991 existía una petición pendiente de captura de la justicia francesa en contra suya, según informó el diario Clarín.

Klein, que nació en Francia y era militante comunista, trabajaba en La Moneda como asesor de Allende. Fue una de las cuarenta y nueve personas tomadas prisioneras después del asalto y bombardeo del palacio presidencial.

Todos fueron trasladados al regimiento Tacna, donde fueron golpeados y torturados por oficiales. Del grupo, diecisiete fueron posteriormente liberados y de veintiuno existe la identidad: diez asesores de Allende (varias autoridades de Gobierno entre ellos), diez guardaespaldas y un obrero.

Dos días después los veintiún prisioneros fueron sacados del Tacna en un camión del Ejército y llevados a un terreno militar, donde en grupos de cuatro fueron fusilados en una fosa de cinco metros de extensión y varios metros de profundidad, a la que se arrojaron granadas antes de taparla, según han relatado soldados.

Desde entonces sus cuerpos no se han encontrado, pues fueron removidos de ese lugar, y son los primeros desaparecidos de la dictadura.

El presidente francés Georges Pompidou hizo consultas directas al régimen militar por el paradero de Klein. Un general dijo entonces a sus familiares que el médico estaba muerto.

Por la desaparición de cinco personas de origen francés, la justicia de ese país ha procesado a veintidós chilenos, entre ellos al ex dictador Augusto Pinochet y el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras.

DPA, PL, Reuters y AFP

Santiago, 13 de septiembre. El comandante del ejército chileno, Juan Emilio Cheyre, reiteró que no pedirá perdón en nombre de las fuerzas armadas por las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.

En una entrevista con la estación de televisión de la Universidad Católica y difundida por el canal 13, el jefe militar sostuvo que el perdón es "sólo plantarse frente a una cámara y en treinta segundos dar una opinión personal. Es un acto vacío".

Argumentó que la mejor contribución en esta materia es lo que la institución hace, más que palabras. "Lo profundo -explicó- son las cosas que estamos haciendo, como contribuir con los tribunales a aportar antecedentes".

Insistió en su concepto de reconciliación nacional, y reiteró que el ejército "ha hecho todo lo posible por salvaguardar los Derechos Humanos".

Destacó los esfuerzos desarrollados por la mesa de diálogo, integrada por militares y representantes de entidades humanitarias, que en enero de 2001 entregó sus conclusiones al presidente Ricardo Lagos tras veinte meses de trabajo.

La instancia trató de aclarar la suerte de los detenidos y posteriormente desaparecidos, "muchos de los cuales fueron lanzados al mar", de acuerdo con las conclusiones del informe.

Cheyre expresó, por otro lado, la conveniencia de aplicar la ley de amnistía, dictada por Augusto Pinochet durante su régimen de facto, para los juicios aún pendientes sobre Derechos Humanos.

"La salida (a estos juicios) es que los tribunales a los que compete y tienen la facultad resuelvan lo antes posible. Cuando se hayan agotado las investigaciones, hay que aplicar la ley de amnistía, con la interpretación que corresponda, sin que nadie interfiera en ella", indicó.

Por otro lado, el militar retirado chileno Luis Ramírez Pineda fue detenido por la Interpol en Buenos Aires, a solicitud de la justicia francesa que investiga el secuestro, tortura y desaparición, en 1973, de un ciudadano francés que vivía en Chile.

Fuentes de la Interpol informaron en la capital argentina que Ramírez Pineda, de setenta y siete años de edad, fue capturado en un hotel ubicado en el centro porteño y llevado al despacho del juez Jorge Urso, quien tiene a su cargo el proceso de extradición.

Las justicia francesa requiere a Ramírez Pineda por la desaparición del ciudadano Georges Klein, ocurrida poco después del golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973.

Mientras tanto, el abogado chileno de Derechos Humanos Nelson Caucoto aseguró en Santiago que el militar retirado está vinculado a violaciones a las garantías individuales por la desaparición de más de una decena de militantes de la Unidad Popular que fueron aprehendidos en el Palacio La Moneda.

Caucoto indicó que en el proceso por las desapariciones de los prisioneros de La Moneda, Ramírez Pineda aseguró desconocer la suerte que corrieron y negó poseer otras informaciones.

Por otro lado, la Corte Suprema negó una autorización a la juez Olga Pires para viajar a Uruguay, quien planeaba ir a ese país para indagar sobre el asesinato del ex agente de la dictadura Eugenio Berríos, que la justicia de esa nación investiga desde hace siete años, informó la secretaria del tribunal.

La Corte Suprema también rechazó, por improcedente, la sugerencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de nombrar a un juez con plenos poderes e investigar los vínculos de militares chilenos con el asesinato de Berríos, quien trabajaba para la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y cuyo cadáver apareció en una playa uruguaya cercana a Montevideo, en 1995.

La agrupación Familiares de Detenidos y Desaparecidos pidió al comandante en jefe de la fuerza aérea, general Patricio Ríos, que dé explicaciones sobre la posible rearticulación del organismo represor llamado Comando Conjunto, que operó durante la dictadura.

Fuentes humanitarias dijeron que la solicitud fue hecha mediante una carta enviada a Ríos, en virtud de una información publicada por el diario chileno La Nación, el domingo, en relación con la reactivación de ese órgano represor.

Es el ex general Luis Ramírez Pineda. Fue detenido en un hotel céntrico. Tenía orden de captura de la Justicia de Francia por la desaparición, en 1973, de un ciudadano de ese país.

Pablo Biffi. DE LA REDACCIÓN DE CLARÍN.

A pedido de la Justicia de Francia, Interpol detuvo ayer en Buenos Aires a un represor de la dictadura del general Augusto Pinochet, acusado por la desaparición de un ciudadano de ese país europeo al inicio del gobierno de facto, en setiembre de 1973.

El ex general Luis Ramírez Pineda, de setenta y siete años, deberá rendir cuentas por la desaparición del médico Georges Klein Pipper, un estrecho colaborador del derrocado presidente Salvador Allende.

La orden de detención, impartida en octubre de 2001, alcanzaba a otros catorce militares chilenos y agentes civiles de inteligencia de la disuelta DINA, órgano de represión del régimen pinochetista por la desaparición, además de Klein, de otros cuatro ciudadanos franceses.

El ex general, arrestado en el hotel Claridge a las once de la mañana, fue llevado luego al despacho del juez federal Jorge Urso.

Ramírez Pineda llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza, en un vuelo procedente de Chile, el martes o miércoles último, e Interpol detectó su ingreso más tarde en un control de rutina.

Fue entonces cuando los agentes descubrieron que pesaba sobre el militar un pedido de captura desde 1991, tras lo cual dieron aviso al juez y procedieron a la detención, una vez que confirmaron que la Justicia francesa mantenía su interés por la extradición, bajo los cargos de "secuestro y tortura".

Fuentes de Tribunales dijeron que no hubo necesidad de realizar tareas de inteligencia para ubicar a Ramírez en Buenos Aires, ya que el militar declaró su lugar de alojamiento al llegar al país.

De acuerdo con la ley 24.767 de extradición, Francia tendrá un mes y medio de plazo para remitirle los antecedentes a Urso, quien deberá corroborar si la conducta del acusado se encuadra dentro de los delitos previstos en Argentina, antes de conceder la extradición.

De todas formas será el Gobierno argentino, a través de la Cancillería, el que decidirá si lo extradita o no a Francia.

El abogado chileno Nelson Caucoto afirmó que Ramírez Pineda está "seriamente imputado" en numerosos casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura, que finalizó en 1990 y en la que murieron o están desaparecidas unas tres mil personas.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, dijo a Clarín que el arresto de Ramírez "es un paso muy importante para esclarecer este caso".

Vivanco aseguró que el ex general tendrá en Francia todas las garantías y se mostró confiado en que tanto el Gobierno chileno como el argentino "no interfieran políticamente y dejen actuar a la Justicia. Deben garantizar que el recurso de extradición siga su curso normal".

En 1973, Ramírez era comandante del Regimiento Tacna, hasta donde fueron llevados más de una decena de estrechos colaboradores del ex presidente Salvador Allende arrestados en el palacio La Moneda, tras los feroces bombardeos de la sede del Gobierno chileno, el 11 de setiembre de 1973, que dieron inicio al golpe militar que encabezó Pinochet.

Una vez en el regimiento, fueron ejecutados y sus cuerpos dinamitados.

Según el informe de Derechos Humanos de la Comisión Rettig, entre los prisioneros hay diez asesores de Allende y trece miembros del GAP (Grupo de Amigos Personales del Presidente, su guardia personal).

Klein Pipper, que tenía veintisiete años, estaba casado y tenía un hijo, se desempeñaba como asesor de la Secretaría General del Gobierno y era militante del Partido Comunista chileno, integrante de la alianza gubernamental Unidad Popular. El último contacto que tuvo Klein Pipper fue un llamado telefónico a su esposa desde la casa de Gobierno.

La detención del ex general fue solicitada por el juez Franois Semur. Los ciudadanos franceses desaparecidos en Chile son Alfonso Chanfreau, Etienne Pesle y George Klein, mientras que otros dos, Jean Ives Claudet y Marcel Amiel, fueron secuestrados en Argentina en 1976, por la DINA y la SIDE en el marco de la Operación Cóndor.

Aunque no hay pruebas, investigaciones periodísticas sostienen que Ramírez habría tenido participación en el asesinato del general Carlos Prats, ocurrida en Buenos Aires el 30 setiembre de 1974, cuando su auto estalló por una carga explosiva en el barrio de Palermo. El ex general era entonces agregado militar en esta capital.

Por ese motivo, la jueza María Servini de Cubría, que tiene a su cargo el caso Prats, solicitó en 1992 una declaración testimonial sobre el hecho, al que el militar respondió por escrito, ya que por ese entonces gozaba de fueros diplomáticos.

Por la desaparición de Klein, la Justicia francesa había solicitado además la detención del general Javier Palacios y del agente civil de inteligencia Rafael Ahumada Valderrama.

El pedido de detención internacional incluye también a Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, Paul Schaefer, ex jefe de la Colonia Dignidad, y Enrique Arancibia Clavel, condenado en Argentina por el asesinato de su esposa.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS:
LA HISTORIA DE LA MASACRE DEL CUARTEL Y SU JEFE

Ramírez Pineda, el general que supo guardar el secreto

Mónica González. SANTIAGO DE CHILE. ESPECIAL.

Fiel a su tradición, el general Ramírez Pineda quiso celebrar en grande el 29° aniversario del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. El no estaba para ceremonias silenciosas como las que instauró el nuevo comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre. Y partió a Buenos Aires, convencido de que después de que Pinochet fuera librado de juicio en Chile por locura o demencia, ya nadie en el mundo se ocupaba de las violaciones a los Derechos Humanos en Chile.

Argentina, además, le recordaba días de gloria. Allí llegó en 1974 como agregado militar, en premio por su actuación como jefe del Regimiento Tacna en los días del golpe. Hasta allí llegaron los hombres que sobrevivieron al bombardeo de La Moneda. Los testigos y protagonistas de la férrea resistencia que hizo un pequeño grupo de leales al mando del presidente Salvador Allende. Los hombres que podían decirle al mundo que Allende había rechazado el ofrecimiento de un avión que lo sacara al exilio, que había insultado hasta el último minuto a los "militares traidores a la Patria" para luego suicidarse en un último esfuerzo por detener el baño de sangre.

Los hombres -diez asesores personales del presidente y trece miembros de su escolta de seguridad- podían testimoniar que Allende había ofrendado su vida para impedir que asesinaran la ilusión de hacer los cambios sin matar y sin tener la necesidad de morir.

Pinochet le entregó a Ramírez Pineda el grupo de sobrevivientes. Iban amarrados y abatidos, sucios y con la imagen de Allende en la retina y en el corazón. Al llegar al Tacna, Pineda encabezó la lección. Golpes y más golpes durante horas mientras les hacían simulacros de fusilamientos. Así cayó la noche y el frío. La lección continuó en medio del sarcasmo, las patadas y los gritos de los primeros torturados. Vino la mañana y la pesadilla continuó. El doctor Enrique París, asesor de Allende, tenía las manos desfiguradas por los culatazos. Otros tenían las llagas en los pies, en la cara. Y los soldados eran una y otra vez mandados por Ramírez a ensañarse con los prisioneros, el nuevo "enemigo".

Entre los prisioneros, George Klein, doctor también y uno de los asesores secretos que tenía Allende para materias de inteligencia y seguridad. "Vanzetti" Klein, como le decían sus amigos por el activista asesinado en EE.UU., hacía pocas horas se había despedido de sus camaradas advirtiéndoles que no lo matarían. Sobre el cemento los hombres, medio desnudos, fueron amarrados con alambres de púa y luego lanzados al camión que partió con su carga. Nunca más se supo de ellos. Fueron los primeros en ingresar al oscuro pabellón de los "desaparecidos".

El general Ramírez también creyó que se los había tragado la tierra. Cuando llegó a Buenos Aires esta semana, debe haber recordado su paso en 1974. Sus contactos con la SIDE. Su secreta intervención en la conspiración para asesinar a Prats y su esposa, en una calle de Palermo. Historia vieja. Después, se puso corbata de seda y asumió como director de empresas, un regalo de Pinochet por saber guardar secretos. Asumió como director de Copec y en 1980, la presidencia de la mayor empresa de telecomunicaciones de Chile: ENTEL.

Ya era dueño de gasolineras y ejercía como director de la Celulosa Arauco. En 1982, Pinochet lo mandó como embajador a Sudáfrica. El dictador necesitaba armas. Y como EE.UU. se las negaba, recurrió a los sudafricanos. A su regreso, Pinochet lo nombró rector de la Universidad de La Serena. Ramírez desató la represión contra los estudiantes. En 1990, el regreso a la democracia lo hizo sumergirse. Pero nunca perdió el estrecho contacto con los batallones de la guerra sucia. Eran su coraza y seguridad. También su mayor identidad.

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